La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de la Fiscalía de Salta presentó una acusación formal por fraude a la administración pública contra el ex presidente de la Sociedad del Estado “Pan Solidario”, su esposa y su cuñada, por presuntas maniobras irregulares cometidas durante 2023 que generaron un daño económico superior a los $150 millones.

Se trata de Luis Emilio F. M., quien estuvo al frente del organismo entre abril de 2021 y enero de 2024. De acuerdo con la fiscal Ana Inés Salinas, se trata del presunto autor del delito; mientras que su esposa —R.G.D. y la hermana J.G.D.— fueron imputadas como partícipes necesarias.

A partir de la acción llevada a cabo por la funcionaria la Oficina Judicial deberá sortear al juez interviniente y convocar a la audiencia de control donde se definirá si la causa queda en condiciones de ser elevada a juicio.

Qué reveló el caso

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 24 de mayo de 2024 por el Procurador General de la Municipalidad de Salta. Según la hipótesis fiscal, el hombre acusado habría intervenido en contrataciones con proveedoras vinculadas a su propio grupo familiar, lo que configuró una situación de conflicto de intereses en el manejo de fondos públicos.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio Público Fiscal de la provincia, ambas mujeres se incorporaron como proveedoras del organismo poco antes de concretarse las operaciones investigadas, sin registrar antecedentes comerciales ni experiencia previa en el rubro. Las contrataciones con la esposa del implicado alcanzaron $48.833.755,34; y las realizadas con su cuñada sumaron $7.739.180, según la documentación contable incorporada al expediente.

La Fiscalía argumentó que parte de los insumos facturados no habrían ingresado efectivamente al organismo ni fueron registrados en stock. El informe del Gabinete de Delitos Económicos del Centro de Investigaciones Fiscales (CIF) determinó faltantes de mercadería por montos millonarios, con una proyección actualizada que supera los $150 millones en uno de los casos analizados. Entre los principales faltantes figuran importantes volúmenes de harina y dulce de leche.

A eso se suman diferencias entre los precios abonados y los valores de mercado en la compra de determinados insumos. También se detectaron compras de materias primas en cantidades superiores a las requeridas para la producción, sin que el excedente quedara registrado ni en stock.

Según la hipótesis fiscal, Luis Emilio F. M. autorizaba las contrataciones y los pagos cuestionados, en tanto las dos proveedoras habrían intervenido en el circuito de facturación de las operaciones investigadas. Esto para las autoridades significaría que el accionar conjunto permitió el desvío de fondos públicos mediante compras sobrefacturadas, mercadería que no ingresó al organismo y operaciones incompatibles con los deberes de administración propios del cargo.

Fraude en PAMI

A principios del mes pasado, una auditoría interna del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) detectó una red de fraude sistemático en prestaciones oftalmológicas y ópticas que se replica en múltiples provincias del país, con al menos cinco modalidades de desvío que van desde la sobrefacturación de anteojos hasta el cobro de prestaciones inexistentes. Los datos, a los que Infobae tuvo acceso exclusivo, surgen de cruces del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y relevamientos prestacionales en Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja y Concordia.

Los prestadores recetaban lentes de baja graduación, pero facturaban módulos de alta graduación, hasta cinco veces más caros. La segunda modalidad eran las prestaciones fantasma, consultas sin historia clínica, estudios de fondo de ojos o topografías nunca realizados, con hasta el 50% de las órdenes sin respaldo clínico en algunos casos. Se sumaron la manipulación de códigos de facturación, circuitos cerrados con conflicto de interés y el cobro indebido a afiliados por prestaciones que debían ser gratuitas. En este último esquema, el prestador cobraba dos veces: al afiliado y al PAMI. Se detectaron casos de hasta USD 1.500 más $353.500 por lentes que debían estar cubiertos.

La auditoría documentó tres casos con datos específicos. En Santiago del Estero, se confirmaron 606 casos de sobrefacturación con un perjuicio de $10,4 millones en la muestra auditada y el 95% de las recetas derivadas a una misma óptica con vínculo familiar con el médico prescriptor. En Mar del Plata, 58 prestaciones carecían de historia clínica. En Entre Ríos, un único profesional sobrefacturó 613 casos, con 151 consultas sin historia clínica y 16 recetas emitidas sin dioptrías. En Concordia, 830 casos quedaron concentrados en un solo médico.

“Esta gestión no encubre, investiga y denuncia. Hay un mandato claro de sanear el sistema y erradicar los abusos”, afirmaron fuentes del organismo en diálogo con Infobae. Hay al menos seis causas judiciales activas impulsadas por el PAMI y la Unidad Fiscal Especializada (UFI-PAMI) ante la Justicia Federal en distintas jurisdicciones.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 resolvió que Lázaro Báez continúe alojado en el penal de Ezeiza, tras rechazar por segunda vez su pedido de arresto domiciliario por cuestiones de salud.

La decisión se fundamentó en que las patologías crónicas del empresario, como hipertensión, diabetes tipo 2, EPOC, obesidad leve y adenoma de colon con displasia de alto grado, se encuentran estables, bajo tratamiento y pueden ser atendidas en su lugar de detención.

En esa línea, los jueces ordenaron intensificar los controles médicos en prisión.

Días atrás, Casación resolvió que el Tribunal revise su decisión de no concederle la domiciliaria, al sostener que su situación de salud empeoró.

En cumplimiento de esa directiva, el juez Néstor Costabel, miembro del tribunal junto con Fernando Canero y Ricardo Basílico, visitó personalmente a Báez en Ezeiza para constatar su estado de salud.

El fiscal federal Abel Córdoba se opuso al beneficio. Sostuvo que no se acreditaron cambios relevantes en el estado de salud desde abril pasado, que las eventuales demoras en la atención médica no generaron un daño concreto e irreversible y que las deficiencias señaladas por la defensa ya habían sido subsanadas.

En ese sentido, el tribunal dispuso que el Servicio Penitenciario remita informes médicos semanales, gestione los traslados necesarios al Hospital Eurnekian y al Hospital de Gastroenterología Udaondo para realizar una videocolonoscopía con los estudios prequirúrgicos correspondientes, y mantenga controles de glucemia dos veces por día.

Casación pidió también que el TOF considere que, además de su situación de salud, se suma que la pareja de Báez se encuentra en medio de un tratamiento por un cáncer y a cuidado de sus dos hijos menores de edad.

Además, los ingresos por alquiler que sostenían al grupo familiar fueron afectados a una cuenta judicial y que las autoridades que velan por la salud de los menores se pronunciaron a favor de la medida en resguardo del interés superior de los niños.

Báez cumple una pena de 15 años de prisión, unificada en julio de 2025 por el mismo Tribunal Oral Federal N° 4. Esa condena combina los 10 años impuestos por lavado de activos agravados en la causa conocida como “Ruta del Dinero K” y los 6 años por administración fraudulenta en la causa “Vialidad”, vinculada a la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz durante la gestión de Cristina Kirchner.

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La defensa había alegado que las condiciones de detención agravaban el estado de salud del empresario y que existían demoras en la atención médica que ya habían ocasionado perjuicios.

El tribunal consideró que esos planteos no se corroboraron con elementos objetivos suficientes para justificar una modificación del régimen de cumplimiento de la pena.

Lázaro Baez, prision domiciliaria, Justicia

La iniciativa de la Administración Nacional de la Seguridad Nacional (ANSES), destinada a facilitar la gestión de trámites previsionales y asignaciones familiares en los espacios laborales que comenzó a implementarse en 2018, ampliará sus fronteras y alcanzará a más trabajadores.

La medida eliminó del programa “ANSES Va a Tu Trabajo” el requisito mínimo de 100 trabajadores que regía desde la creación del esquema y extendió la cobertura a los familiares directos de los empleados. En esa misma línea, incorporaron a las organizaciones del tercer sector como nuevas entidades elegibles.

Los cambios rigen desde hoy con la publicación en Boletín Oficial de la resolución 178/2026, que incorpora de forma expresa a los cónyuges, convivientes e hijos menores de 18 años de los trabajadores en relación de dependencia que hasta ahora quedaban afuera. Con la definición tercer sector, el Gobierno incorpora organizaciones sin fines de lucro, asociaciones civiles y fundaciones, lo cual representa una novedad respecto del diseño original, que solo contemplaba empresas privadas, organismos estatales y entidades intermedias con representación gremial o sectorial.

El programa funciona como un canal de atención descentralizada, con modalidad presencial y remota, a través del cual ANSES lleva sus servicios directamente a los lugares de trabajo para que los empleados puedan realizar trámites previsionales y de seguridad social sin concurrir a una oficina del organismo.

“La medida propuesta permite ampliar la atención al público en todo el territorio geográfico de la Nación, reduciendo el impacto de requerimientos presenciales en las Oficinas de ANSES y agilizando, en consecuencia, los trámites que deseen realizar”, explica el documento.

En el plano institucional, la resolución transfiere la gestión del programa de forma específica a la Dirección Central de Gestión y Soporte Operativo, dependiente de la Dirección General de Prestaciones Centralizadas, una decisión que se había comunicado en abril por la Resolución 108/2026 pero solo en términos generales.

Junto con las actualizaciones, la norma aprueba dos nuevos anexos que reemplazan a los originales. El primero es un modelo actualizado de Convenio de Adhesión y el Anexo II son las nuevas Condiciones Generales del programa.

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Qué dicen los principales puntos del programa

• Prioridad para organismos públicos, se establece de forma explícita que los organismos públicos tendrán prioridad en la evaluación de las solicitudes de adhesión. Los criterios de admisión consideran la capacidad operativa de ANSES, la cantidad de empleados del solicitante y la extensión territorial.
• Canal de difusión y casilla de correo, se incorpora un mecanismo de comunicación formal y se habilita un e-mail tanto para solicitudes de adhesión como para el intercambio de novedades entre las partes.
• Control centralizado de los operadores, cada uno de estos no puede delegar sus funciones salvo autorización expresa de los responsables del programa.
• Representantes técnicos, cada entidad adherida debe designar dos, quienes interactúan directamente con los operadores de ANSES.
• Compromisos de ANSES, se obliga a designar un operador de enlace, controlar y validar la documentación presentada y otorgar a la entidad una Clave de Seguridad Social Corporativa, que solo permite consultas sobre el personal en relación de dependencia asociado al CUIT del empleador.
• Seguridad de los datos, ambas partes están obligadas a adoptar medidas técnicas y organizativas para prevenir la adulteración, pérdida o acceso no autorizado a la información.
• Firma electrónica, la información transferida mediante mecanismos de firma electrónica definidos por ANSES tiene valor de plena prueba. Ninguna de las partes puede repudiar la información brindada ni desconocer las firmas electrónicas utilizadas.
• Vigencia y rescisión, el convenio entra en vigor desde su suscripción y se mantiene mientras rija el programa. Cualquiera de las partes puede rescindirlo de forma unilateral y sin expresión de causa, con un preaviso de 30 días. La rescisión no interrumpe los trámites en curso.

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