POLITICA
Caso $LIBRA: dos entidades piden que se indague a Milei por negociaciones incompatibles con la función pública
Horas después de que el lobista Mauricio Novelli pidiera el apartamiento de los inversores afectados de la “causa $LIBRA”, dos entidades reconocidas como “amicus curiae” en el expediente penal solicitaron al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que llame a indagatoria al presidente Javier Milei por la presunta comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) sostuvieron que la Justicia puede -y debe- avanzar sobre la actuación presidencial, aun cuando persistan medidas de prueba pendientes vinculadas con la trazabilidad del dinero que se encuentran demoradas por limitaciones técnicas y presupuestarias del Ministerio Público Fiscal.
“A fin de evitar la prolongación de demoras innecesarias, se solicita que se deslinde el objeto procesal, a fin de preservar la investigación penal relacionada con la eventual participación del Sr. Presidente de la Nación ante la hipótesis de configuración del delito de negociaciones incompatibles con la función pública”, indicaron Inecip y Cipce, en un escrito firmado por sus directores, Julián Alfie y Pedro Biscay.
El planteo de las entidades se apoyó, además, en estándares de celeridad procesal y en compromisos internacionales asumidos por la Argentina en la lucha contra la corrupción, que —según señalaron— imponen una “debida diligencia reforzada” para evitar dilaciones que puedan derivar en escenarios de impunidad.
Tras sostener que “se han podido reunir múltiples elementos probatorios sobre la razonabilidad de citar a prestar declaración indagatoria” al jefe de Estado, Inecip y Cipce afirmaron que esas evidencias permiten sostener la hipótesis de un interés directo del Presidente en negocios privados vinculados a tecnologías de criptoactivos.
El planteo de los “amicus curiae”, que deberán evaluar el fiscal federal Eduardo Taiano y el juez Martínez de Giorgi, se presentó horas después de que Novelli solicitara la exclusión del expediente de los inversores que habían sido aceptados como querellantes. Argumentó que, transcurridos más de 15 meses desde el inicio de la pesquisa, no lograron acreditar una estafa ni su condición de víctimas.
Novelli planteó una “excepción de falta de acción”, al afirmar que la investigación judicial “se ha convertido en un intento vano de transformar ex post una pérdida especulativa en una maniobra defraudatoria, sin identificar una falsedad concreta, un error típico o una víctima afectada patrimonialmente mediante engaño”. Según el lobista, durante el último año y medio no se logró identificar “una sola afirmación objetivamente falsa” atribuible a él, a Hayden Davis, Manuel Terrones Godoy o al presidente Milei, entre otros.
Para el Inecip y el Cipce, sin embargo, esa interpretación resulta incompatible con la evidencia reunida hasta el momento, que —según indicaron— surge de informes técnicos, peritajes sobre dispositivos electrónicos, registros de comunicaciones y otras fuentes incorporadas al expediente.
Tras repasar esos elementos, los amicus curiae argumentaron que la intervención del Presidente en la gestación y lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, el 14 de febrero de 2025, mediante un posteo en su cuenta de la red social X, “no se habría limitado a la mera reproducción de información de acceso público, sino que podría haber implicado un grado de vinculación o conocimiento previo que debe ser esclarecido en el marco de la presente investigación”.
Entre los elementos mencionados figura un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Datip), que analizó metadatos de una imagen hallada en el teléfono de Novelli con la frase en inglés “hola muchachos, este es el acuerdo final tal como se discutió con H.””. Según los amicus, ese texto detallaba un acuerdo por unos US$ 5 millones que incluía un pago atado a que Milei anunciara como su asesor a Hayden Davis en la red social X y otro por la firma del presidente y el estadounidense de un contrato de asesoramiento en blockchain e inteligencia artificial para el Gobierno.
Complicaciones
El otro informe mencionado por los “amicus curiae” es de la Superintendencia de Investigaciones Federales (Dirección General de Cibercrimen) de la Policía Federal, que concluyó que $LIBRA tuvo “un origen único” en la red Solana, con una asignación inicial concentrada en una sola dirección, lo que evidenciaría “control primario absoluto” por parte de un actor no identificado.
A partir de ese dato, Inecip y Cipce sostuvieron que la dirección del contrato difundida por Milei el 14 de febrero no se encontraba disponible previamente en circuitos públicos, lo que —según plantearon— constituye un indicio de acceso anticipado a información relevante, lo que refuerza la necesidad de avanzar sobre las responsabilidades del presidente . En otras palabras, llamarlo a indagatoria.
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El Gobierno estrenó hoy el decreto con el que modificó los trámites para elegir jueces y limitó la participación de la ciudadanía en el proceso. Puso en práctica el nuevo mecanismo con concursos clave, tendientes a elegir a magistrados que llevarán causas de alta sensibilidad política.
El Ministerio de Justicia publicó hoy en el Boletín Oficial las ternas de candidatos que le envió el Consejo de la Magistratura correspondientes a siete concursos. Incluyen el destinado a cubrir dos de los seis cargos de camaristas federales en Comodoro Py y cuatro cargos en la Cámara en lo Civil y Comercial Federal. También, el juzgado federal 1 de Corrientes (el único federal con competencia electoral de la provincia), el juzgado 10 en lo penal económico y el federal 2 de La Plata.
La publicación de hoy -que es por un solo día- cumple con enumerar los cargos a cubrir, la integración de las ternas y la referencia a la página web del Ministerio de Justicia donde pueden consultarse los curriculum y los puntajes obtenidos por los distintos candidatos. Eso es todo lo que demanda el nuevo decreto.
Hasta la semana pasada, estaba vigente el decreto 588/2003, que preveía un período de quince días para que particulares, colegios profesionales y asociaciones vinculadas a la Justicia presenten observaciones y objeciones a los candidatos. Contemplaba también la posibilidad de que el ministerio invitara a exponer su opinión a organizaciones especializadas. Establecía además que el Gobierno les pediría una declaración jurada patrimonial a los postulantes y que esa declaración podría ser consultada por la ciudadanía.
El Ministerio estaba obligado, asimismo, a pedir a ARCA un informe sobre “el cumplimiento por parte de los candidatos ternados de sus obligaciones impositivas y previsionales”. Después, debía presentarle su informe sobre los postulantes al Presidente.
El nuevo decreto de Milei cambia tanto la forma de elegir jueces, fiscales y defensores, como ministros de la Corte Suprema. Fue muy cuestionado por reducir la participación ciudadana en el proceso de selección de magistrados.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó esta semana una acción de amparo para frenar la aplicación del decreto.
En paralelo, un grupo de ONGs publicó un comunicado conjunto en rechazo de la nueva norma, a la que consideran un retroceso en materia de institucionalidad.
Firmaron el documento la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, Democracia en Red, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Campaña GQUAL.
Las organizaciones coincidieron en que los cambios introducidos por el Decreto 467/2026 implican “un retroceso para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y para la igualdad de género, y por ende, también para la calidad de nuestra democracia”.
Además de eliminar la instancia de participación popular ante el Ministerio de Justicia, que es previa a la nominación presidencial, el decreto dejó sin efecto la sugerencia de contemplar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional que debían guiar la elección de los candidatos a la Corte.
El Gobierno argumentó que ese primer paso de participación era redundante con el que se abre una vez que los pliegos ingresan al Senado. Quienes cuestionan la decisión advierten que esa primera etapa de participación, ahora derogada, era central para poner al tanto al Poder Ejecutivo de posibles impugnaciones y objeciones antes −y esto es lo central− de que elija a los candidatos a jueces y los envíe al Congreso.
Conforme a
El recital de una banda musical, un partido de fútbol, el show de un DJ o cualquier evento masivo siempre tuvieron un denominador común: los “cuidacoches” o “trapitos”. En este sentido, la Legislatura porteña tratará en sesión ordinaria un proyecto que abarca esta problemática.
La normativa -impulsada por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, y por la diputada María del Pilar Ramírez, en proyectos separados y posteriormente unificados- propone una reforma clave al Código Contravencional que endurece las penalidades contra este tipo de prestación ilegal de servicios. De esta manera, la medida marca una acción concreta en la política oficial: busca frenar la proliferación de esta actividad y responde a las reiteradas denuncias de vecinos y automovilistas por intimidación y apropiación del espacio público.
El cambio, que modifica los artículos 91 y 92 de la Ley N° 1.472, introduce una escala sancionatoria mucho más rigurosa. El texto explica que el esquema de penalizaciones vigente era insuficiente: la baja entidad de las sanciones favorecía la repetición de la conducta y minaba la convivencia barrial. Ahora, el nuevo texto distingue entre infractores ocasionales y quienes organizan o coordinan el cobro ilegal, además de establecer agravantes para casos de intimidación, vulnerabilidad o persistencia.
La reforma parte del diagnóstico de que el fenómeno del “trapito” dejó de ser un “mero ofrecimiento informal”. Según lo aprobado, en muchas ocasiones la conducta involucra presión o intimidación directa: los conductores se ven forzados a pagar para evitar conflictos o represalias, en zonas que llegan a funcionar como “territorios” tomados de hecho por quienes ejercen el rol de cuidacoches.
Uno de los puntos centrales de la reforma es el reconocimiento de esquemas organizados en torno a eventos masivos y grandes parques. Según la Comisión de Justicia de la Legislatura, “la experiencia en espectáculos deportivos o recitales evidencia coordinación y distribución territorial, ameritando sanciones más severas, con diferenciación clara entre el infractor individual y quienes fomentan la actividad en grupo”.
Penalidades agravadas y restricciones de acercamiento
El nuevo artículo 91 establece que ofrecer o prestar servicios de estacionamiento, cuidado de coches o limpieza de vidrios sin autorización será penado con diez a treinta días de arresto, trabajos de utilidad pública de veinte a cuarenta y cinco días o multas que pueden llegar a 7.000 unidades fijas. Es decir, la infracción puede ascender hasta los $6.649.930.
Como novedad, se añade la posibilidad de que el magistrado aplique la «prohibición de concurrencia e interdicción de cercanía» al lugar, restricciones ya utilizadas en delitos vinculados a violencia. Esto es que el infractor no puede concurrir o acercarse a la zona donde realizó el delito.
El texto suma agravantes: en situaciones donde haya intimidación, persistencia, desigualdad de género o aprovechamiento de la vulnerabilidad del conductor o del entorno, la pena se duplicará automáticamente, siempre que el hecho no constituya delito penal.
Frente a la existencia de organización, las sanciones se endurecen todavía más. Los organizadores, jefes y coordinadores podrán recibir hasta sesenta días de arresto y se habilita la inhabilitación para acceder a programas sociales, subsidios o beneficios estatales por hasta dos años.
Eventos masivos y responsabilidad institucional
El artículo 92 eleva el nivel de rigurosidad cuando estas contravenciones suceden en torno a grandes espacios o durante eventos masivos, como partidos de fútbol o recitales. En esos casos, si la prestación ilegal ocurre en un radio de hasta cincuenta cuadras y entre las seis horas previas y las tres siguientes a la finalización del evento, la sanción escalará de 15 a 50 días de arresto para los partícipes y entre 45 y 60 días para quienes tengan roles en dicha organización.
Además, el nuevo marco dispone que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, junto con otros organismos, podrá instalar oficinas móviles en los alrededores de los eventos para recepcionar denuncias de los perjudicados.
La ley incorpora una cláusula inédita destinada a clubes y organizadores: si se prueba la participación directa o indirecta de personas vinculadas al club, institución o entidad organizadora en la actividad ilegal, esa entidad será sancionada con multas de hasta 20.000 unidades fijas ($18.999.800) y clausura de instalaciones por un período de 30 a 90 días.
Ambos artículos reformados prevén la obligación de que el juez interviniente ponga en conocimiento de los infractores la oferta de programas de asistencia a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, o el organismo que en el futuro lo reemplace. Pero también refuerzan una línea dura: quienes lideren o promuevan la actividad podrán ser excluidos de los programas estatales por dos años, en un intento de desalentar la repetición.
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CÓRDOBA.- Entre Ríos recibirá un nuevo adelanto de coparticipación por $150.000 millones en el marco del esquema dispuesto por el Gobierno nacional mediante el decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial. Rogelio Frigerio, aliado electoral de La Libertad Avanza, se había reunido el viernes pasado con el ministro del Interior, Diego Santilli, para destrabar el envío de fondos, a pesar de que las fuentes consultadas dijeron que se tocaron otros temas.
Estos recursos se suman a los $220.000 millones otorgados a comienzos de año, por lo que la provincia alcanzará un total de $370.000 millones en adelantos financieros durante este año.
La reunión con Santilli fue para hablar sobre la reforma electoral y temas de gestión. Además, tal como viene pasando en los encuentros del ministro con los gobernadores, apareció el tema de la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El decreto publicado por el Gobierno nacional estableció un tope de $400.000 millones para este mecanismo de adelantos financieros destinado a las provincias incluidas en la medida.
El esquema establecido por el Gobierno nacional contempla adelantos de recursos coparticipables para atender necesidades financieras transitorias de las provincias. Se trata de fondos que pertenecen a cada jurisdicción y que son girados de manera anticipada para fortalecer su liquidez, con devolución dentro del mismo ejercicio fiscal mediante retenciones automáticas sobre la coparticipación federal.
El adelanto otorgado a Entre Ríos a comienzos de año por $220.000 millones viene siendo cancelado en tiempo y forma por la provincia mediante las retenciones automáticas previstas sobre la coparticipación federal. A la fecha, ya se ha devuelto aproximadamente el 50 por ciento de esos recursos, reflejando una administración ordenada y previsible de las finanzas públicas.
La operatoria prevé una tasa del 15 por ciento anual, significativamente inferior a las condiciones vigentes en los mercados financieros, donde las provincias deberían afrontar costos considerablemente más elevados para obtener financiamiento.
Además de Entre Ríos, el decreto incluye a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
Este mecanismo ha sido utilizado históricamente por gobiernos nacionales de distintos signos políticos y constituye una herramienta prevista en la legislación vigente para administrar situaciones transitorias de caja sin recurrir a endeudamiento de mercado. Las finanzas provinciales vienen empeorando este año.
La medida contribuye a fortalecer la planificación financiera de la provincia, “brindando previsibilidad para sostener el funcionamiento del Estado y seguir impulsando las políticas públicas, las obras y los programas que forman parte de la agenda de transformación que Entre Ríos lleva adelante”, según explican desde la provincia.
Gabriela Origlia,Rogelio Frigerio,Conforme a,Rogelio Frigerio,,Tiene 700 empleados. Mientras negocia una deuda de US$350 millones, Granja Tres Arroyos busca reabrir una planta en Entre Ríos,,“Retenciones primero”. Frigerio reclamó una reforma impositiva urgente y dijo que el agro no puede seguir con baja rentabilidad,,»No podemos permitir otra Botnia». Frigerio pidió relocalizar una refinería en Uruguay y lanzó una advertencia
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