El oficialismo consiguió este miércoles avanzar con dos de sus principales apuestas económicas: el acuerdo para pagar US$171 millones a los fondos Bainbridge y Attestor, dos holdouts que aún mantienen litigios contra la Argentina, y el denominado “Súper RIGI”, un régimen que ofrece beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios para proyectos de inversión superiores a los US$1000 millones.

Con respaldo de sus aliados habituales, los libertarios dejaron ambas iniciativas listas para el recinto. El acuerdo con los holdouts ya cuenta con media sanción del Senado y el Gobierno aspira a ratificarlo definitivamente la próxima semana. El “Súper RIGI”, en cambio, recién inicia su recorrido legislativo en Diputados.

La intención del oficialismo era llegar a la semana próxima con una sesión bajo control y un temario propio centrado en estos proyectos. Pero la crisis que atraviesa Manuel Adorni amenaza con alterar esos planes. La oposición convocó para el martes una sesión especial para debatir su interpelación y avanzar hacia una eventual moción de censura. Ante ese escenario, los libertarios comenzaron a recalcular su estrategia parlamentaria.

Ambas iniciativas obtuvieron el respaldo de Pro, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y los bloques que responden a gobernadores aliados de la Casa Rosada: Innovación Federal (Salta y Misiones), Independencia (Tucumán) y Producción y Trabajo (San Juan). En el caso del “Súper RIGI”, también acompañó el santacruceño José Garrido.

“Súper RIGI”

El nuevo régimen busca convertirse en una segunda versión del RIGI y apunta a atraer industrias que el Gobierno considera “genuinamente nuevas” para la Argentina. En un plenario de las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia y Tecnología, el oficialismo reunió 61 firmas para su dictamen de mayoría.

Para sumar apoyos, los libertarios aceptaron modificaciones impulsadas por bloques dialoguistas. El texto incorpora beneficios para proyectos que cuenten con inversión en investigación y desarrollo, exige planes de integración de proveedores locales con un piso de contratación del 20%, amplía los objetivos vinculados al desarrollo tecnológico y crea un registro público para transparentar los proyectos aprobados.

También endurece algunos requisitos ambientales y sociales. Los inversores deberán presentar estudios que acrediten que los proyectos no comprometerán recursos naturales ni infraestructura esencial, mientras que se incorpora una nueva causal de rechazo para iniciativas con impactos negativos significativos en su área de influencia.

Durante el debate, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó que el Gobierno impulse beneficios extraordinarios para industrias “que no sabemos cuáles son ni a qué se van a dedicar” y advirtió que el proyecto repite la lógica de delegación de facultades que caracterizó a la Ley Bases. Su bloque anticipó que lo rechazará.

Holdouts

El acuerdo impulsado por el gobierno reunió 42 firmas en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Justicia.

El acuerdo contempla el pago de US$171 millones a cambio de cerrar litigios pendientes derivados del default de 2001, evitar eventuales embargos sobre activos argentinos y poner fin a los procesos de búsqueda de bienes (“discovery”) impulsados por los acreedores.

La defensa del proyecto estuvo a cargo del secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija, y del Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio. Ambos insistieron en que el entendimiento implica una reducción significativa respecto de las sentencias que ya pesan sobre el Estado argentino.

“Creemos que son acuerdos muy beneficiosos porque implican una reducción sustancial sobre las acreencias que tenían los acreedores”, sostuvo Stampalija. Amerio reforzó el argumento con los números de la negociación: Attestor redujo su reclamo de US$160 millones a US$104 millones, mientras que Bainbridge pasó de US$96 millones a US$67 millones. “Lo que se está haciendo es pagar menos”, resumió.

Los funcionarios rechazaron además que se trate de una nueva reestructuración de deuda. “Estamos pagando juicios que perdimos y estamos haciendo un acuerdo para pagar menos por esos juicios”, explicó Stampalija. Según señalaron, el entendimiento permitiría cerrar “en gran medida” los litigios remanentes vinculados al default de 2001.

Las principales objeciones llegaron desde UP, que presentó un dictamen de minoría. Julia Strada cuestionó la falta de precisiones sobre el acuerdo y aseguró que el Congreso desconoce datos centrales de la negociación. “No sabemos lo que estamos votando”, afirmó.

Su compañero de bloque, Itai Hagman, objetó que el Congreso conozca detalles de la estrategia oficial para resolver litigios externos a través de informes del FMI y no mediante explicaciones del Ministerio de Economía. “Nos tenemos que enterar por un reporte del Fondo Monetario Internacional cuál es la estrategia que tiene la Argentina”, reprochó. También apuntó contra la corrección que el Gobierno debió enviar al Senado tras detectar errores en la identificación de algunos títulos incluidos en el acuerdo.

Por su parte, Martínez criticó la velocidad con la que el oficialismo impulsó el dictamen y reclamó precisiones sobre el plazo del 30 de junio fijado para concretar la operación, el impacto fiscal del acuerdo y la eventual participación de intermediarios. “Todos los que viven lucrando con las renegociaciones de deuda miran estas reuniones”, advirtió.

“No tuvo ningún costo. Fue un acuerdo directo”, respondió Amerio. “No hay comisiones, no hay intermediarios y no hay costos adicionales”, agregó.

Durante el intercambio, los funcionarios explicaron que el plazo del 30 de junio fue acordado con los acreedores, aunque reconocieron que podría volver a prorrogarse si ambas partes aceptan extenderlo.

El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez solicitó que el exdiputado de La Libertad Avanza José Luis Espert sea indagado por lavado de dinero por sus vínculos con el empresario Fred Machado, quien admitió ante la justicia norteamericana haber cometido los delitos de fraude y lavado a cambio.

Las sospechas se fundan en que Espert recibió una transferencia de 200.000 dólares de Machado y realizó operaciones de compra de autos de alta gama, dijeron fuentes judiciales a .

El fiscal Domínguez solicitó al juez federal de San Isidro Lino Mirabelli formalmente la indagatoria por presunto lavado de dinero.

El exlegislador de La Libertad Avanza, que fue primer candidato del oficialismo en la provincia de Buenos Aires durante las elecciones de 2025 −fue apartado cuando quedó acorralado por el escándalo− es investigado por sus vínculos con Machado, quien en mayo pasado “admitió ante la justicia norteamericana haber cometido delitos de fraude y lavado de dinero”, en una causa que también lo tenía en la mira por maniobras ligadas al narcotráfico.

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, Espert habría utilizado el dinero recibido de Machado para adquirir bienes a través de los cuales intentó disimular el origen ilícito de los fondos.

El expediente señala que “para darle licitud a los fondos que recibió de Fred Machado, Espert compró un BMW, un Lexus e hizo pagos a un fideicomiso llamado Dunas”.

El pedido de Domínguez alcanzó a Varianza SA, la sociedad comercial de Espert, imputada por haber confeccionado “informes contables falsos para justificar el origen del dinero”. Y sumó a Mariano Cosentino, el contador del exlegislador, como otro de los convocados a indagatoria.

La investigación mira una transferencia de 200.000 dólares que Machado envió a Espert en 2020, que integraba un acuerdo más amplio cuya “cifra total ascendía a un millón de dólares”.

Cuando la causa se hizo pública, Espert salió a explicar que esos fondos respondían a “un contrato de consultoría con Machado para asistirlo en una explotación minera en Guatemala”.

La fiscalía cuestionó esa versión y sostuvo que Espert nunca pisó ese país, “las minas vinculadas al supuesto asesoramiento no se encontraban operativas” al momento del contrato y “tampoco existen evidencias concretas de que haya realizado tareas profesionales relacionadas con ese acuerdo”.

El lazo entre Espert y Machado viene de hace tiempo, pues el empresario fue quien “financió y brindó apoyo” a Espert durante su candidatura presidencial de 2019, cuando el economista todavía no había ingresado al espacio libertario.

Desde diciembre del año pasado, la Justicia le tiene congelado el patrimonio de Espert: está “impedido de vender propiedades y no puede disponer del dinero en sus cuentas, salvo fondos autorizados por la justicia para afrontar gastos corrientes”.