POLITICA
El Gobierno prepara anuncios para la primera conferencia de Ravier y alista las reformas de Desregulación
El Gobierno prepara anuncios para la primera conferencia de prensa de Adrián Ravier como vocero presidencial y alista las reformas de Desregulación. El nuevo portavoz confirmó que tendrá su presentación oficial este viernes a las 11 y que el próximo martes, también a las 11, encabezará su primera conferencia abierta a los periodistas acreditados.
En el Ejecutivo quieren que el debut del nuevo portavoz sea “contundente” y trabajan en una agenda de gestión enfocada en lo económico para desplazar el eje del caso Manuel Adorni y de sus derivaciones judiciales. Los equipos de comunicación del oficialismo preparan un esquema de respaldo y difusión para las intervenciones públicas y digitales de Ravier, similar al que se usó en los primeros meses de gestión de Adorni al frente de la comunicación oficial.
En la Casa Rosada buscan construir el perfil del economista pampeano a partir de sus primeras conferencias, las repercusiones de sus anuncios, la defensa de sus intervenciones y el tono que intentarán instalar. En varios despachos oficiales sostienen que el impacto inicial de Adorni como vocero fue también producto de una maquinaria política y digital que ordenaba, recortaba y amplificaba sus intervenciones.
En Balcarce 50 creen que pueden volver a construir ese efecto con Ravier, pero con un tono más sobrio, técnico y menos orientado al choque con la prensa. La diferencia, sostienen en sus filas, será el estilo. El nuevo vocero apunta a un perfil más sobrio, técnico y económico, lejos de la lógica confrontativa que caracterizó a Adorni en buena parte de sus conferencias.
En el entorno del jefe de Estado creen que ese cambio es necesario para recuperar credibilidad comunicacional después de semanas en las que cada aparición del jefe de Gabinete terminó atravesada por su situación patrimonial, sus declaraciones juradas y las causas judiciales. El objetivo es que el nuevo vocero sea presentado como una voz de defensa del programa económico y de la gestión.
En el Gobierno siguen trabajando sobre la estructura que tendrá Ravier como vocero, junto con su designación formal y la del nuevo secretario de Prensa, Fabián Fernández. El economista participará de las reuniones de Gabinete para estar al tanto de la agenda de gestión, pero no se sumará a la mesa política que encabeza Karina Milei para definir envíos legislativos y poroteos en el Congreso.
Uno de los puntos que está en estudio para integrar la primera presentación es el paquete de desregulación que trabaja Federico Sturzenegger. En el Ejecutivo aseguran que el texto ya está en la Secretaría de Legal y Técnica y que es una prioridad para el oficialismo. “Lo están revisando, pero se va a mandar en el corto plazo”, expresan en Nación.
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En la Casa Rosada reconocen que es probable que ese paquete sea incluido entre los anuncios que preparan para Ravier. La iniciativa reúne cambios sobre seguros, cabotaje, mercado inmobiliario y mercado de capitales. En Balcarce 50 lo presentan como una nueva etapa de la agenda de desregulación, con foco en reducir costos, ampliar competencia y eliminar barreras de entrada en sectores que consideran “sobrerregulados”.
El capítulo de seguros es uno de los más relevantes para Milei. El Presidente viene hablando de la “revolución de los seguros”, una idea que presentó como parte de su visión sobre el achicamiento del Estado: desarrollar mercados privados de cobertura más competitivos, profundos y completos para reducir la necesidad de que el sector público actúe como prestador de última instancia.
Ese enfoque conecta con el evento de la Fundación Faro, donde Milei se mostró con Ravier y con David Friedman, hijo de Milton Friedman. El economista estadounidense impulsa el pensamiento libertario y anarcocapitalista, con una obra centrada en la provisión privada de servicios que tradicionalmente se asocian al Estado. En su entorno ven un marco doctrinario compatible con el discurso presidencial.
La reforma sobre seguros todavía no está explicitada en su letra fina. En despachos oficiales hablan de ampliar la oferta, habilitar más competencia y reducir costos, pero evitan precisar si el texto modificará directamente la Ley 20.091, que regula a las entidades aseguradoras, o si avanzará sobre normas complementarias de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
El paquete también incluye el capítulo de cabotaje. El Gobierno quiere modificar el régimen que reserva la navegación entre puertos argentinos a embarcaciones de bandera nacional y tripulación local. En el Ejecutivo sostienen que la apertura permitiría reducir costos logísticos para cargas del litoral, mejorar la competitividad exportadora y facilitar el transporte fluvial interno.
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Otro frente es el mercado inmobiliario. El borrador apunta a eliminar requisitos como la matrícula obligatoria y el título universitario para la intermediación inmobiliaria, además de liberalizar honorarios, quitar restricciones geográficas y limitar el poder sancionatorio de los colegios profesionales. Ese capítulo puede abrir una discusión con provincias y colegios profesionales, que defienden la regulación local de la actividad.
El cuarto eje es el mercado de capitales. En la Casa Rosada lo vinculan con la necesidad de ampliar instrumentos de financiamiento privado, facilitar operaciones y reducir trabas regulatorias. Buscan que esa agenda se combine con el Súper RIGI, la flexibilización del crédito en dólares y la autorización para tomar deuda por hasta US$5000 millones, en la previa de vencimientos relevantes de julio.
El resto de los proyectos que estaban en carpeta quedó más demorado. En Balcarce 50 reconocen que la prioridad ahora es ordenar la comunicación, sostener los proyectos que ya están en tratamiento y elegir con cuidado los próximos envíos al Congreso. El caso Adorni, las tensiones con Patricia Bullrich y las negociaciones con aliados obligaron a recalcular tiempos legislativos.
Gobierno, Adrián Ravier, reforma
POLITICA
El Gobierno monitorea la inminente salida del buque que reabrirá la ruta comercial entre Chile y Malvinas
El Gobierno se mantiene en alerta frente al viaje del buque comercial chileno Danstar desde Punta Arenas hacia las islas Malvinas y busca evitar una escalada diplomática con la administración de José Antonio Kast. En la Casa Rosada no prevén presentar por ahora una protesta formal y consideran que una reacción anticipada puede abrir un conflicto bilateral que termine favoreciendo los intereses británicos en el Atlántico Sur.
En el Ejecutivo aseguran que la prioridad es preservar la relación con Chile, especialmente después del compromiso de Kast de respaldar el reclamo argentino de soberanía y evitar el apoyo logístico a la explotación petrolera británica en las islas. Sin embargo, admiten que todavía no hay una definición sobre los pasos que tomará la Argentina si finalmente se concreta la operación comercial. “Queremos evitar un conflicto con Chile, pero si hay que actuar, lo haremos”, sostienen en Nación.
La cautela responde también a la interpretación política que hacen en Balcarce 50 sobre la controversia. En sectores del Gobierno consideran que existen intereses externos que buscan provocar una reacción argentina antes de que zarpe la embarcación. La hipótesis es que una protesta preventiva podría generar un enfrentamiento con el país trasandino incluso sin que se haya producido todavía una operación que afecte el reclamo de soberanía.
La evaluación oficial contrasta con la información que manejan fuentes militares sobre los preparativos del servicio. Según pudo saber TN, el contrato para la operación del buque está cerrado y el primer zarpe está previsto entre el 10 y el 15 de noviembre. La planificación contempla además viajes periódicos, aproximadamente uno por mes, para abastecer a las islas. Se trata de información que todavía no cuenta con una confirmación formal del Gobierno argentino.
En Defensa, por su parte, aseguran que la cuestión la concentra Cancillería y que no existe por ahora una instrucción operativa para las Fuerzas Armadas. En despachos oficiales explican que no quieren convertir una controversia diplomática y comercial en un conflicto militar. La decisión sobre una eventual respuesta argentina sigue pendiente.
El principal punto de discusión es la naturaleza de la carga que transportará el Danstar. El Gobierno diferencia el abastecimiento comercial ordinario de las islas del suministro de materiales o equipamiento destinados al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La Argentina considera ilegales las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos desarrolladas sin su autorización en el área en disputa.
La eventual navegación por aguas territoriales argentinas plantea además una discusión sobre el régimen de paso inocente establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Su artículo 19 dispone que el tránsito de buques extranjeros debe realizarse sin perjudicar la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño. No obstante, el alcance de esa disposición frente a cargas eventualmente destinadas a Sea Lion exige una evaluación jurídica específica.
POLITICA
Los gobernadores piden más obras y Santilli lanzó una advertencia: “Deberían estar preocupados si vuelve el kirchnerismo”
Un día después de una jornada clave en el Congreso, donde el oficialismo nacional logró frenar una sesión especial gracias a los gobernadores aliados, varios mandatarios se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con nuevos pedidos de obras de infraestructura.
Los más cercanos a la Casa Rosada insistieron en la necesidad de “acuerdos federales” y “una visión federal”.
Minutos antes del inicio del encuentro, Diego Santilli lanzó una dura advertencia. El jefe de Gabinete sostuvo que si Axel Kicillof ganara las elecciones “los que tendrían que estar preocupados son los gobernadores”. “Volverían los cortes de rutas, los piquetes, la quita de coparticipación, en el sur avanzarían las tomas de tierras, se ocuparían campos, dicen que quieren retroceder con los regímenes de inversión, imaginen cómo impactaría en Neuquén y Río Negro, qué pasaría con Córdoba si vuelve la 125 con las retenciones, qué pasaría con el gobernador de Santa Fe si lo vuelven a dejar solo en la lucha contra el narcotráfico, qué pasaría en Salta con la minería”, detalló.
Encargado de alcanzar acuerdos políticos con las provincias, el jefe de Gabinete -quien también pasará por el encuentro del CFI junto con Federico Sturzenegger- afirmó en declaraciones a Radio Mitre, “nosotros trabajamos con los gobernadores que creen en un país distinto, que siguen luchando para que lleguen sus inversiones y para que se genere trabajo en sus provincias”.
Por la reunión del CFI pasó Kicillof (quien ayer estuvo en la plaza del Congreso), el cordobés Martín Llaryora, el santiagueño Elías Suárez y el entrerriano Rogelio Frigerio, quienes compartieron la mesa de arranque, en la que el diagnóstico común fue que la Argentina tiene serios problemas de infraestructura, que encarece el traslado de productos y quita competitividad.
Con más o menos intensidad, todos señalaron que la Nación debe poner en marcha un plan federal de infraestructura.
El anfitrión de la Cumbre Federal de Logística es Ignacio Lamothe, un peronista que tiene vínculo con todos los mandatarios provinciales. Recibió sus elogios a lo largo de la jornada por el financiamiento y la asistencia técnica del organismo.
Esos planteos contrastan con los cuestionamientos libertarios, que apuntan a que el CFI es una “caja política” de los gobernadores.
Referentes de la Casa Rosada lo ven como un espacio donde los mandatarios provinciales diseñan estrategias de confrontación.
Hace poco más de un año, de una reunión de todos los gobernadores en el CFI surgieron los proyectos de ley para una nueva distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles. Fue la primera y única vez de reacción conjunta.
De la cumbre de logística participan técnicos y empresarios del sector; unas mil personas siguieron las exposiciones de los mandatarios.
En la mesa de los gobernadores prefirieron apuntar a los consensos que mantienen y subrayar la necesidad de que el país logre continuidad sobre determinadas políticas públicas, como es la relacionada a infraestructura.
En contacto con , Llaryora señaló que entre los gobernadores, la charla previa se centró sobre el efecto del Súper Niño: “Estamos todos muy preocupados, y comentamos lo que venimos haciendo cada uno ya que ya hay situaciones complicadas. Insisto en que es necesario una economía ordenada, pero también infraestructura, y plan industrial”.
Fuentes de Frigerio confirmaron que “no hubo” mención a la agenda nacional en el Congreso y que esas negociaciones son individuales entre la Casa Rosada y cada gobernador. “Cada uno está concentrado en lo suyo”, deslizaron.
Todos los mandatarios prefirieron irse sin tener contacto con los periodistas y no hubo referencias a las declaraciones de Santilli que apuntó a qué pasaría con Neuquén y Río Negro y los proyectos vinculados con Vaca Muerta y la infraestructura de exportación de hidrocarburos, si Kicillof llega al poder y revisa el RIGI.
La infraestructura es el tema permanente de reclamo de los gobernadores de todos los colores políticos. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei vienen reclamando por el freno a la obra pública. El modelo elegido por Luis Caputo es el de las concesiones para las rutas; hace poco firmó la de ocho corredores viales que atraviesan 11 provincias.
CFI surgieron,Gabriela Origlia,Conforme a
POLITICA
Sturzenegger cruzó a Kicillof por la suba de la VTV en Provincia: “Para recordar el año que viene cuando votes” – Nexofin
Federico Sturzenegger salió al cruce del gobierno de la provincia de Buenos Aires luego de que comenzara a regir un nuevo aumento en el precio de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). El ministro de Desregulación y Transformación del Estado cuestionó la decisión de la administración de Axel Kicillof de no adherir a los cambios impulsados por el Gobierno nacional para modificar el sistema de controles técnicos de los vehículos.
El funcionario nacional apuntó directamente contra la gestión bonaerense a través de su cuenta de X y vinculó el incremento con la negativa de la Provincia a implementar el esquema de descentralización promovido por la Nación.
“Liberamos la VTV para que la puedas hacer en cualquier taller, concesionaria, o con el service (CABA ya lo está implementando). Pero la Provincia de Buenos Aires dijo que no. Acá el resultado. Nada, para recordar el año que viene cuando votes en la provincia”, escribió el funcionario.
La referencia del ministro se produjo después de que el Gobierno bonaerense autorizara una suba del 17,6% en la tarifa de la VTV. El nuevo cuadro comenzó a aplicarse el 15 de octubre en las plantas habilitadas de la provincia.
Diego Santilli: “Los que deberían estar preocupados son los gobernadores si gana Kicillof”
Cuánto cuesta ahora la VTV en Provincia
Con la actualización, el valor de la VTV para vehículos particulares de hasta 2.500 kilos pasó de $97.057,65 a $114.105,99, con IVA incluido.
El incremento representa una diferencia de $17.048,34 por trámite. La tarifa correspondiente a los vehículos de hasta 2.500 kilos funciona como referencia para el resto de las categorías, por lo que también se modificaron los valores correspondientes a motos, vehículos pesados, remolques y semirremolques.
El período de suspensión finalizó el 14 de octubre y el nuevo cuadro tarifario entró en vigencia al día siguiente.
El mecanismo de actualización está contemplado en los contratos de concesión del servicio y establece revisiones periódicas relacionadas con la evolución de los salarios del sector.
En particular, la tarifa básica equivale al 7% del salario básico correspondiente a un operario de categoría 1 del convenio colectivo que regula la actividad. Para el período entre abril y junio de 2026, ese salario fue establecido en $1.630.085,67.
Qué propone el Gobierno nacional para la VTV
El cuestionamiento de Sturzenegger está relacionado con una modificación que el Gobierno nacional implementó para flexibilizar el sistema de revisión técnica obligatoria.
En junio, la Nación habilitó el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, mediante el cual talleres mecánicos particulares, concesionarias e importadores que cumplan con los requisitos pueden realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).
El objetivo de la medida es ampliar la cantidad de establecimientos habilitados para realizar los controles y terminar con la exclusividad de las plantas tradicionales de VTV.
La normativa mantiene los controles técnicos y de seguridad exigidos para los vehículos, pero permite que los usuarios tengan más alternativas a la hora de realizar la inspección.
La implementación del nuevo esquema depende de la adhesión de cada jurisdicción. La provincia de Buenos Aires decidió no incorporarse al sistema, mientras que la Ciudad de Buenos Aires comenzó a avanzar con su aplicación.
Qué controles se realizan en la VTV bonaerense
La VTV es obligatoria para los vehículos radicados en la provincia de Buenos Aires. Los controles se realizan actualmente en las plantas autorizadas por el sistema provincial, que son las encargadas de emitir la oblea y el certificado correspondiente.
Durante la inspección se verifica el estado de distintos componentes fundamentales para la seguridad vial. Entre ellos se encuentran los frenos, las luces, la suspensión, la dirección, los neumáticos y el nivel de emisiones contaminantes.
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El examen puede resultar aprobado, condicional o rechazado. En los últimos dos casos, el titular debe realizar las reparaciones indicadas y volver a presentarse dentro del plazo correspondiente.
Además, el importe que se abona es el vigente al momento de realizar la inspección. Por eso, quienes hayan obtenido un turno antes del aumento pero concurran después de su entrada en vigencia deben pagar la nueva tarifa.
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