POLITICA
Cristina Kirchner cumple un año de prisión domiciliaria: cómo impacta en su ánimo, quiénes la acompañan y cuál sería su “salida política”
“La gente no come presos”. En la intimidad de su departamento-prisión de San José 1111, en el barrio de Constitución, Cristina Kirchner repite la frase como un mantra. Invoca así, como tantas otras veces, al expresidente y su compañero de vida, Néstor Kirchner, quien la utilizó en la primera década del siglo, cuando algunos dirigentes peronistas le sugerían activar un operativo para “meter preso a (Fernando) De la Rúa” por las muertes callejeras de 2001.
Kirchner, Néstor, volvió a parafrasear la misma consigna cuando su tropa avanzó contra el juez Jorge Urso en el Consejo de la Magistratura, allá por el año 2006, en un juego de presiones que llevaron al juez a presentar su renuncia. No es un dato menor el que trae a la memoria el círculo de confianza de Cristina: Urso fue el magistrado que dictó la prisión preventiva de Carlos Menem en el caso del tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador. En aquel entonces, la cárcel de Menem fue una quinta en Don Torcuato, por el plazo de 167 días.
Cristina Kirchner cumple este mismo miércoles 365 días, un año exacto, de prisión domiciliaria, dictada por un Tribunal Oral Federal en el caso Vialidad. Y no tiene a la vista una salida jurídica a su actual situación, como la tuvo Menem por una resolución de la Corte Suprema. Aunque mientras pasa sus días en el departamento de 260 metros cuadrados, escucha de sus abogados que existe la posibilidad de apelar una condena, incluso cuando está firme.
La expresidenta entiende, por eso mismo, que su salida es política. De acuerdo a fuentes que tienen acceso a ella, le cayó muy bien la propuesta del diputado Miguel Pichetto para que el Congreso revise todo el proceso de su condena, en especial por el traslado de jueces y fiscales que formaron parte del juicio. También tomó de buen grado la mención a su caso que hizo el lunes el dirigente porteño Juan Manuel Olmos en un encuentro del peronismo federal en Entre Ríos.
Es decir, Cristina Kirchner valora que distintos sectores del peronismo apoyen su demanda de liberación y reclama que más dirigentes actúen en consecuencia. Es una de las condiciones, sino la principal, que le pondría al gobernador Axel Kicillof para apoyar su candidatura presidencial en 2027. La exmandataria no habla de un indulto, sino de ganar las elecciones y de generar luego las condiciones para remover a los actuales integrantes de la Corte que confirmó su condena.
En el entorno de Cristina Kirchner dicen que “no mastica con bronca” por su condición de recluida, pero según pudo saber , en el último año transitó diversos estados de ánimo: lloró cuando recibió un llamado del presidente Lula (Brasil), quien también estuvo detenido por una decisión de la Corte de su país; se enojó y puteó con la interna del PJ; y se indignó con los pormenores del juicio que derivo en la condena de Fernando Sabag Montiel, el joven que la quiso matar en 2022. “A mi vieja le pusieron un fierro en la cabeza”, suele repetir Máximo Kirchner.
De acuerdo a algunas versiones, Cristina Kirchner estuvo deprimida tras su internación de urgencia a finales de 2025, cuando debió ser operada de una apendicitis que se transformó en una peritonitis y complicó su estado de salud. La expresidenta pasó las fiestas en el sanatorio Otamendi y a su salida, no fueron pocos los que la notaron más delgada y bajoneada. Tal vez el endurecimiento de sus condiciones de detención, en noviembre, había impactado en su ánimo.
El regreso a San José 1111, tras la internación, parece haber sido un punto de inflexión para Cristina Kirchner en medio de su prisión domiciliaria. Desde enero pasado, espació notablemente sus intervenciones públicas -con mensajes más esporádicos en las redes y escasas salidas al balcón-, pero puertas adentro siguió apegada a una rutina que le conocen muy pocas personas. Por caso, su secretario privado, Mariano Cabral, un joven que llegó a su equipo de la mano de Oscar Parrilli. Y que en algunas ocasiones se lo ve en el balcón asistiendo a su jefa.
Cristina Kirchner hace cinta todos los días, mientras mira los noticieros en un plasma colgado en la pared. Antes de las restricciones que le impuso el tribunal en diciembre pasado, también hacía yoga en clases que le daba “una compañera” en el living de San José 1111, pero que debió cortar porque se achicó notoriamente la cantidad de personas que pueden ingresar al departamento, fuera de la lista de integran sus hijos, sus abogados y un médico de cabecera.
Máximo Kirchner, que vive en un departamento prestado por la familia de Wado de Pedro sobre la misma calle San José, a cinco cuadras de su madre, la visita a diario. Con su primogénito hablan de cuestiones cotidianas, pero también de política, como es lógico suponer. Y las conversaciones no son todas armoniosas. “No siempre están de acuerdo”, reconocen fuentes de La Cámpora, pero en los hechos Máximo es quien más conoce el pensamiento de Cristina.
Florencia Kirchner ya no reside en San José 1111, pero visita a su madre junto a su hija de manera frecuente. En el entorno de la familia explican que no era conveniente para Florencia permanecer en ese departamento, porque el movimiento y la intensidad emocional que le depara la situación de su madre podían afectar su “proceso de recuperación”. Cristina se desconecta de la política en contadas ocasiones y siempre lo hace cuando está con su hija y su nieta.
Además de las visitas que se publicitan -ya no tanto en la cuenta de X de Cristina sino en la de los visitantes-, también tienen acceso a la expresidenta sus abogados Carlos Beraldi (su principal defensor judicial) y Juan Grabois, quien la asiste en una causa conexa. No se sabe, a ciencia cierta, si el exfuncionario del Vaticano le contó a Cristina los pormenores de su charla con Peter Thiel, el tecno-magnate que se convirtió en un nuevo residente de la ciudad de Buenos Aires. Y que parece haber inspirado la nueva encíclica del papa León XIV.
Pese a que recibió permiso judicial para salir a la terraza del edificio dos horas al día, en horario diurno, Cristina Kirchner prefiere enfrascarse en las lecturas, con especial foco en la historia, en los pormenores de la inteligencia artificial y en informes económicos que requiere a diversos especialistas. Además, como todos, mira series en las plataformas. Matiza esos ratos de ocio con quejas por el maltrato que, según ella, le dispensa la Justicia. “Por qué hacen tanta diferencia con nosotros, si estamos acá, nunca nos movimos de acá”, pregunta la expresidenta.
En San José 1111, cada cinco minutos se escucha un bocinazo. No ocurre en los días en que hay movilizaciones, como el que motivó el último reto judicial, sino en cualquier momento. Así lo relatan quienes se sentaron a charlar con Cristina en el último año. Y que notaron, puertas adentro, cómo ella oculta la tobillera electrónica que tiene puesta en su pierna izquierda. Eso la indigna particularmente: “¡A dónde me voy a ir -exclama-, si soy una de las personas más conocidas del país!“.
January 6, 2026,Mariano Spezzapria,Conforme a
POLITICA
Coparticipación: un seminario en el Senado expuso el descalabro impositivo y la falta de acuerdos
Como era de esperarse, un seminario sobre coparticipación en el Senado expuso, una vez más, el descalabro impositivo vigente desde hace largos años y, sobre todo, dejó un dato curioso sobre las gestiones kirchneristas, más allá del relato: fueron de las más injustas en cuanto a federalismo y las que tuvieron los pisos más bajos -incumplimiento- del 34% de la masa a compartir entre Nación y provincias.
Durante una reunión informativa ocurrida días atrás, titulada “Repensar la coparticipación: del diseño federal a la realidad de las provincias”, expusieron el ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur; el diputado radical Lisandro Nieri (Mendoza); el ex legislador macrista -defensor acérrimo de la era Cambiemos desde la comisión de Presupuesto de la Cámara baja- y actual director ejecutivo de Cippec, Luciano Laspina; y el titular económico de Fundar, Guido Zack.
El convite fue comandado por el titular de la comisión, Eduardo Vischi (Corrientes); y la vice de la misma, la peronista disidente Flavia Royón (Salta). Primero disertó Zack, quien se refirió a la Argentina como uno de los países con “mayor desigualdad territorial en el mundo” -detrás de Rusia y Eslovaquia- y alertó sobre la pérdida de recursos por año en relación con el Producto Bruto.
Tras ello, el invitado dijo que, desde fines de la década del noventa, el piso de 34% sólo se acercó en algún año y que la peor época fue entre 2002 y 2016. Es decir, durante toda la era kirchnerista. De hecho, algunos estudios que se dedican a la cuestión impositiva sitúan 2010 como más flojo del período. El representante de Fundar luego aclaró que, tras el fallo de la Corte sobre la detracción de 15% para seguridad social -la bienvenida anticipada del máximo tribunal de justicia a Mauricio Macri-, se aproximó más hacia dicha meta.
Zack pinceló un panorama aún más alarmante y que no involucra a Nación. La medalla de oro siempre queda en manos de Ingresos Brutos que, según señaló, representa alrededor del 85% de los recursos provinciales propios. Lo que importa es la diferencia entre distritos: va de 5,5 puntos en Neuquén hasta 21 en la Catamarca de Raúl Jalil y de su brazo político en el Senado, el ahora ex kirchnerista Guillermo Andrada. También fueron recordados los 80 regímenes que tiene Córdoba y los saldos a favor que se acumulan en todo el país y que terminan, como siempre, en un tributo encubierto.
En tanto, Laspina planteó dos cuestiones valoradas por Vischi. Por un lado, en conocimiento de lo complejo que implica que el Congreso y las legislaturas locales obtengan un consenso generalizado, se refirió a explorar caminos sobre una eventual reglamentación del proceso de sanción de una ley relacionada con el tema -quinto párrafo, inciso 2, del artículo 75 de la Constitución-; mientras que, en segundo término, apuntó a una “acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema”, ya sea desde una ONG, un distrito o el mismo Ejecutivo. “Tirar un poco del nudo para destrabar”, enfatizó el ex amarillo.
No fue una novedad, por fuera de las rivalidades políticas, la baja asistencia no sólo de los integrantes de la comisión, sino de los legisladores, en general. Son los representantes de las provincias. Una muestra de la bajísima voluntad para resolver un asunto delicado que contrasta, de manera muy notoria, cuando aparecen las quejas ante Nación -sin distinción de quien se encuentre a cargo de la administración central- por fondos discrecionales.
Los mayores contactos se dan, en particular, cuando se está por votar un proyecto en el Congreso. Ahí, los llantos se convierten en cataratas. O se frena la agenda. En el pasado, varios ex gobernadores se convirtieron en rehenes -sin chistar y con un silencio más que llamativo y cobarde- de la billetera ajena o del “bolsillo del payaso”, en referencia al de los contribuyentes que regentea Balcarce 50. Hoy, algunos de ellos siguen en juego -desde otro lugar- y critican al mileísmo. Transcurrieron tan sólo un par de años.
POLITICA
Diputados: La Libertad Avanza presentó un proyecto para prohibir el uso de los celulares en las cárceles y que los presos paguen sus gastos
La Libertad Avanza impulsa una reforma del régimen carcelario que contempla la prohibición efectiva de los teléfonos celulares en los penales, el control de las comunicaciones y la obligación de que los internos afronten los gastos que generan durante su detención. La propuesta, presentada por el diputado mendocino Álvaro Martínez, busca modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad para combatir las estafas, los secuestros virtuales, las maniobras vinculadas al narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas, entre otros delitos.
“Hay que terminar de una vez por todas con el Call Center tumbero. Las cárceles deben servir para reinsertar personas, no para que los delincuentes sigan manejando bandas desde una celda”, sostuvo Martínez.
Presos uniformados y pago de los gastos carcelarios
La iniciativa establece el uso obligatorio de uniformes de acuerdo con la peligrosidad de cada detenido, que será clasificada en tres niveles: leve, medio y alto. Además, propone la creación de un Arancel Único Carcelario (AUC), que deberán pagar mensualmente los internos para cubrir los gastos de servicios generales y alimentación.
“La persona que está privada de su libertad debe pagarle al Estado los gastos que genere dentro de la cárcel. A partir de ahora tendrán que pagar la comida, la luz, el agua, la asistencia médica y el uniforme que usan dentro del penal”, afirmó el legislador.
En esa línea, agregó: “El ciudadano que trabaja todos los días paga los servicios y la comida de su casa. Quien esté privado de su libertad también deberá hacerse cargo de sus propios gastos. La reinserción comienza aprendiendo a cumplir obligaciones”.
Sobre los uniformes, Martínez aclaró que la medida “no tiene un objetivo discriminatorio se ajusta al principio de igualdad”. Según detalló, todos los internos deberán vestir prendas de color beige o marrón claro, con una cantidad de líneas verticales que variará según su nivel de peligrosidad.
Los presos considerados de peligrosidad leve tendrían una línea al frente y al dorso; los de peligrosidad media, dos líneas; y los de alta peligrosidad, tres. En cambio, quienes estén próximos a recuperar su libertad utilizarían uniformes lisos.
Los cambios en la Ley de Ejecución de la Pena
La propuesta modifica los artículos vinculados con las comunicaciones de las personas privadas de libertad. En la nueva redacción del artículo 158, se establece que los internos podrán mantener contacto periódico, oral o escrito, con familiares, representantes legales y profesionales vinculados con su reinserción social, además de representantes de organismos oficiales e instituciones privadas.
El texto plantea que ese derecho estará sujeto a las condiciones, oportunidades y supervisión previstas en la ley, con el objetivo de preservar la privacidad.
Por su parte, el artículo 161 establecerá que cada interno podrá solicitar autorización al director del establecimiento para llamar a una lista limitada de cinco números telefónicos. Los titulares deberán estar previamente identificados y autorizados en la instancia judicial de ejecución de la pena.
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La iniciativa también contempla el uso de teléfonos de línea para facilitar el contacto con familiares y abogados, así como la realización de videollamadas con defensores para agilizar el acceso a la Justicia y evitar traslados innecesarios.
Entre los fundamentos, el proyecto cita la posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostuvo reiteradamente que las personas privadas de libertad conservan los derechos que no hayan sido afectados legítimamente por la condena y que la ejecución de las penas está sometida a control judicial permanente.
El trabajo como eje de la reinserción social
Otro de los ejes de la propuesta es la transformación del trabajo penitenciario. Martínez plantea establecer metas progresivas de incorporación laboral, impulsar capacitaciones vinculadas con la economía real y modernizar el Ente de Cooperación Técnica y Financiera (ENCOPE).
El proyecto también contempla la participación controlada de empresas privadas, la creación de un catálogo nacional de bienes y servicios penitenciarios y la generación de demanda mediante compras del sector público.
De acuerdo con información oficial del Ministerio de Seguridad Nacional, al 31 de diciembre de 2024 el Servicio Penitenciario Federal alojaba a 11.728 personas privadas de libertad. De ese total, 7.545 percibían alguna suma en concepto de peculio.
Sin embargo, solo 2.922 internos realizaban tareas productivas vinculadas con objetivos de reinserción social. Otros 4.623 cobraban por actividades generales de mantenimiento, limpieza, aseo, higiene, mayordomía y otras tareas identificadas como “fajina”.
De esta manera, apenas el 38,72% de quienes percibían peculio desarrollaba actividades consideradas productivas.
La información oficial también indica que durante 2024 el ENCOPE contó con recursos por $25.721.747.525, de los cuales aproximadamente el 75% se destinó al pago de peculios. Una parte significativa de esos fondos correspondió a tareas sin una finalidad productiva.
En ese contexto, el planteo sostiene que la respuesta no debe limitarse a suprimir remuneraciones, sino que debe orientarse a transformar las actividades improductivas en trabajo que contribuya a la reinserción social.
El antecedente de la iniciativa contra los celulares
La propuesta se suma a un proyecto presentado por Álvaro Martínez en abril pasado, que busca establecer penas de uno a tres años de prisión para los internos que tengan un teléfono móvil en su poder dentro de un establecimiento penitenciario.
La iniciativa prevé elevar la pena a entre tres y cinco años cuando el dispositivo haya sido utilizado para cometer un delito.
Cárceles, telefonía celular, Cámara de Diputados
POLITICA
El primer ministro británico dialogó con Donald Trump y defendió la explotación en las Malvinas – Nexofin
El primer ministro británico, Andy Burnham, mantuvo una llamada telefónica con el mandatario estadounidense, Donald Trump. Durante el contacto, la autoridad analizó el intento de la Argentina por frenar un proyecto petrolero cerca de las Islas Malvinas.
El jefe del Gobierno británico planteó su inquietud sobre las maniobras judiciales impulsadas por la administración del presidente Javier Milei. En el resumen oficial, el líder europeo remarcó “las consecuencias económicas que las medidas coercitivas” generan para sus países.
Andy Burnham y Donald Trump
Por su parte, el mandatario de Estados Unidos señaló que el diálogo versó principalmente sobre la explotación en el Mar del Norte. Sobre la disputa del proyecto Sea Lion, la máxima autoridad norteamericana reconoció haber abordado la cuestión “muy de pasada”.
El litigio internacional escaló luego de la presentación argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. El Presidente argentino rechazó la iniciativa de Rockhopper y Navitas denunciando la operatoria como “un saqueo ilegal” de recursos.
Finalmente, el Gobierno británico defendió las perforaciones energéticas para reducir la dependencia de insumos extranjeros. En referencia al desarrollo gasífero de Jackdaw, la administración europea defendió las obras afirmando que “ayudaría a mantener calientes millones de hogares”.
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