POLITICA
Radiografía de vivir en situación de calle: los cambios en un drama que atraviesa a niños, jubilados y familias enteras

“¿Qué sentimos en el corazón cuando vemos a un sin techo o a niños pidiendo en la calle? ¿Los vemos como parte del paisaje de nuestras ciudades, como estatuas o paradas de autobús? Ignorar a los pobres y sin techo lleva a la corrupción del alma». La reflexión la realizó el fallecido papa Francisco en la homilía que realizó el 31 de marzo de 2017 en Santa Marta.
No mencionó una ciudad, un país o un barrio en particular. La descripción, brutal, era a nivel mundial. La imágen se sigue repitiendo. En la Argentina, por ejemplo, un reciente informe elaborado por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral revela que la situación de calle dejó de ser un fenómeno circunscrito a perfiles específicos para convertirse en una crisis de inclusión social y habitacional que afecta a segmentos de población cada vez más amplios, entre ellos familias completas, mujeres, personas mayores y adolescentes que nunca antes habían transitado esa condición.
“La situación de calle constituye una de las expresiones más extremas de la exclusión social y habitacional en Argentina. Lejos de limitarse a la ausencia de vivienda, es una problemática multidimensional atravesada por la precariza ción laboral, las dificultades de acceso al hábitat, el deterioro de la salud física y mental, los consumos problemáticos, las violencias, las rupturas vinculares y el debilitamiento de las redes de protección social”, se sostiene en el documento, titulado «Situación de Calle en Argentina en 2026″ elaborado por Daniela Valiente y Agustín Alessio. Combina el análisis de datos de relevamientos existentes con una encuesta propia a 18 referentes de organizaciones socio-comunitarias distribuidas en 17 localidades de distintas regiones del país, entre ellas las ubicadas en: San Luis capital, Córdoba capital y Villa María; varios distritos de la provincia de Buenos Aires como Lomas de Zamora, Moreno, Merlo, Quilmes, Avellaneda, La Plata y Lanús; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santiago del Estero Capital, Comodoro Rivadavia, Trelew, Corrientes Capital, Rivadavia, en San Juan y Rawson.
Uno de los cambios estructurales que registra el informe es el aumento de personas que llegan a la calle por razones económicas directas. “La situación de calle suele aparecer en la agenda pública únicamente durante el invierno, pero estamos frente a una problemática estructural y creciente. Nuestro relevamiento muestra que cada vez más personas llegan a la calle por razones económicas relativamente simples: pérdida de empleo, imposibilidad de sostener un alquiler o ruptura de estrategias familiares de supervivencia“, señaló Alessio, arquitecto becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) e integrante del equipo de Infraestructura y Vivienda de la Fundación.

El informe subraya que es un problema federal atravesado por profundas dife rencias territoriales y climáticas que exigen respuestas adaptadas a cada re gión. También sitúa esta tendencia en un contexto de creciente “inquilinización” de la población: cerca del 21% de los hogares alquila. A ello se suma la expansión de formas precarias de acceso al hábitat —conventillos, hoteles pensión, casas tomadas—, caracterizadas por hacinamiento grave e inseguridad en la tenencia. Según un informe del Centro para la Integración SocioUrbana (CISUR) citado en el documento, 1 de cada 2 hogares presenta algún tipo de problema habitacional, con un 14,19% que registra déficit compuesto, tanto cuantitativo como cualitativo.
“En los últimos años -se sostiene en la investigación-, la problemática ha adquirido una creciente visibilidad pública en distintas ciudades del país. Sin embargo, gran parte de las respuestas estatales continúan centradas en la emergencia inmediata y en abordajes fragmentados, sin lograr intervenir sobre las condiciones estructurales que producen y sostienen las trayectorias hacia la calle. A su vez, persisten importantes dificultades para dimensionar el fenómeno de manera integral, tanto por la ausencia de sistemas públicos de información continuos como por las limitaciones de mu chos relevamientos oficiales centrados exclusivamente en el conteo de personas en vía pública”.
El perfil de la población, en transformación
Si bien el patrón predominante sigue siendo el de varones adultos jóvenes de entre 20 y 40 años con vínculos familiares fracturados y problemáticas de consumo, los referentes territoriales consultados por la Fundación DHI coinciden en señalar una diversificación acelerada. Aparecen con mayor frecuencia adultos mayores jubilados sin ingresos, mujeres víctimas de violencia de género, familias desalojadas sin acceso a empleos que les permitan costear una vivienda, y adolescentes expulsados de sus entornos familiares
El consumo problemático aparece como un factor transversal en prácticamente todas las respuestas, aunque los referentes advierten que, en muchos casos, no es la causa inicial de la situación de calle sino una consecuencia de ella.
Por ejemplo, el 54% de las personas relevadas declaró consumir sustancias psicoactivas, y dentro de ese grupo, el 45,3% indicó que el consumo aumentó desde que se encuentra en la calle.
Los datos del informe al que accedió Infobae describe el perfil de las personas que sufren situación de calle:
- Familias completas desalojadas sin acceso a empleo que permita sostener un alquiler.
- Mujeres víctimas de violencia de género.
- Personas mayores jubiladas sin ingresos.
- Jóvenes y adolescentes desvinculados de sus familias por conflictos ligados al consumo.
- Niñas, niños y adolescentes.
- Personas con padecimientos de salud mental severos.
A esto se suman Indicadores clave:
- Completaron el nivel secundario el 14,75%.
- Saben leer y escribir el 87,7%.
- No están alfabetizadas el 8,8%.
- Estudiaban al momento del relevamiento el 5,5%.
- Expresaron interés en retomar estudios más del 50%.
- No reciben asistencia económica estatal el 61,5%.
- Sufrieron violencia desde que están en calle el 54%.
- Padecieron violencia por parte de fuerzas de seguridad 1 de cada 4 personas.
- Mujeres y personas trans que sufrieron violencia de género más del 50%.
- Realizaron un chequeo médico en el último año 36,8%.
- Nunca se realizaron un control médico el 8,3%.
- Consumen sustancias psicoactivas 54%.
- De ese grupo, aumentaron el consumo desde que están en calle el45,3%.

Incremento y transformación en los últimos años
El informe registra que una abrumadora mayoría de los referentes consultados reporta cambios significativos y estructurales en el perfil de la población. Los principales cambios son:
-Aumento exponencial de personas que llegan a la calle por razones económicas: incapacidad de pagar alquileres en contextos de desocupación y falta de oportunidades laborales.
-Diversificación de perfiles: familias enteras de varias generaciones, adultos mayores jubilados, personas que nunca antes habían estado en situación de calle.
-Expansión geográfica: el fenómeno se extendió desde los centros urbanos hacia barrios más alejados.
-Rejuvenecimiento de la población: cada vez más jóvenes y adolescentes transitan la calle.
-Deterioro profundo de la salud mental: aumento de padecimientos psiquiátricos complejos en personas que antes no los manifestaban.
Tendencias emergentes y desafíos para la intervención pública
El informe, de 35 páginas también describe que:
- Muchas personas circulan constantemente entre alojamientos, alquileres precarios y calle, lo que dificulta anclar políticas locales de respuesta.
- Rechazo a los paradores: tanto por restricciones vinculadas al consumo como por horarios incompatibles con las estrategias de supervivencia de la población.
- Feminización y familiarización del fenómeno: la crisis económica trasladó la situación de calle a hogares enteros, difuminando las fronteras entre vivienda precaria y calle.
- Dependencia y violencia estructural en mujeres y disidencias: dependencia económica y emocional de varones que ofrecen “protección” a cambio de sumisión.
- Cronificación de la salud mental: aumento de padecimientos psiquiátricos complejos que antes no se manifestaban en esta población.

Las diferencias climáticas, una variable que las políticas ignoran
Uno de los aportes del informe es el análisis de la situación de calle a partir de las seis zonas bioclimáticas del país. La extensión territorial de Argentina implica que las personas que pernoctan en el espacio público enfrentan adversidades radicalmente distintas según la región: desde las altas temperaturas y la elevada humedad del norte, que agravan cuadros de deshidratación y enfermedades transmisibles, hasta las bajas temperaturas, nevadas y vientos intensos del sur, que incrementan el riesgo de hipotermia y mortalidad por exposición.
El documento señala que, mientras en el Área Metropolitana de Buenos Aires la prioridad es dar refugio ante la combinación de frío y alta humedad invernal, en localidades patagónicas el riesgo de hipotermia exige paradores con estándares de aislamiento térmico y calefacción permanente mucho más rigurosos.
En el norte del país, en cambio, las exigencias son opuestas. Para la Fundación DHI, cualquier estrategia de intervención que ignore estas diferencias reproduce desigualdades territoriales en lugar de atenuarlas.

Obstáculos estructurales en el acompañamiento
Los referentes territoriales consultados identificaron tres planos de obstáculos que se retroalimentan entre sí. En lo económico, la escasez de recursos estatales impide ofrecer alternativas habitacionales a personas que atravesaron procesos de rehabilitación, lo que perpetúa un círculo en el que quienes logran avances no encuentran dónde consolidar su salida de la calle.
En lo burocrático, la falta de documentación actúa como barrera de acceso a servicios básicos, mientras que los trámites para solicitar alojamiento o gestionar derechos resultan complejos y lentos.
En lo social, la estigmatización y el rechazo comunitario dificultan tanto el acceso a instituciones como la reconstrucción de vínculos.
«Uno de los principales desafíos es producir información confiable y sistemática. Sin una metodología adecuada que brinde datos efectivos, es muy difícil dimensionar el problema, asignar recursos y construir políticas públicas acordes. Esa respuesta, además, no puede quedar en la emergencia, debe ser una estrategia permanente de integración social», afirmó Julieta Eva Neumann, directora de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, socióloga e integrante del equipo de Infraestructura y Vivienda de la Fundación.

Lineamientos para una política integral
Sobre la base de los hallazgos, el informe propone seis lineamientos para el diseño de políticas públicas. El primero es reconocer la situación de calle como una problemática multidimensional que excede la ausencia de vivienda e involucra dimensiones laborales, sanitarias, educativas y comunitarias.
El segundo plantea construir un sistema federal de abordaje integral que articule los distintos niveles del Estado y garantice un piso mínimo de derechos en todo el territorio, sin delegar la responsabilidad exclusivamente en provincias y municipios.
El tercer lineamiento apunta a fortalecer las políticas habitacionales y las estrategias de prevención del riesgo de calle, con herramientas como subsidios habitacionales, programas de alquiler social y producción pública de vivienda.
El cuarto propone consolidar dispositivos territoriales e interdisciplinarios de acompañamiento —centros de integración social, centros de día, equipos comunitarios— con capacidad para sostener intervenciones continuas y no solo operativos estacionales.

El quinto lineamiento exige incorporar perspectivas específicas para poblaciones particularmente vulneradas: infancias y adolescencias, personas mayores, personas con discapacidad y personas con padecimientos de salud mental.
El sexto y último plantea garantizar la producción pública de información y la participación social, con relevamientos periódicos, sistemas interoperables de registro y mecanismos que habiliten a las organizaciones comunitarias a intervenir en el diseño y la evaluación de las políticas.
Cambio de perfil
“La situación de calle suele aparecer en la agenda pública únicamente durante el invierno, pero estamos frente a una problemática estructural y creciente. Nuestro relevamiento muestra que cada vez más personas llegan a la calle por razones económicas relativamente simples: pérdida de empleo, imposibilidad de sostener un alquiler o ruptura de estrategias familiares de supervivencia”, explica Agustín Alessio, uno de los autores del informe, arquitecto becario de CONICET e integrante del equipo de Infraestructura y Vivienda de la Fundación.
Durante décadas, la imagen asociada a la situación de calle fue la de un varón adulto solo, de entre 20 y 40 años, con vínculos familiares fracturados y problemáticas de consumo. Ese perfil sigue siendo el más frecuente, pero los referentes consultados por la Fundación DHI describen una transformación que califican como estructural, no coyuntural.
¿La razón? “Las transformaciones recientes en la compo de la población a partir de las dificultades en el mantenimiento y sostenimiento de la vivienda, el crecimiento de la informalidad habitacional, la precarización laboral, el deterioro de las condiciones socioeconómicas y el debilitamiento de las redes de protección social configuran escenarios de vulnerabilidad cada vez más extendidos en todo el territorio nacional”.
León XIV, el sucesor del papa Francisco también abordó el tema de los excluidos en su mensaje para el IX Día Mundial de los Pobres bajo el título“Tú eres mi esperanza”. Allí escribió:“La pobreza tiene causas estructurales que deben abordarse y eliminarse”.
Corporate Events,South America / Central America,BUENOS AIRES
POLITICA
Con el cierre de farmacias y centros médicos se extiende la crisis de la obra social de los militares

A paso lento se mueve la promesa de cancelación de la deuda que arrastra la obra social de los militares, estimada en $2.100.000 millones. Mientras tanto, la crisis se profundiza a partir del cierre de las 31 farmacias propias y una decena de centros médicos, a lo que podría sumarse la desactivación de algunas delegaciones en el interior.
Todo se da en un contexto de prestaciones cortadas que afecta a gran parte de los 330.000 afiliados que reúne hoy la Obra Social de las Fuerzas Armadas. También hay denuncias de despidos, como viene reclamando la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Como publicó , las autoridades de la obra social negocian el pago de gran parte del pasivo con unos 30 grandes acreedores, aunque la deuda se extiende a unos 2.000 prestadores, entre los que se encuentran clínicas, farmacias, laboratorios, asociaciones y colegios profesionales.
Según pudo saber , la obra social ofrece tres opciones a los acreedores: cobrar el valor histórico de la deuda, sin actualización y con una quita del 50%; recibir el pago en tres cuotas, con una quita del 25% y aceptar el pago en 12 cuotas, sin quita.
En todos los casos, la propuesta incluye la condición de que se comprometan a continuar los servicios. Si no, la única alternativa sería reclamar la deuda en un juicio.
El administrador del proceso de liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), Gonzalo Secchi, ordenó “cerrar y dar de baja” la red de 31 farmacias propias distribuidas en todo el país, desde la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza hasta Bahía Blanca, Puerto Belgrano, Mar del Plata y Ushuaia, entre otros sitios.
Similar destino les esperaría a los centros médicos localizados en Morón, Devoto, Olivos, Quilmes y Lomas de Zamora, entre otros.
Y avanzaría un plan para mantener solo trece de las 24 delegaciones actualmente en funciones en todo el país.
“Un nuevo modelo”
Según explicaron fuentes de la obra social militar, el objetivo de los cambios es “transformar el modelo de funcionamiento para tener atención médica de calidad y una organización financieramente sustentable”.
Respecto de la prometida cancelación de la deuda, se abonaron reintegros y pagos pendientes a prestadores por más de $14.800 millones. “Es más de la mitad de la deuda en concepto de reintegros solicitados por afiliados”, se explicó. En cuanto a la deuda con prestadores, se firmaron y pagaron más de 500 acuerdos, sobre un total cercano al millar.
Ante una consulta de , en la obra social de los militares confirmaron que el modelo para la atención de afiliados en farmacias no será a través de una red propia, dado que ese sistema “generaba un déficit superior a los 7000 millones de pesos”.
Las autoridades insisten en que “la prioridad es sanear la obra social, lo que implica recuperar prestaciones, saldar la deuda e implementar un modelo de funcionamiento en OSFA –la nueva obra social constituida por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti–, para que no se repita lo que sucedió con el IOSFA”, tal la denominación anterior de la entidad, que reunía también a las fuerzas de seguridad y es la que acumuló la suculenta deuda.
En el nuevo esquema, los hoteles y centros recreativos no constituyen una prioridad, por lo que ya comenzaron a ser cedidos a las propias Fuerzas Armadas, que los ofrecen en las redes como centros residenciales.
Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Conforme a
POLITICA
El Gobierno monitorea la inminente salida del buque que reabrirá la ruta comercial entre Chile y Malvinas

El Gobierno se mantiene en alerta frente al viaje del buque comercial chileno Danstar desde Punta Arenas hacia las islas Malvinas y busca evitar una escalada diplomática con la administración de José Antonio Kast. En la Casa Rosada no prevén presentar por ahora una protesta formal y consideran que una reacción anticipada puede abrir un conflicto bilateral que termine favoreciendo los intereses británicos en el Atlántico Sur.
En el Ejecutivo aseguran que la prioridad es preservar la relación con Chile, especialmente después del compromiso de Kast de respaldar el reclamo argentino de soberanía y evitar el apoyo logístico a la explotación petrolera británica en las islas. Sin embargo, admiten que todavía no hay una definición sobre los pasos que tomará la Argentina si finalmente se concreta la operación comercial. “Queremos evitar un conflicto con Chile, pero si hay que actuar, lo haremos”, sostienen en Nación.
La cautela responde también a la interpretación política que hacen en Balcarce 50 sobre la controversia. En sectores del Gobierno consideran que existen intereses externos que buscan provocar una reacción argentina antes de que zarpe la embarcación. La hipótesis es que una protesta preventiva podría generar un enfrentamiento con el país trasandino incluso sin que se haya producido todavía una operación que afecte el reclamo de soberanía.
La evaluación oficial contrasta con la información que manejan fuentes militares sobre los preparativos del servicio. Según pudo saber TN, el contrato para la operación del buque está cerrado y el primer zarpe está previsto entre el 10 y el 15 de noviembre. La planificación contempla además viajes periódicos, aproximadamente uno por mes, para abastecer a las islas. Se trata de información que todavía no cuenta con una confirmación formal del Gobierno argentino.
En Defensa, por su parte, aseguran que la cuestión la concentra Cancillería y que no existe por ahora una instrucción operativa para las Fuerzas Armadas. En despachos oficiales explican que no quieren convertir una controversia diplomática y comercial en un conflicto militar. La decisión sobre una eventual respuesta argentina sigue pendiente.
El principal punto de discusión es la naturaleza de la carga que transportará el Danstar. El Gobierno diferencia el abastecimiento comercial ordinario de las islas del suministro de materiales o equipamiento destinados al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La Argentina considera ilegales las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos desarrolladas sin su autorización en el área en disputa.
La eventual navegación por aguas territoriales argentinas plantea además una discusión sobre el régimen de paso inocente establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Su artículo 19 dispone que el tránsito de buques extranjeros debe realizarse sin perjudicar la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño. No obstante, el alcance de esa disposición frente a cargas eventualmente destinadas a Sea Lion exige una evaluación jurídica específica.
POLITICA
Los gobernadores piden más obras y Santilli lanzó una advertencia: “Deberían estar preocupados si vuelve el kirchnerismo”

Un día después de una jornada clave en el Congreso, donde el oficialismo nacional logró frenar una sesión especial gracias a los gobernadores aliados, varios mandatarios se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con nuevos pedidos de obras de infraestructura.
Los más cercanos a la Casa Rosada insistieron en la necesidad de “acuerdos federales” y “una visión federal”.
Minutos antes del inicio del encuentro, Diego Santilli lanzó una dura advertencia. El jefe de Gabinete sostuvo que si Axel Kicillof ganara las elecciones “los que tendrían que estar preocupados son los gobernadores”. “Volverían los cortes de rutas, los piquetes, la quita de coparticipación, en el sur avanzarían las tomas de tierras, se ocuparían campos, dicen que quieren retroceder con los regímenes de inversión, imaginen cómo impactaría en Neuquén y Río Negro, qué pasaría con Córdoba si vuelve la 125 con las retenciones, qué pasaría con el gobernador de Santa Fe si lo vuelven a dejar solo en la lucha contra el narcotráfico, qué pasaría en Salta con la minería”, detalló.
Encargado de alcanzar acuerdos políticos con las provincias, el jefe de Gabinete -quien también pasará por el encuentro del CFI junto con Federico Sturzenegger- afirmó en declaraciones a Radio Mitre, “nosotros trabajamos con los gobernadores que creen en un país distinto, que siguen luchando para que lleguen sus inversiones y para que se genere trabajo en sus provincias”.
Por la reunión del CFI pasó Kicillof (quien ayer estuvo en la plaza del Congreso), el cordobés Martín Llaryora, el santiagueño Elías Suárez y el entrerriano Rogelio Frigerio, quienes compartieron la mesa de arranque, en la que el diagnóstico común fue que la Argentina tiene serios problemas de infraestructura, que encarece el traslado de productos y quita competitividad.
Con más o menos intensidad, todos señalaron que la Nación debe poner en marcha un plan federal de infraestructura.
El anfitrión de la Cumbre Federal de Logística es Ignacio Lamothe, un peronista que tiene vínculo con todos los mandatarios provinciales. Recibió sus elogios a lo largo de la jornada por el financiamiento y la asistencia técnica del organismo.
Esos planteos contrastan con los cuestionamientos libertarios, que apuntan a que el CFI es una “caja política” de los gobernadores.
Referentes de la Casa Rosada lo ven como un espacio donde los mandatarios provinciales diseñan estrategias de confrontación.
Hace poco más de un año, de una reunión de todos los gobernadores en el CFI surgieron los proyectos de ley para una nueva distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles. Fue la primera y única vez de reacción conjunta.
De la cumbre de logística participan técnicos y empresarios del sector; unas mil personas siguieron las exposiciones de los mandatarios.
En la mesa de los gobernadores prefirieron apuntar a los consensos que mantienen y subrayar la necesidad de que el país logre continuidad sobre determinadas políticas públicas, como es la relacionada a infraestructura.
En contacto con , Llaryora señaló que entre los gobernadores, la charla previa se centró sobre el efecto del Súper Niño: “Estamos todos muy preocupados, y comentamos lo que venimos haciendo cada uno ya que ya hay situaciones complicadas. Insisto en que es necesario una economía ordenada, pero también infraestructura, y plan industrial”.
Fuentes de Frigerio confirmaron que “no hubo” mención a la agenda nacional en el Congreso y que esas negociaciones son individuales entre la Casa Rosada y cada gobernador. “Cada uno está concentrado en lo suyo”, deslizaron.
Todos los mandatarios prefirieron irse sin tener contacto con los periodistas y no hubo referencias a las declaraciones de Santilli que apuntó a qué pasaría con Neuquén y Río Negro y los proyectos vinculados con Vaca Muerta y la infraestructura de exportación de hidrocarburos, si Kicillof llega al poder y revisa el RIGI.
La infraestructura es el tema permanente de reclamo de los gobernadores de todos los colores políticos. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei vienen reclamando por el freno a la obra pública. El modelo elegido por Luis Caputo es el de las concesiones para las rutas; hace poco firmó la de ocho corredores viales que atraviesan 11 provincias.
CFI surgieron,Gabriela Origlia,Conforme a
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