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Radiografía de vivir en situación de calle: los cambios en un drama que atraviesa a niños, jubilados y familias enteras

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“¿Qué sentimos en el corazón cuando vemos a un sin techo o a niños pidiendo en la calle? ¿Los vemos como parte del paisaje de nuestras ciudades, como estatuas o paradas de autobús? Ignorar a los pobres y sin techo lleva a la corrupción del alma». La reflexión la realizó el fallecido papa Francisco en la homilía que realizó el 31 de marzo de 2017 en Santa Marta.

No mencionó una ciudad, un país o un barrio en particular. La descripción, brutal, era a nivel mundial. La imágen se sigue repitiendo. En la Argentina, por ejemplo, un reciente informe elaborado por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral revela que la situación de calle dejó de ser un fenómeno circunscrito a perfiles específicos para convertirse en una crisis de inclusión social y habitacional que afecta a segmentos de población cada vez más amplios, entre ellos familias completas, mujeres, personas mayores y adolescentes que nunca antes habían transitado esa condición.

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“La situación de calle constituye una de las expresiones más extremas de la exclusión social y habitacional en Argentina. Lejos de limitarse a la ausencia de vivienda, es una problemática multidimensional atravesada por la precariza ción laboral, las dificultades de acceso al hábitat, el deterioro de la salud física y mental, los consumos problemáticos, las violencias, las rupturas vinculares y el debilitamiento de las redes de protección social”, se sostiene en el documento, titulado «Situación de Calle en Argentina en 2026″ elaborado por Daniela Valiente y Agustín Alessio. Combina el análisis de datos de relevamientos existentes con una encuesta propia a 18 referentes de organizaciones socio-comunitarias distribuidas en 17 localidades de distintas regiones del país, entre ellas las ubicadas en: San Luis capital, Córdoba capital y Villa María; varios distritos de la provincia de Buenos Aires como Lomas de Zamora, Moreno, Merlo, Quilmes, Avellaneda, La Plata y Lanús; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santiago del Estero Capital, Comodoro Rivadavia, Trelew, Corrientes Capital, Rivadavia, en San Juan y Rawson.

Uno de los cambios estructurales que registra el informe es el aumento de personas que llegan a la calle por razones económicas directas. “La situación de calle suele aparecer en la agenda pública únicamente durante el invierno, pero estamos frente a una problemática estructural y creciente. Nuestro relevamiento muestra que cada vez más personas llegan a la calle por razones económicas relativamente simples: pérdida de empleo, imposibilidad de sostener un alquiler o ruptura de estrategias familiares de supervivencia“, señaló Alessio, arquitecto becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) e integrante del equipo de Infraestructura y Vivienda de la Fundación.

El informe subraya que es un problema federal atravesado por profundas dife rencias territoriales y climáticas que exigen respuestas adaptadas a cada re gión. También sitúa esta tendencia en un contexto de creciente “inquilinización” de la población: cerca del 21% de los hogares alquila. A ello se suma la expansión de formas precarias de acceso al hábitat —conventillos, hoteles pensión, casas tomadas—, caracterizadas por hacinamiento grave e inseguridad en la tenencia. Según un informe del Centro para la Integración SocioUrbana (CISUR) citado en el documento, 1 de cada 2 hogares presenta algún tipo de problema habitacional, con un 14,19% que registra déficit compuesto, tanto cuantitativo como cualitativo.

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“En los últimos años -se sostiene en la investigación-, la problemática ha adquirido una creciente visibilidad pública en distintas ciudades del país. Sin embargo, gran parte de las respuestas estatales continúan centradas en la emergencia inmediata y en abordajes fragmentados, sin lograr intervenir sobre las condiciones estructurales que producen y sostienen las trayectorias hacia la calle. A su vez, persisten importantes dificultades para dimensionar el fenómeno de manera integral, tanto por la ausencia de sistemas públicos de información continuos como por las limitaciones de mu chos relevamientos oficiales centrados exclusivamente en el conteo de personas en vía pública”.

El perfil de la población, en transformación

Si bien el patrón predominante sigue siendo el de varones adultos jóvenes de entre 20 y 40 años con vínculos familiares fracturados y problemáticas de consumo, los referentes territoriales consultados por la Fundación DHI coinciden en señalar una diversificación acelerada. Aparecen con mayor frecuencia adultos mayores jubilados sin ingresos, mujeres víctimas de violencia de género, familias desalojadas sin acceso a empleos que les permitan costear una vivienda, y adolescentes expulsados de sus entornos familiares

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El consumo problemático aparece como un factor transversal en prácticamente todas las respuestas, aunque los referentes advierten que, en muchos casos, no es la causa inicial de la situación de calle sino una consecuencia de ella.

Por ejemplo, el 54% de las personas relevadas declaró consumir sustancias psicoactivas, y dentro de ese grupo, el 45,3% indicó que el consumo aumentó desde que se encuentra en la calle.

Los datos relevados establecieron que solo el 14,75% de la población en situación de calle completó el nivel secundario de estudios REUTERS/Mariana Nedelcu

Los datos del informe al que accedió Infobae describe el perfil de las personas que sufren situación de calle:

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  • Familias completas desalojadas sin acceso a empleo que permita sostener un alquiler.
  • Mujeres víctimas de violencia de género.
  • Personas mayores jubiladas sin ingresos.
  • Jóvenes y adolescentes desvinculados de sus familias por conflictos ligados al consumo.
  • Niñas, niños y adolescentes.
  • Personas con padecimientos de salud mental severos.

A esto se suman Indicadores clave:

  • Completaron el nivel secundario el 14,75%.
  • Saben leer y escribir el 87,7%.
  • No están alfabetizadas el 8,8%.
  • Estudiaban al momento del relevamiento el 5,5%.
  • Expresaron interés en retomar estudios más del 50%.
  • No reciben asistencia económica estatal el 61,5%.
  • Sufrieron violencia desde que están en calle el 54%.
  • Padecieron violencia por parte de fuerzas de seguridad 1 de cada 4 personas.
  • Mujeres y personas trans que sufrieron violencia de género más del 50%.
  • Realizaron un chequeo médico en el último año 36,8%.
  • Nunca se realizaron un control médico el 8,3%.
  • Consumen sustancias psicoactivas 54%.
  • De ese grupo, aumentaron el consumo desde que están en calle el45,3%.

Incremento y transformación en los últimos años

El informe registra que una abrumadora mayoría de los referentes consultados reporta cambios significativos y estructurales en el perfil de la población. Los principales cambios son:

-Aumento exponencial de personas que llegan a la calle por razones económicas: incapacidad de pagar alquileres en contextos de desocupación y falta de oportunidades laborales.

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-Diversificación de perfiles: familias enteras de varias generaciones, adultos mayores jubilados, personas que nunca antes habían estado en situación de calle.

-Expansión geográfica: el fenómeno se extendió desde los centros urbanos hacia barrios más alejados.

-Rejuvenecimiento de la población: cada vez más jóvenes y adolescentes transitan la calle.

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-Deterioro profundo de la salud mental: aumento de padecimientos psiquiátricos complejos en personas que antes no los manifestaban.

Tendencias emergentes y desafíos para la intervención pública

El informe, de 35 páginas también describe que:

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  • Muchas personas circulan constantemente entre alojamientos, alquileres precarios y calle, lo que dificulta anclar políticas locales de respuesta.
  • Rechazo a los paradores: tanto por restricciones vinculadas al consumo como por horarios incompatibles con las estrategias de supervivencia de la población.
  • Feminización y familiarización del fenómeno: la crisis económica trasladó la situación de calle a hogares enteros, difuminando las fronteras entre vivienda precaria y calle.
  • Dependencia y violencia estructural en mujeres y disidencias: dependencia económica y emocional de varones que ofrecen “protección” a cambio de sumisión.
  • Cronificación de la salud mental: aumento de padecimientos psiquiátricos complejos que antes no se manifestaban en esta población.

El Banco de Alimentos Buenos Aires proporciona desayunos de alto valor nutricional a niños, una iniciativa que en 2025 benefició a más de 11.500 menores

Las diferencias climáticas, una variable que las políticas ignoran

Uno de los aportes del informe es el análisis de la situación de calle a partir de las seis zonas bioclimáticas del país. La extensión territorial de Argentina implica que las personas que pernoctan en el espacio público enfrentan adversidades radicalmente distintas según la región: desde las altas temperaturas y la elevada humedad del norte, que agravan cuadros de deshidratación y enfermedades transmisibles, hasta las bajas temperaturas, nevadas y vientos intensos del sur, que incrementan el riesgo de hipotermia y mortalidad por exposición.

El documento señala que, mientras en el Área Metropolitana de Buenos Aires la prioridad es dar refugio ante la combinación de frío y alta humedad invernal, en localidades patagónicas el riesgo de hipotermia exige paradores con estándares de aislamiento térmico y calefacción permanente mucho más rigurosos.

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En el norte del país, en cambio, las exigencias son opuestas. Para la Fundación DHI, cualquier estrategia de intervención que ignore estas diferencias reproduce desigualdades territoriales en lugar de atenuarlas.

Desde la Fundación aconsejan fortalecer las políticas habitacionales y las estrategias de prevención del riesgo de calle REUTERS/Agustin Marcarian

Obstáculos estructurales en el acompañamiento

Los referentes territoriales consultados identificaron tres planos de obstáculos que se retroalimentan entre sí. En lo económico, la escasez de recursos estatales impide ofrecer alternativas habitacionales a personas que atravesaron procesos de rehabilitación, lo que perpetúa un círculo en el que quienes logran avances no encuentran dónde consolidar su salida de la calle.

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En lo burocrático, la falta de documentación actúa como barrera de acceso a servicios básicos, mientras que los trámites para solicitar alojamiento o gestionar derechos resultan complejos y lentos.

En lo social, la estigmatización y el rechazo comunitario dificultan tanto el acceso a instituciones como la reconstrucción de vínculos.

«Uno de los principales desafíos es producir información confiable y sistemática. Sin una metodología adecuada que brinde datos efectivos, es muy difícil dimensionar el problema, asignar recursos y construir políticas públicas acordes. Esa respuesta, además, no puede quedar en la emergencia, debe ser una estrategia permanente de integración social», afirmó Julieta Eva Neumann, directora de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, socióloga e integrante del equipo de Infraestructura y Vivienda de la Fundación.

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Lineamientos para una política integral

Sobre la base de los hallazgos, el informe propone seis lineamientos para el diseño de políticas públicas. El primero es reconocer la situación de calle como una problemática multidimensional que excede la ausencia de vivienda e involucra dimensiones laborales, sanitarias, educativas y comunitarias.

El segundo plantea construir un sistema federal de abordaje integral que articule los distintos niveles del Estado y garantice un piso mínimo de derechos en todo el territorio, sin delegar la responsabilidad exclusivamente en provincias y municipios.

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El tercer lineamiento apunta a fortalecer las políticas habitacionales y las estrategias de prevención del riesgo de calle, con herramientas como subsidios habitacionales, programas de alquiler social y producción pública de vivienda.

El cuarto propone consolidar dispositivos territoriales e interdisciplinarios de acompañamiento —centros de integración social, centros de día, equipos comunitarios— con capacidad para sostener intervenciones continuas y no solo operativos estacionales.

El problema habitacionales genera que cada vez más familias estén en situación de calle REUTERS/Agustín Marcarian

El quinto lineamiento exige incorporar perspectivas específicas para poblaciones particularmente vulneradas: infancias y adolescencias, personas mayores, personas con discapacidad y personas con padecimientos de salud mental.

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El sexto y último plantea garantizar la producción pública de información y la participación social, con relevamientos periódicos, sistemas interoperables de registro y mecanismos que habiliten a las organizaciones comunitarias a intervenir en el diseño y la evaluación de las políticas.

Cambio de perfil

“La situación de calle suele aparecer en la agenda pública únicamente durante el invierno, pero estamos frente a una problemática estructural y creciente. Nuestro relevamiento muestra que cada vez más personas llegan a la calle por razones económicas relativamente simples: pérdida de empleo, imposibilidad de sostener un alquiler o ruptura de estrategias familiares de supervivencia”, explica Agustín Alessio, uno de los autores del informe, arquitecto becario de CONICET e integrante del equipo de Infraestructura y Vivienda de la Fundación.

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Durante décadas, la imagen asociada a la situación de calle fue la de un varón adulto solo, de entre 20 y 40 años, con vínculos familiares fracturados y problemáticas de consumo. Ese perfil sigue siendo el más frecuente, pero los referentes consultados por la Fundación DHI describen una transformación que califican como estructural, no coyuntural.

¿La razón? “Las transformaciones recientes en la compo de la población a partir de las dificultades en el mantenimiento y sostenimiento de la vivienda, el crecimiento de la informalidad habitacional, la precarización laboral, el deterioro de las condiciones socioeconómicas y el debilitamiento de las redes de protección social configuran escenarios de vulnerabilidad cada vez más extendidos en todo el territorio nacional”.

León XIV, el sucesor del papa Francisco también abordó el tema de los excluidos en su mensaje para el IX Día Mundial de los Pobres bajo el título“Tú eres mi esperanza”. Allí escribió:“La pobreza tiene causas estructurales que deben abordarse y eliminarse”.

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Argentina adelanta la llegada de los F-16: el programa podría completarse un año antes de lo previsto

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La Fuerza Aérea Argentina recibirá en septiembre un lote de seis aviones F-16 de combate que originalmente se iba a entregar en diciembre. El adelanto responde al buen ritmo del programa de incorporación de aeronaves y permitirá acelerar la modernización de la flota militar.

El contrato establece la adquisición de veinticuatro F-16 A/B MLU provenientes de Dinamarca, con entregas escalonadas hasta 2028. Las autoridades prevén que, si se mantienen los avances actuales, el proceso podría finalizar en diciembre de 2027.

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El analista Andrei Serbin Pont explicó en Infobae en Vivo que el lote que llegará en septiembre está compuesto por seis aeronaves monoplaza. Argentina incorporó dieciséis unidades de este tipo y ocho biplaza, que facilitan la capacitación de pilotos y oficiales de armas.

La incorporación progresiva de los F-16 busca fortalecer la capacidad operativa y tecnológica de la Fuerza Aérea, permitiendo el entrenamiento local y el desarrollo de nuevos estándares de infraestructura.

Durante los últimos diez días, pilotos argentinos realizaron sus primeros vuelos solos en F-16, como parte de la capacitación iniciada con el primer lote entregado..

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Detalles del contrato y cronograma de entregas

El contrato estipula una inversión inicial de USD 300 millones por las aeronaves y su equipamiento. El monto total del programa, incluyendo paquetes de armas y modernización, se estima entre USD 900 millones y USD 1.000 millones. Argentina acordó la adquisición con Dinamarca bajo el estándar Tape 6.5, con la previsión de actualizar los sistemas a la versión Tape 6.6 X.

La planificación original preveía entregas entre 2024 y 2028. Sin embargo, la aceleración de los trabajos permite anticipar la llegada de los seis monoplazas que se preveían para diciembre.

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Según Serbin Pont, si persiste el ritmo actual, los lotes previstos para 2027 y 2028 podrían completarse en diciembre de 2027. La Fuerza Aérea ya recibió seis aeronaves y espera otros lotes: en 2025, cuatro biplazas y dos monoplazas; en 2027, al menos cuatro monoplazas y dos biplazas.

El avión adicional, identificado como el número veinticinco, se utiliza únicamente como plataforma de entrenamiento en tierra. Esta aeronave no vuela y su función es formar a las tripulaciones técnicas y operativas.

La flota de F-16 para Argentina incluye 16 aeronaves monoplaza y 8 biplaza, destinadas también a la capacitación de pilotos y oficiales de armas REUTERS/Eric Lee

Capacidades tecnológicas y nuevas funciones de los F-16

La compra de los F-16 incorpora tecnología que hasta ahora no estaba disponible en Argentina. Las aeronaves cuentan con misiles AMRAAM de mediano y largo alcance, que permiten el combate aéreo más allá del alcance visual. Esta capacidad representa un salto en la defensa, ya que anteriormente los pilotos solo podían atacar objetivos que veían a simple vista.

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Otra novedad es la incorporación del pod Lightning G4, con cámara infrarroja, cámara de TV de alta resolución y designador láser. Este equipamiento permite marcar blancos y guiar bombas con precisión, mejorando la efectividad en misiones de ataque. Durante la ceremonia del primer vuelo solo, se observó el pod Lightning G4 instalado en uno de los aviones.

Además, los F-16 llegarán equipados con pods de reconocimiento fotográfico y de video, pilones de autoprotección y sistemas de guerra electrónica como el CJS y el ACE Pylon. El programa incluye cascos JHMC-S con visor integrado, que ofrecen mayor maniobrabilidad y permiten al piloto disparar misiles a objetivos fuera del eje frontal del avión.

Infraestructura, entrenamiento y certificaciones

La incorporación de los F-16 requiere una modernización significativa de la infraestructura militar. El área material de Río Cuarto ya aloja las primeras aeronaves, mientras avanzan las obras en la base de Tandil, donde operarán en tiempos de paz. El fabricante y el soporte técnico exigen que las instalaciones cumplan estándares internacionales para autorizar la operación de los F-16.

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Los pilotos argentinos realizaron sus primeros vuelos solos en F-16 como parte del proceso de certificación y operación autónoma REUTERS/Kacper Pempel

El programa de entrenamiento abarca cursos en simuladores tácticos en Argentina y formación especializada en Estados Unidos. La empresa Top Aces brinda apoyo en la capacitación de pilotos y oficiales. Serbin Pont destacó que la integración de tecnología y nuevos procedimientos responde a exigencias técnicas estrictas, necesarias para ingresar al “club F-16”.

El inicio de los vuelos solo de pilotos argentinos marca un paso clave en el proceso de certificación y operación autónoma de las aeronaves. La Fuerza Aérea avanza en la adaptación de personal y procedimientos a los nuevos requerimientos.

Perspectivas del programa y próximos pasos

La Fuerza Aérea Argentina prevé completar la recepción de los 24 aviones antes de diciembre de 2027, sujeto al cumplimiento de los plazos acordados. El programa de modernización implica inversiones, capacitación y la adopción de sistemas avanzados de combate y reconocimiento.

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El proceso, no exento de desafíos y polémicas por la infraestructura y preparación del personal, avanza con certificaciones y controles técnicos. Las autoridades consideran que la llegada anticipada del nuevo lote representa un avance en la capacidad operativa y defensiva del país.

El contrato con Dinamarca y la integración de sistemas innovadores posicionan a la Fuerza Aérea en un nuevo nivel tecnológico. La modernización de infraestructura y la formación de tripulaciones permitirán operar los F-16 bajo estándares internacionales, consolidando la transformación de la defensa aérea argentina.

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Cambios en el Presupuesto: Milei aumentó los fondos para las universidades y reforzó las partidas de la SIDE por decreto

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A través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), el gobierno de Javier Milei modificó el presupuesto 2026 con un aumento del gasto de más de 4 billones de pesos. Entre otros cambios, la medida contempla un incremento de los fondos destinados a las universidades nacionales e incluye un refuerzo de $49.261 millones en las partidas que recibe la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que encabeza Cristian Auguadra, un funcionario cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.

La decisión 594/2026 fue firmada ayer por el presidente Javier Milei y sus ministros, e incluye refuerzos presupuestarios en más de cien programas.

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El gobierno de Milei argumentó que debió reasignar recursos y cargos en distintos organismos para asegurar la continuidad de servicios públicos esenciales y atender las necesidades en materia salarial. Entre los puntos clave se destacan un incremento considerable de fondos que recibe el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, destinados principalmente a la educación superior, las políticas alimentarias y la seguridad social. El Gobierno justificó el refuerzo de los fondos para la Anses -unos 286.580 millones- en la necesidad de financiar los déficits de las cajas previsionales provinciales. La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social también recibe importantes adicionales para cubrir las prestaciones del programa monotributo social.

EL Gobierno reforzó las partidas presupuestarias de Capital Humano tras el acuerdo con las universidadesMinisterio de Capital Humano

A su vez, la modificación del presupuesto 2026 contiene un fuerte ajuste en dos compañías públicas. Se trata de Energía Argentina S.A. (ENARSA), que sufrirá reducción de $238.395 millones en las transferencias destinadas a financiar sus gastos corrientes; y Nucleoeléctrica Argentina S.A., que deberá afrontar una poda de $65 millones en las transferencias para financiar sus gastos de capital. Meses atrás, un escándalo salpicó a las autoridades de esa empresa estatal, que maneja las centrales nucleares del país y fue conducida por Demian Reidel, exasesor de Milei, cuando trascendieron una serie de gastos injustificados con las tarjetas corporativas.

En mayo pasado, la administración de Milei ya había modificado el presupuesto 2026 que se aprobó en el Congreso. En ese momento se dispuso un recorte de casi 2,5 billones de pesos, que contuvo un fuerte ajuste en lo relativo a educación y universidades.

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Un mes después, la gestión de Milei abrió una negociación con los rectores y representantes gremiales de las casas de estudios que reclamaban una recomposición salarial y de fondos para el funcionamiento. Finalmente, el 10 de junio, el Ejecutivo firmó un acuerdo que contempló una suba de salarios del 24% y refuerzos para becas y hospitales. La tregua llegó después de que el Gobierno desconociera la ley sancionada y reconfirmada por el Congreso, y cuando todavía se mantienen planteos ante la Corte Suprema de Justicia.

Por eso, el DNU 594/2026 contiene un aumento de 1,32 billones de pesos en las partidas que recibe la Secretaría de Educación, que funciona bajo la órbita de Capital Humano, “a fin de atender gastos derivados de la aplicación de la política salarial en los sectores docentes y no docentes de las Universidades Nacionales y para el Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano”.

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Otra de las modificaciones relevantes del Presupuesto 2026 es el refuerzo de las partidas que recibe la SIDE, que depende de la Presidencia de la Nación. El monto extra que tendrá el organismo llega a $49.261 millones y se asigna al programa de Información e Inteligencia. La mayoría de esos fondos se destinan a gastos corrientes o para el sostenimiento del personal permanente (salarios, aguinaldo y contribuciones patronales), según se detalla en el anexo 1 del DNU 594/2026. En tanto, se destina un adicional de $7.466 millones para los gastos reservados que manejan los espías.

Cristian Auguadra, titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), uno de los beneficiados por la ampliación del gasto

Esa es una de las partidas más relevantes que maneja la SIDE. Debido a su carácter secreto, no se puede hacer público el uso de esos fondos por razones de seguridad nacional. La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso está a cargo de controlar esos gastos. Esta semana, en el debut del karinista Sebastián Pareja como titular de la Bicameral, la comisión parlamentaria de control decidió convocar a Auguadra, director de la SIDE, para fines de agosto.

Por otra parte, según las planillas anexas del decreto 594 firmado por Milei, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) recibe un refuerzo presupuestario de alrededor de 638.395 millones de pesos. Entre tanto, el refuerzo total asignado al Poder Judicial asciende a $111.138 millones. El Legislativo también recibirá fondos complementarios por más de 89.421 millones, que están orientados a cubrir gastos de la Auditoría General de la Nación y la administración central.

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El decreto, que se publicó hoy en el Boletín Oficial, fue firmado por Milei, Diego Santilli, Pablo Quirno, Carlos Presti, Luis Caputo, Alejandra Monteoliva, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger.




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Organizaciones judías reconocieron a la Cámara de Casación por su trabajo contra el antisemitismo y la discriminación

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La ADL, la DAIA y la AAJRA mantuvieron un encuentro con la Cámara Federal de Casación Penal

La Cámara Federal de Casación Penal recibió el 14 de julio a representantes de la Anti-Defamation League (ADL), la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina (AAJRA) en un encuentro institucional destinado a fortalecer los vínculos de cooperación y promover el diálogo sobre la lucha contra la discriminación y el antisemitismo. Al finalizar la reunión, las entidades expresaron su reconocimiento por la labor desarrollada por el máximo tribunal penal del país en esas materias.

El encuentro se realizó en la Sala de Acuerdos de la Cámara Federal de Casación Penal y estuvo encabezado por su presidente, Diego Barroetaveña, junto a los jueces Mariano Hernán Borinsky, Carlos Mahiques, Daniel Petrone y Gustavo Hornos.

Por la ADL participaron la vicepresidenta para Asuntos Internacionales, Marina Rosenberg; la directora del Equipo para América Latina, Liat Altman; y la directora de ADL Argentina, Sofía Segalis. En representación de la DAIA asistieron el director ejecutivo, Víctor Garelik, y el vocal e integrante de la Secretaría Jurídica, León Chaia. Por la AAJRA estuvieron presentes su presidente, Hernán Najenson, la jueza nacional Laura Kvitko y la funcionaria del Ministerio Público de la Defensa Mariana Kohan, integrantes de la comisión directiva de la entidad.

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Durante la reunión, las autoridades intercambiaron perspectivas sobre las funciones y los desafíos institucionales de cada organismo y manifestaron su voluntad de mantener y profundizar los canales de comunicación y cooperación en temas de interés común.

En ese marco, se repasaron distintas iniciativas impulsadas por la Cámara Federal de Casación Penal vinculadas con la lucha contra la discriminación, el antisemitismo y los discursos de odio.

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Entre ellas, se recordó que durante la presidencia de Mariano Borinsky, en 2024, el tribunal adhirió a la definición de antisemitismo adoptada por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), considerada una herramienta de referencia internacional para la identificación y prevención de manifestaciones antisemitas.

También se destacó que, ese mismo año y después de la masacre perpetrada por el grupo terrorista Hamas el 7 de octubre de 2023, la Cámara organizó en la Sala AMIA una capacitación sobre discursos de odio. Más adelante, en el marco del trigésimo aniversario del atentado contra la AMIA, publicó un compendio con material sobre esa temática.

Durante el encuentro además se recordó que la Cámara Federal de Casación Penal recibió un reconocimiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) por convertirse en una de las primeras instituciones en adherir al proyecto “Puentes Institucionales”. La iniciativa fue impulsada por la AAJRA junto con el Museo del Holocausto de Buenos Aires y estuvo orientada a la capacitación de operadores del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos sobre el Holocausto, el antirracismo, el derecho a la igualdad y la no discriminación, así como la identificación y el abordaje de los discursos de odio.

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Las autoridades intercambiaron perspectivas sobre las funciones y los desafíos institucionales

Según se informó, el convenio fue suscripto durante la presidencia de Mariano Borinsky y permitió que cientos de operadores judiciales visitaran el Museo del Holocausto de Buenos Aires como parte de esas actividades de formación.

Otro de los puntos mencionados durante la reunión fue la colocación, en diciembre de 2024, de una placa conmemorativa en el edificio de Comodoro Py. La inscripción solicitó el regreso de las personas secuestradas, muchas de ellas argentinas, y fue presentada como un símbolo de la lucha contra el terrorismo en todas sus formas y una reafirmación del compromiso de la Justicia argentina con la memoria, la justicia y la defensa de los derechos humanos.

Asimismo, durante el encuentro se puso de relieve el compromiso sostenido de los jueces que integran la Cámara Federal de Casación Penal. De acuerdo con lo informado, su actuación jurisdiccional y las distintas iniciativas institucionales contribuyeron al desarrollo de una jurisprudencia relevante en materia de discriminación y antisemitismo y consolidaron el rol del tribunal en la promoción de los valores democráticos, la inclusión y el respeto por la diversidad.

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Como cierre de la reunión, los representantes de la ADL, la DAIA y la AAJRA agradecieron la labor desarrollada por la Cámara Federal de Casación Penal en estas materias y destacaron que la Argentina “es pionera en temáticas como las desarrolladas”. A su vez, la Cámara entregó un reconocimiento institucional a la ADL por su trayectoria y un compendio de fallos relevantes dictados por el tribunal. Finalmente, la ADL otorgó un reconocimiento a la Cámara por el trabajo realizado en la promoción de los valores de convivencia, inclusión y lucha contra el antisemitismo.

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