Anabela Sabrina Olmedo, la sindicada “viuda negra” detenida por su presunta responsabilidad en la muerte de Daniel Osorio Peñaloza, CEO de la empresa Gentech, de la que es socio fundador el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, se negó a declarar ante la jueza nacional en lo Criminal y Correccional Paula González, que interviene en la investigación.

Olmedo, de 33 años, está imputada por el delito de homicidio. “La sospechosa dijo que, por el momento, no iba a declarar”, explicaron fuentes con acceso al expediente.

Osorio Peñaloza fue hallado muerto el lunes 8 de junio en su departamento de Caballito. Ayer, detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad detuvieron a Olmedo, acusada de ser “la autora material del homicidio”.

La sospechosa fue arrestada a las 9.14 en la esquina de Serrano y Solís, en el partido de José C. Paz. Es señalada por los investigadores consultados como una “viuda negra”, modalidad delictiva protagonizada por mujeres que seducen a hombres y, en situaciones íntimas, los duermen con somníferos para sustraerles dinero y otros objetos de valor.

“El fiscal Eduardo Cubría le imputó a Olmedo el homicidio de Osorio Peñaloza. Según el dictamen del Ministerio Público, la víctima habría muerto después de ingerir una sustancia que Anabela Sabrina Olmedo habría puesto en una bebida”, explicaron las fuentes consultadas.

Osorio Peñaloza había nacido en Venezuela el 22 de enero de 1980. La última vez que fue visto con vida fue el viernes 5 de este mes, cuando fue a un bar con un amigo colombiano, también vinculado a la firma Gentech, dedicada a la comercialización de suplementos deportivos.

Al salir del bar, los amigos se habrían ido cada uno a su domicilio. Osorio Peñaloza vivía en un departamento del octavo piso de un edificio situado en la avenida Díaz Vélez al 5500, en Caballito.

El sábado 6 al mediodía, Menem intentó comunicarse con Osorio Peñaloza, pero no obtuvo respuesta. Entonces llamó al amigo que había salido con él, quien le respondió que seguramente estaría durmiendo.

Como con el paso de las horas seguía sin responder los mensajes, el amigo colombiano, que tenía llaves del departamento, fue a ver qué sucedía. Al ingresar se encontró con el cuerpo de Osorio Peñaloza sobre la cama. Estaba casi sin ropa, ya sin vida.

Poco después llegaron a la escena personal de la Policía de la Ciudad, una ambulancia y Menem, que estuvo en el hall del edificio.

“Quiero aclarar que tomé conocimiento de lo ocurrido a través de una llamada telefónica en la que se me informó que Daniel habría sido hallado sin signos vitales. Me dirigí inmediatamente al lugar y, al momento de mi llegada, ya se encontraban interviniendo el SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes posteriormente confirmaron la lamentable noticia. Permanecí allí mientras actuaban las autoridades y los profesionales intervinientes, profundamente impactado por lo que le había sucedido a mi amigo. Mi presencia respondió exclusivamente a la preocupación lógica que genera una noticia tan dolorosa”, sostuvo Menem en un posteo en su cuenta de X.

El presidente de la Cámara de Diputados también dijo: “Fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos. Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme calidad humana que tenía”.

Desde la empresa también se refirieron a la muerte del amigo y socio de Menem. “Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Daniel Osorio Peñaloza. Su dedicación y aporte fueron fundamentales para el crecimiento y desarrollo de nuestra organización”, se sostuvo en un comunicado de prensa.

Tras el hallazgo del cuerpo, tomó intervención el fiscal Cubría. La causa comenzó con el objetivo de esclarecer lo que, hasta ese momento, era “una muerte dudosa”. Pero con el avance de la investigación y tras la reconstrucción de las últimas horas de vida de Osorio Peñaloza, emergió con fuerza la hipótesis de que se había tratado de un crimen de una “viuda negra”.

Para avanzar en la identificación de la sospechosa fue clave el análisis de filmaciones de cámaras de seguridad instaladas en las cercanías del edificio donde vivía la víctima.

“La sospechosa fue identificada a partir de imágenes de cámaras de seguridad y la geolocalización de su teléfono celular”, sostuvieron fuentes de la causa.

“La sindicada ‘viuda negra’ podría ser indagada mañana (por el martes) o en horas de la mañana del miércoles próximo”, dijo a una fuente judicial.

El Tribunal Oral Federal que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión le advirtió que violó las condiciones de su prisión domiciliaria en San José 1111 por la bandera desplegada este fin de semana entre su balcón y el de un edificio vecino. Le advirtieron a la expresidenta que de repetirse podría implicar que la manden a cumplir su condena a la cárcel.

“Intimase a Fernández de Kirchner que en lo sucesivo se abstenga de desplegar conductas o asumir comportamientos que puedan implicar el incumplimiento de las pautas y condiciones bajo las cuales fue concedida y se ejecuta la modalidad domiciliaria de cumplimiento de la pena de prisión que le ha sido impuesta, bajo apercibimiento de ley en caso de verificarse nuevos incumplimientos (art. 34 de la ley 24.660)“, escribió el juez Rodrigo Giménez Uriburu.

El artículo 34 de la ley que regula la ejecución de la pena señala que el juez “revocará la detención domiciliaria cuando el condenado quebrantare injustificadamente la obligación de permanecer en el domicilio fijado o cuando los resultados de la supervisión efectuada así lo aconsejaren o cuando se modificare cualquiera de las condiciones y circunstancias que dieron lugar a la medida”.

Lo que ocurrió fue en el marco de los actos para recordar el primer año de que Cristina Kirchner está presa.

Diversos intendentes del conurbano se turnan para congregarse debajo del balcón de San José 1111 y apoyar a la expresidenta con manifestaciones de apoyo.

El pasado fin de semana fue el turno de Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, que reunió a un grupo de militantes que extendió una gran bandera entre el balcón del departamento de la expresidenta y un edificio de la vereda de enfrente.

La bandera llevaba la leyenda “De San José 1111 a la Rosada” y fue acompañada de otros carteles y mensajes de adhesión. Cristina Kirchner correspondió saludando desde el balcón.

El juez Rodrigo Giménez Uriuburu, a cargo de la ejecución de la pena, firmó hoy un escrito en el que advirtió a la expresidenta que de reiterarse estas manifestaciones podría revocarse su prisión domiciliaria.

En cinco páginas recordó que se le impuso a Cristina Kirchner “abstenerse de adoptar comportamientos que pudiesen perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.

Señaló el magistrado que en el pasado hubo periódicamente diversas manifestaciones que, a juicio del tribunal, no implicaban la violación de las condiciones de la prisión domiciliaria, a pesar de las quejas de la fiscalía a cargo de Diego Luciani.

Todo esto hasta el domingo pasado, cuando “se verificó un episodio que importa, en principio, un incumplimiento de la regla de conducta referida, y que amerita la intervención del suscripto en su condición de juez a cargo del contralor de la pena de prisión de la condenada”.

Dijo el juez que el domingo “se desplegó una bandera de grandes dimensiones, soportada por una estructura de cables tensores, desde una ventana de un edificio ubicado en una esquina enfrentada al edificio en cuestión, la que fue extendida cruzando la calzada y su espacio aéreo hasta quedar sujeta al balcón de la vivienda donde Fernández de Kirchner cumple su sanción”.

“La conducta descrita no constituyó un episodio ajeno a la condenada; por el contrario, surge de las constancias obrantes en autos que participó activamente en el despliegue de la referida bandera, utilizando el balcón de su propio domicilio de arresto como punto de anclaje y sujeción, y hasta colaborando de propia mano con dicha acción”, relató el magistrado.

Y dijo que, a diferencia de lo sucedido en otras concentraciones, en las que Cristina Kirchner no tuvo “intervención directa”, aquí “el episodio presenta notas cualitativamente distintas: el despliegue de una maniobra riesgosa para el espacio público y perturbadora para los vecinos de la ochava, más la participación personal y activa de la condenada en la concreción de la acción, con empleo del domicilio de cumplimiento a ese fin”.

Riesgos

Por eso dijo que su conducta es reprochable desde tres puntos de vista: por un lado, por el “ostensible riesgo para la integridad física” de la exmandataria y de los transeúntes, conductores, pasajeros del transporte público o peatones. Dijo que los exponía “a un peligro innecesario”, más allá de la responsabilidad que pudiera tener en caso de un accidente.

Por otro lado, mencionó que la instalación de pasacalles, pancartas u objetos similares y de una “bandera sostenida por cables de alta resistencia” debería contar con una autorización municipal. “La realización de tal actividad, de no haber contado con el permiso correspondiente, podría importar la comisión de una contravención”, lo que agrava la conducta de la expresidenta.

Y por último dijo el juez que el despliegue de la bandera “perturba objetiva e indefectiblemente la tranquilidad del vecindario y altera la convivencia pacífica de sus habitantes, afectando de manera directa la condición de conducta cuya observancia fue expresamente impuesta a la condenada”.

“La suma de los extremos señalados revela que la conducta verificada el 14 de junio pasado no es compatible con las obligaciones asumidas en el marco de la prisión domiciliaria concedida, ni con el estándar de comportamiento que el tribunal tuvo en miras al imponer las reglas de conducta oportunamente establecidas”, escribió el juez Giménez Uriburu.

Explicó que incumplir las reglas “compromete los fundamentos mismos sobre los que reposa la modalidad de ejecución concedida y torna imperativa la intervención del suscripto en su condición de juez de ejecución actuante”. Y por eso le advirtió que, de repetirse, iba a revocar su prisión domiciliaria.