POLITICA
El peronismo volvió a la interna descarnada: de la precaria tregua por el Indio Solari, a la guerra abierta por el 2027
La precaria tregua en el peronismo ya es historia. La muerte de Carlos “El Indio” Solari produjo el único hecho que en los últimos meses había logrado lo que ninguna negociación política consiguió: restablecer el diálogo entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Fue un reencuentro de urgencia, forzado, convocado por el dolor y la logística para una despedida histórica. Ya quedó lejos, olvidado. El líder de La Cámpora y el gobernador bonaerense coordinaron el operativo sanitario para el velatorio del domingo 7 de junio en el Polideportivo Gatica de Avellaneda, donde cerca de un millón de personas formó una fila de 60 cuadras para despedir a la leyenda del rock naiconal. Ambos coincidieron en el predio. El peronismo, por unas horas, pareció encontrar una oportunidad de reencuentro. Pero no.
El sábado 20 de junio, al cumplirse un año de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, esa imagen quedó definitivamente archivada. No fue el fin de la tregua: fue el recrudecimiento de hostilidades que venían escalando desde antes del velatorio y que la muerte del Indio apenas había suspendido. El banderazo de Parque Lezama lo dejó en claro.
El antecedente inmediato había sido Berenice Iañez. La legisladora porteña del Movimiento Derecho al Futuro —el espacio político que conduce Kicillof, cercana al círculo de Andrés “Cuervo” Larroque— dijo en un video que se viralizó, días antes del acto, que Cristina “jode bastante las pelotas” con sus condicionamientos al gobernador. Las palabras se amplificaron en redes con la velocidad de un proyectil y el cristinismo respondió en cadena, sin modulación y sin excepciones. Lo que Iañez expresó en voz alta era lo que circulaba en voz baja en el entorno kicillofista desde hacía meses: que la ex presidenta, desde su departamento de Constitución, pretende seguir manejando los hilos de un espacio que —en la lectura del gobernador y sus allegados— necesita renovarse para ser competitivo en 2027.
Esa es la tensión de fondo. Kicillof no oculta su intención de ser candidato a presidente. Lo que sí cuida es la forma de decirlo: no como quien desafía a Cristina, sino como quien construye una alternativa propia en paralelo, sin la tutela de la ex presidenta. El MDF es el instrumento de esa construcción, una estructura que, según sus críticos dentro del propio peronismo, se nutre casi exclusivamente de funcionarios del gobierno provincial. “Tiene una organización y crea el MDF Salud y pone a su ministro. MDF Mujeres y pone a su ministra. No pone a un dirigente histórico de la salud, no pone a alguien de afuera de su estructura de gobierno”, razonó una fuente con acceso al debate interno del peronismo bonaerense. La lectura es que Kicillof construye poder sin construir transversalidad y que eso lo limita como candidato nacional.
Para el kirchnerismo, el diagnóstico es más simple y más duro: Axel todavía no generó nada nuevo como liderazgo. Lleva casi siete años como gobernador y no logró articular una fuerza que trascienda su propio gobierno. «¿Líder de qué es?“, es la pregunta que circula en el entorno de La Cámpora con una mezcla de sinceridad y provocación.
El banderazo y el mensaje hacia adentro
El banderazo de Parque Lezama fue, en ese contexto, una demostración de fuerza calculada. La Cámpora convocó para conmemorar el primer año de la detención de Cristina y el mensaje fue doble: hacia afuera, el reclamo de libertad e inocencia; hacia adentro, la advertencia de que el cristinismo sigue siendo el sector con mayor capacidad de movilización territorial en el peronismo.
Máximo Kirchner fue el único orador. En poco más de media hora, ante una convocatoria de alrededor de 15.000 personas, pronunció el discurso más duro que le conocen en la interna: sin nombrar a Kicillof en ningún momento, cada párrafo apuntó hacia él con la precisión de quien sabe que el auditorio no necesita subtítulos. El planteo tuvo dos dimensiones que el kirchnerismo presentó como inseparables: Cristina candidata en 2027 y Cristina como conductora de la construcción opositora que enfrente a Javier Milei. No una cosa o la otra: las dos a la vez, y en ese orden. «Queremos tener una candidata y no candidatos por default“, cerró. La frase sintetizó todo.
Pero lo que el discurso no dijo, lo completó la tribuna. Un video al que accedió Infobae registró cánticos contra el gobernador bonaerense entre los asistentes. La temperatura que Máximo mantuvo bajo control en el micrófono se expresó sin filtro entre la militancia.
“Está muy claro quién debe ser la conductora de este proceso político”, dijo desde el escenario el líder de La Cámpora. Y más adelante: “Los que todos los días hablan de unidad ni siquiera son capaces de ir a verla a San José 1111 para ver cómo está”. El único nombre propio que usó como blanco explícito fue el del gobernador catamarqueño Raúl Jalil —por segunda vez consecutiva en actos públicos— como ejemplo de lo que el kirchnerismo no está dispuesto a tolerar: un peronismo que actúa como socio del gobierno de Milei, que dio quórum a la reforma laboral. Que ese nombre aparezca dos veces no es un accidente: es la forma en que el cristinismo traza el límite de la cancha y le dice al resto del espacio de qué lado tiene que estar.
El discurso tuvo también una dimensión programática deliberada. “No hay manera de que la mayoría de los argentinos vivan mejor si la deuda externa no es reestructurada”, dijo Máximo. La reestructuración como condición previa a cualquier promesa electoral: no como consigna, sino como criba para separar quién habla en serio de quién no. Fuentes con acceso al círculo de la ex presidenta lo tradujeron así: “Muchos dirigentes hasta esa coma llegan, porque lo que hay que hacer tienen miedo de decirlo”.
En el cierre, Máximo habló de su madre en términos que quienes lo conocen califican de excepcionales. “No era la típica madre que te preparaba la torta de cumpleaños, no era la típica madre que te esperaba afuera de la escuela”, dijo. No pudo contener las lágrimas. Fue, según fuentes con acceso al círculo más cercano a la ex presidenta, la primera vez que habló de Cristina en esos términos frente a una multitud.
Las ausencias del MDF y la foto del cristinismo
Kicillof no fue al acto. Su ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, circuló entre la gente sin subir al escenario. El diputado provincial Mariano Cascallares —históricamente más cercano al cristinismo que al MDF— pisó brevemente las tablas. El Movimiento Derecho al Futuro había aparecido entre los convocantes en redes. En el acto, su presencia fue casi invisible. Según pudo confirmar Infobae, hubo quienes enviaron las banderas de sus municipios con sus propios nombres, pero no se presentaron en persona. “Es raro pregonar la unidad y, cuando se sabe que es un acto por el año de detención de Cristina, no mandar a nadie”, razonó una fuente con acceso al debate interno del espacio.
Las gradas detrás del atril concentraron, en cambio, a los senadores Wado de Pedro, Juliana Di Tullio, Mariano Recalde y Jorge “Coqui” Capitanich; los diputados Juan Grabois, Eduardo Valdés, Jorge Taiana, Vanesa Siley y Paula Penacca; el ex vicepresidente Amado Boudou, Mayra Mendoza, actual diputada bonarense, el ex jefe de Gabinete Juan Abal Medina, el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno; y los intendentes Federico Otermín, Mariel Fernández, Gastón Granados, Federico Achaval y Nicolás Mantegazza, entre otros. Varios de ellos integran el llamado “grupo AFA” por su cercanía con Claudio “Chiqui” Tapia. No hubo presencia sindical orgánica —excepto los empleados judiciales de Siley— ni representación cegetista. La CGT mantiene con Cristina una distancia que lleva más de una década.
Cristina no grabó ningún audio para la jornada. No publicó en redes. Mantiene el silencio en que está sumergida desde marzo, que solo interrumpió para despedir al Indio Solari y a Taty Almeida. Desde San José 1111, la disputa sobre quién la conduce y quién la sucede se desarrolla sin ella, o con ella como ausencia que estructura todo lo demás.
Gobernadores, PJ Federal y la disputa de métodos
Los gobernadores peronistas miraron el banderazo desde lejos y con incomodidad. La mayoría de los mandatarios provinciales del espacio —que necesitan operar en la práctica con el gobierno de Milei para sostener sus provincias, y que en muchos casos ya sellaron acuerdos presupuestarios o de obra pública con la administración nacional— no tienen margen para alinearse con la lógica de confrontación total que propone el cristinismo duro, pero tampoco les conviene quedar pegados a Kicillof en un momento en que su figura está siendo cuestionada desde adentro. El caso Jalil es el extremo más visible de esa tensión, pero no el único. Para buena parte del peronismo del interior, la discusión entre kirchnerismo y kicillofismo es una interna bonaerense que los exprime sin representarlos.
Ese malestar es el territorio que intenta ocupar el sector donde confluyen los dirigentes albertistas que bastonea Juan Manuel Olmos. El principal asesor político que tuvo Alberto Fernández y que hoy preside la Auditoría General de la Nación planteó en declaraciones a Radio Splendid una posición que tensiona contra la lógica del cristinismo duro sin confrontarla abiertamente.
“Ignorar el peso y la figura de Cristina en el peronismo es un error, es estar fuera de la realidad”, dijo. Y enseguida trazó la línea que lo separa de La Cámpora: “Dejar de hacer política y no discutir más de nada, no discutir ni el programa económico ni cuál es la propuesta para el ’27, a mí me parece que eso no es un programa de gobierno”.
Para blindar el argumento recurrió a la historia: “Perón también estuvo proscripto y exiliado, y sin embargo siempre alentó que el peronismo se presentara a elecciones y siempre dio la discusión”. La comparación tiene una arquitectura precisa: pone a Cristina en el lugar del líder histórico —lo que el kirchnerismo no puede objetar— pero le niega a La Cámpora el argumento de que su situación judicial clausura el debate. «Si nos organizamos y hacemos una competencia de ideas y de programas con un candidato que las lleve adelante, en el ’27 vuelve a ganar el peronismo“, cerró.
El kirchnerismo invierte esa lógica: primero Cristina como conductora y como candidata, y alrededor de esa doble certeza se construye todo lo demás. En la disputa entre esos dos métodos —más que entre nombres, por ahora— está la fractura que el banderazo de Parque Lezama dejó al descubierto con una claridad que la tregua del Indio había disimulado apenas el tiempo suficiente para organizar un velatorio.
POLITICA
El Gobierno autorizó la participación del Ejército Argentino en un ejercicio militar con Brasil
El Poder Ejecutivo dispuso la salida del territorio argentino de personal y medios nacionales para participar del Ejercicio Combinado Arandú 2026, una actividad militar conjunta que se realizará entre el 10 y el 17 de octubre en la ciudad brasileña de Rosario do Sul. El Decreto 1157/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, habilita el despliegue previsto ante la falta de tratamiento legislativo del programa anual de ejercicios combinados.
La actividad tendrá lugar en el campo de instrucción Barão de São Borja, en la República Federativa del Brasil, y reunirá al Ejército Argentino con el Ejército brasileño. El decreto señala que el objetivo central es profundizar la coordinación operativa, los vínculos institucionales y la confianza entre ambas fuerzas.
El gasto derivado de la misión será cubierto por las partidas correspondientes al Ministerio de Defensa, dentro de la subjurisdicción del Estado Mayor General del Ejército.
Arandú 2026 está incluido en el programa de ejercitaciones combinadas, previsto para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de agosto de 2027. Ese plan contempla tanto el ingreso de contingentes extranjeros a la Argentina como la salida de fuerzas nacionales para entrenamientos en otros países.
El Gobierno informó que el proyecto de ley para autorizar esas operaciones fue remitido oportunamente al Congreso, aunque todavía no recibió tratamiento en la Cámara de Diputados. Frente a esa situación, el Poder Ejecutivo resolvió habilitar de manera específica la presencia argentina en la actividad programada para octubre.
Según los fundamentos del decreto, el adiestramiento tendrá como eje la creación de procedimientos y técnicas compartidas para el empleo integrado de unidades de ambos ejércitos. El texto plantea que esa práctica busca elevar la capacidad de coordinación de organizaciones militares con perfiles operativos distintos.
Las áreas mencionadas incluyen Fuerzas Aerotransportadas, unidades aeromóviles, equipos de operaciones especiales, tropas blindadas y componentes de aviación. La finalidad es que los participantes conozcan los procedimientos de la otra fuerza, coordinen formas de empleo y pongan a prueba métodos de entrenamiento y ejecución táctica.
El Gobierno sostiene que la interoperabilidad resulta relevante para que fracciones militares de distintos países puedan actuar bajo pautas comunes. En este caso, la capacitación apunta a que las unidades argentinas y brasileñas desarrollen un marco compartido de planificación, comunicación y despliegue en operaciones combinadas.
La norma también menciona el intercambio de conocimientos, la actualización doctrinaria y la validación de procedimientos como resultados esperados del ejercicio. Esos aspectos se vinculan con la preparación de las tropas y con la compatibilidad de sus capacidades operativas durante actividades conjuntas.
La Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso autorizar la entrada de tropas extranjeras al territorio del país y la salida de fuerzas nacionales fuera de él. El Ejecutivo fundamentó el uso de un Decreto de Necesidad y Urgencia, por la proximidad de la fecha fijada para Arandú 2026 y en la ausencia de una definición parlamentaria sobre el programa anual.
El texto oficial señala que la no participación argentina en Arandú 2026 limitaría la posibilidad de entrenamiento con el Ejército brasileño. Además, considera que la ausencia en el ejercicio afectaría la transferencia de conocimientos y la revisión de estándares para operaciones combinadas.
De acuerdo a lo expresado en el anexo de esta medida, el Ejército Argentino tiene previsto movilizar hasta 405 efectivos, 99 vehículos y aeronaves para el Ejercicio Combinado Arandú 2026. La actividad incluye prácticas terrestres y aéreas, movimientos de tropas y empleo de munición de guerra.
El operativo contará con unidades argentinas de paracaidismo, asalto aéreo, operaciones especiales, blindados y aviación. Del lado brasileño, la planificación contempla la participación de hasta 1.100 efectivos y unos 200 vehículos, según el anexo oficial elaborado para autorizar el despliegue.
El costo estimado de la operación para Argentina asciende a $ 247.928.911, que serán financiados con el presupuesto asignado al Ejército Argentino. La delegación nacional cruzará a Brasil por vía terrestre, principalmente a través del paso internacional Paso de los Libres-Uruguaiana, con Santo Tomé-São Borja como alternativa o complemento.
Por parte de Argentina, intervendrán integrantes del Comando de la Fuerza de Despliegue Rápido, la IV Brigada Aerotransportada, la X Brigada Mecanizada, la I Brigada Blindada, la Agrupación Fuerzas de Operaciones Especiales, la Dirección de Aviación de Ejército, la Dirección de Transporte, la Dirección General de Organización y Doctrina y la Dirección General de Salud.
Entre los recursos argentinos previstos figuran 10 Tanques Argentinos Medianos, ocho vehículos de combate de transporte de personal Stryker 8×8, 21 transportadores de vehículos, nueve ómnibus y una flota de camiones, camionetas, motos y vehículos de apoyo.
El despliegue también prevé cuatro botes neumáticos de asalto, equipos de radio, visores nocturnos, paracaídas, brújulas, sistemas de observación, dispositivos de comunicaciones y un vehículo aéreo no tripulado. Además, la documentación menciona carpas de combate y una carpa destinada al puesto de comando.
La aviación del Ejército Argentino podrá operar hasta cinco helicópteros Bell UH-1H/II, un Bell 407 equipado con sistema FLIR, un avión Casa C-212 Aviocar, dos aviones Caravan C-208 y un Cessna Citation. El anexo identifica estas aeronaves como las principales plataformas estimadas para la ejercitación.
El material previsto incluye armamento individual y de apoyo de fuego. La lista menciona pistolas, fusiles, ametralladoras, lanzacohetes, cañones de 105 milímetros y dos cañones remolcados L33 de 155 milímetros. También se autorizó el traslado de munición para distintos calibres, incluidos proyectiles de fogueo y munición para los vehículos de combate.
Las fuerzas brasileñas desplegarán personal de Estado Mayor de una brigada blindada, una fuerza de tarea paracaidista y otra aeromóvil. El esquema incorpora unidades de maniobra de infantería y caballería, junto con elementos de artillería, ingenieros, comunicaciones, aviación y apoyo logístico.
El país anfitrión prevé movilizar aproximadamente 200 vehículos, entre ellos jeep Land Rover, vehículos Agrale Marruá, blindados Cascavel, Urutu o Guaraní, ambulancias, ómnibus y camiones destinados al traslado de personal, combustible, agua, insumos y material de apoyo.
Brasil aportará asimismo hasta un avión C-130 Hércules y 10 helicópteros H225M Caracal, AS350 Fennec y AS365K Pantera. El anexo aclara que esa disponibilidad puede modificarse según las posibilidades del país sede.
Los paracaídas MC1-1C que se usarán para los lanzamientos desde aeronaves serán provistos por el Ejército brasileño para tropas de ambos países. Esta práctica será parte de un programa que contempla operaciones aerotransportadas y asaltos aéreos.
La organización del ejercicio se apoya en acuerdos y reuniones bilaterales acumulados desde 2022. Entre los antecedentes figuran las conferencias de Estado Mayor de ambos ejércitos, reuniones de coordinación realizadas entre 2024 y 2026 y un análisis posterior a la edición de Arandú de 2023.
El programa también reúne experiencias previas desarrolladas bajo las denominaciones Hermandad, Yaguareté y Saci/Duende. Esas iniciativas quedaron concentradas en el ejercicio Arandú, de acuerdo con la documentación oficial.
POLITICA
YCRT denunció un sabotaje tras el descarrilamiento de un tren y pidió medidas urgentes: “No quieren que la empresa funcione”
Un tren de carga de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) descarriló en las últimas horas con 600 kilos de carbón y desde la empresa denunciaron un posible sabotaje. El gobernador Claudio Vidal aseguró que “no se descarta ninguna hipótesis”.
El interventor Pablo Gordillo confirmó a TN que se están realizando peritajes en la zona y afirmó que, según las primeras evaluaciones de la empresa, “la vía no presentaba inconvenientes”. También señaló que la locomotora “estuvo en condiciones desde hace una semana”.
Gordillo descartó además que el descarrilamiento haya sido provocado por un error humano. “El conductor aduce que algo lo sacó de la vía”, explicó. En ese sentido, afirmó que durante la inspección se detectó “un objeto extraño al costado que supuestamente se puso en la vía para provocar un desvío intencional”.
Otro de los elementos que el interventor destacó es el difícil acceso al lugar donde ocurrió el hecho. “Hay entrada por una estancia privada y un lodge de pesca. Y sino por la vía nuestra”, señaló Gordillo, en referencia a las posibilidades de llegar hasta ese sector.
POLITICA
Fentanilo mortal: García Furfaro pidió la nulidad de las pericias que lo involucran en la mayor tragedia sanitaria del país
El defensor de Ariel Fernando García Furfaro, el abogado Gastón Marano, presentó un planteo de nulidad contra lo que él entiende es uno de los principales elementos de pruebas que pesan sobre el propietario de los laboratorios HLB Pharma, los establecimientos que distribuyeron y elaboraron el fentanilo contaminado vinculado con, al menos 90 muertes de pacientes.
El escrito, al que accedió Infobae, apunta contra el ensayo de esterilidad realizado de forma conjunta por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y el laboratorio privado Gobbi Novag S.A., volcado en un documento de 991 páginas titulado “Informe ANMAT sobre resultados de muestras”.
La pericia cuestionada analizó “muestras de museo” (testigos que se deben guardar de manera obligatoria) de los lotes 31201, 31202, 31244 y 31245 de fentanilo producido por HLB Pharma, además de material remitido por el Hospital Italiano de La Plata, con el objetivo de aislar bacterias para su posterior secuenciación genética en el Instituto Malbrán.
En ese sanatorio privado, se registraron las primera víctimas fatales relacionadas con el potente anestésico de HLB Pharma. La dirección del Hospital Italiano fue quien realizó la denuncia ante la ANMAT y este organismo, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, lo denunció ante la Justicia a través de la Policía Federal Argentina.
Según el escrito de Marano, ese estudio constituyó “la piedra basal” que llevó al juez federal Ernesto Kreplak a la convicción sobre la identidad genética entre las bacterias halladas en las muestras de museo y las detectadas en los organismos de las víctimas. La defensa sostiene que se trata de “la única vez en que se analizaron, en forma directa, las muestras de museo de HLB Pharma y Ramallo”, lo que a su criterio vuelve decisiva cualquier objeción sobre su validez.
El delito imputado y la ampliación a 90 muertes
García Furfaro, propietario de HLB Pharma Group y de Laboratorios Ramallo, fue procesado por primera vez el 25 de septiembre de 2025. En esa resolución, Kreplak lo consideró “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud”, en los términos de los artículos 200 y 201 bis del Código Penal. El magistrado dispuso entonces la prisión preventiva del empresario, además de un embargo sobre sus bienes por un billón de pesos.
El 13 de mayo de 2026, Kreplak amplió esa acusación en una resolución de 382 páginas y elevó el número de víctimas fatales judicialmente confirmadas de 20 a 90 muertes, a las que sumó 44 pacientes no fallecidos con secuelas: dos con lesiones gravísimas, 41 con lesiones graves y uno con lesiones leves. Para llegar a ese universo, el juzgado cruzó la cantidad de ampollas del lote 31202 que había adquirido cada hospital con las historias clínicas de los pacientes que recibieron cinco ampollas o más durante el período de sospecha, criterio que la resolución fijó como umbral suficiente de exposición al medicamento contaminado. El propio fallo deja constancia de que la cifra podría ser mayor, dado que “las circunstancias emergentes de la instrucción permiten aseverar con certeza la existencia de un número superior de casos que los que fueran imputados”. Estimaciones de auditorías epidemiológicas y comisiones parlamentarias citadas en la causa elevan el total de víctimas en todo el país a un rango de entre 121 y 173.
Según la resolución judicial, a García Furfaro se le atribuye capacidad de decisión sobre todos los aspectos relevantes de ambos laboratorios, conocimiento pleno de las deficiencias productivas que derivaron en la contaminación de los lotes 31202 y 31244 -elaborados en diciembre de 2024 en la planta de Ramallo-, la destrucción de prueba digital mediante el borrado de los servidores de la empresa el 6 de mayo de 2025, y la omisión del recupero farmacéutico de las partidas ya vendidas pese a conocer la situación.
El sustento central de la imputación es la coincidencia genómica confirmada por el Instituto Malbrán entre las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica halladas en pacientes infectados y las detectadas en las ampollas de fentanilo secuestradas, hallazgo que surge justamente del ensayo de esterilidad que ahora la defensa busca anular.
En el expediente también fueron procesados su hermano Diego Hernán García (detenido igual que su hermano Ariel), el director técnico José Antonio Maiorano (detenido) , el director general Javier Tchukrán (prisión domiciliaria), la directora técnica de Ramallo Carolina Ansaldi (prisión domiciliaria), y la madre de los hermanos García, Nilda Furfaro (prisión domiciliaria), entre otros directivos y responsables de control de calidad de ambas firmas, en total suman 13. Las defensas apelaron la ampliación de los procesamientos el 24 de septiembre ante la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, que todavía no resolvió los recursos.
En un segundo tramo de la investigación, el juzgado también procesó a las entonces máximas autoridades de los organismos de control involucrados en la pericia cuestionada: Nélida Agustina Bisio, ex titular de la ANMAT, y Gabriela Mantecón Fumadó, ex directora del INAME, ambas fueron detenidas pero recuperaron la libertad después de abonar una caución real de 75 millones de pesos cada una.
El reclamo de la defensa
El primer argumento del planteo de nulidad se asienta en el artículo 258 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN). Marano explica que el juzgado no notificó a ninguna defensa del pedido de pericia ni habilitó el ofrecimiento de peritos de parte, “ni siquiera -como se estila- a cargo de una defensa oficial”. Según el escrito, para el momento en que se concretó el estudio ya existían sospechosos identificados: los laboratorios HLB y Ramallo habían sido allanados y sus directivos remitían información al juzgado “en un acto de defensa material”.
Desde la fiscalía y el juzgado afirman que se siguieron todos los pasos procesales dando a cada una de las defensas la posibilidad de supervisar cada uno de los pasos a lo largo de la compleja investigación judicial.
El documento agrega que, al no haberse formalizado el acto como pericia en sentido técnico, los profesionales intervinientes no prestaron juramento ni aceptación de cargo en los términos del artículo 257 del CPPN, “estando librado sólo a su conciencia su proceder”. Para la defensa del imputado que puede recibir una pena de prisión de 25 años: “Lo previo, entiendo, implica una inobservancia a lo previsto por el Art. 258 CPPN, la cual está explícitamente sancionada con pena de nulidad (cfr. Art. 166 CPPN), sin desmedro de que, asimismo, implica una afectación a la representación del imputado”.
Un competidor comercial, a cargo del análisis y la opinión de una querella
El escrito señala que el estudio de las “muestras museo” quedó en manos de “peritos que resultaban ser empleados de un laboratorio de la competencia de Ramallo y HLB Pharma, supervisados por peritos dependientes del Ministerio de Salud de la Nación, específicamente del INAME”. Para la defensa, esa combinación “representa la peor pesadilla imaginable para cualquier defensa”, ya que quienes debían establecer la responsabilidad penal del imputado “han sido seleccionados entre dependientes de la querella y dependientes de un competidor comercial”.
El planteo destaca que no existe documentación sobre el criterio técnico seguido para elegir al laboratorio Gobbi Novag S.A. entre otros laboratorios con sistemas validados de esterilidad, por lo que la designación “parece haber sido por completo discrecional”. Según Marano, el director técnico y otros directivos de esa firma estuvieron imputados en una causa de contrabando por connivencia con personal del INAME, de la que luego fueron sobreseídos, y la empresa registra antecedentes recientes de desvíos de calidad, incluida una prohibición dispuesta por la ANMAT el 8 de junio de 2024 sobre un lote de Clindanovag por presentar partículas en suspensión, y otra el 12 de junio de 2026 sobre lotes de Gobbifol/Propofol.
Una de las querellas consultadas por este medio sobre las objeciones que realizó la defensa de García Furfaro, y que aún no fue resuelta por el juez Kreplak opinó: “Es relativamente irrelevante porque igual el Instituto Malbrán detecta identidad genética y bacterias de pacientes de varios sanatorios, con bacterias de ampollas cerradas que quedaron en el Hospital Italiano de La Plata y también las que manda ANMAT son las muestras museo secuestradas en Ramallo, el laboratorio elaborador”.
Las sospechas sobre la ANMAT
La defensa dedica un extenso apartado a cuestionar la imparcialidad del personal del INAME, organismo de control que, junto a la ANMAT, depende del Ministerio de Salud.
El escrito recuerda que, mediante la resolución del 20 de agosto, el propio juzgado le había revocado el rol de querellante a la cartera de Saludal reconocer que “se ha generado el grado de sospecha suficiente para orientar la continuidad de la investigación hacia las posibles responsabilidades derivadas de omisiones y/o connivencias que pudieran existir en los órganos de control”.
Para el penalista Marano, esa misma sospecha “con mayor razón” debería extenderse a los dictámenes técnicos producidos por esas dependencias, más aún cuando la entonces administradora nacional de la ANMAT y la directora del INAME fueron luego imputadas en la causa.
El escrito cita declaraciones incorporadas al expediente, entre ellas la de la propia Mantecón Fumadó, quien habría afirmado que ningún informe del organismo podía emitirse “sin que fuese autorizada previamente y evaluada la respuesta y corregida por personal del Ministerio”. Según esa declaración, citada en el planteo, el ministro habría instruido en persona el cierre de los laboratorios de García: “Sí, cerrá, cerrá”.
La defensa de García Furfaro no lo dice pero, en la declaración también queda claro que el apuro por clausurar HLB Pharma y Ramallo se debía a las graves irregularidades que se habían detectado en las últimas auditorías y, sobre todo, en la anterior realizada semanas antes de la producción del fentanilo contaminado.
Contaminación en 15 áreas críticas del laboratorio
El segundo eje técnico del planteo se apoya en un informe del bioquímico Pablo César Ramírez (M.N. 10.700), aportado por la defensa, que según el escrito “releva tres aspectos metodológicos que no se ajustaron a los mandatos de la Farmacopea Argentina”. El primero refiere al incumplimiento de las condiciones ambientales exigidas para el ensayo de esterilidad, que según el protocolo vigente debía realizarse “en condiciones asépticas bajo Clase A o su denominación equivalente”.
El documento detalla que los propios controles ambientales de Gobbi Novag detectaron contaminación microbiológica en 15 áreas, entre ellas la mesada de flujo laminar y los guantes del operador, cuando la normativa exige menos de una unidad formadora de colonias en cada superficie analizada para validar el estudio.
A ese defecto se suman otras presuntas irregularidades: la Unidad de Aire de Microbiología (UMA11) presentaba fallas de calibración y su informe de calificación “quedó sin dictamen final: las casillas ‘APTA’ y ‘NO APTA’ no fueron marcadas y los recuadros de firma están en blanco”. El personal a cargo de la estufa de incubación, según consta en el expediente citado por la defensa, “no tenía capacitaciones realizadas” en su manejo, pese a lo cual el equipo fue declarado apto.
El informe pericial de parte también cuestiona el transporte del material. Señala que, en violación de la normativa de la ANMAT que exige una muestra por envase, se colocaron 16 placas juntas dentro de una misma caja reutilizada, identificada como N° OI 2025/963-INAME 169.
Según el escrito, el análisis de las fotografías reveló que ese recipiente pertenecía originalmente al laboratorio Bioartis, una firma que comercializa cultivos de referencia de Klebsiella pneumoniae, la misma bacteria que la pericia dijo haber encontrado en las muestras de museo. “¿Por qué usar uno de un laboratorio que los utiliza para enviar la misma bacteria que se estaba intentando encontrar?”, plantea el documento.
En este punto, vale recordar que las bacterias contaminantes ya habían sido detectadas por el laboratorio del Hospital Italiano de La Plata, motivo que llevó a realizar la denuncia ante la ANMAT.
La ausencia de cadena de custodia
El tercer pilar del planteo técnico refiere a la falta de cadena de custodia de las muestras. El escrito afirma que no existe “ningún instrumento -planilla, formulario o acta- que registre, tramo por tramo, quién entregó, quién recibió, en qué fecha y hora, en qué estado y bajo qué identificación el material, con firma de los intervinientes”. Según la defensa, tampoco se siguió el procedimiento previsto en el artículo 233 del CPPN ni se tuvo en cuenta la Resolución PGN 74/2024, que establece una guía de buenas prácticas para la preservación de pruebas en investigaciones penales.
El documento cita además una contradicción entre actas: mientras un informe habla de “14 (trece -sic-) ampollas en caja rotulada como muestra original” a fojas 9, el mismo dato se repite de manera idéntica a fojas 14, sin que quede claro si el remanente real fue de 13 o 14 unidades. Para la defensa, estas inconsistencias, sumadas a la falta de registro documentado, impiden garantizar que las ampollas analizadas en Gobbi Novag fueran efectivamente las mismas remitidas en origen por la ANMAT.
Con base en el conjunto de irregularidades descriptas, la defensa solicitó al juzgado que declare la nulidad de las actuaciones realizadas por el INAME y Gobbi Novag, y que, de manera subsidiaria, se repita la pericia “con profesionales de oficio imparciales y con la participación de peritos de parte”, con preferencia por la intervención de universidades públicas. El escrito sostiene que “cada uno de estos vicios, considerado de modo aislado, es suficiente para declarar la nulidad pedida” y que, “considerados conjuntamente, la misma se vuelve insoslayable”.
El documento introduce asimismo una reserva de caso federal en los términos del artículo 14 de la ley 48, con invocación de los artículos 18 de la Constitución Nacional, 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y deja planteada la eventual intervención de organismos internacionales de derechos humanos en caso de que la prueba cuestionada continúe sosteniendo el procesamiento de Ariel García Furfaro.
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