POLITICA
Cristina Kirchner cumple un año de prisión domiciliaria: cómo impacta en su ánimo, quiénes la acompañan y cuál sería su “salida política”
“La gente no come presos”. En la intimidad de su departamento-prisión de San José 1111, en el barrio de Constitución, Cristina Kirchner repite la frase como un mantra. Invoca así, como tantas otras veces, al expresidente y su compañero de vida, Néstor Kirchner, quien la utilizó en la primera década del siglo, cuando algunos dirigentes peronistas le sugerían activar un operativo para “meter preso a (Fernando) De la Rúa” por las muertes callejeras de 2001.
Kirchner, Néstor, volvió a parafrasear la misma consigna cuando su tropa avanzó contra el juez Jorge Urso en el Consejo de la Magistratura, allá por el año 2006, en un juego de presiones que llevaron al juez a presentar su renuncia. No es un dato menor el que trae a la memoria el círculo de confianza de Cristina: Urso fue el magistrado que dictó la prisión preventiva de Carlos Menem en el caso del tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador. En aquel entonces, la cárcel de Menem fue una quinta en Don Torcuato, por el plazo de 167 días.
Cristina Kirchner cumple este mismo miércoles 365 días, un año exacto, de prisión domiciliaria, dictada por un Tribunal Oral Federal en el caso Vialidad. Y no tiene a la vista una salida jurídica a su actual situación, como la tuvo Menem por una resolución de la Corte Suprema. Aunque mientras pasa sus días en el departamento de 260 metros cuadrados, escucha de sus abogados que existe la posibilidad de apelar una condena, incluso cuando está firme.
La expresidenta entiende, por eso mismo, que su salida es política. De acuerdo a fuentes que tienen acceso a ella, le cayó muy bien la propuesta del diputado Miguel Pichetto para que el Congreso revise todo el proceso de su condena, en especial por el traslado de jueces y fiscales que formaron parte del juicio. También tomó de buen grado la mención a su caso que hizo el lunes el dirigente porteño Juan Manuel Olmos en un encuentro del peronismo federal en Entre Ríos.
Es decir, Cristina Kirchner valora que distintos sectores del peronismo apoyen su demanda de liberación y reclama que más dirigentes actúen en consecuencia. Es una de las condiciones, sino la principal, que le pondría al gobernador Axel Kicillof para apoyar su candidatura presidencial en 2027. La exmandataria no habla de un indulto, sino de ganar las elecciones y de generar luego las condiciones para remover a los actuales integrantes de la Corte que confirmó su condena.
En el entorno de Cristina Kirchner dicen que “no mastica con bronca” por su condición de recluida, pero según pudo saber , en el último año transitó diversos estados de ánimo: lloró cuando recibió un llamado del presidente Lula (Brasil), quien también estuvo detenido por una decisión de la Corte de su país; se enojó y puteó con la interna del PJ; y se indignó con los pormenores del juicio que derivo en la condena de Fernando Sabag Montiel, el joven que la quiso matar en 2022. “A mi vieja le pusieron un fierro en la cabeza”, suele repetir Máximo Kirchner.
De acuerdo a algunas versiones, Cristina Kirchner estuvo deprimida tras su internación de urgencia a finales de 2025, cuando debió ser operada de una apendicitis que se transformó en una peritonitis y complicó su estado de salud. La expresidenta pasó las fiestas en el sanatorio Otamendi y a su salida, no fueron pocos los que la notaron más delgada y bajoneada. Tal vez el endurecimiento de sus condiciones de detención, en noviembre, había impactado en su ánimo.
El regreso a San José 1111, tras la internación, parece haber sido un punto de inflexión para Cristina Kirchner en medio de su prisión domiciliaria. Desde enero pasado, espació notablemente sus intervenciones públicas -con mensajes más esporádicos en las redes y escasas salidas al balcón-, pero puertas adentro siguió apegada a una rutina que le conocen muy pocas personas. Por caso, su secretario privado, Mariano Cabral, un joven que llegó a su equipo de la mano de Oscar Parrilli. Y que en algunas ocasiones se lo ve en el balcón asistiendo a su jefa.
Cristina Kirchner hace cinta todos los días, mientras mira los noticieros en un plasma colgado en la pared. Antes de las restricciones que le impuso el tribunal en diciembre pasado, también hacía yoga en clases que le daba “una compañera” en el living de San José 1111, pero que debió cortar porque se achicó notoriamente la cantidad de personas que pueden ingresar al departamento, fuera de la lista de integran sus hijos, sus abogados y un médico de cabecera.
Máximo Kirchner, que vive en un departamento prestado por la familia de Wado de Pedro sobre la misma calle San José, a cinco cuadras de su madre, la visita a diario. Con su primogénito hablan de cuestiones cotidianas, pero también de política, como es lógico suponer. Y las conversaciones no son todas armoniosas. “No siempre están de acuerdo”, reconocen fuentes de La Cámpora, pero en los hechos Máximo es quien más conoce el pensamiento de Cristina.
Florencia Kirchner ya no reside en San José 1111, pero visita a su madre junto a su hija de manera frecuente. En el entorno de la familia explican que no era conveniente para Florencia permanecer en ese departamento, porque el movimiento y la intensidad emocional que le depara la situación de su madre podían afectar su “proceso de recuperación”. Cristina se desconecta de la política en contadas ocasiones y siempre lo hace cuando está con su hija y su nieta.
Además de las visitas que se publicitan -ya no tanto en la cuenta de X de Cristina sino en la de los visitantes-, también tienen acceso a la expresidenta sus abogados Carlos Beraldi (su principal defensor judicial) y Juan Grabois, quien la asiste en una causa conexa. No se sabe, a ciencia cierta, si el exfuncionario del Vaticano le contó a Cristina los pormenores de su charla con Peter Thiel, el tecno-magnate que se convirtió en un nuevo residente de la ciudad de Buenos Aires. Y que parece haber inspirado la nueva encíclica del papa León XIV.
Pese a que recibió permiso judicial para salir a la terraza del edificio dos horas al día, en horario diurno, Cristina Kirchner prefiere enfrascarse en las lecturas, con especial foco en la historia, en los pormenores de la inteligencia artificial y en informes económicos que requiere a diversos especialistas. Además, como todos, mira series en las plataformas. Matiza esos ratos de ocio con quejas por el maltrato que, según ella, le dispensa la Justicia. “Por qué hacen tanta diferencia con nosotros, si estamos acá, nunca nos movimos de acá”, pregunta la expresidenta.
En San José 1111, cada cinco minutos se escucha un bocinazo. No ocurre en los días en que hay movilizaciones, como el que motivó el último reto judicial, sino en cualquier momento. Así lo relatan quienes se sentaron a charlar con Cristina en el último año. Y que notaron, puertas adentro, cómo ella oculta la tobillera electrónica que tiene puesta en su pierna izquierda. Eso la indigna particularmente: “¡A dónde me voy a ir -exclama-, si soy una de las personas más conocidas del país!“.
January 6, 2026,Mariano Spezzapria,Conforme a
POLITICA
Diputados: La Libertad Avanza presentó un proyecto para prohibir el uso de los celulares en las cárceles y que los presos paguen sus gastos
La Libertad Avanza impulsa una reforma del régimen carcelario que contempla la prohibición efectiva de los teléfonos celulares en los penales, el control de las comunicaciones y la obligación de que los internos afronten los gastos que generan durante su detención. La propuesta, presentada por el diputado mendocino Álvaro Martínez, busca modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad para combatir las estafas, los secuestros virtuales, las maniobras vinculadas al narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas, entre otros delitos.
“Hay que terminar de una vez por todas con el Call Center tumbero. Las cárceles deben servir para reinsertar personas, no para que los delincuentes sigan manejando bandas desde una celda”, sostuvo Martínez.
Presos uniformados y pago de los gastos carcelarios
La iniciativa establece el uso obligatorio de uniformes de acuerdo con la peligrosidad de cada detenido, que será clasificada en tres niveles: leve, medio y alto. Además, propone la creación de un Arancel Único Carcelario (AUC), que deberán pagar mensualmente los internos para cubrir los gastos de servicios generales y alimentación.
“La persona que está privada de su libertad debe pagarle al Estado los gastos que genere dentro de la cárcel. A partir de ahora tendrán que pagar la comida, la luz, el agua, la asistencia médica y el uniforme que usan dentro del penal”, afirmó el legislador.
En esa línea, agregó: “El ciudadano que trabaja todos los días paga los servicios y la comida de su casa. Quien esté privado de su libertad también deberá hacerse cargo de sus propios gastos. La reinserción comienza aprendiendo a cumplir obligaciones”.
Sobre los uniformes, Martínez aclaró que la medida “no tiene un objetivo discriminatorio se ajusta al principio de igualdad”. Según detalló, todos los internos deberán vestir prendas de color beige o marrón claro, con una cantidad de líneas verticales que variará según su nivel de peligrosidad.
Los presos considerados de peligrosidad leve tendrían una línea al frente y al dorso; los de peligrosidad media, dos líneas; y los de alta peligrosidad, tres. En cambio, quienes estén próximos a recuperar su libertad utilizarían uniformes lisos.
Los cambios en la Ley de Ejecución de la Pena
La propuesta modifica los artículos vinculados con las comunicaciones de las personas privadas de libertad. En la nueva redacción del artículo 158, se establece que los internos podrán mantener contacto periódico, oral o escrito, con familiares, representantes legales y profesionales vinculados con su reinserción social, además de representantes de organismos oficiales e instituciones privadas.
El texto plantea que ese derecho estará sujeto a las condiciones, oportunidades y supervisión previstas en la ley, con el objetivo de preservar la privacidad.
Por su parte, el artículo 161 establecerá que cada interno podrá solicitar autorización al director del establecimiento para llamar a una lista limitada de cinco números telefónicos. Los titulares deberán estar previamente identificados y autorizados en la instancia judicial de ejecución de la pena.
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La iniciativa también contempla el uso de teléfonos de línea para facilitar el contacto con familiares y abogados, así como la realización de videollamadas con defensores para agilizar el acceso a la Justicia y evitar traslados innecesarios.
Entre los fundamentos, el proyecto cita la posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostuvo reiteradamente que las personas privadas de libertad conservan los derechos que no hayan sido afectados legítimamente por la condena y que la ejecución de las penas está sometida a control judicial permanente.
El trabajo como eje de la reinserción social
Otro de los ejes de la propuesta es la transformación del trabajo penitenciario. Martínez plantea establecer metas progresivas de incorporación laboral, impulsar capacitaciones vinculadas con la economía real y modernizar el Ente de Cooperación Técnica y Financiera (ENCOPE).
El proyecto también contempla la participación controlada de empresas privadas, la creación de un catálogo nacional de bienes y servicios penitenciarios y la generación de demanda mediante compras del sector público.
De acuerdo con información oficial del Ministerio de Seguridad Nacional, al 31 de diciembre de 2024 el Servicio Penitenciario Federal alojaba a 11.728 personas privadas de libertad. De ese total, 7.545 percibían alguna suma en concepto de peculio.
Sin embargo, solo 2.922 internos realizaban tareas productivas vinculadas con objetivos de reinserción social. Otros 4.623 cobraban por actividades generales de mantenimiento, limpieza, aseo, higiene, mayordomía y otras tareas identificadas como “fajina”.
De esta manera, apenas el 38,72% de quienes percibían peculio desarrollaba actividades consideradas productivas.
La información oficial también indica que durante 2024 el ENCOPE contó con recursos por $25.721.747.525, de los cuales aproximadamente el 75% se destinó al pago de peculios. Una parte significativa de esos fondos correspondió a tareas sin una finalidad productiva.
En ese contexto, el planteo sostiene que la respuesta no debe limitarse a suprimir remuneraciones, sino que debe orientarse a transformar las actividades improductivas en trabajo que contribuya a la reinserción social.
El antecedente de la iniciativa contra los celulares
La propuesta se suma a un proyecto presentado por Álvaro Martínez en abril pasado, que busca establecer penas de uno a tres años de prisión para los internos que tengan un teléfono móvil en su poder dentro de un establecimiento penitenciario.
La iniciativa prevé elevar la pena a entre tres y cinco años cuando el dispositivo haya sido utilizado para cometer un delito.
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POLITICA
El primer ministro británico dialogó con Donald Trump y defendió la explotación en las Malvinas – Nexofin
El primer ministro británico, Andy Burnham, mantuvo una llamada telefónica con el mandatario estadounidense, Donald Trump. Durante el contacto, la autoridad analizó el intento de la Argentina por frenar un proyecto petrolero cerca de las Islas Malvinas.
El jefe del Gobierno británico planteó su inquietud sobre las maniobras judiciales impulsadas por la administración del presidente Javier Milei. En el resumen oficial, el líder europeo remarcó “las consecuencias económicas que las medidas coercitivas” generan para sus países.
Andy Burnham y Donald Trump
Por su parte, el mandatario de Estados Unidos señaló que el diálogo versó principalmente sobre la explotación en el Mar del Norte. Sobre la disputa del proyecto Sea Lion, la máxima autoridad norteamericana reconoció haber abordado la cuestión “muy de pasada”.
El litigio internacional escaló luego de la presentación argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. El Presidente argentino rechazó la iniciativa de Rockhopper y Navitas denunciando la operatoria como “un saqueo ilegal” de recursos.
Finalmente, el Gobierno británico defendió las perforaciones energéticas para reducir la dependencia de insumos extranjeros. En referencia al desarrollo gasífero de Jackdaw, la administración europea defendió las obras afirmando que “ayudaría a mantener calientes millones de hogares”.
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POLITICA
Reforma laboral: comenzó a renegociarse el único convenio que el Gobierno no quería que volviera a discutirse
La renegociación de los convenios colectivos de trabajo a partir de la reforma laboral avanza a fuego lento, pero hay un convenio que, curiosamente, ya comenzó a rediscutirse entre sindicalistas y empresarios pero es el único que el Gobierno no quería que se renovara.
Se trata del convenio colectivo de trabajo de la actividad metalúrgica, que quedó afuera de las intimaciones que hizo en junio el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para que se renegocien 800 convenios con el fin de adecuarse a la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
¿Por qué se excluyó de la convocatoria oficial a la UOM, el principal gremio industrial de la Argentina? Es que el sindicato metalúrgico está intervenido por la Justicia desde que su titular, Abel Furlán, fue desplazado por irregularidades en la elección en la Seccional Zárate-Campana y Trabajo cree que una decisión tan decisiva como renegociar un nuevo convenio colectivo tiene que ser instrumentada por sindicalistas legitimados por sus afiliados y no por un interventor judicial.
La decisión causó tensiones entre Cordero y Alberto Biglieri, el interventor de la UOM desde el 22 de mayo pasado, porque éste, apenas asumió, designó una comisión de 5 dirigentes metalúrgicos para pilotear la negociación salarial del sector, que estaba rezagada en la rama metalmecánica y paralizada durante los últimos 2 años en la rama siderúrgica. Sin embargo, todo se complicó cuando la Secretaría de Trabajo emitió un dictamen en el que puso en duda las facultades de Biglieri para designar representantes paritarios.
El interventor de la UOM, flamante ganador de las elecciones de este martes para renovar los cuatro representantes de los abogados ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, finalmente logró que se convalidara la comisión salarial gracias a un fallo de la Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que estableció que Biglieri “cuenta con todas las facultades legales, estatutarias y reglamentarias de gobierno, administración y fiscalización” previstas cuando lo nombraron, y allí figuran las paritarias.
De esa manera, Roberto Bonetti (líder de la estratégica Seccional Capital), Daniel Martínez (Cañada de Gómez), Adrián Pérez (Quilmes), Enrique Salinas (La Plata), Edgardo Holstein (San Nicolás) y Manuel Casas (Villa Constitución), los dirigentes de la UOM que Biglieri puso al frente de la negociación salarial (todos opositores a Furlán), avanzaron en las tratativas con las cámaras empresariales y a mediados de agosto firmaron los aumentos para las dos ramas metalúrgicas.
Ahora, esos sindicalistas se reunieron este miércoles en la sede de la UOM Capital en Villa Lugano, donde uno de los puntos centrales, además de la pelea para normalizar la vida institucional del gremio, fue el análisis de las primeras conversaciones con la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), una de las cámaras del sector, dirigidas a actualizar el convenio colectivo de trabajo 260/75, cuyas cláusulas, a la luz de la reforma laboral, que le puso límites a la ultractividad, vencerán en diciembre.
En principio, la idea es pedir a Trabajo una extensión de la vigencia del convenio de manera de tener más tiempo para negociaciones bilaterales que no serán sencillas porque hay puntos que se mantienen desde 1975.
Ya hay borradores con posibles cambios que se están intercambiando entre las partes, aunque la comisión paritaria de 5 miembros decidió armar una mesa más amplia a la que invitarán a dirigentes de otras de las 53 seccionales de la UOM de todo el país.
Para los dirigentes metalúrgicos, según se acordó este miércoles, la prioridad pasa por modificar el artículo 4 del convenio para sumar actividades surgidas de las nuevas tecnologías y los nuevos trabajos. También se apunta a negociar cambios en el artículo 6, que regula el régimen de categorías y define los requisitos teóricos y prácticos para clasificar a los trabajadores según sus funciones y nivel de especialización.
El otro artículo en revisión es el número 7, donde figura la nómina básica de oficios reconocidos dentro de la industria metalúrgica y que buscan actualizar en función de las modificaciones que se produjeron en la actividad.
Las negociaciones entre las partes recién comienzan y tanto sindicalistas como empresarios descuentan que la Secretaría de Trabajo, a partir del fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, avalará lo que se acuerde para que la UOM no sea el único sindicato que quede excluido de la renegociación de los convenios colectivos.
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