POLITICA
Un exsocio de Elías Picirillo quiere convertirse en arrepentido en la causa que investiga irregularidades en la compra de dólar oficial
La investigación sobre las presuntas maniobras irregulares para acceder a dólares oficiales durante el gobierno de Alberto Fernández podría sumar un nuevo capítulo en los próximos días. Francisco Hauque decidió avanzar con un pedido para convertirse en imputado colaborador, una figura que podría aportar nueva información sobre el supuesto esquema.
Según pudo saber TN, el abogado Carlos Pousa presentará mañana un escrito para comunicar formalmente la voluntad de su cliente de acogerse al régimen del arrepentido. La presentación no implicará de manera automática su incorporación a esa figura procesal, ya que primero deberá ser convocado a declaración indagatoria.
En el escrito, la defensa expresará que, en caso de que Hauque sea llamado a indagatoria, tiene intención de convertirse en imputado colaborador. A partir de allí, el eventual acuerdo deberá atravesar las instancias previstas por la ley: el fiscal tendrá que aceptar la propuesta, evaluar la información aportada y, posteriormente, el juez deberá homologar el entendimiento.
Los arrepentidos deben aportar información hacia arriba, es decir, involucrar a posibles funcionarios que permitieron que funcionara la estructura de compra de dólares oficiales para luego ir al blue y obtener una ganancia multimillonaria. Al menos eso es lo que cree la Justicia.
La decisión se conoce días después de que Hauque realizara fuertes señalamientos públicos vinculados a la causa. El viernes pasado aseguró que el expresidente Alberto Fernández estaba al tanto de las maniobras investigadas y también apuntó contra María Valeria Fernández, una de las exfuncionarias del Banco Central mencionadas en el expediente.
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La investigación, que tramita en la Justicia federal, analiza un presunto circuito destinado a obtener dólares en el mercado oficial de cambios para luego derivarlos al mercado informal mediante distintas operatorias.
La hipótesis de los investigadores sostiene que existió una estructura integrada por empresarios, financistas, intermediarios y funcionarios o personas con llegada a organismos públicos que habrían facilitado el acceso a divisas a cambio de pagos calculados sobre la cotización del dólar blue.
SIRA y dólar oficial: la trama que investiga la Justicia
Entre los principales nombres que aparecen en el expediente figuran Hauque, Martín Migueles y Elías Piccirillo, exmarido de Jesica Cirio. Según la fiscalía, los tres habrían tenido distintos niveles de participación en una operatoria destinada a acceder de manera irregular al mercado oficial de cambios.
Uno de los ejes de la investigación está relacionado con las autorizaciones de importación otorgadas bajo el sistema SIRA. De acuerdo con conversaciones incorporadas a la causa, Migueles aseguraba tener capacidad para acelerar aprobaciones a cambio de pagos que oscilaban entre el 11% y el 15% del monto involucrado, calculados sobre el valor del dólar blue.
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En uno de los audios analizados por la Justicia, Migueles afirmaba: “Sí, bol…, esa yo la saco al toque, la saco rápido la SIRA y a mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento”. En otra conversación agregaba: “Sale en una semana, diez días y el costo es 11. Así que pásale 12 o pásale 13 y nos ganamos un punto. ¿Qué opinás? Blue, ¿no?”.
Para los investigadores, esos intercambios reflejarían una presunta cadena de intermediación destinada a agilizar autorizaciones mediante pagos clandestinos.
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La causa también puso bajo la lupa a varios funcionarios y exfuncionarios vinculados al Banco Central. Entre las personas mencionadas en el expediente aparecen Fabián Violante, Romina García, Diego Volcic, María Valeria Fernández y Analía Fernanda Jaime. La fiscalía sostiene que al menos algunos de ellos podrían haber desplegado conductas contrarias a los deberes funcionales que les correspondían.
En ese contexto también surgió la figura de la denominada “vieja del Central”, mencionada en conversaciones entre Hauque y Migueles. En uno de los diálogos incorporados al expediente, Hauque afirmaba que esa mujer “se llevó una fortuna” y que continuaba exigiendo dinero. Los investigadores consideran que esas referencias podrían estar vinculadas a personas con influencia dentro del organismo monetario.
La deuda de US$ 6 millones y el vínculo con Piccirillo
Otro de los capítulos centrales de la causa es la deuda de seis millones de dólares que Piccirillo reconoció mantener con Hauque. La Justicia intenta determinar si esos fondos tuvieron origen en las maniobras cambiarias investigadas.
Según la documentación incorporada al expediente, Piccirillo aceptó cancelar esa obligación mediante 39 cheques emitidos por Constructora 11 S.A., con montos que iban de los 140 a los 190 millones de pesos. Sin embargo, varios de esos documentos fueron rechazados por falta de fondos tras ser depositados en Sur Finanzas (NEBlockchain S.A.), otra de las firmas mencionadas en la investigación.
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La deuda ya había aparecido anteriormente en un reconocimiento firmado ante escribano público, mediante el cual Piccirillo se comprometía a entregar cerca de 40 cheques por un total aproximado de 6530 millones de pesos. Mientras el entorno de Hauque sostuvo que no recibió dinero y denunció irregularidades en algunos documentos, la defensa de Piccirillo rechazó esas acusaciones y aseguró que los cheques eran genuinos y contaban con respaldo económico.
Los investigadores también analizan la posible relación entre esa deuda y el procedimiento realizado contra Hauque en enero de 2025. Aquella noche, él y su pareja fueron interceptados por efectivos de civil luego de cenar con Piccirillo en el Palacio Duhau. Los policías afirmaron haber encontrado cocaína y un arma dentro del vehículo, pero la defensa del financista denunció que se trató de un operativo armado.
Posteriormente, la jueza federal María Eugenia Capuchetti anuló esa causa al detectar irregularidades en el procedimiento. Siete policías de la Ciudad quedaron bajo investigación y uno de ellos se convirtió en imputado colaborador.
Dólar blue, dolar oficial, Banco Central, Elías Piccirillo, Martín Migueles, Alberto Fernández
POLITICA
Jorge Macri respaldó las detenciones de los metrodelegados: “El que bloquea un servicio esencial va preso”
En medio del conflicto por el paro en todas las líneas de subte, el jefe de gobierno porteño Jorge Macri salió a respaldar las detenciones de los metrodelegados y advirtió: “En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la justicia ordena se cumple”.
Macri remarcó que no va a aceptar “extorsiones mafiosas” y que quienes bloqueen un servicio esencial “van presos, sin vueltas”.
El mandatario porteño insistió en que no permitirá que “les jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis”.
El secretario de Seguridad porteño explicó por qué detuvieron a tres metrodelegados
En diálogo con TN, el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Piñeiro, explicó que las detenciones de los trabajadores del subte se produjeron luego de que un gremialista abriera una puerta de emergencia en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B para permitir el paso de los usuarios como medida de fuerza.
“En la primera hora del día, un gremialista del subte abrió una de las puertas de emergencia y habilitó el paso de los usuarios como medida de fuerza. A raíz de ello, el personal policial consultó a la fiscalía, que ordenó el cese de esta actividad irregular. Ante la negativa de esta persona, la fiscalía dispuso su detención por desobediencia”, relató.
Luego, según su relato, otros dos gremialistas intervinieron para impedir el accionar policial, por lo que la fiscalía también avaló que sean detenidos. “Están detenidos por incumplir lo ordenado por la Justicia”, reiteró Piñeiro.
Los metrodelegados advierten que no reanudarán los servicios del subte “hasta la inmediata liberación” de los gremialistas
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP) denunció la detención de dos trabajadores por parte de la Policía de la Ciudad en la estación Juan Manuel de Rosas (Línea B).
“No habrá servicio de subte hasta la inmediata liberación de los compañeros detenidos. Exigimos su libertad urgente y el cese de la represión”, alertaron.
Jorge Macri, Metrodelegados, Subte
POLITICA
Malvinas: el Gobierno evita confrontar con Washington por el Comité de Descolonización de la ONU y la ley de soberanía
“(Donald) Trump es Trump. Aun con los amigos”, reflexionó un diplomático de carrera en la noche del lunes, cuando ya era conocido que el gobierno norteamericano solicitó, a través de sus representantes diplomáticos, disolver el Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que desde 1965 insta al Reino Unido a sentarse a negociar con la Argentina una resolución a la diputada por la soberanía de las islas Malvinas.
En la Cancillería no hubo comentarios públicos sobre el pedido, que va en línea con la escasa estima que Trump tiene hacia las Naciones Unidas (sentimiento compartido por el presidente Javier Milei) y que tuvo como argumentos que ese comité “dejó de cumplir su propósito original”. Ayer, en la conferencia de prensa semanal que brinda en Casa Rosada, el portavoz Adrián Ravier afirmó que esa postura de Estados Unidos “está bajo análisis hoy como para tomar una decisión final”, y afirmó que “seguramente” el canciller Pablo Quirno, que acompaña al Presidente en su actual gira por España, hablaría sobre el tema. La consulta incomodó a Ravier, que no pudo precisar qué es lo que “está en análisis”.
En la última reunión del Comité de Descolonización, en junio pasado, el canciller Quirno acusó en duros términos al Reino Unido de “desconocer la realidad histórica”, y afirmó que “el principio de autodeterminación no aplica en casos de colonialismo que vulneran la integridad territorial de una nación preexistente”, en relación con la posición de Londres en relación con los pobladores de las islas. Fue solo una de las exposiciones de los últimos meses en las que el Gobierno y la Cancillería elevaron el tono del reclamo por la soberanía de las islas.
“Lo que dijeron los Estados Unidos tiene que ver con la propuesta de racionalizar la ONU, algo similar a la motosierra”, explicó una fuente diplomática cercana al Gobierno, con intención de minimizar un eventual conflicto.
“Por supuesto que, como todo país con controversias de ese tipo, apoyamos la continuidad del comité. Pero no sería un daño para la Argentina, el reclamo se puede presentar, como se hacía en los años noventa, ante la Asamblea General de la ONU”, agregó el experto.
En coincidencia con el despertar del sentimiento nacionalista en el país por la recuperación de Malvinas, que explotó luego del partido con Inglaterra en el mundial de fútbol, y enojado por la posición del Reino Unido durante la guerra con Irán, Trump declaró que “podría revisar” su postura en relación a la soberanía de Malvinas. Semanas después, se reunió con el primer ministro británico Andy Burnham, y esa amenaza se disipó.
Más allá de la controversia por el Comité de Descolonización (que no integran ni Estados Unidos ni Gran Bretaña, que sostiene 10 de los 17 territorios no autónomos en disputa, entre ellos Malvinas), el freno al tratamiento en comisión de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculado con la causa Malvinas e impulsado por el Poder Ejecutivo, también muestra posturas divergentes entre Washington y Buenos Aires.
Empresas norteamericanas le habrían transmitido al Gobierno su preocupación por la “laxitud” del Título I del proyecto, que no solo establece sanciones para las compañías Rockhopper (británica) y Navitas (israelí) que llevan adelante el proyecto Sea Lion en las aguas circundantes de Malvinas, sino también contra empresas asociadas a ellas en otros proyectos, con la secretaría de Malvinas que encabeza la secretaria Paola di Chiaro, como autoridad de aplicación.
“A la industria le preocupaba este abordaje tan amplio que tiene la ley, y que impacte sobre la actividad”, comentó a una importante fuente del sector petrolero. No sólo las empresas se quejaron: según informadas fuentes del Gobierno, el embajador norteamericano Peter Lamelas también le habría expresado su preocupación vía telefónica a miembros del oficialismo. Consultadas por este diario, fuentes de la embajada norteamericana evitaron hacer comentarios sobre el asunto, y desde el oficialismo de la Cámara baja -los diputados Silvana Giúdici y Gabriel Bornoroni trabajan en el dictamen de la ley- dijeron no haber recibido llamado alguno. Adjudicaron la postergación del tratamiento a la cantidad de temas que incluirá la próxima sesión de la Cámara baja.
Diplomáticos alejados del Gobierno agregan un tercer foco de disenso, siempre dentro de los márgenes de la excelente relación entre ambos países. Se trata de la postulación de Rafael Grossi como próximo secretario general de la ONU, impulsado por Argentina y que marcha en el primer pelotón en las votaciones secretas que se han venido haciendo hasta ahora. Esos diplomáticos aseguran que Grossi “no es” el preferido de Trump, que ya intentó postular al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y con el megamillonario Elon Musk, y que podría insistir con otro “outsider” en las próximas semanas, si como viene ocurriendo, ninguno de los postulantes alcanza la mayoría necesaria (sin vetos de los cinco miembros permanentes) para ser elegido.
El jueves próximo, ya con Milei y Quirno de regreso en el país, el influyente subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y el responsable de Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, llegarán a Buenos Aires. Entre otros asuntos, las divergencias por el comité de Descolonización y el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía podrían ser temas de conversación con el Gobierno.
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POLITICA
Fallo clave para el Gobierno: la Justicia puso en revisión la cautelar sobre Financiamiento Universitario
La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal le dio la razón al Ministerio de Capital Humano y ordenó que la justicia revise si la medida cautelar sobre financiamiento universitario sigue o no vigente. El tribunal consideró que el Estado Nacional enfrentaba un perjuicio irreparable al verse obligado a cumplir una orden cuya vigencia está en disputa.
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación y la asistencia legal de la Procuración del Tesoro de Sebastián Amerio, había reclamado ante la Cámara porque el juez de primera instancia le negó el derecho a apelar. La causa de fondo es el amparo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras instituciones contra el Decreto 759/25 del Poder Ejecutivo Nacional, que recortó fondos universitarios.
“La vamos a seguir a muerte”, respondieron fuentes de primera línea del Ministerio de Capital Humano al ser consultados por el fallo judicial. “La Justicia todavía no nos está sugiriendo ‘no cumplan con la cautelar’, pero lo que nos dice es que van a revisar si la tenemos que cumplir”, explicó uno de los principales patrocinadores legales del Gobierno.
La Cámara no resolvió si el Estado cumplió o no con la medida cautelar. Lo que decidió, el 20 de octubre de 2026, es más acotado: que el juez de primera instancia se equivocó al bloquear la apelación, y que esa apelación debe tramitarse.
La resolución fue firmada por los jueces José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán, quienes cubrieron dos vacantes en la Sala conforme a las acordadas 2/26 y 5/26 de la Cámara. El Ministerio de Capital Humano argumentó que la medida cautelar original tenía un límite temporal expreso y que ese plazo ya había vencido. Desde esa postura, continuar con la ejecución de la orden equivalía a extender artificialmente una tutela que había caducado.
El origen del conflicto
El amparo fue impulsado por el CIN tras la sanción del Decreto 759/25, que modificó la distribución del financiamiento para las universidades nacionales. El juzgado federal N° 11 dictó una medida cautelar que obligó al Estado a garantizar recursos mientras se resolvía el fondo del asunto.
La sentencia de primera instancia se dictó en el expediente principal. Contra esa sentencia, el Estado interpuso un recurso de apelación que fue concedido en ambos efectos, lo que en términos prácticos paraliza la ejecución de la condena mientras la Cámara resuelve.
El nudo del problema apareció cuando el mismo juez ordenó, en paralelo, que el trámite de ejecución de la medida cautelar continuara en el incidente vinculado, con un plazo de cinco días para cumplir bajo amenaza de sanciones. El Estado intentó apelar esa decisión, y el juez lo rechazó.
El argumento del Estado y la decisión de la Cámara
La postura del Ministerio descansó en un principio procesal: si la medida cautelar fue otorgada con un límite temporal, ese límite forma parte del contenido de la orden y no puede ampliarse por vía interpretativa. “La limitación temporal no fue accesoria ni irrelevante, sino que integró expresamente los términos de la tutela concedida”, sostuvo el Estado en su presentación ante la Cámara.
Además, el Ministerio señaló que las sumas exigidas eran de “dimensión extraordinaria” y que no existía una liquidación concreta que permitiera determinar con exactitud cuánto debía pagar. Denunció que se le imponía cumplir una “manda judicial imprecisa, genérica, omisiva y sin datos ciertos”, sin posibilidad de revisión por parte de un tribunal superior.
La Cámara no evaluó el fondo de ese debate. Lo que analizó fue si el bloqueo de la apelación generaba un perjuicio concreto e irreparable para el Estado. La conclusión fue afirmativa: dejar al Ministerio sin posibilidad de recurrir mientras corría el plazo de cumplimiento, con sanciones conminatorias latentes, configuraba un agravio que justificaba abrir la instancia de apelación.
El trámite que sigue
Con la queja aceptada, el recurso de apelación del Estado quedó concedido “en relación”, una modalidad que, según el artículo 243 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, no suspende automáticamente la ejecución de la resolución apelada. La causa regresa ahora al juzgado de primera instancia para que implemente el trámite correspondiente.
La Cámara dejó expresamente aclarado que su decisión no anticipa ninguna opinión sobre si el Estado cumplió o incumplió la medida cautelar original. Esa pregunta quedará para una resolución posterior, una vez que el recurso de apelación tramite en forma.
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