En las próximas semanas, el gobierno de Javier Milei enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para desregular el sector inmobiliario con el objetivo de que el corretaje sea un servicio de intermediación comercial y no una profesión liberal. Este cambio es impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y genera tensiones con los colegios de martilleros, quienes buscaron apoyo político para impedirlo.

Según pudo saber Infobae a partir de fuentes involucradas en la redacción, la propuesta para desregular el mercado inmobiliario se enviaría al Congreso en las próximas dos semanas. El texto prevé la eliminación de la obligatoriedad de la matrícula en un colegio profesional, la supresión de aranceles mínimos y honorarios obligatorios, y el fin de la exigencia de título universitario que impone la Ley 25.028. Además, plantea desarticular el monopolio de los colegios en su rol sancionador, derogar las sanciones por el ejercicio sin matrícula y eliminar las restricciones geográficas para operar en distintas jurisdicciones.

El argumento central del proyecto, según los actores que participaron en la elaboración, es que el corretaje inmobiliario debe dejar de considerarse una profesión liberal y pasar a ser entendido como un servicio de intermediación comercial.

Estas fuentes señalan que los antiguos sindicatos, cámaras y asociaciones inmobiliarias fueron estableciendo barreras artificiales académicas y territoriales, como la matriculación obligatoria y los honorarios mínimos, que restringieron el acceso a la industria, fijaron precios y limitaron la competencia.

“Todos los puntos se resumen en un concepto: el corretaje inmobiliario no es una profesión liberal, sino un servicio de intermediación comercial”, sostuvo una fuente en off the record.

A principios de mayo, durante el evento “Real estate 2026: expectativas y realidad” que se realizó en el Auditorio Juan Pablo II de la Universidad Católica Argentina (UCA), Sturzenegger defendió el proyecto y afirmó que es una “aberración social” que un colegio profesional fije un precio mínimo para los servicios inmobiliarios.

“El problema no es la existencia de los colegios en sí, sino cuando usan el poder del Estado para fijar condiciones que no responden al mercado”, expresó por aquel entonces. El funcionario remarcó que la iniciativa busca bajar los costos de construcción y garantizar mayor acceso a la vivienda.

Pero desde que el ministro de Desregulación y Transformación adelantó que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de Ley para desregular el sector inmobiliario, se generaron movimiento de propios y ajenos. La semana pasada, diputados de La Libertad Avanza (LLA) de la provincia de Buenos Aires presentaron en la Legislatura un proyecto para desregular el sector inmobiliario a nivel provincial.

Sin embargo, debieron retirarlo porque no estaba alineado con el texto nacional que impulsa Sturzenegger. La decisión de dar marcha atrás respondió a la necesidad de unificar la estrategia oficial y evitar que iniciativas locales avancen de manera descoordinada respecto al proyecto que el Ejecutivo presentará en el Congreso.

La posibilidad de una desregulación federal generó preocupación entre los martilleros. El 4 de junio pasado, autoridades del Colegio y Caja de Previsión Social de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires mantuvieron una reunión con Sergio Massa para buscar respaldo político frente al avance del proyecto. El encuentro marcó una de las más recientes apariciones públicas del líder del Frente Renovador y reflejó el nivel de inquietud que existe en el sector acerca de la posibilidad de perder el esquema actual de colegiación y los beneficios asociados.

Según una fuente con acceso a la redacción del proyecto, “todas las leyes provinciales del corretaje como profesión liberal surgieron a partir del año 2003, diez días después de la asunción de Néstor Kirchner como presidente. Los colegios inmobiliarios fueron consolidando su posición gracias a esas normas. Ya existían asociaciones y sindicatos, pero el monopolio de las matrículas y la colegiatura obligatoria comenzó en ese momento; por eso algunos los describen como unidades básicas peronistas”.

El texto prevé la eliminación de las sanciones por el ejercicio sin matrícula y el fin de los aranceles mínimos y honorarios fijos. En la argumentación, el proyecto cuestiona que los colegios profesionales hayan logrado utilizar el poder estatal para establecer condiciones que limitan la competencia y afectan la dinámica de mercado. El objetivo, en palabras de Sturzenegger, se centra en habilitar mayor competencia y menores costos para quienes desean acceder a una vivienda.

El anuncio oficial, realizado durante el encuentro en la UCA, coincidió con la expectativa de desarrolladores e inmobiliarios que reclaman cambios en la regulación desde hace varios años. El debate sobre la colegiatura obligatoria y los aranceles mínimos se intensificó tras el intento fallido de avanzar con una desregulación a nivel provincial. El Gobierno priorizó el proyecto nacional y optó por postergar las iniciativas provinciales hasta que el Congreso discuta la propuesta principal.