POLITICA
Diputados: el oficialismo dejó listos para tratar en el recinto el “Súper RIGI” y un acuerdo con dos holdouts
El oficialismo consiguió este miércoles avanzar con dos de sus principales apuestas económicas: el acuerdo para pagar US$171 millones a los fondos Bainbridge y Attestor, dos holdouts que aún mantienen litigios contra la Argentina, y el denominado “Súper RIGI”, un régimen que ofrece beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios para proyectos de inversión superiores a los US$1000 millones.
Con respaldo de sus aliados habituales, los libertarios dejaron ambas iniciativas listas para el recinto. El acuerdo con los holdouts ya cuenta con media sanción del Senado y el Gobierno aspira a ratificarlo definitivamente la próxima semana. El “Súper RIGI”, en cambio, recién inicia su recorrido legislativo en Diputados.
La intención del oficialismo era llegar a la semana próxima con una sesión bajo control y un temario propio centrado en estos proyectos. Pero la crisis que atraviesa Manuel Adorni amenaza con alterar esos planes. La oposición convocó para el martes una sesión especial para debatir su interpelación y avanzar hacia una eventual moción de censura. Ante ese escenario, los libertarios comenzaron a recalcular su estrategia parlamentaria.
Ambas iniciativas obtuvieron el respaldo de Pro, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y los bloques que responden a gobernadores aliados de la Casa Rosada: Innovación Federal (Salta y Misiones), Independencia (Tucumán) y Producción y Trabajo (San Juan). En el caso del “Súper RIGI”, también acompañó el santacruceño José Garrido.
“Súper RIGI”
El nuevo régimen busca convertirse en una segunda versión del RIGI y apunta a atraer industrias que el Gobierno considera “genuinamente nuevas” para la Argentina. En un plenario de las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia y Tecnología, el oficialismo reunió 61 firmas para su dictamen de mayoría.
Para sumar apoyos, los libertarios aceptaron modificaciones impulsadas por bloques dialoguistas. El texto incorpora beneficios para proyectos que cuenten con inversión en investigación y desarrollo, exige planes de integración de proveedores locales con un piso de contratación del 20%, amplía los objetivos vinculados al desarrollo tecnológico y crea un registro público para transparentar los proyectos aprobados.
También endurece algunos requisitos ambientales y sociales. Los inversores deberán presentar estudios que acrediten que los proyectos no comprometerán recursos naturales ni infraestructura esencial, mientras que se incorpora una nueva causal de rechazo para iniciativas con impactos negativos significativos en su área de influencia.
Durante el debate, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó que el Gobierno impulse beneficios extraordinarios para industrias “que no sabemos cuáles son ni a qué se van a dedicar” y advirtió que el proyecto repite la lógica de delegación de facultades que caracterizó a la Ley Bases. Su bloque anticipó que lo rechazará.
Holdouts
El acuerdo impulsado por el gobierno reunió 42 firmas en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Justicia.
El acuerdo contempla el pago de US$171 millones a cambio de cerrar litigios pendientes derivados del default de 2001, evitar eventuales embargos sobre activos argentinos y poner fin a los procesos de búsqueda de bienes (“discovery”) impulsados por los acreedores.
La defensa del proyecto estuvo a cargo del secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija, y del Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio. Ambos insistieron en que el entendimiento implica una reducción significativa respecto de las sentencias que ya pesan sobre el Estado argentino.
“Creemos que son acuerdos muy beneficiosos porque implican una reducción sustancial sobre las acreencias que tenían los acreedores”, sostuvo Stampalija. Amerio reforzó el argumento con los números de la negociación: Attestor redujo su reclamo de US$160 millones a US$104 millones, mientras que Bainbridge pasó de US$96 millones a US$67 millones. “Lo que se está haciendo es pagar menos”, resumió.
Los funcionarios rechazaron además que se trate de una nueva reestructuración de deuda. “Estamos pagando juicios que perdimos y estamos haciendo un acuerdo para pagar menos por esos juicios”, explicó Stampalija. Según señalaron, el entendimiento permitiría cerrar “en gran medida” los litigios remanentes vinculados al default de 2001.
Las principales objeciones llegaron desde UP, que presentó un dictamen de minoría. Julia Strada cuestionó la falta de precisiones sobre el acuerdo y aseguró que el Congreso desconoce datos centrales de la negociación. “No sabemos lo que estamos votando”, afirmó.
Su compañero de bloque, Itai Hagman, objetó que el Congreso conozca detalles de la estrategia oficial para resolver litigios externos a través de informes del FMI y no mediante explicaciones del Ministerio de Economía. “Nos tenemos que enterar por un reporte del Fondo Monetario Internacional cuál es la estrategia que tiene la Argentina”, reprochó. También apuntó contra la corrección que el Gobierno debió enviar al Senado tras detectar errores en la identificación de algunos títulos incluidos en el acuerdo.
Por su parte, Martínez criticó la velocidad con la que el oficialismo impulsó el dictamen y reclamó precisiones sobre el plazo del 30 de junio fijado para concretar la operación, el impacto fiscal del acuerdo y la eventual participación de intermediarios. “Todos los que viven lucrando con las renegociaciones de deuda miran estas reuniones”, advirtió.
“No tuvo ningún costo. Fue un acuerdo directo”, respondió Amerio. “No hay comisiones, no hay intermediarios y no hay costos adicionales”, agregó.
Durante el intercambio, los funcionarios explicaron que el plazo del 30 de junio fue acordado con los acreedores, aunque reconocieron que podría volver a prorrogarse si ambas partes aceptan extenderlo.
“Súper RIGI”,crisis,segunda versión del RIGI,@JMilei,@LuisCaputoAR,pic.twitter.com/5pcKZL9qCt,June 17, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Deuda oficial,Conforme a,,Transparencia. Presentaron un amparo contra el decreto de Milei que limita la participación ciudadana en la designación de jueces,,Adorni fue invitado. Javier Milei convocó a todo el gabinete a compartir una foto en el Día de la Bandera, en Rosario,,Choque en el Congreso. La oposición quiere evitar que prospere la intervención de la oficina que audita el costo de las leyes,Cámara de Diputados,,»Sos bastante pelot…». Fuerte cruce entre Grabois y Benegas Lynch en plena comisión de Diputados,,Regulación del lobby. Tras cosechar un rechazo transversal, el Gobierno desacelera y negocia cambios con la oposición,,Se debilita el escudo. Aliados del Gobierno evalúan activar la interpelación de Adorni en el Congreso
La Confederación General del Trabajo (CGT) acordó este miércoles avanzar en la construcción de un plan de lucha sostenido y escalonado que involucre al conjunto de las organizaciones confederadas y descartó, por ahora, convocar a un nuevo paro general, como reclaman los sectores más combativos. La definición dejó encaminada una estrategia que será desarrollada la próxima semana por el Consejo Directivo, encargado de resolver cómo se instrumentarán las medidas.
La decisión surgió de la reunión que mantuvo la conducción cegetista con las confederaciones que integran la central obrera, un encuentro convocado para analizar la situación laboral, productiva y social y para ordenar la discusión que se había abierto en las últimas semanas sobre cómo continuar la confrontación con el Gobierno de Javier Milei después de los cuestionamientos a la reglamentación de la reforma laboral y de los límites que encontró la estrategia judicial impulsada por la conducción cegetista.
Según pudo saber TN, el encuentro dejó una evaluación positiva dentro de la CGT. La participación de todas las confederaciones convocadas permitió alcanzar coincidencias sobre la forma de encarar la etapa que viene y fortaleció la idea de construir respuestas coordinadas frente a conflictos que hasta ahora aparecían dispersos entre distintos sectores de actividad.
La discusión continuará la próxima semana, cuando el Consejo Directivo se reúna para definir los próximos pasos. Allí comenzará a delinearse el esquema concreto de medidas que podría impulsar la CGT en los próximos meses.
Del conflicto sectorial a una estrategia común
La idea de una estrategia escalonada venía ganando espacio dentro de la CGT desde hace varios días. Entre las alternativas que se analizaban aparecía la posibilidad de coordinar acciones entre distintos gremios para sostener durante un período más prolongado la presión sobre el Gobierno sin recurrir de manera inmediata a una huelga general.
El encuentro de este miércoles consolidó esa orientación. Los representantes sindicales coincidieron en que la central obrera debe evitar respuestas aisladas y fortalecer los mecanismos de coordinación para que los reclamos de cada actividad puedan transformarse en una agenda común del movimiento obrero.
La posición quedó reflejada en un documento difundido al término de la reunión, donde la CGT expresó su solidaridad con los gremios que atraviesan conflictos abiertos; con los trabajadores afectados por despidos, suspensiones o pérdida de derechos y con sectores que todavía carecen de representación organizada.
Los dirigentes también señalaron la necesidad de ampliar la capacidad de representación sindical en un escenario que describen como marcado por el deterioro del empleo, la caída del poder adquisitivo y la desaceleración de distintos sectores productivos.
Una discusión que sigue abierta
La definición alcanzada por las confederaciones no clausura el debate interno sobre las medidas de fuerza. Durante las últimas semanas, dirigentes de gremios como la UOM y La Fraternidad volvieron a plantear la conveniencia de convocar a un paro general de 36 horas para confrontar con el Gobierno de Milei.
La conducción cegetista, en cambio, viene explorando alternativas que permitan sostener la movilización durante más tiempo y sumar a una mayor cantidad de organizaciones. La búsqueda de un esquema escalonado aparece vinculada a esa lógica y también a las dificultades que enfrentan algunos sindicatos a partir de la reglamentación de la reforma laboral y de la ampliación de las actividades consideradas esenciales o trascendentales.
El documento aprobado este miércoles evitó adelantar medidas concretas, pero dejó asentado como criterio político compartido que los representantes sindicales coincidieron en que el contexto exige avanzar en “la construcción de un plan de lucha sostenido, escalonado y con capacidad de involucrar al conjunto de las organizaciones confederadas que combine firmeza, creatividad y construcción colectiva”.
La CGT sostuvo además que la resolución de la crisis que atraviesa el país es esencialmente política y que el desafío inmediato consiste en transformar el diagnóstico compartido en una acción común capaz de defender el trabajo, la producción nacional y los derechos laborales. Ese será el debate que continuará la próxima semana cuando la conducción sindical empiece a definir cómo traducir ese consenso en medidas concretas.
CGT, reforma laboral, sindicatos
En una entrevista en Infobae al Regreso, Paula Penacca, diputada nacional por Unión por la Patria, advirtió sobre las tensiones internas en el peronismo, la proscripción de Cristina Kirchner y los desafíos sociales y económicos que enfrenta la Argentina.
Durante su paso por el estudio, Penacca repasó la evolución de las disputas en el peronismo y el impacto que la prisión de la expresidenta tiene sobre el armado de liderazgo. “Hoy no solo Cristina no le rompe las pelotas al pueblo ni se las rompió nunca, sino que además sigue siendo una dirigente que tiene una imagen positiva altísima después de haber estado perseguida”, remarcó.
El Congreso y la interpelación a Adorni: la pulseada central en el Senado
Penacca explicó la estrategia de su bloque parlamentario: “Nosotros lo que venimos pidiendo, impulsando desde nuestro bloque, es poder darle tratamiento en el recinto a un proyecto que habilita una interpelación a Adorni, o sea, que venga a la Cámara de Diputados a dar explicaciones y que luego de eso se pueda poner a consideración algo que la Constitución nos otorga a las dos cámaras, que es hacer una moción de censura”.
La legisladora remarcó que “el jefe de Gabinete no está pudiendo explicar la fortuna que tiene. Ahí hay un posible delito cometiéndose. No podemos dar muchas vueltas, tenemos que hacer lo que nos toca hacer, nos lo dice la Constitución”.
Aclaró, además, que la presión para que Adorni se presente ante el Congreso trasciende a su espacio: “Diferentes sectores de la política argentina, naturalmente, piden que Adorni dé explicaciones”. Ante la consulta sobre el escenario parlamentario, Penacca consideró lógico que se junten los 37 votos necesarios en el Senado para avanzar con la moción, dado el clima de reclamo transversal.
El peronismo y la construcción de liderazgo tras la proscripción de Cristina
La dirigente abordó el dilema de la conducción en el peronismo: “Creo que hay intendentes de acuerdo con Axel (Kicillof), creo que hay intendentes que no están de acuerdo con Axel. En el peronismo nos pasa esto siempre”.
Al analizar la figura de Cristina Fernández, Penacca sostuvo: “Dentro del peronismo incluso sigue siendo una mina con una adhesión popular enorme. ¿Para quién es un problema? Bueno, yo creo que es un problema para algunos proyectos personales que se ponen por encima de lo que nosotros de verdad tenemos que hacer”.
Sobre la interna, fue tajante al diferenciar la discusión real del espacio: “La discusión hoy parece ser si el eje tiene que ser o no Cristina libre en términos del debate entre dirigentes, pero para mí no hay manera de disociar la representación de los intereses populares de la lucha contra la proscripción”.
En ese sentido, remarcó que “hoy la posibilidad de discutir desde el peronismo con fortaleza, que no haya proscripción en la Argentina, es también una garantía para que el próximo peronista que llegue al gobierno no esté condicionado en las cosas que haga”.
Penacca recordó que “no hay dudas de que la proscripción de Cristina existe” y que “si vos llegás al poder sin haberte aferrado, sin haberte afirmado en la discusión de que no exista la proscripción en la Argentina y de que tengamos una democracia plena, vas a estar condicionado y sometido a la misma amenaza”.
Economía, empleo y el futuro social: el diagnóstico del bloque opositor
Durante la charla, Penacca analizó los desafíos económicos: “Hoy es Adorni, pero estuvo el caso Libra, pero estuvo el caso de Karina con el 3% de la ANDIS. Si seguimos mirando para atrás, encontramos algunos de esos supuestos hechos de corrupción dentro del Gobierno, que el problema es que están perjudicando a sectores concretos de la población, más allá de que lo que nosotros creemos es que lo que más perjudica a la población es el modelo económico de este gobierno”.
Al referirse al contexto social, subrayó: “No hay manera de disociar una cosa de la otra, porque además, de verdad pienso que el próximo proceso electoral va a ser con Cristina proscripta y con un sector muy grande de la sociedad argentina que no va a poder elegir a quien quisiera elegir para gobernar nuestro país”.
Sobre el presente económico, Penacca vinculó la pérdida de empleo y la caída del consumo con las políticas de Javier Milei: “Vos lo que te pasa cuando llega un gobierno como este, que comete un industricidio, es no solo que no creás trabajo privado, sino que lo destruís. Disminuye el empleo público, disminuye el empleo privado y además crece el empleo informal. Y además la gente necesita tener más de un empleo para sobrevivir”.
Finalmente, cuestionó la promesa de que la baja de la inflación mejoraría la calidad de vida: “Por supuesto que una inflación baja con un poder adquisitivo del salario detonado no tiene ningún sentido, porque la gente hoy, cuando va a comprar, no le alcanza, por más que los precios no tengan un aumento continuo”.
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POLITICA
El PRO redobla la presión sobre Manuel Adorni: “Vamos a acompañar la interpelación en el Senado”
A medida que avanza la investigación judicial que tiene bajo la lupa al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el oficialismo logró este miércoles frenar la interpelación en el Senado, pero el PRO suma presiones para que el presidente Javier Milei le pida la renuncia.
Martín Goerling Lara, senador del PRO, aseguró en Solo Una Vuelta Más por TN: “Nosotros vamos a acompañar la interpelación. Hoy se decidió eso en labor parlamentaria, que el próximo jueves vamos a tratar».
“Nosotros, el PRO, viene hablando a través de los comunicados, de las redes, pidiendo la renuncia de Adorni, pidiéndole al Gobierno que tome cartas en el asunto, que esto no da para más por todo lo que estamos pasando. El Presidente no tomó esa decisión, ni Adorni, y ahora le toca al Congreso”, agregó el senador.
Goerling Lara agregó: “Esto es inédito en la Argentina. Va a ser la primera vez que se aplica, que se dispara este mecanismo que nos dio la Constitución del ’94. Y hay que ser muy cautos y muy responsables. Lo que hagamos en el Senado va a dejar un precedente también».
“Nadie le cree a Manuel Adorni”
Para el senador, es el Ejecutivo el que los obliga a tomar esta decisión al negarse a “resolver esto rápidamente, removiendo al jefe de Gabinete, poniendo otra persona que pueda retomar la iniciativa de una persona que perdió la credibilidad. Nadie le cree a Manuel Adorni“.
“Yo espero que el Ejecutivo tome la decisión antes y no nos dé la responsabilidad. Ahora, yo lo que creo es que esto no da para más, que el jefe de Gabinete tiene que dar un paso al costado. Si se da la decisión de la moción de censura, nosotros vamos a acompañar”, reiteró.
Y ahondó: “Nosotros no vamos a hacer lo que impulsemos, la remoción, pero llegado el momento, no vamos a ser los que quedemos cubriendo al jefe de Gabinete porque estaríamos contradiciendo lo que venimos diciendo públicamente”.
El PRO toma posición
Las declaraciones de Goerling Lara se suman a lo que ya adelantó el diputado nacional y secretario general del partido, Fernando de Andreis, quien afirmó este miércoles que la presencia del funcionario le hace “un daño infinito” al Presidente y es “perjudicial para el cambio en la Argentina”.
“Claramente Adorni no tenía las cualidades para ser jefe de Gabinete” señaló de Andreis -mano derecha de Macri- en diálogo con Radio Rivadavia.
Leé también: El PRO endurece su postura contra Adorni y evalúa si acompañará el pedido de interpelación
Las palabras del diputado hacen referencia a la investigación que lleva adelante la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en una causa que está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.
“Lo ideal es que Adorni se vaya, no debería pasar un día más en el cargo”, manifestó el legislador.
Manuel Adorni, PRO, Senado
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