El Gobierno y sus aliados encontraron una salida para evitar que la situación de Manuel Adorni se defina esta semana en el recinto de Diputados. La oposición difícilmente conseguirá mañana los 129 diputados necesarios para abrir la sesión especial convocada para debatir la interpelación del jefe de Gabinete y una eventual moción de censura. A cambio, el oficialismo se comprometió a abrir la comisión de Asuntos Constitucionales para comenzar allí la discusión el martes 30 de junio.

La fórmula satisface a ambos sectores. Los libertarios ganan tiempo para intentar descomprimir la crisis, mientras que Pro y la UCR evitan quedar asociados al kirchnerismo en una votación que podría acelerar la caída del funcionario. Desde la oposición, en tanto, señalaron que se trata “de una maniobra dilatatoria para encubrir” al jefe de Gabinete. Así lo expuso Germán Martínez, jefe de bloque del PJ.

La decisión involucra principalmente al interbloque Fuerza del Cambio, que preside Cristian Ritondo e integran Pro, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), el santacruceño José Garrido y la radical bonaerense Karina Banfi. Buena parte de esos espacios no quiere ser la que termine definiendo el futuro político del jefe de Gabinete.

En esos bloques predomina la idea de que debe ser Javier Milei quien resuelva la continuidad de Adorni o, en última instancia, que sea el Senado el que termine de sellar su suerte.

La estrategia fue conversada durante las últimas horas entre Martín Menem y referentes de los distintos espacios. También participó la secretaria parlamentaria del oficialismo, Silvana Giudici, cercana a Patricia Bullrich.

El presidente de la Cámara baja no sólo busca dilatar la discusión hasta que se despeje el frente judicial y político del funcionario. También pretende sostener la agenda legislativa del oficialismo y enviar una señal al Senado.

La preocupación del Gobierno pasa por la interpretación que comenzó a consolidarse en la Cámara alta respecto del mecanismo de interpelación y moción de censura. La semana pasada, durante una reunión de Labor Parlamentaria, los senadores acordaron que la interpelación puede aprobarse por mayoría absoluta del cuerpo sin necesidad de contar previamente con un dictamen de comisión ni reunir los dos tercios de los presentes que se exigen para los proyectos tratados sobre tablas.

Esa postura fue aceptada por la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, que además fue una de las dirigentes que reclamó públicamente explicaciones a Adorni. El criterio inquieta a la Casa Rosada porque acelera los tiempos parlamentarios y reduce las herramientas para contener la crisis.

Bullrich aceptó que la Cámara alta vote el próximo jueves una interpelación para el 2 de julio. Del desempeño de Adorni en esa instancia dependerá la posibilidad de avanzar luego con una moción de censura.

En Diputados, en cambio, Menem intenta recorrer el camino inverso. La apertura de Asuntos Constitucionales permitiría discutir el procedimiento, convocar especialistas y trasladar la discusión al ámbito de las comisiones.

“Nunca se utilizó la herramienta de la interpelación seguida de una moción de censura. Hay que convocar a constitucionalistas para discutir cómo abordarla”, sostienen en el oficialismo.

La decisión también le permitiría a Menem avanzar con la agenda económica del Gobierno. El presidente de la Cámara quiere sesionar este miércoles para aprobar el acuerdo con los holdouts Bainbridge y Attestor por US$171 millones y dar media sanción al denominado “Súper RIGI”, el régimen de promoción para inversiones superiores a los US$1000 millones.

Hasta ahora, la situación de Adorni había paralizado cualquier intento. Los aliados no estaban dispuestos a ausentarse de la sesión convocada por la oposición y aparecer al día siguiente respaldando la agenda oficial. La apertura de la comisión ofrece una salida intermedia: mantener vivo el debate sobre el jefe de Gabinete mientras se posterga cualquier definición sobre su continuidad.

La cautela de los aliados también responde a diferencias internas entre ambas cámaras. En el Senado, donde Mauricio Macri conserva una influencia directa a través de Martín Goerling, jefe del bloque Pro, el partido ya dio señales de que está dispuesto a avanzar con los pedidos de explicaciones a Adorni.

En Diputados, en cambio, Ritondo evita convertirse en el dirigente que termine definiendo la suerte del jefe de Gabinete y deja las críticas más duras en manos de Fernando de Andreis, uno de los dirigentes más cercanos al expresidente dentro del universo legislativo macrista.

Algo similar ocurre en la UCR. Mientras que en el Senado una mayoría de los radicales se muestra dispuesta a acompañar el avance contra Adorni, en Diputados predominan posiciones más prudentes. Allí pesa especialmente la influencia del gobernador mendocino Alfredo Cornejo, uno de los principales interlocutores del oficialismo entre los mandatarios provinciales.

Esa diferencia explica por qué la oposición todavía no tiene asegurados los 129 diputados necesarios para abrir la sesión de mañana.

En el oficialismo admiten, de todos modos, que la estrategia depende de que no aparezcan nuevos elementos que comprometan al jefe de Gabinete. Los libertarios tienen una mayoría ajustada en Asuntos Constitucionales y necesitan permanentemente del acompañamiento de Pro. Si la situación de Adorni vuelve a agravarse, los acuerdos podrían desarmarse con la misma rapidez con la que se construyeron.