POLITICA
Senado: LLA cierra filas por Adorni en medio de las tensiones con Bullrich por el informe de gestión
Los contrapuntos entre la senadora Patricia Bullrich y el propio ministro coordinador, Manuel Adorni, respecto de la posibilidad de postergar el informe de gestión previsto para el próximo 2 de julio abrieron un nuevo escenario en el Senado. “Si quiere venir a que lo agarren a palos, que venga”, le dijo a TN una importante senadora libertaria.
Los senadores esperarán la sesión convocada para este jueves a las 11, en la que el oficialismo espera aprobar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Sin embargo, el interbloque Justicialista buscará tratar los proyectos de interpelación con moción de censura contra el jefe de Gabinete.
Tras la última reunión de Labor Parlamentaria quedó en claro que la bancada que conduce José Mayans necesitará reunir dos tercios de los votos del recinto para habilitar el tratamiento de la iniciativa, ya que no cuenta con dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
En medio de la controversia, el bloque de La Libertad Avanza buscó exhibir cohesión. “Vamos a bancar a Javier Milei en su decisión”, afirmó el senador Bartolomé Abdala al rechazar una eventual moción de censura contra Adorni.
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Por su parte, la senadora neuquina Nadia Márquez, cercana a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, destacó el alineamiento interno. “Fortalecimos el trabajo en equipo con los senadores de LLA y avanzamos en la agenda parlamentaria para seguir impulsando las reformas que nos pidió el presidente Javier Milei”, publicó en sus redes sociales junto a una foto del encuentro.
El contrapunto entre Bullrich y Adorni
El martes por la tarde-noche, entre la reunión de senadores oficialistas y aliados en las oficinas del bloque radical y el encuentro de Labor Parlamentaria convocado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, Bullrich confirmó la postergación del informe de gestión de Adorni. Argumentó que la presentación terminaría convirtiéndose en una interpelación más que en una exposición institucional.
“No tenía sentido hacerlo venir para que lo tengan ocho horas castigándolo en público”, sostuvo la legisladora.
Sin embargo, después de una extensa jornada en la Casa Rosada, que incluyó tres reuniones con senadores libertarios y de las que Bullrich no participó, Adorni manifestó su disposición a concurrir al Congreso. En esos encuentros estuvo acompañado por Karina Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
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“Estoy a disposición para presentarme el día 2 de julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional”, publicó Adorni en redes sociales, en una señal que contrastó con lo anunciado horas antes por la jefa del bloque de La Libertad Avanza.
Según participantes de las reuniones en la Casa Rosada, Karina Milei les pidió a los senadores que “escuchen a Manuel”. El jefe de Gabinete expuso su situación y recibió un nuevo respaldo tanto de la secretaria general de la Presidencia como de los legisladores, que se comprometieron a bloquear cualquier intento de la oposición de removerlo mediante la aplicación del artículo 101 de la Constitución Nacional.
Pese a las discusiones, la mayoría de los bloques parlamentarios ve pocas posibilidades de que Adorni concurra a brindar su informe el próximo 2 de julio. No obstante, no descartan que la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialista Agustín Coto, habilite el tratamiento de los proyectos de interpelación.
El pedido de interpelación
Hace diez días, los senadores del interbloque Justicialista, entre ellos José Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Martín Soria, presentaron un proyecto para solicitar la interpelación de Manuel Adorni, con la posibilidad de avanzar hacia una moción de censura.
Los legisladores fundamentaron la iniciativa en la existencia de “graves inconsistencias patrimoniales”, además de “ocultamientos, omisiones, contradicciones y rectificaciones” en las declaraciones presentadas por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en el marco de la causa judicial que investigan el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.
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Desde el PRO, el senador Martín Goerling Lara, presidente del bloque, reiteró que acompañará los pedidos de interpelación e incluso presentará un nuevo proyecto para que sea debatido este jueves.
“Si no logra los dos tercios, que pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento”, manifestó el senador.
Diputados volvió a intentar la interpelación
En paralelo, los diputados Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, presentaron por separado pedidos de apartamiento del reglamento de la Cámara de Diputados para impulsar la interpelación de Adorni y fijar una fecha para que la Comisión de Asuntos Constitucionales emita dictamen sobre las iniciativas.
Ninguno de los pedidos alcanzó la mayoría especial de tres cuartas partes de los presentes requerida para incorporarlos al orden del día de la sesión de este miércoles.
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“Dan vergüenza los diputados que no vinieron a la sesión especial para interpelar a Manuel Adorni”, cuestionó Bregman en referencia al fracaso del quórum de la sesión convocada por la oposición el martes.
La propuesta de Ferraro, que tampoco reunió los votos necesarios, contó con el respaldo del bloque del PRO. El jefe de la bancada amarilla, Cristian Ritondo, valoró que el oficialismo convocara a la Comisión de Asuntos Constitucionales para el próximo martes a las 15 con el objetivo de discutir los proyectos de interpelación y sostuvo que desde la oposición “montaron un show” el martes.
Senado, Patricia Bullrich, Manuel Adorni, La Libertad Avanza
Camionetas, camiones y obradores que pertenecieron a Austral Construcciones SA, la empresa del empresario condenado Lázaro Báez, comenzaron a ser rematados a través de la plataforma de subastas judiciales online de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los bienes forman parte de un incidente dentro del proceso de quiebra de la firma, que tuvo una fuerte participación en la obra pública vial de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
La quiebra de la constructora tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28. En el marco de un incidente de restitución de bienes, la Justicia dispuso que distintos activos de la compañía fueran enviados al área de subastas online de la Corte para su venta.
Entre los vehículos ofrecidos hay seis camionetas Chevrolet S10, con precios base de $2.200.000; una Mercedes-Benz Sprinter, que parte de $5.100.000; y una Renault Master, con un valor inicial de $7.200.000.
También se subastan 11 módulos Tecnimet que eran utilizados como obradores al costado de las rutas. La oferta está dividida en dos lotes: uno integrado por cuatro unidades y otro por las siete restantes.
POLITICA
Arrancó la subasta de bienes de la constructora de Lázaro Báez en la página oficial de la Corte Suprema
Camiones, autos y obradores que pertenecieron a la firma Austral Construcciones SA, del empresario condenado Lázaro Báez, comenzaron a ser ofrecidos para remate a través de la página oficial de subastas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Se trata de uno de los incidentes del último capítulo del proceso de quiebra del expediente judicial de la firma de Báez, que realizó gran parte de la obra pública vial que se hizo entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz.
La causa por la quiebra de Austral Construcciones se abrió en 2017 y se encuentra tramitando ante el juzgado nacional en lo Comercial 28.
Allí se dispuso, en un incidente de restitución de bienes, enviar una serie de bienes a rematar en el área de subastas judiciales, que depende de la Corte Suprema.
En total, se subastan seis camionetas marca Chevrolet S10, que arrancan con un precio base de $2.200.000, una Mercedes Benz Sprinter con un precio inicial de $5.100.000 y otra Renault Máster, por $7.200.000.
Además, también se rematan once módulos Tecnimet (uno en una subasta con cuatro unidades y otra con las siete restantes) que funcionan como obradores al costado de la ruta.
Se trata de casillas prefabricadas, parecidas a un contenedor, de chapa, con paneles aislantes, puerta, ventanas e instalación eléctrica. Llegan armadas en camión y se apoyan en el terreno sin cimientos.
Archivo
Se usan como oficinas, vestuarios y baños para los obreros, comedor, depósito de herramientas y materiales o dormitorios en obras alejadas, como las de la Patagonia.
Por decisión judicial, los bienes están actualmente en poder de la Fuerza Aérea. En cada caso, los interesados pueden observar el lugar en donde se encuentran y un detalle del estado de los bienes.
En 2025, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema creó la plataforma online de remates con el fin de transparentar el mecanismo de subastas para hacer más accesible el proceso, garantizar el anonimato de los postores y facilitar la participación de la gente en todo el país, sin intermediarios.
Días atrás, a través de la página, se remató un departamento de 3 ambientes en el complejo River View de Puerto Madero que tenía como precio base 400.000 dólares y una casa en el country San Diego, del partido de Moreno.
Actualmente, hay en puja desde un departamento de tres ambientes con cochera en la ciudad de Mar del Plata con precio base de 54.000 dólares hasta la estructura de un edificio sin terminar en el barrio de Villa Urquiza y una planta industrial en Mendoza, todos bienes afectados a diversas causas judiciales.
En el caso de Báez, la mayoría de sus bienes ya fueron vendidos en este proceso de quiebra para pagar a los acreedores.
Además de la justicia comercial, también pugnan por rematar los bienes que quedan en pie de Báez el Tribunal Oral Federal 2, que lo condenó en la causa Vialidad, y el Tribunal Oral Federal 4, que lo condenó en la causa de la “Ruta del dinero K”.
La empresa quebró en 2018 y su liquidación sigue abierta: hubo unos 45 incidentes de venta, sobre todo, en Río Gallegos.
En abril de 2024, ya fue rematada maquinaria vial (motoniveladoras, palas cargadoras, excavadora), un semirremolque y vehículos. En septiembre de 2025, se subastaron 28 lotes del ex Obrador Central de Río Gallegos.
Además, en febrero de 2026 se llamó a mejorar ofertas por US$200.000 por un inmueble en Río Gallegos.
Quedan por rematar inmuebles y otros activos de Austral que siguen en liquidación.
En la causa de lavado de la “ruta del dinero K”, el objetivo es recuperar al menos 61 millones de dólares. Ya se remataron dos aviones: un Rockwell Commander y un Learjet.
Desde diciembre de 2025, en tanto, la Corte transfirió al Estado más de 60 millones de dólares.
Quedaron inmuebles bajo administración judicial hasta que se subasten cuentas en Suiza y Bahamas, y participaciones en nueve sociedades (Badial, Austral Agro, Austral Atlántica, Diagonal Sur y otras).
Por otro lado, está pendiente el decomiso por la causa Vialidad. El tribunal aprobó ejecutar 84 inmuebles, la mayoría en Santa Cruz, para cubrir una condena solidaria de 685.000 millones de pesos. Entre esos bienes se cuentan un campo de 5633 hectáreas en Alto Río Senguer (Chubut), la estancia Los Gurises, de 10.000 hectáreas (Santa Cruz), unos 60.000 metros cuadrados en El Calafate, lotes en Río Gallegos y tierras en Río Turbio.
comenzaron,la quiebra,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Río Negro: imputaron a un intendente libertario por corrupción y deberá afrontar un referéndum
La crisis política e institucional de Allen, en Río Negro, tendrá un nuevo capítulo el próximo 8 de noviembre, cuando los vecinos de la ciudad acudan a las urnas para definir la continuidad del intendente Marcelo Román. El jefe comunal, que se reivindicaba como el único mandatario municipal de La Libertad Avanza en la provincia, está imputado en una causa penal por presunta administración fraudulenta y peculado y quedó distanciado de la estructura partidaria libertaria.
El referéndum popular fue aprobado por el Concejo Deliberante, que habilitó así la instancia decisiva de un proceso de revocatoria impulsado por un sector de vecinos. La iniciativa avanzó luego de que se verificaran 4.771 firmas correspondientes al padrón electoral municipal, un volumen que permitió alcanzar el umbral previsto en la Carta Orgánica para convocar a la consulta.
La votación trasladará a los ciudadanos la definición sobre la continuidad del mandato de Román, en medio de una disputa que enfrentó al Ejecutivo municipal con el cuerpo legislativo y que tuvo derivaciones judiciales. En julio, los concejales habían dispuesto la suspensión preventiva del intendente, pero el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro anuló esa decisión en agosto, al considerar que el órgano legislativo no tenía competencia para adoptar esa medida en las condiciones en que lo había hecho.
Una disputa institucional que llegó a la Justicia
El 8 de julio, el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza 044/2026, que dispuso la suspensión preventiva de Román mientras avanzaba la investigación penal. La medida obtuvo seis votos afirmativos y tres negativos, y estableció que el intendente dejara de percibir su dieta o remuneración. Durante su apartamiento, la conducción interina del municipio quedó en manos del presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa.
La decisión se produjo semanas después de que la jueza de Garantías Natalia González formulara cargos contra el jefe comunal y el empresario Sebastián Ocampo, señalado por la Fiscalía como presunto partícipe necesario en los hechos investigados.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, entre marzo de 2024 y julio de 2025, el municipio habría adquirido un teléfono celular por $479.999 mediante un plan corporativo. El abono mensual, pagado con fondos públicos, habría elevado el desembolso total a $596.812,38. Según la acusación, el aparato habría sido entregado a una persona ajena a la administración municipal.
La suspensión fue fundamentada por los concejales en el artículo 109 de la Carta Orgánica de Allen, que contempla esa posibilidad cuando un funcionario municipal es procesado. Los ediles interpretaron que la formulación de cargos del sistema procesal penal vigente podía equipararse conceptualmente al antiguo procesamiento.
Román rechazó esa interpretación y calificó la medida como un “golpe institucional”, además de considerarla “avasalladora, ilegal e inconstitucional”. También anunció que recurriría a la Justicia para cuestionar la decisión del cuerpo legislativo.
El 28 de agosto de 2026, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro hizo lugar al planteo del intendente y anuló las ordenanzas 044/2026 y 045/2026, junto con los actos administrativos derivados de ellas.
El máximo tribunal provincial entendió que el Concejo Deliberante carecía de competencia para disponer la suspensión en esas circunstancias. Según el criterio adoptado, la Carta Orgánica exige que exista una imputación y que el tribunal competente resuelva procesar al funcionario, condiciones que no pueden interpretarse como alternativas.
El fallo dejó sin efecto la suspensión dispuesta por los concejales, pero no resolvió el fondo de la investigación penal contra Román. La causa por presunta administración fraudulenta y peculado siguió un carril judicial distinto del procedimiento de revocatoria del mandato.
Las firmas que habilitaron el referéndum
En paralelo con la disputa institucional, la iniciativa de revocatoria comenzó a tomar forma a partir de una campaña de recolección de adhesiones impulsada por Silvina Cantero, quien en mayo de 2026 presentó más de 3.000 firmas para promover el mecanismo previsto en el artículo 98 de la Carta Orgánica municipal.
El proceso continuó con la habilitación de cinco libros para reunir adhesiones y el posterior control de las firmas. El informe de la Secretaría del Concejo Deliberante comunicó la finalización de esa verificación y registró un total de 4.771 firmas correspondientes al padrón electoral de Allen, incluidas las adhesiones de electores extranjeros empadronados.
Con ese resultado, la iniciativa alcanzó el segundo umbral previsto por la normativa local: el equivalente al 20% del padrón electoral de 2023, requisito establecido para avanzar hacia el referéndum popular.
La convocatoria fue tratada durante la sesión ordinaria de este jueves, mediante un proyecto de resolución presentado por el presidente y el vicepresidente del Concejo Deliberante. La propuesta recibió seis votos a favor y tres en contra.
Respaldaron la convocatoria los concejales de UCR Auténtica, bloque presidido por Fabián Figueroa; de Alianza Juntos Somos Río Negro (JSRN), representada por Guillermo Pennesi, María Aburto, Gustavo Addamo y Agustina Sánchez; y de Alianza Nos Une Río Negro, encabezada por Marta Crespo.
En contra votaron los tres integrantes del bloque UCR: Antonio Sepúlveda, Valeria Bezic y Analía Martínez.
El resultado de la votación habilitó el avance formal hacia la consulta popular, que tendrá lugar el 8 de noviembre. Ese día, los ciudadanos incluidos en el padrón municipal deberán pronunciarse sobre la continuidad de Román al frente del Ejecutivo local.
El aislamiento político del intendente libertario
El conflicto también tuvo consecuencias en el plano partidario. Román se había presentado como el único intendente de La Libertad Avanza en Río Negro e incluso había ocupado cargos en la conducción provincial del espacio. Sin embargo, tras el inicio de la investigación penal, renunció a su función como vicepresidente provincial y perdió el respaldo de las autoridades partidarias, que sostuvieron que ya no pertenecía a la fuerza.
La disputa dejó al jefe comunal expuesto a dos procesos diferentes: uno judicial, que deberá determinar su eventual responsabilidad penal, y otro político-institucional, en el que los vecinos definirán si debe completar su mandato.
El referéndum del 8 de noviembre será el punto de inflexión de esa segunda instancia. La decisión quedará en manos del electorado de Allen, en un escenario atravesado por el enfrentamiento entre el intendente y el Concejo Deliberante, la controversia sobre los alcances de la Carta Orgánica y el distanciamiento de Román respecto de la estructura libertaria.
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