Al igual que la industria textil, el sector del calzado atraviesa una crisis derivada principalmente de la falta de consumo y de la competencia con las importaciones. En 2025, las compras al exterior alcanzaron los 51 millones de pares, por un monto de USD 721 millones. Esto representó un aumento del 38% en cantidades y del 20% en valores respecto del año previo.

En tanto, en los primeros cinco meses de 2026, las importaciones totalizaron 16 millones de pares, según los últimos datos disponibles de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC). De este modo, en los 17 meses que van de enero 2025 a mayo 2026 se importaron 67 millones de pares.

Como resultado, la producción viene en declive: de acuerdo al Indec, en el primer cuatrimestre, el rubro registró una caída del 24% en relación con igual período de 2025 y del 22,1% en comparación con 2024.

CIC detalló también que el año pasado, se fabricaron 80,4 millones de pares, 14,5% menos que en 2024 y 25,6% respecto de 2023. La caída se reflejó también en la disminución de empleo y de empresas: desde noviembre de 2023 hasta diciembre de 2025, se perdieron 6.014 puestos de trabajo y cerraron 165 unidades productivas.

En esa línea, meses atrás se conoció que John Foos dejaría de fabricar zapatillas en su planta de Beccar, provincia de Buenos Aires, para importar desde Asia. En Córdoba, cerró Gomas Gaspar, que desde hace más de 30 años se dedicaba a la producción de suelas y bases para calzado.

El Grupo Dass, fabricante de zapatillas para grandes marcas internacionales como Nike, Adidas, Umbro, Fila y Asics; atraviesa un proceso de ajuste y ya desvinculó a 43 empleados. Por su parte, Viamo entró en concurso preventivo de acreedores, tras efectuar despidos y cerrar locales.

Emanuel Fernández, dueño de Zapatillas Kioshi, dijo: “La situación del sector está bastante mal. Nosotros tuvimos que reducir personal, pasando de 120 a 15 empleados; y achicamos mucho la gama de productos, nos estamos enfocando en un nicho deportivo”. Además, afirmó que están haciendo un mix entre producción e importación y tercerizando algunos procesos.

El empresario destacó: “La venta está costando, principalmente por el cierre de comercios que no pueden afrontar los alquileres. Ni lo importado se está vendiendo”. Y mostró preocupación porque en diciembre se terminan las medidas antidumping contra China: “Sería un golpe letal para el sector si no se renuevan”.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en mayo las ventas del rubro Calzado y marroquinería presentaron un descenso de 0,2% interanual y acumularon un retroceso de 0,9% en los primeros 5 meses del año. No obstante, en términos mensuales avanzaron 3,1 por ciento.

CAME resaltó: “El volumen de ventas se sostuvo mediante la aplicación de descuentos en efectivo, esquemas de financiación y acciones promocionales. El canal físico mantuvo su predominio operativo debido a la necesidad de prueba del artículo. Paralelamente, la rentabilidad experimentó una fuerte presión por el incremento de costos fijos y el comercio informal, forzando a los establecimientos a liquidar inventario anticipadamente para asegurar la rotación de stock”.

Fabián Castillo, presidente de la Cámara de Comercio del Calzado, contó que mientras que transitan un momento recesivo, se están dando cambios en los hábitos de consumo, especialmente en el público sub-40, que prioriza moda y compra por redes, motivo por el cual considera necesario adaptarse constantemente.

Explicó que las ventas venían cayendo, sobre todo en verano, pero en el último mes repuntaron por las bajas temperaturas, que impulsaron la reposición de calzado de invierno. Lo que más se está comercializando son las botas tipo australianas, dado su precio (alrededor de $50.000) y que son abrigadas.

En cuanto a las importaciones, Castillo opinó que siempre pueden traer problemas vinculados a la diferencia de talles y a las dificultades de hacer cambios en caso de fallas. Aparte señaló que muchos de los productos que ingresan son de mala calidad, con lo cual la industria nacional tiene ventaja.

CIC mencionó varios problemas estructurales del sector. Entre los más importantes se encuentran:

• Asimetría regulatoria: la reducción de aranceles y la flexibilización de los mecanismos de control aplicables a productos importados no ha sido acompañada por la implementación de instrumentos equivalentes de fortalecimiento y promoción para la industria nacional
• Alta carga tributaria y costos sistémicos: la estructura impositiva acumulativa a nivel nacional, provincial y municipal, sumada a costos logísticos, financieros y laborales, incrementa significativamente el costo final, reduciendo márgenes y competitividad frente a las importaciones y la oferta informal
• Contrabando y falsificación marcaria: afectan la competitividad al introducir productos que no cumplen con los estándares legales, tributarios y de calidad vigentes. El ingreso se produce principalmente a través de pasos fronterizos identificados como críticos —Jama (Jujuy), Sico (Salta), Aguas Blancas (Salta) y Bernardo de Irigoyen (Misiones)—
• Alta informalidad en la cadena de valor: la existencia de talleres no registrados y eslabones informales en la cadena productiva implica competencia desleal, precarización laboral y dificultades en la trazabilidad del producto
• Dificultad de las pymes para acceder a financiamiento: esto restringe la inversión en tecnología y ampliación de la capacidad instalada

En este marco, la entidad aseguró que se pueden tomar varias medidas para ayudar a paliar la situación:

• Fortalecer el control y regulación de plataformas internacionales de comercio electrónico para evitar la competencia desleal
• Implementar tarifas eléctricas diferenciadas para pymes industriales
• Promover créditos para pymes manufactureras, con tasas de interés subsidiadas y plazos adaptados a los ciclos productivos, destinados a capital de trabajo y modernización
• Impulsar la reducción progresiva o eliminación de Ingresos Brutos para la fabricación de calzado
• Reincorporar valores criterio en la importación y reforzar controles aduaneros a fin de prevenir prácticas como la subfacturación y triangulación indebida
• Limitar la aplicación automática de embargos sobre cuentas bancarias de pymes por deudas fiscales, priorizando alternativas de regularización para evitar la paralización de actividades
• Establecer una moratoria con condonación parcial de intereses y planes de pago accesibles para regularizar deudas fiscales y de seguridad social.