POLITICA
El fiscal Pollicita pidió el expediente del hermano de Manuel Adorni y pone la lupa sobre la herencia familiar

El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó medidas en la causa que investiga el presunto crecimiento patrimonial injustificado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Angeletti.
Entre las decisiones más relevantes, solicitó acceder al expediente por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Francisco Adorni, hermano del funcionario, con el objetivo de determinar si existen inconsistencias en los bienes declarados por el ministro coordinador.
En una resolución de cinco páginas, el fiscal requirió al juzgado que lleva adelante la investigación contra el diputado bonaerense una certificación amplia del expediente. El pedido incluye los hechos investigados, las personas involucradas y cualquier referencia a bienes familiares, dinero en efectivo o a la sucesión de Jorge Adorni (padre del jefe de Gabinete) que pudiera guardar relación con la pesquisa patrimonial sobre el exvocero presidencial.
La referencia a la sucesión de Jorge Adorni pone el foco en una presunta herencia familiar que la Justicia busca reconstruir para establecer si guarda correspondencia con la evolución patrimonial de Manuel Adorni y su entorno.
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Las medidas se inscriben en una investigación más amplia orientada a determinar si existe correlación entre los ingresos declarados por Adorni y Angeletti y el crecimiento de su patrimonio.
La pesquisa también puso la mira sobre la situación habitacional de Silvia Pais, madre del jefe de Gabinete. Pollicita solicitó a la administración del country Fincas de Iraola 2, en Berazategui, que informe si la mujer reside allí y, en caso afirmativo, desde cuándo ocupa la propiedad, bajo qué modalidad y que remita la documentación correspondiente, incluidos eventuales contratos de alquiler y comprobantes de pago de expensas.
La medida adquiere relevancia luego de que trascendiera que Manuel y Francisco Adorni ayudaron a su madre, de 70 años y jubilada, a mudarse al barrio privado hace unos diez días. Según se conoció, previamente habían logrado convencerla de que dejara el departamento que ocupaba en el centro de La Plata. La mudanza se produjo después de la aparición de pancartas con mensajes agresivos colocadas frente al edificio donde vivía la mujer.
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En paralelo, la causa contra Francisco Adorni también registra avances. El fiscal Guillermo Marijuan pidió su declaración indagatoria al considerar que el legislador bonaerense habría omitido información en sus declaraciones juradas patrimoniales.
Marijuan sostuvo que el diputado es un profesional con capacitación universitaria en control del sector público y con veinte años de antigüedad como perito contador del Consejo de la Magistratura bonaerense, por lo que, a su criterio, “de modo alguno podría haber desconocido o errado” en la confección de sus declaraciones juradas.
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El fiscal afirmó además que las pruebas reunidas hasta el momento permiten sospechar que Francisco Adorni “insertó datos falsos y omitió declarar bienes” que estaba obligado a informar, con la finalidad de “falsear su patrimonio y ocultar datos del debido control” de sus presentaciones patrimoniales.
Aunque ambos expedientes tramitan de manera independiente en los tribunales federales de Comodoro Py, las nuevas medidas ordenadas por Pollicita muestran que la Justicia comenzó a cruzar información entre las dos investigaciones y a revisar especialmente los bienes familiares y la eventual incidencia de la herencia de su padre en la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.
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POLITICA
La reacción de la política al amplio acuerdo que permitió dar media sanción al proyecto de Discapacidad

Este jueves por la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de Ley de Discapacidad. Tras una maratónica sesión, la iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, producto de los cambios que La Libertad Avanza (LLA) incorporó por pedido de la oposición.
La propuesta, impulsada por el oficialismo, busca reemplazar el esquema transitorio de la emergencia por un régimen permanente. El dictamen aprobado conservó los beneficios previstos en la Ley de Emergencia en Discapacidad, entre ellos la compatibilidad de la pensión no contributiva con el empleo formal, bajo determinadas condiciones, y previsiones para prestaciones y coberturas de salud.
Luego de que el texto obtuviera un apoyo mayoritario, los diputados de diversos bloques celebraron el consenso logrado. Uno de los primeros fue el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, quien celebró la media sanción y sostuvo que la ley brindará “una respuesta clara y permanente” a las personas con discapacidad y sus familias, sin depender de “emergencias ni leyes temporales”.
Aunque el diputado cordobés resaltó que hubo un “consenso amplio” entre bloques, cuestionó a los legisladores vinculados al gobernador Martín Llaryora. “No aportaron. No acercaron propuestas. Y votaron en contra de la nueva ley en un intento de hacer política barata con el tema”, apuntó.

Tras celebrar la aprobación de la ley, la diputada Patricia Vásquez (LLA) destacó que “cuando se dejan de lado ideologías y se logran los consensos que la gente necesita”. Y concluyó: ”No más emergencias, ahora tenemos certezas”.

En la misma línea, Gerardo Huesen (LLA) exigió: “Basta de usar la discapacidad como herramienta de manipulación política”. Asimismo, aseguró que las personas necesitan “respuestas concretas y derechos permanentes”.

Por su parte, la también libertaria Karen Reichardt definió al proyecto como un régimen estable de protección. “Pensiones, prestaciones y controles transparentes para dar previsibilidad a quienes lo necesitan y a sus familias”, señaló en su publicación.

Desde Unión por la Patria (UP), la diputada Victoria Tolosa Paz sostuvo que la oposición logró modificar un dictamen que, a su criterio, “estaba incompleto y dejaba afuera derechos fundamentales”.
Según detalló, las modificaciones incluyeron garantías de cobertura de salud para ambas pensiones, protección de asignaciones familiares, requisitos para acceder a las pensiones y la compatibilidad con el trabajo formal. También mencionó cambios vinculados al financiamiento, la participación provincial, mecanismos ante bajas de prestaciones y pagos a prestadores.

“Cada una de estas modificaciones fue fruto de la escucha, la negociación y el compromiso de quienes defendemos los derechos de las personas con discapacidad”, publicó Tolosa Paz. Además, advirtió que continuará el reclamo por recursos: “Los derechos no se garantizan solamente con una ley: se garantizan con presupuesto y con la decisión política de cumplirla”.
Frente a esto, el ex ministro de Defensa y diputado de UP Jorge Taiana atribuyó el resultado a la movilización del sector. “La lucha inclaudicable del colectivo de personas con discapacidad logró que el oficialismo incorporara al dictamen de mayoría buena parte de los reclamos de las organizaciones”, valoró. Y reclamó: “Milei cumplí la Ley”.

Del mismo modo, Cecilia Moreau (UP) vinculó la media sanción de la Ley de Discapacidad con otros reclamos sanitarios y aseguró que su bloque insistirá en “la plena garantía del derecho a la salud de los más chiquitos” ante el vencimiento de la emergencia pediátrica.
También reclamó la restitución del programa Remediar y la aplicación efectiva de la norma sobre discapacidad, al tiempo que cuestionó que el Gobierno “siga jugando cruelmente con la salud de millones de argentinos y argentinas”.

Mientras que la diputada Karina Banfi, de la Unión Cívica Radical (UCR), se limitó a destacar que la Cámara Baja dio media sanción “con mayoría absoluta”, el jefe de bloque de Provincias Unidas, Pablo Juliano, sostuvo que se aprobó “una mejor ley para ayudar a las personas con discapacidad”.

En este sentido, Juliano afirmó que el oficialismo debió retroceder respecto del proyecto de Presupuesto 2027, que —según señaló— contemplaba recortes de fondos para el área. “Gracias a la movilización de la sociedad, desde la oposición logramos que LLA aceptara dejar de lado el plan de Milei y Caputo”, indicó al anticipar que su espacio seguirá de cerca el cumplimiento de la futura norma.

Sin embargo, la diputada cordobesa Alejandra Torres, también de Provincias Unidas, cuestionó la decisión de no extender la emergencia. Tras reunirse con organizaciones de la Iglesia que trabajan con personas con discapacidad, afirmó que el texto aprobado “no fue consultado con el sector y genera incertidumbre”.

“No podemos avanzar con una ley que no preserve todos los resguardos que merecen las personas con discapacidad”, sostuvo Torres. A su vez, el diputado de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, también puso el foco en el reclamo de las familias y las organizaciones al señalar que “esta ley es una conquista de todos ellos. Ahora vamos a exigir que se cumpla”.

Pese al acuerdo mayoritario, el proyecto deberá ser analizado por el Senado antes de convertirse en ley. Hasta entonces, las disposiciones aprobadas por Diputados no entrarán en vigencia.
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POLITICA
Elisa Carrió cargó contra el Gobierno: “La recesión es enorme y algunas cosas me recuerdan demasiado al pasado”

La referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió publicó un mensaje críptico en el que apuntó contra el gobierno de Javier Milei, cuestionó la situación internacional y deslizó que algunos funcionarios, incluido el Presidente y el ministro de Economía, están “escondiendo algo”.
“Es claro que está escondiendo algo el Gobierno Nacional. Puede ser el retiro de fondos de capitales o problemas para el financiamiento de la deuda de corto plazo”, escribió este miércoles por la mañana en su cuenta de la red social X.
La dirigente política consideró que “la situación internacional es crítica” y apuntó directamente contra los funcionarios de las más altas esferas políticas. “Pero la falta de calma de [Luis] Caputo y el Presidente no ayudan. La recesión es enorme y algunas cosas me recuerdan demasiado al pasado”, cuestionó.
Denuncia contra Milei
Carrió venía de denunciar a principios de octubre al presidente Milei por presunto abuso de autoridad en contexto de violencia de género, digital, mediática e institucional por los insultos del mandatario a la periodista Maru Duffard, a quien había calificado de “zurda inmunda” y “basura corrupta”.
En la presentación judicial, Carrió expresó que Milei cometió un claro abuso de autoridad, además de ejercer “violencia de género, mediática, digital e institucional” en perjuicio de Duffard a través de diversas publicaciones en X.
Los posteos a los que Carrió hace alusión fueron publicados el miércoles por Milei. En el primero, el Presidente había reaccionado al fragmento de un video difundido por una cuenta afín al oficialismo llamada “Contrarelato”. El posteo adjuntaba un fragmento de la participación de la periodista en la emisora Radio con Vos, donde hablaba sobre la intención de la expresidenta Cristina Kirchner de presentarse como candidata en las próximas elecciones presidenciales.
Milei lo compartió y escribió: “Me parece que a veces no puteamos lo suficiente a los periodistas… decirles que son basuras corruptas es poco…”.
Sin embargo, no quedó allí. “Para LA BASURA INMUNDA DUFFARD, si es alguien que comulga con sus nefastas ideas de izquierda, robar está bien. Pasaron cerca de 2.000 años y aún hoy existen SORETES que piden por Barrabás. ZURDA INMUNDA DE DOBLE MORAL. CIAO!”, manifestó, al citar un tuit del funcionario Santiago Oría que también contenía críticas a la periodista.
Con un tercer mensaje en la misma red social, el mandatario volvió a dirigirse a Duffard: “BASURA CORRUPTA INMUNDA. Periodista la basura tenía que ser… CIAO!”.
Carrió afirmó en su denuncia que Milei promovió “un ataque misógino” que tuvo miles de reproducciones con “un vocabulario soez, cosificante y agresivo que no debe ser utilizado por un jefe de Estado, quien con esa conducta ha traspasado todo límite moral, constitucional y psicológico”.
Además, observó que, en el caso de Milei, al ser Presidente, no puede escindir su figura en los ámbitos de la vida en que se desarrolla, por lo que solo queda reservado para sí “apenas un ámbito privado muy acotado en el que su conducta no tenga repercusión en lo público”.
“Lo que claramente no sucede en el caso, en el cual aprovechando de su influencia y su jerarquía, decidió emprender violencia de género institucional, mediática y digital en contra de Duffard”, sostuvo.
La exdiputada también solicitó la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la Nación para que determine las eventuales responsabilidades penales del accionar del mandatario.
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POLITICA
La Justicia volvió a habilitar los aumentos de luz en la provincia de Buenos Aires tras una apelación de Kicillof

Los aumentos en las tarifas de electricidad volvieron a quedar habilitados en la provincia de Buenos Aires luego de que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata hiciera lugar a un planteo del gobierno de Axel Kicillof. El tribunal otorgó efecto suspensivo a la apelación de la Provincia contra la medida cautelar que había frenado las subas y ordenado restablecer el cuadro tarifario anterior.
La resolución, firmada el 15 de octubre, alcanza a los usuarios de las distribuidoras EDELAP, EDEN, EDEA y EDES, que podrán aplicar los valores establecidos en la Resolución 682/2026. La decisión deja sin efecto, de manera provisoria, la medida judicial que había suspendido los componentes provinciales de los aumentos.
Sin embargo, la Cámara todavía debe resolver la apelación sobre el fondo del conflicto. El nuevo pronunciamiento no determina si los incrementos son legales, sino que establece que el recurso de la Provincia se tramite con efecto suspensivo mientras continúa el proceso.
La disputa comenzó con una presentación del Defensor del Pueblo bonaerense contra el Estado provincial y las cuatro distribuidoras eléctricas. El 18 de septiembre, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca había concedido una medida cautelar que suspendió los efectos de la Resolución 585/2026 y dispuso volver al cuadro tarifario anterior para los componentes provinciales.
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