POLITICA
Tres testigos de la Aduana paraguaya complicaron a Edgardo Kueider en el juicio por contrabando
Este martes declararon los tres agentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) de Paraguay que detuvieron al ex senador nacional Edgardo Kueider cuando circulaba con más de 200 mil dólares. Lo hicieron ante el Tribunal de Sentencia integrado por Elsa García (presidenta), Matías Garcete y Adriana Planás.
El primero en hablar ante la Justicia fue Cristian Díaz Benítez. El funcionario era el encargado del grupo de control nocturno. Su turno comenzaba a las 19 y se extendía hasta las 7 del otro día. Según relató, el vehículo en el que se trasladaba Kueider (una Chevrolet Trailblazer) es considerado de alta gama. Y eso llevó a que fuera detenido por perfil aleatorio.
Benítez indicó que le preguntaron al conductor (el ex senador) si tenía algo que declarar. Respondió que no. Sin embargo, observaron una mochila negra detrás del asiento. Le pidieron que la abriera. Allí encontraron los dólares, afirmó.
A Kueider lo detuvieron en la cabecera del puente de la Amistad que une Ciudad del Este con Foz do Iguaçu (Brasil). Llevaba 211 mil dólares, 646 mil pesos argentinos y 3,9 millones de guaraníes sin declarar.
Kueider, según relató Benítez, se identificó como senador argentino tras el hallazgo. Esto llevó al funcionario paraguayo a dar parte a sus superiores. Luego, en presencia de representantes de Delitos Económicos y de la Marina paraguaya se realizó el procedimiento en el que se labró acta de todo lo actuado.
Luego fue el turno de Diego Tottil. Narró que su intervención puntual fue detectar la mochila donde estaba escondido el dinero. Ocurrió mientras realizaba la verificación del vehículo en el que se trasladaba el ex legislador por Entre Ríos junto a su pareja y ex secretaria, Iara Guinsel. La mujer también está procesada por el mismo delito.
Esteban Castiñeira, en tanto, consignó que su rol fue resguardar a las personas y al vehículo en las instalaciones de la Aduana. También ratificó que fue Tottil quien registró el auto.
La próxima audiencia del juicio se programó para la semana entrante. La fecha estimada es el jueves 25 de junio.
El fiscal del caso es Ysrael Villalba. Los defensores de Kueider y Guinsel son Marcelo Bogado y Carlos Arévalo.
El proceso
El juicio por contrabando en grado de tentativa contra el ex senador argentino comenzó el pasado martes 9 de junio. Antes, hubo tres postergaciones. La fecha original era el 24 de noviembre del 2025. Luego, pasó al 20 de abril de este año y más tarde al 1° de junio.
El cargo que enfrenta tiene una pena en expectativa de dos años y medio. Si hay condena y supera los 24 meses, será de cumplimiento efectivo. Esto significa que deberá ir a la cárcel. Pero para el cómputo de una eventual sanción también se considerarán el año y medio que ha cumplido con prisión domiciliaria.
El juicio por contrabando es clave para comenzar a desarmar la tela de araña de las causas contra Kueider en la Argentina. En nuestro país tiene dos procesos abiertos por enriquecimiento ilícito y otros delitos. Uno está en la Justicia provincial de Concordia, Entre Ríos. El otro, en los Tribunales Federales de San Isidro. La Corte Suprema debe definir cuál se queda con la investigación. Pero el expediente está paralizado desde noviembre.
La titular del Juzgado Federal, Sandra Arroyo Salgado, pidió la extradición de Kueider y elevó a juicio la causa contra su banda. La remisión de Paraguay a la Argentina es otro juicio que se tramita en el país vecino. La Fiscalía guaraní ya dio el visto bueno para que sea extraditado. Pero requirió que antes se complete el proceso por contrabando.
POLITICA
La AGN cuestionó los programas de vivienda en los gobiernos de Macri y Fernández: se gastaron $276 mil millones sin planificación
La Auditoría General de la Nación (AGN) cuestionó la gestión habitacional del Estado: más de $276.000 millones gastados sin diagnóstico, planificación, seguimiento y evaluación. El presunto desmanejo detectado por los auditores en los planes de vivienda se dio en un período en el cual la proliferación de villas y asentamientos siguió creciendo. El último Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), actualizado en diciembre de 2025, revela la existencia de 6.467 barrios en los que viven la población más vulnerable, y están habitados por más de cinco millones de personas. Allí, casi el 60% de las casas tienen una conexión irregular a la red eléctrica y de agua; y el 65,92% no tiene red cloacal. El 81,24% de estos barrios son considerados “asentamientos” y el 17,41% “villas”. En 2001 los barrios populares eran 1.300. En este contexto de extrema necesidad por la falta de techos y una vivienda digna con servicios se enmarca el informe de la AGN.
La auditoría ya fue elevada al Congreso de la Nación, del cual depende el organismo de control y del ministro de Economía, Luis Caputo, ya que las competencias que antes ejercían el ex Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y el ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat fueron absorbidas por el Palacio de Hacienda después de la reorganización del Estado, dispuesta por el gobierno de Javier Milei, quien eliminó el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y sus funciones quedaron bajo la órbita del Ministerio de Economía, específicamente a través de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana.
La Auditoría General de la Nación (AGN), organismo de control externo que reporta al Congreso de la Nación, no deja dudas en cuanto a la detección de “fallas estructurales en el diseño, la planificación y la evaluación de los programas de construcción de viviendas ejecutados entre 2017 y 2022″.
El informe concluye que el Estado nacional devengó más de 276.868 millones de pesos —el equivalente a aproximadamente 4.210 millones de dólares al tipo de cambio oficial de cada año— en programas habitacionales sin contar con información de calidad para orientar esas decisiones, sin planes estratégicos formalizados y sin mecanismos para medir si los objetivos se alcanzaron.
El período auditado abarca desde el 1° de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2022 y comprende dos presidencias y dos estructuras ministeriales distintas.
Durante la gestión de Mauricio Macri, los programas estuvieron bajo la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, conducido durante todo ese período por el entonces ministro Rogelio Frigerio. A partir del 10 de diciembre de 2019, con la asunción de Alberto Fernández, esa cartera fue dividida y se creó el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que tuvo tres titulares sucesivos: María Eugenia Bielsa (diciembre de 2019 – noviembre de 2020), Jorge Ferraresi (noviembre de 2020 – noviembre de 2022) y Santiago Maggiotti (noviembre de 2022 – diciembre de 2023). Las tareas de campo de la auditoría se desarrollaron entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024.
El trabajo de los auditores se extendió a lo largo de cinco programas y junto a sus subprogramas Habitar Comunidad, Autoconstrucción de Viviendas Participativa Cáritas y Habitar la Inclusión. El gasto devengado creció de manera sostenida: de $15.164 millones en 2017 pasó a $113.261 millones en 2022, con un salto pronunciado en 2021, cuando el Programa Producción Integral y Acceso al Hábitat ejecutó $84.323 millones.
Sin diagnóstico previo
El primer hallazgo de la AGN apunta directamente al punto de partida de cualquier política pública: el diagnóstico. Los auditores constataron que “no surge evidencia de que los entonces Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat hayan utilizado información de diagnóstico de calidad para diseñar y planificar los Programas de Construcción de Viviendas durante el periodo auditado”.
El organismo auditado respondió que el diagnóstico lo realizaban los entes ejecutores —provincias, municipios y organizaciones no gubernamentales— a través de la presentación de proyectos, y que consideraba documentos de diagnóstico los reglamentos particulares y los manuales de ejecución de los programas. Los auditores rechazaron esa interpretación: esa documentación se refiere a proyectos específicos a financiar y no constituye una instancia previa al diseño de los programas.
La situación se agravó por la desactualización estadística. El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas disponible al momento de diseñar los programas era el de 2010. El Observatorio Federal Urbano (OFU), creado en 2017 precisamente para generar, recopilar y difundir información sobre déficit habitacional e indicadores urbanos, tampoco fue utilizado para diseñar prioridades. “No surge evidencia de la articulación ni de retroalimentación alguna con el auditado durante todo el periodo bajo análisis”, señala el informe respecto de ese organismo.
Las cifras sobre el déficit habitacional que manejaban los propios ministerios eran inconsistentes entre sí. El Informe de Gestión 2016-2019 de la Secretaría de Vivienda citaba 3.500.000 hogares en déficit, mientras que el Observatorio Federal Urbano refería a 4.000.000. Ninguna de las dos cifras contaba con respaldo documental del análisis previo que las sustentara.
Sin planificación estratégica ni operativa
El el segundo tramo de análisis, los auditores destacaron la ausencia de una arquitectura de planificación. La AGN verificó que “no surge evidencia de la existencia de un Plan Estratégico Institucional ni de una Planificación Operativa de los Programas de Construcción de Viviendas” en ninguno de los dos ministerios durante el período examinado.
Ante la consulta de los auditores, tanto Frigerio como los sucesivos titulares del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat remitieron la normativa de creación y reglamentaria de los programas como respuesta a la pregunta por la planificación estratégica. Los auditores señalaron que esa documentación no equivale a un plan.
La única vinculación parcial que se detectó fue entre los objetivos de algunos programas y las metas físicas presupuestarias definidas ejercicio por ejercicio. Esa conexión, advirtió la AGN, no reemplaza una planificación que articule objetivos, acciones y recursos de manera integrada.
Indicadores sin sustento técnico
El tercer hallazgo describe un sistema de indicadores que existía en el papel, pero carecía de los elementos mínimos para ser utilizado. Los reglamentos particulares de los programas definían indicadores —cantidad de viviendas terminadas, proyectos ejecutados, mejoramientos concluidos—, pero “no se precisa para ninguno de ellos fuente de información, ni método de cálculo, periodicidad de medición ni línea de base”.
Los auditores advirtieron además que esos indicadores estaban orientados a la evaluación presupuestaria y no a la medición del impacto de las políticas.
El Programa Reconstruir directamente no definió ningún indicador en su Reglamento Particular, pese a que sus considerandos estimaban en 55.000 las viviendas paralizadas o en estado de abandono que debía atender.
Ausencia de monitoreo
El cuarto hallazgo es la consecuencia directa del anterior: la ausencia total de monitoreo y evaluación. El propio informe de gestión de la Secretaría de Vivienda de noviembre de 2019 reconocía que desde 2015 se había identificado la necesidad de desarrollar una estrategia de monitoreo, pero esa estrategia nunca se materializó.
En entrevistas con los auditores, funcionarios del área fueron explícitos. No hubo evaluación de por sí y los indicadores que se usaron eran aquellos vinculados al presupuesto. No existe institucionalmente un organismo que se encargue de evaluar las políticas públicas, declaró el ex Director Nacional de Gestión Operativa de Proyectos Habitacionales ante los auditores. Otro funcionario fue en la misma dirección: “No se llegó a realizar monitoreo sistemático alguno con utilización de indicadores. No se llegaron a utilizar los indicadores que estaban definidos en el Plan ni tampoco se midió el impacto”.
El sistema informático “Habitans”, citado como herramienta de seguimiento, fue descartado por los auditores como mecanismo de evaluación de programas: su función se limita al monitoreo de proyectos y obras individuales, no al análisis de los programas como política pública.
El compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sin respaldo
Tanto el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda como el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat eran los responsables de cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) —lograr ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles—, en particular con su Meta 11.1, que busca garantizar el acceso universal a viviendas y servicios básicos adecuados y mejorar los barrios marginales para 2030.
La AGN constató que “no se tuvo evidencia de que los entonces ministerios realizaran el proceso de vinculación con los Programas de Construcción de Viviendas conforme los principios de la Agenda 2030”. Eso impide evaluar si ese proceso fue participativo, inclusivo y si incorporó perspectiva de género.
El indicador adaptado por Argentina para medir esa meta —el porcentaje de la población que vive en viviendas deficitarias y en situación de tenencia irregular— contaba con una línea de base del 6%, según el Censo 2010 y una meta intermedia del 3% para 2019. Al cierre de ese año, el indicador no registró ejecución. En 2020 se repitió sin asignación de valor, y en 2021 y 2022 desapareció de la programación presupuestaria.
Cuando los auditores requirieron información al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) —organismo rector de la implementación de la Agenda 2030 en el país— sobre la metodología de vinculación con la meta propuesta la respuesta fue que esa información debería ser provista por el ministerio responsable. El ministerio, a su vez, no aportó documentación que describiera la metodología utilizada.
Sin respuesta sobre los hallazgos
La AGN remitió el informe al organismo auditado para que formulara comentarios. Vencido el plazo inicial, se reiteró el pedido. La respuesta llegó de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Economía, que señaló que los programas identificados excedían las competencias de esa dependencia y correspondían al ex Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y al ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. La subsecretaría no aportó comentarios sobre los hallazgos.
Las recomendaciones de la AGN incluyen diseñar mecanismos de diagnóstico previo articulados con provincias, municipios y organismos especializados; crear indicadores medibles con línea de base; institucionalizar el monitoreo y la evaluación de los programas; documentar el proceso de vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible; e incorporar categorías presupuestarias que permitan rastrear el gasto destinado.
En la previa del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 frente a Argelia, en Casa Rosada sostienen que Javier Milei seguirá el partido desde la Quinta de Olivos y sin compañía. Además, pese a ser admirador confeso de la Albiceleste y su capitán, el Presidente no tiene previsto asistir al torneo durante su próximo viaje a Estados Unidos.
Si bien Milei tenía la costumbre de hacer reuniones sociales en la residencia presidencial -especialmente los domingos para escuchar ópera junto a economistas como Juan Carlos de Pablo, periodistas y otras figuras de su entorno-, para la cita mundialista optó por la soledad.
Según confirmaron a este medio en Balcarce 50, el Presidente no alterará demasiado su rutina para seguir el encuentro del equipo de Lionel Scaloni. Sin embargo, se descuenta que estará pendiente del partido por su fanatismo por el conjunto nacional.
“Esperemos que de vuelta la alegría sea argentina acá a unos meses. Vamos Messi, carajo”, manifestó Milei a fines de mayo durante un discurso en el Latam Economic Forum. Días después, el mandatario compartió un spot publicitario de YPF con el capitán del seleccionado como protagonista: “VAMOS ARGENTINA CARAJO…!!! Perdón, no puedo evitar ponerme termo con la Selección Argentina”.
Una visita a Estados Unidos en tiempos del Mundial
Pese a sus muestras de entusiasmo, en Casa Rosada anticiparon a TN que Milei no asistirá al certamen para alentar a los defensores del título durante su próximo viaje a los Estados Unidos.
Invitado por Donald Trump para las celebraciones del 4 de julio por el Día de la Independencia norteamericana, la presencia del Presidente en la sede mundialista coincidirá con el eventual partido de Argentina por los 16avos de final, previsto para el 2 o el 3 de julio según el puesto de clasificación.
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“No esperen que vaya, y no porque no le guste el futbol”, deslizaron desde el Gobierno a este semanas atrás. Cerca de Milei subrayan que la decisión corresponde a mostrar una imagen de austeridad, y que se trata de un viaje exclusivamente de trabajo.
En ese contexto, la agenda de la comitiva presidencial en Estados Unidos se enfocará en la consolidación de los lazos políticos con la administración de Donald Trump e incentivar la llegada de nuevos proyectos de inversión para el país.
Javier Milei, Selección argentina, Mundial 2026
POLITICA
Cristina Kirchner cumple un año de prisión domiciliaria: cómo impacta en su ánimo, quiénes la acompañan y cuál sería su “salida política”
“La gente no come presos”. En la intimidad de su departamento-prisión de San José 1111, en el barrio de Constitución, Cristina Kirchner repite la frase como un mantra. Invoca así, como tantas otras veces, al expresidente y su compañero de vida, Néstor Kirchner, quien la utilizó en la primera década del siglo, cuando algunos dirigentes peronistas le sugerían activar un operativo para “meter preso a (Fernando) De la Rúa” por las muertes callejeras de 2001.
Kirchner, Néstor, volvió a parafrasear la misma consigna cuando su tropa avanzó contra el juez Jorge Urso en el Consejo de la Magistratura, allá por el año 2006, en un juego de presiones que llevaron al juez a presentar su renuncia. No es un dato menor el que trae a la memoria el círculo de confianza de Cristina: Urso fue el magistrado que dictó la prisión preventiva de Carlos Menem en el caso del tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador. En aquel entonces, la cárcel de Menem fue una quinta en Don Torcuato, por el plazo de 167 días.
Cristina Kirchner cumple este mismo miércoles 365 días, un año exacto, de prisión domiciliaria, dictada por un Tribunal Oral Federal en el caso Vialidad. Y no tiene a la vista una salida jurídica a su actual situación, como la tuvo Menem por una resolución de la Corte Suprema. Aunque mientras pasa sus días en el departamento de 260 metros cuadrados, escucha de sus abogados que existe la posibilidad de apelar una condena, incluso cuando está firme.
La expresidenta entiende, por eso mismo, que su salida es política. De acuerdo a fuentes que tienen acceso a ella, le cayó muy bien la propuesta del diputado Miguel Pichetto para que el Congreso revise todo el proceso de su condena, en especial por el traslado de jueces y fiscales que formaron parte del juicio. También tomó de buen grado la mención a su caso que hizo el lunes el dirigente porteño Juan Manuel Olmos en un encuentro del peronismo federal en Entre Ríos.
Es decir, Cristina Kirchner valora que distintos sectores del peronismo apoyen su demanda de liberación y reclama que más dirigentes actúen en consecuencia. Es una de las condiciones, sino la principal, que le pondría al gobernador Axel Kicillof para apoyar su candidatura presidencial en 2027. La exmandataria no habla de un indulto, sino de ganar las elecciones y de generar luego las condiciones para remover a los actuales integrantes de la Corte que confirmó su condena.
En el entorno de Cristina Kirchner dicen que “no mastica con bronca” por su condición de recluida, pero según pudo saber , en el último año transitó diversos estados de ánimo: lloró cuando recibió un llamado del presidente Lula (Brasil), quien también estuvo detenido por una decisión de la Corte de su país; se enojó y puteó con la interna del PJ; y se indignó con los pormenores del juicio que derivo en la condena de Fernando Sabag Montiel, el joven que la quiso matar en 2022. “A mi vieja le pusieron un fierro en la cabeza”, suele repetir Máximo Kirchner.
De acuerdo a algunas versiones, Cristina Kirchner estuvo deprimida tras su internación de urgencia a finales de 2025, cuando debió ser operada de una apendicitis que se transformó en una peritonitis y complicó su estado de salud. La expresidenta pasó las fiestas en el sanatorio Otamendi y a su salida, no fueron pocos los que la notaron más delgada y bajoneada. Tal vez el endurecimiento de sus condiciones de detención, en noviembre, había impactado en su ánimo.
El regreso a San José 1111, tras la internación, parece haber sido un punto de inflexión para Cristina Kirchner en medio de su prisión domiciliaria. Desde enero pasado, espació notablemente sus intervenciones públicas -con mensajes más esporádicos en las redes y escasas salidas al balcón-, pero puertas adentro siguió apegada a una rutina que le conocen muy pocas personas. Por caso, su secretario privado, Mariano Cabral, un joven que llegó a su equipo de la mano de Oscar Parrilli. Y que en algunas ocasiones se lo ve en el balcón asistiendo a su jefa.
Cristina Kirchner hace cinta todos los días, mientras mira los noticieros en un plasma colgado en la pared. Antes de las restricciones que le impuso el tribunal en diciembre pasado, también hacía yoga en clases que le daba “una compañera” en el living de San José 1111, pero que debió cortar porque se achicó notoriamente la cantidad de personas que pueden ingresar al departamento, fuera de la lista de integran sus hijos, sus abogados y un médico de cabecera.
Máximo Kirchner, que vive en un departamento prestado por la familia de Wado de Pedro sobre la misma calle San José, a cinco cuadras de su madre, la visita a diario. Con su primogénito hablan de cuestiones cotidianas, pero también de política, como es lógico suponer. Y las conversaciones no son todas armoniosas. “No siempre están de acuerdo”, reconocen fuentes de La Cámpora, pero en los hechos Máximo es quien más conoce el pensamiento de Cristina.
Florencia Kirchner ya no reside en San José 1111, pero visita a su madre junto a su hija de manera frecuente. En el entorno de la familia explican que no era conveniente para Florencia permanecer en ese departamento, porque el movimiento y la intensidad emocional que le depara la situación de su madre podían afectar su “proceso de recuperación”. Cristina se desconecta de la política en contadas ocasiones y siempre lo hace cuando está con su hija y su nieta.
Además de las visitas que se publicitan -ya no tanto en la cuenta de X de Cristina sino en la de los visitantes-, también tienen acceso a la expresidenta sus abogados Carlos Beraldi (su principal defensor judicial) y Juan Grabois, quien la asiste en una causa conexa. No se sabe, a ciencia cierta, si el exfuncionario del Vaticano le contó a Cristina los pormenores de su charla con Peter Thiel, el tecno-magnate que se convirtió en un nuevo residente de la ciudad de Buenos Aires. Y que parece haber inspirado la nueva encíclica del papa León XIV.
Pese a que recibió permiso judicial para salir a la terraza del edificio dos horas al día, en horario diurno, Cristina Kirchner prefiere enfrascarse en las lecturas, con especial foco en la historia, en los pormenores de la inteligencia artificial y en informes económicos que requiere a diversos especialistas. Además, como todos, mira series en las plataformas. Matiza esos ratos de ocio con quejas por el maltrato que, según ella, le dispensa la Justicia. “Por qué hacen tanta diferencia con nosotros, si estamos acá, nunca nos movimos de acá”, pregunta la expresidenta.
En San José 1111, cada cinco minutos se escucha un bocinazo. No ocurre en los días en que hay movilizaciones, como el que motivó el último reto judicial, sino en cualquier momento. Así lo relatan quienes se sentaron a charlar con Cristina en el último año. Y que notaron, puertas adentro, cómo ella oculta la tobillera electrónica que tiene puesta en su pierna izquierda. Eso la indigna particularmente: “¡A dónde me voy a ir -exclama-, si soy una de las personas más conocidas del país!“.
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