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Fuerte emplazamiento de la Justicia: reclama al juez de Campana que envíe de manera “muy urgente” la causa de la mansión de la AFA

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La Justicia volvió a propinarle un nuevo revés a los supuestos testaferros del tesorero de la AFA Pablo Toviggino en la causa en que se investiga a los dueños de la fastuosa quinta de Pilar, donde fueron encontrados en allanamientos 54 autos de lujo, pistas ecuestres, caballerizas y un helipuerto.

La Cámara en lo Penal Económico reclamó que el juez federal de Campana Adrián González Charbay envíe “con carácter de muy urgente” el expediente a la Capital Federal, como lo ordenó el tribunal hace 13 días, y además rechazó un recurso de los acusados para ir a la Cámara de Casación contra esa decisión.

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Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, de la Sala A en lo Penal Económico, tras siete meses de guerra judicial, decidieron el 12 de junio pasado sacarle el caso al juez González Charbay, donde querían estar los acusados, y dejarlo en manos de la justicia de la Capital Federal, especializada en lavado de dinero y evasión, en el juzgado penal económico N° 10 de Verónica Straccia.

El juez federal Adrián González Charvay

Pero el expediente sigue en Campana, por lo que pidieron a la jueza Straccia que se lo reclame a su colega federal González Charbay.

Los acusados en la causa, que son Luciano Nicolás Pantano y su madre Ana Conte, que aparecen como dueños de la mansión sin tener un pasar económico acorde, plantearon además un recurso para ir a la Cámara de Casación contra la decisión de sacarle el caso a Campana, que ahora fue rechazado.

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La Cámara en lo Penal Económico les cerró la vía de la Casación. Hornos y Robiglio les denegaron el recurso de casación a Pantano y Conte, responsables de la firma Real Central que aparece como dueña de la propiedad de cinco hectáreas. Una tasación la valuó en 20 millones de dólares.

El cuadro de Pablo Toviggino en la quinta de Pilar

El tribunal impuso además las costas del recurso y encargó al juzgado de Straccia que requiera “con urgencia” al Juzgado Federal de Campana la causa, dado que el expediente aún no fue enviado a pesar de que pasaron 13 días desde la orden.

Pantano y Conte aparecen como dueños de Real Central S.R.L., la sociedad que en mayo de 2024 adquirió un predio de aproximadamente cinco hectáreas ubicado en la calle Misiones 4097 de Villa Rosa, partido de Pilar. El lugar contaba con helipuerto, haras de caballos, canchas de fútbol, pista ecuestre y un galpón con decenas de autos de colección y de alta gama.

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Los investigadores sospechan que ninguno de los dos tiene el perfil patrimonial para haber adquirido ese bien y que actuaron como testaferros del tesorero de Toviggino. La empresa que compró el predio se llamaba originalmente Central Parks Drinks S.R.L., tenía escasa actividad y un capital social de apenas 300.000 pesos.

El 16 de mayo de 2024 fue rebautizada como Real Central S.R.L. y su capital se elevó a 58 millones de pesos. Catorce días después, la firma adquirió la quinta. Entre los primeros indicios recabados figuraba una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano con la que se abonaban gastos de la flota de automóviles hallada en la propiedad.

Elementos encontrados en la quinta de Pilar que la ligan a Pablo TovigginoCollage

Hace siete meses que se discute qué juez debe investigar el caso. El expediente pasó por tres magistrados distintos: arrancó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, quien dispuso las primeras medidas de prueba y allanó la quinta; luego pasó al Juzgado en lo Penal Económico N° 10, entonces a cargo de Marcelo Aguinsky.

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Finalmente, a raíz de un planteo de inhibitoria presentado por Pantano ante el Juzgado Federal de Campana durante la feria de enero, el camarista de San Martín Alberto Lugones derivó el caso al juzgado de González Charvay. Esa decisión fue anulada por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal el 15 de mayo pasado a instancias del recurso del fiscal Carlos Cearras.

El voto mayoritario concluyó que el tribunal de San Martín carecía de jurisdicción para resolver la contienda y que las cuestiones de competencia entre jueces federales de primera instancia deben ser dirimidas por la Cámara de Apelaciones de la que dependa el juez que hubiese investigado, en este caso el penal económico.

Así, el expediente regresó a la Cámara Penal Económica, que el 12 de junio pasado asignó definitivamente la competencia al Juzgado N° 10, hoy a cargo de Straccia.

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La defensa intentó impugnar esa decisión por un recursos de casación, porque dijo que se afectó al juez natural, que hubo irregularidades en el procedimiento de inhibitoria, cuestionó “la ilegitimidad de la concentración capitalina” y denunció “presión mediática”.

La Cámara rechazó todos esos planteos. Consideró que la resolución sobre competencia no constituye sentencia definitiva ni puede ser equiparada a una, dado que no puso fin al proceso, no ocasionó un perjuicio de imposible reparación ulterior ni impidió la continuación de la causa.

Las referencias a la presión mediática y a la “concentración capitalina”, en tanto, fueron calificadas como meras opiniones extrajurídicas sin entidad de agravio técnico. Hornos y Robiglio afirmaron que la Casación no es la vía legalmente prevista para impugnar resoluciones de esta naturaleza.

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Con la denegación de hoy, a la defensa de Pantano y Conte le resta interponer un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal. Es una vía de admisibilidad estricta y de éxito incierto, en particular porque la propia Casación, con la misma Sala I, ya dijo que la Cámara Penal Económica es la competente para resolver.

Si la defensa de Pantano lo intenta sería una chicana más para dilatar el avance de la causa, que ya lleva siete meses demorada sin que se investigue el fondo del delito de lavado de dinero y a quién pertenece la quinta que se sospecha está ligada a la AFA.

Mientras tanto, el juzgado de Straccia deberá reclamar el expediente a Campana para retomar la investigación sobre el origen de los fondos con los que se adquirió la quinta y el rol que habrían cumplido Pantano y su madre en una maniobra que, según la hipótesis fiscal, integra un esquema más amplio de desvío de fondos de la AFA que podría superar los 300 millones de dólares.

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quinta de Pilar,,Hernán Cappiello,Conforme a

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La Corte revocó la absolución de Milani por la desaparición en 1976 del conscripto Ledo en Tucumán

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó hoy la absolución de César Santos del Corazón de Jesús Milani, exjefe del Ejército durante el kirchnerismo, que fue acusado de haber encubierto la desaparición del soldado conscripto Alberto Agapito Ledo, en 1976, en Tucumán.

La decisión no condena a Milani ni lo declara responsable: devuelve el expediente al punto anterior a 2021. La Cámara de Casación deberá dictar un nuevo pronunciamiento; tendrá que revisar otra vez, con otra integración, si el militar encubrió lo que ocurrió la madrugada del 17 de junio de 1976.

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César Milani en el juicio oral y públicoArchivo – Telam

Por mayoría y con la convocatoria de conjueces, el máximo tribunal hizo lugar a los argumentos de la Procuración General, que sostuvo que no estaba justificada la absolución por el beneficio de la duda.

La decisión de la Corte fue firmada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti y por el conjuez Juan Ignacio Pérez Curci (camarista federal de Mendoza), quienes compartieron e hicieron suyos “en lo pertinente” los fundamentos y las conclusiones del procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal.

Para el procurador, el tribunal y la Cámara Federal de Casación Penal omitieron valorar “exhaustivamente aquellas circunstancias comprobadas de la causa al afirmar que Milani no sabía, ni tenía ningún motivo para pensar que Ledo no había desertado, sino que había sido víctima de un acto criminal por parte de efectivos de las fuerzas armadas”.

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Tampoco consideraron que habría mentido cuando consignó que el soldado desaparecido se había llevado sus cosas.

El juicio a César Milani en La RiojaDiego Lima –

“La única forma de sostener razonablemente que (…) Milani no tenía ningún motivo para pensar que Ledo no se había fugado, sino que había sido víctima de un acto ejecutivo del plan aludido, sería admitir, ingenuamente, que el entonces joven subteniente ignoraba tanto cuál era el objetivo primordial del Ejército en la zona en la que se desempeñaba, como aquellas circunstancias sobre la personalidad de Ledo y el hallazgo de sus pertenencias, que eran conocidas para el resto de los miembros de la comisión”, sostuvo el dictamen.

En un voto concurrente, el conjuez Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas (camarista federal de Salta) coincidió en dejar sin efecto la absolución de Milani, al sostener que los tribunales inferiores hicieron un análisis “en abstracto” del papel de Milani, al considerar la deserción como “un mero trámite burocrático”, olvidando que la víctima ya había sido identificada como “marxista” y teniendo en cuenta la condena que en el mismo juicio se dictó contra Esteban Sanguinetti, oficial superior de Milani cuando ocurrieron los hechos.

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La disidencia de Rosenkrantz

En disidencia, el juez Carlos Rosenkrantz también hizo un extenso análisis en el que cuestionó el recurso de la Procuración; hizo hincapié en lo que la fiscalía “no adujo ni explicó” y concluyó que correspondía confirmar la sentencia absolutoria.

“El horrible crimen contra Ledo ocurrió en el marco de la represión ilegal, pero no todo lo ocurrido entonces es el producto del obrar de todos los hombres de armas. La concreta participación de cada imputado debe ser demostrada en cada causa más allá de toda duda razonable”, señaló.

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Rosenkrantz sostuvo que la fiscalía no contempló que “Milani, tal como lo afirmó el Tribunal Oral en su decisión, si bien era oficial del Ejército, ostentaba el cargo más bajo -subteniente-, tenía 21 años de edad al momento de los hechos y se había incorporado a la unidad solamente dos meses antes de la desaparición de Ledo, además de que no consta que haya participado de actividades de inteligencia, por lo que no se podía concluir -sin pruebas- que compartía con un capitán del Ejército la información sobre la comisión de delitos ordenados por los altos mandos militares”. El juez afirmó que la fiscalía tampoco explicó “por qué sería arbitraria la afirmación de los jueces inferiores en cuanto a que la elaboración del acta era una mera ‘operación de trámite”.

Según Rosenkrantz, “la circunstancia de que Ledo y Milani no hubiesen tenido relación entre sí en atención a que no pertenecían ni a la misma sección ni unidad (cuestión consentida por el fiscal) y la escasa jerarquía y edad del acusado, constituyen serios indicios de la razonabilidad de la duda sobre el desconocimiento de las circunstancias delictivas de su desaparición”.

Agapito Ledo era un estudiante de historia que tenía trabajo social junto al obispo de La Rioja Enrique Angelelli y militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

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Graciela LedoDiego Lima –

Hacía el Servicio Militar Obligatorio en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 del Ejército Argentino, con asiento en la provincia de La Rioja, cuando en la noche del 17 de junio de 1976 fue sacado por la fuerza de su cama. Nada se supo de él. Según testimonios, fue visto por última vez en diciembre de ese año, como detenido, en el Arsenal Miguel Azcuénaga de San Miguel de Tucumán.

El caso fue llevado a juicio, con el excapitán Esteban Sanguinetti imputado como autor material de la privación ilegítima de la libertad y el homicidio del soldado Ledo; y Milani, señalado como encubridor y autor de falsedad ideológica.

Según el expediente, Sanguinetti ordenó labrar actuaciones en las que Ledo figuraba como desertor, diciendo que se había fugado con su equipo de campaña. El acta fue labrada por Milani, subteniente del Ejército.

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En el juicio, la fiscalía y la querella de la familia Ledo solicitaron para Sanguinetti una condena a prisión perpetua y para Milani, seis años de cárcel, la pena máxima prevista para el delito del que estaba acusado.

En diciembre de 2019, el Tribunal Oral Federal de Tucumán dictó la absolución de Milani por el beneficio de la duda y condenó a Sanguinetti a 14 años de prisión como partícipe secundario del delito de privación ilegítima de la libertad, en concurso con homicidio calificado con alevosía, concurso premeditado de dos o más personas, criminis causa; delitos considerados de lesa humanidad.

La sentencia fue apelada por la fiscalía, la familia del soldado y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Allí se cuestionó la absolución a Milani y la pena y el rol atribuido a Sanguinetti.

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Milani en 1976 firmó el acta de deserción de Ledo, que incluyó varias irregularidades

En diciembre de 2021, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, confirmó la absolución del extitular del Ejército del kirchnerismo y se abrió el recurso solicitado por los acusadores sobre Sanguinetti.

Tanto la Procuración como las querellas apelaron la absolución de Milani.

El expediente estuvo cuatro años y medio en la Corte, que este martes decidió hacer suyo “en lo pertinente” el recurso fiscal. Según fuentes judiciales, la causa volverá ahora a la Cámara Federal de Casación Penal.

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Milani, cuando declaró en el juicioDiego Lima

Milani tiene 71 años y, en caso de ser condenado, podría pedir cumplir su pena en arresto domiciliario.

Es la segunda vez que el máximo tribunal interviene contra Milani. En abril de 2024, desestimó un planteo suyo en la causa por enriquecimiento ilícito, abierta por la compra de una casa en La Horqueta, San Isidro, en 2010, por 1.500.000 pesos que no pudo justificar con sus ingresos.

En ese caso, el Tribunal Oral Federal 7 lo había absuelto en septiembre de 2022 y la Cámara de Casación anuló esa absolución en agosto de 2023, con los votos de Petrone y Barroetaveña y la disidencia de Figueroa, por entender que el tribunal había valorado la prueba de manera parcial.

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Además, en agosto de 2019, Milani fue absuelto en La Rioja en la causa por los secuestros y torturas de Pedro y Ramón Olivera, cometidos en marzo de 1977, cuando era subteniente del Batallón 141.




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Caso Chocolate Rigau: el descargo de los diputados bonaerenses tras la denuncia de un juez que los acusó de “ocultamiento”

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La Cámara de Diputados bonaerense salió al cruce de la denuncia presentada por el juez de Garantías Guillermo Atencio, quien pidió investigar un posible encubrimiento en el marco de la causa por Julio “Chocolate” Rigau. La Legislatura sostuvo que actuó “ajustada a derecho” y que en ningún momento buscó impedir el avance de la investigación.

Según el descargo difundido por la Cámara, el archivo de las actuaciones fue aprobado el 28 de mayo de 2026, casi tres meses antes de que ingresara el requerimiento judicial, el 19 de agosto. Además, remarcaron que la decisión fue pública, se votó en una sesión transmitida en vivo y quedó registrada en los archivos del cuerpo.

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Uno de los principales argumentos de Diputados apunta a diferenciar las actuaciones que fueron archivadas de la causa que investiga a Rigau. La Cámara sostuvo que, según la documentación analizada, los requerimientos y decisiones administrativas cuestionados correspondían a la causa Rodríguez, vinculada a una investigación por hurto, y no directamente al expediente de Rigau.

Las tarjetas de la corrupción salpican a toda la Legislatura bonaerense. (Foto: Diputados Bonaerenses)

En ese sentido, la Legislatura aseguró que sí respondió a los pedidos de información realizados por la Justicia en la causa de “Chocolate” y destacó que esa investigación avanzó hasta la etapa de juicio, con personas que permanecen detenidas.

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César Milani hoy: de emblema militar del kirchnerismo a una voz aislada que intenta reposicionarse con críticas a Milei

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Sin vínculos de ningún tipo con la plana mayor de las Fuerzas Armadas, el teniente general retirado César Milani, que fue el hombre fuerte del Ejército y de la inteligencia militar en los años del kirchnerismo, reapareció recientemente con fuertes críticas a la política de defensa del gobierno de Javier Milei. Cuestionó, en particular, su ofensiva contra el Reino Unido por la Cuestión Malvinas y declaró que “el giro del Presidente es un oportunismo político, demagógico y berreta”. Recordó, en ese sentido, que el líder libertario había defendido el derecho a la autodeterminación de los pobladores de las islas y expresado su admiración por Margaret Thatcher.

Milani, a quien la Corte acaba de reabrirle una causa por el presunto encubrimiento del crimen del conscripto Alberto Ledo en Tucumán, en 1976, tiene hoy 71 años. Acompañó históricamente las expresiones de los sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas identificados con la causa Malvinas, en contraposición con el “sector liberal”. Pero en el nuevo escenario evita transitar las mismas posiciones que el gobierno libertario. Minimizó las sanciones contra empresas que participan de exploraciones petroleras en Malvinas, anunciadas por el gobierno de Milei, al recordar que ya en agosto de 2013 la entonces presidenta Cristina Kirchner recurrió a esa estrategia.

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En el plano judicial, reivindica entre quienes lo acompañan la absolución que inicialmente le había dado la Justicia en las causas por la desaparición del Ledo, revocada ahora por la Corte, y el secuestro y torturas contra Pedro y Ramón Olivera, en La Rioja, que sigue vigente. Milani, cuando se encontraba en lo más alto de las Fuerzas Armadas durante el período kirchnerista, acercó posiciones con las Madres de Plaza de Mayo y en diciembre de 2013 tuvo una recordada entrevista con Hebe de Bonafini, con amplia difusión en la revista de la organización.

El encuentro entre Hebe de Bonafini y César Milani, por entonces jefe del Ejército, en diciembre de 2013ARCHIVO DYN

Más allá de las causas judiciales, en el último tramo de la presidencia de Cristina Kirchner, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que había avalado las postulaciones para sus ascensos en la carrera militar, cuestionó su designación como jefe de la fuerza mientras no hubieran concluido las investigaciones sobre su presunta responsabilidad en la violación de derechos humanos durante el proceso militar.

La Cuestión Malvinas

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El exjefe del Ejército entiende que la Argentina no tiene capacidad militar para pensar en recuperar las islas por la fuerza y declaró que proponer una teoría en tal sentido reflejaría “una demencia importante”.

En términos políticos, el exjefe de Inteligencia del Ejército procura hacer pie en el PJ, aunque no tiene participación en la Comisión de Defensa de ese partido, que encabeza el exministro Agustín Rossi. En forma categórica, una fuente partidaria aseguró a que “Milani no participa de la Comisión de Defensa del PJ”.

Tampoco tuvo acercamientos con el Ministerio de Defensa en los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández, cuando la política militar fue conducida sucesivamente por Rossi y por Jorge Taiana. Apuesta a una renovación en el peronismo y promueve la formación de un frente nacional con vistas a las próximas elecciones.

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Milani intenta posicionarse con fuertes críticas a la gestión libertaria por los bajos ingresos del personal militar y la caótica situación de la obra social y argumenta que un alto porcentaje de los integrantes de las Fuerzas Armadas se encuentra por debajo de la línea de pobreza. “El relato es uno y los hechos son otros”, advirtió en una emisora radial, al cuestionar las políticas de los últimos tres años con términos que quedaron familiarizados con la gestión kirchnerista.

Frente al anuncio de la reactivación de las obras para construir la Base Naval Integrada en Ushuaia, un punto estratégico en el que tanto China como Estados Unidos han puesto su mirada, el exjefe militar kirchnerista advirtió que el gobierno de Milei redujo los recursos del Fondo de Financiamiento de la Defensa (Fondef) y planchó el proyecto”. En sus fuertes cuestionamientos, Milani no apareció acompañado por otras voces del peronismo.




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