El proceso de privatizaciones impulsado por el gobierno de Javier Milei acaba de dar un golpe de efecto de la mano de IMPSA, la emblemática empresa de tecnología e infraestructura que se convirtió en la primera compañía estatal en ser transferida a manos privadas bajo la actual gestión.

La empresa con su sede central en la provincia de Mendoza, acaba de sellar un acuerdo estratégico de gran envergadura en el exterior. La histórica firma, clave años atrás en el desarrollo energético de la región, implementará un plan de obras de infraestructura energética de escala masiva en Venezuela.

La operación de privatización se estructuró a través del consorcio IAF (Industrial Acquisitions Fund), del cual ARC Energy es el socio principal. La firma norteamericana se adjudicó el 84,9% de las acciones Clase C que estaban en manos del Estado nacional y de la provincia de Mendoza tras el salvataje de 2021. Para concretar el traspaso, el grupo inversor asumió el pasivo de la metalúrgica y comprometió una capitalización de 27 millones de dólares desembolsados en tramos

La llegada de la firma argentina al país caribeño se produce en el marco del proceso de apertura del mercado de Venezuela, una fase de flexibilización que se consolida tras los años de máxima tensión que condujeron a la intervención militar del gobierno de Donald Trump para capturar al presidente Nicolás Maduro.

Ante las urgencias de infraestructura del país caribeño, IMPSA firmó un acta acuerdo con el Ministerio de Energía Eléctrica local y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), un paso administrativo y político que marca el inicio de una nueva etapa en la recuperación de la infraestructura hidroeléctrica de Venezuela. IMPSA aportará de forma directa su experiencia, ingeniería y tecnología para rehabilitar de manera integral las centrales de Macagua y Tocoma.

El plan de trabajo comprometido

El plan de trabajo trazado por los técnicos de la empresa privatizada cuenta con metas ambiciosas a corto y mediano plazo. Los ingenieros fijaron la premisa inicial de recuperar 672 megavatios (MW) de capacidad de generación en un plazo de 19 meses, atendiendo las demandas más urgentes de la red. Este acuerdo da inicio a un esfuerzo mucho más amplio para fortalecer el sistema eléctrico venezolano mediante un plan integral que podría aportar, en su totalidad, hasta 2.640 MW de capacidad hidroeléctrica en los próximos cinco años.

El epicentro de los trabajos civiles y de ingeniería civil se concentrará en la Central Hidroeléctrica Tocoma. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció formalmente la firma de este acuerdo entre el Estado venezolano y la empresa argentina, destinado a ejecutar la culminación definitiva de las obras de la Central Hidroeléctrica Manuel Piar (Tocoma), considerada el último gran proyecto hidroeléctrico desarrollado en el Bajo Caroní, dentro del Estado Bolívar.

Con una capacidad instalada prevista de 2.160 MW, la obra se reactivó con el objetivo de incorporar un total de 2.640 MW al Sistema Eléctrico Nacional mediante las nuevas optimizaciones. La central se ubica a 15 kilómetros aguas abajo de la Central Hidroeléctrica Guri, y para alcanzar dicho rendimiento, la monumental estructura estará plenamente equipada con 10 unidades de turbinas tipo Kaplan de 230 MW cada una.

El proyecto original cuenta con una extensa y compleja historia económica y contractual que sirve de antecedente al actual desembarco de la firma de capitales estadounidenses. La obra se aprobó originalmente en enero de 2002 según una resolución del Ministerio de Energía y Minas, iniciándose formalmente con el movimiento de tierras y un presupuesto total inicial de u$s3.061 millones.

Posteriormente, en 2005, la empresa Electrificación del Caroní (Edelca) –actual Corpoelec– pactó con el Consorcio OIV, conformado en su momento por la brasilera Odebrecht (50%), la italiana Impregilo (40%) y la venezolana Vinccler (10%).

La compleja historia de la central Tocoma

Diversos inconvenientes técnicos y financieros hicieron retrasar el proyecto de manera sucesiva a lo largo de los años. Al punto tal llegaron las dilaciones que para 2013 se debió solicitar una fuerte ampliación del presupuesto total a u$s9.365 millones, de acuerdo con los registros del exministro de energía, Luis Motta Domínguez, quien fue el funcionario encargado de tramitar la ampliación presupuestaria. 

El embalse proyectado cuenta con una cota de 127 metros sobre el nivel del mar, lo que implica la inundación controlada de un área total de 87 kilómetros cuadrados. Asimismo, los informes técnicos detallan que la presa principal del complejo tendrá una altura final de 65 metros y una longitud de 360 metros, dimensiones que reflejan la magnitud del desafío ingenieril que IMPSA deberá gerenciar.

Estas obras de gran escala se dan en el contexto de debate del Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, ya aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional. Esta propuesta de 42 artículos plantea diversificar la participación en la cadena del servicio mediante cuatro vías que habilitan a empresas mixtas con control estatal, firmas donde el sector público tenga participación minoritaria y empresas privadas debidamente domiciliadas en el territorio nacional.

Bajo este nuevo esquema de apertura IMPSA, apuntalada por capitales de Estados Unodos, consolida su regreso al plano internacional, algo similar a lo que viene ocurriendo con el gradual apertura de oportunidades de negocios en el secor petrolero venezolano, el país con las mayores reservas mundiales de crudo.

El descenso térmico llegó de forma pronunciada esta semana al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a gran parte del país, con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en alerta amarilla por frío extremo. Las tarifas eléctricas acumulan un aumento del 36,4% en el último año y la demanda residencial ya representa el 42% del consumo total del sistema, según el informe Monitor Eléctrico de la consultora Ricsa. Frente a ese escenario, hay una serie de medidas concretas para reducir el impacto del frío en la factura sin resignar confort.

Según la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel), cada grado adicional de calefacción implica un 8% más de consumo eléctrico. Para los equipos de aire acondicionado en modo calefacción, la entidad recomienda mantenerlos encendidos de forma sostenida en lugar de recurrir a ciclos frecuentes de apagado y encendido, que generan picos innecesarios de consumo.

Con más hogares y establecimientos que reemplazan la calefacción a gas por equipos eléctricos, la elección del aparato incide directamente en el gasto mensual. El punto de partida es entender cuánto consume cada uno: una estufa eléctrica parte desde 0,5 kW por hora; un caloventor de 2.000 W llega hasta 2 kW por hora; y un aire acondicionado arranca en 1,01 kW por hora a 20 ℃, y supera los 2 kW desde los 25 ℃.

Los hogares argentinos utilizan casi el 40% de toda la energía eléctrica generada en el país, y una porción de ese gasto pasa desapercibida. Los dispositivos en modo standby —televisores, computadoras, cargadores enchufados sin uso— pueden representar hasta el 15% del gasto energético mensual, de acuerdo con la entidad. A eso se suma que entre el 5% y el 16% del consumo total del hogar proviene de aparatos que permanecen conectados sin utilizarse.

La iluminación explica entre el 25% y el 35% del consumo residencial. La cámara recomienda aprovechar la luz natural y migrar a tecnología LED. Un dato que suele ignorarse: las lámparas sucias rinden hasta un 20% menos que las que se mantienen limpias.

Más allá de la calefacción, Cadieel señala que la heladera merece atención especial por estar enchufada las 24 horas. Es por eso que recomienda tenerla a 5 ℃ en la zona de refrigeración y a -18 ℃ en el freezer, así como verificar el estado de los burletes y descongelarla periódicamente, lo que evita que el equipo trabaje por encima de lo necesario.

Para el lavarropas, la recomendación es usar programas de baja temperatura con carga completa. En el horno eléctrico, cada apertura innecesaria de la puerta hace perder un 20% de la energía acumulada. La plancha, por su parte puede representar más del 6% del consumo mensual; para reducir ese impacto, conviene concentrar la mayor cantidad de ropa posible en cada uso.

En marzo de 2026, la Secretaría de Industria y Comercio actualizó el sistema de etiquetado energético. A partir de ese momento, fabricantes e importadores solo pueden introducir al mercado productos con las nuevas etiquetas, aunque los modelos con el esquema anterior seguirán en góndola hasta marzo de 2028.

El cambio central es la unificación de la escala: todos los electrodomésticos usan ahora una tabla de siete letras, de la A a la G, donde A representa la máxima eficiencia y G la mínima. La reclasificación puede generar confusiones: lo que antes llevaba la etiqueta A+++ pasó a llamarse A; un A++ es ahora B; un A+ quedó como C; y el anterior A se convirtió en D. Quien no esté al tanto del cambio puede terminar eligiendo un equipo menos eficiente de lo que cree.

La alerta por bajas temperaturas rige para todo el territorio bonaerense y se extiende a La Pampa, Entre Ríos, gran parte de San Luis, la mitad de Córdoba, casi todo Santa Fe y parte del centro-sur de Corrientes. En paralelo, el SMN advirtió por vientos fuertes en el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, y nevadas de entre 10 y 20 centímetros en la zona cordillerana santacruceña.

En el AMBA, la semana muestra una recuperación térmica progresiva. El martes será la jornada más cálida, con una máxima de 18 ℃ y una mínima de 7 ℃. El miércoles registrará la máxima más baja del período, con 13 ℃. Hacia el jueves, las mínimas alcanzarán los 10 ℃ —el valor más alto de la semana en ese rango— con una máxima de 15 ℃ y posibilidad de precipitaciones nocturnas. El viernes mantendrá temperaturas similares, sin lluvias previstas.

Tras la aprobación de la Ley de Modernización Laboral, el gobierno acelera la revisión de los convenios colectivos de trabajo, con un par de ejes como fomentar las discusiones por región o empresas, limitar los descuentos obligatorios y cuotas solidarias sin consentimiento expreso del trabajador y limitar el derecho a huelga, declarando las actividades como «servicios esenciales».

En la Argentina existen unos 3.000 convenios, sumando los acuerdos de alcance nacional, regional y de empresa. En principio, desde el ministerio de Capital Humano proyectaron la actualización de unos 1.500 convenios, pero finalmente quedaron 446, entre los que estarían las actividades más importantes como Comercio, Camioneros, Encargados de Edificios, UTA (choferes de colectivos), Bancarios y Marítimos y Portuarios, entre otros.

Cuáles son los objetivos del Gobierno

Según se informó, la dirección nacional de Relaciones y Regulaciones de Trabajo dio inicio al procedimiento de convocatoria prevista en el artículo 137 de la Ley de Modernización Laboral n° 27.802 y artículo 4° in fine del Decreto 407/2026. En consecuencia, la cartera de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello ordenó a la secretaría de Trabajo a que llame a los representantes gremiales y empresariales para discutir convenios vencidos, aunque hayan sido modificados en las reuniones de paritarias.

En la cartera laboral sostienen que los puntos principales de las negociaciones entre las partes se focalizará en «adaptar las condiciones laborales a las nuevas tecnologías y necesidades de cada unidad productiva», introduciendo modalidades como el «salario dinámico», que suma bonos o beneficios por desempeño.

También se impulsarán negociaciones específicas por empresa o por región, debilitando la exclusividad de los convenios marco a nivel nacional; limitar los descuentos por cuota sindical y ampliar la lista de sindicatos señalados como de «importancia trascendental», fijando porcentajes mínimos obligatorios de cobertura durante los paros. En este tema, las organizaciones gremiales sostienen que se intenta limitar tanto el derecho a huelga como la realización de protestas como asambleas o quite de colaboración.

La falta de personal, el talón de Aquiles para revisar los convenios

La estrategia de la Casa Rosada se puede ver empañada justamente por efecto de la motosierra. Es que la reducción de empleados de la administración pública nacional también impacta en la secretaría de Trabajo, cuyo titular, Julio Cordero, casi no tiene poder de decisión, reportando tanto a Pettovello como al ministro de Economía, Luis Caputo, responsable del techo de las paritarias, que no pueden superar el 2%.

Más allá del poder de decisión de cada uno de estos actores, el gobierno insiste en una reestructuración de Trabajo, con el cierre de delegaciones y el despido de personal con experiencia. El plan choca de plano con la intención desreguladora del Ejecutivo, que no podría avanzar con las discusiones de los convenios colectivos con la rapidez que pretende.

Un vocero gremial advirtió: «No homologan los acuerdos salariales y hay pilas de expedientes acumulados, imagínate si van a avanzar en la revisión de los convenios sin que cometan errores groseros».

En los pasillos de la Confederación General del Trabajo (CGT) ya tomaron nota de la revisión de los convenios. Cada sindicato activó a sus abogados y hasta hubo conversaciones con las cámaras empresariales. Es que, más allá de las diferencias, saben que una negociación por empresas puede abrir las puertas a organizaciones más ligadas a sectores radicalizados. «Van a abrir una caja de Pandora», explicó a iProfesional un veterano paritario de las patronales.

ATE en alerta ante el «desguace» de la secretaría de Trabajo

Por su parte, la conducción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) dispuso el estado de alerta y movilización frente al «desguace» de la secretaría de Trabajo, ante la amenaza de cierre de sus 43 delegaciones y el despido de todo su personal a nivel nacional. El sindicato ya hizo un abrazo al histórico edificio de Azopardo 650.

Las versiones de ajuste corren a toda velocidad e incluyen la continuidad del propio Cordero, un hombre que viene del grupo Techint que lidera Paolo Rocca, enfrentado con el presidente Javier Milei. La delegación de ATE apuntó: «Están amenazando seriamente nuestras funciones históricas y los puestos de trabajo de cientos de compañeros y compañeras«.

Se estima que en Trabajo hay unos 1.500 empleados, muchos efectivos y otros bajo contratos que son los de mayor vulnerabilidad porque se están renovando cada tres meses. Voceros gremiales explicaron que «vamos a continuar en alerta» e indicaron que «la secretaría está virtualmente paralizada, dependiendo de las decisiones tanto de Capital Humano como Economía, que son los ministerios que realmente deciden qué paritarias se cierran y cuales quedan congeladas».