POLITICA
Ley de Financiamiento: las universidades celebraron el fallo de la Corte que obliga al Gobierno a actualizar becas y salarios
El titular del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, celebró este jueves el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la cautelar presentada por las casas de estudio para exigir el cumplimiento de dos puntos clave de la Ley de Financiamiento Universitario.
“Es muy importante no solo para la comunidad universitaria del país, sino para las instituciones de la Nación esto que acaba de suceder. Y pone en evidencia lo relevante que es ser consecuentes en el camino, firmes, responsables, serios, para defender algo que tanto bien le hace a la Argentina”, enfatizó Bartolacci a través de un video en sus redes sociales.
Y agregó: “Mi agradecimiento a la comunidad universitaria, a la sociedad en su conjunto que nos sotuvo hasta acá, y la convocatoria a seguir. Es un paso más, no llegamos a ningún lado. A seguir trabajando por la universidad que queremos”.
El fallo del máximo tribunal obliga al Gobierno a aplicar dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario que giraban alrededor de la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles. Según explicaron a TN autoridades universitarias, la norma establece un aumento salarial de entre un 25% y 30%.
El acuerdo previo al fallo y la disputa judicial que continúa
La cifra se suma al 24,3% que el Gobierno ya había acordado con las universidades a inicios de junio, lo cual elevaría la actualización total alrededor del 50%. A su vez, el Ejecutivo había dispuesto un incremento del 20% los gastos de funcionamiento y ampliar las partidas para hospitales universitarios hasta $50.000.000.000.
Sin embargo, el fallo de la Corte no resolvió el reclamo de fondo sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento, sino que únicamente pidió aplicar la cautelar mientras avanza el proceso judicial. Allí, es la Cámara en lo Contencioso Administrativo federal quien debe determinar si habilita el reclamo completo de las casas de estudio por la aplicación de la ley o no.
El Gobierno, por su parte, había congelado la ejecución de la norma con el argumento de que esta no disponía de dónde sacar los fondos para instrumentarla. Según la Casa Rosada, el proyecto implicaba un impacto fiscal estimado en unos $2,5 billones de pesos, una cifra que consideraban “impagable”.
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En ese contexto, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, festejó la decisión del máximo tribunal y sostuvo que el Poder Ejecutivo debe cumplir la ley. “Fue un camino largo y difícil. Gracias a una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social y herramienta central para el desarrollo del país y el futuro de todos. Luchar por lo correcto siempre vale la pena”, subrayó.
Por su parte, el senador radical Maximiliano Abad consideró que “el fallo es un paso importante” y le reclamó al Estado que “gire los fondos para salarios, becas y funcionamiento de las universidades públicas”.
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POLITICA
El tenso cruce de Juliana Di Tullio con un periodista por el escándalo de Insaurralde y las SIRA
En medio de la reorganización del peronismo de cara a las elecciones del 2027, la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio mantuvo un cruce con un periodista en medio de una entrevista por el escándalo del yate del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde y por la investigación de las maniobras en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).
En una entrevista en el streaming Buenas Tardes China, el periodista Jairo Straccia le preguntó si el peronismo no tiene una “reflexión” o una “explicación” respecto a los escándalos de corrupción que rodean al espacio, y en eso mencionó al Yate Gate de Insaurralde (hoy investigado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito tras difundirse imágenes de él en un yate en Europa con la modelo Sofía Clerici) y a la investigación sobre la red de intermediarios que lograban acceder de manera exprés al sistema SIRA cuando Sergio Massa era ministro de Economía.
“No, no necesariamente. Jairo, por ahí vos necesitás esa respuesta”, se limitó a decir la legisladora cercana a la expresidenta Cristina Kirchner. “Lo di todo tratando de conmoverte, Juliana”, replicó Straccia entre risas.
“Encuentran un fajo de guita en la casa de Insaurralde y el peronismo [no dice nada]”, marcó el conductor, a lo que Di Tullio siguió: “Eso no sé si es cierto. Yo no quiero ser una defensora de cosas que están en el medio de situaciones judiciales. Vos me hablás de la SIRA como si fuera una cosa cierta. Me hablás de Insaurralde y qué sé yo. ¿Yo por qué voy a hacerme cargo de algo que no tengo ni idea si de verdad sucedió o no sucedió? ¿Por qué tengo que hacer yo o el peronismo una autocrítica sobre cosas que no sé si sucedieron? Hay una causa de cuadernos [de las coimas] que no existe, Jairo. No sé si yo tengo que hacer eso, la verdad, no sé, no tengo ni idea».
Straccia luego dijo una frase que asombró a sus compañeros del programa e hizo enojar a Di Tullio. “Ay, me quiero morir, Juliana. ¿Sabés que te escucho y pienso que va a reelegir [el presidente Javier] Milei? Te lo estoy diciendo con el corazón abierto», lanzó, a lo que la senadora respondió: ”Es un poco fuerte lo que estás diciendo”.
Y agregó: “¿Por qué yo voy a decir, ‘sí, sí existen, las SIRA existen. ¿De dónde salieron ustedes? ¿Yo cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a decir si hay que hacer una autocrítica sobre algo que desconozco si existe? Es un poco fuerte lo que acabas de decir. Es un poco fuerte. ¿Qué querés que diga para que no reelija Milei? ¿Que las SIRA son ciertas? ¿Eso querés que diga?“.
Ya con ironía, el periodista continuó: “No, no, lo que vos quieras, Juliana. Me quiero morir, Juliana”. “Vos no me podés hacer responsable a mí por algo que yo desconozco”, insistió Di Tullio. “Me quiero morir”, completó Straccia.
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POLITICA
Fracasó la paritaria universitaria: los gremios planean convocar a una quinta marcha nacional y suman tensión con el Gobierno
La serie de negociaciones entre el Gobierno y los sectores docentes y no docentes universitarios suma un nuevo capítulo este jueves. Ambas partes se reunieron desde las 11 en el Palacio Pizzurno, en el marco de la discusión paritaria que convocó la Secretaría de Educación, la cual a comienzos de mes propuso un aumento del 3% para septiembre y de 3% para octubre, que fue rechazado por todas las agrupaciones. Esa misma oferta fue la que se repitió en la mañana de hoy y el resultado fue el mismo.
“El aumento no es el deseado y vamos a tomar medidas”, avisó una de las contrapartes que estuvo esta mañana en la audiencia con autoridades del Ministerio de Capital Humano. Los integrantes de los sindicatos docentes solicitaron los fondos que establece la judicializada Ley de Financiamiento Universitario: los dos incrementos que dispone el Gobierno más una recomposición del 32,5% que perdieron los salarios durante los primeros años de la administración nacional de Javier Milei.
A las 15 horas habrá un segundo encuentro con las autoridades de Educación con los gremios no docentes. Una vez finalizado, estos se juntarán con los sindicatos docentes para comenzar a diagramar las próximas medidas de fuerza. La posibilidad que toma mayor fuerza es la de convocar a una marcha nacional por las universidades nacionales. Sería la quinta en lo que va de este Gobierno y la segunda en el año.
El contexto en el que se da esta discusión no es menor. El Gobierno asignó $7,3 billones para las universidades públicas en el Presupuesto 2027, una cifra 33% inferior a los $11 billones que reclaman los rectores para sostener salarios, infraestructura, ciencia, becas y hospitales, mientras se profundiza la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Las autoridades de las 60 universidades públicas estimaron que casi el 90% de los recursos requeridos corresponde a salarios docentes y no docentes. El resto contempla gastos de funcionamiento, obras de infraestructura, investigación, becas y hospitales universitarios. La diferencia presupuestaria se superpone con un conflicto judicial y paritario. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostiene que el Ejecutivo aún no cumplió plenamente los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, pese a que una medida cautelar continúa vigente.
“Seguimos insistiendo en que el Gobierno tiene que cumplir en democracia con la Ley de Financiamiento Universitario. Ya hay dos poderes de la Nación, el Legislativo y el Judicial, que dicen que tiene que cumplir. Nunca se ha visto que el Ejecutivo se niegue a aplicar algo que ya fue convalidado por los otros dos poderes”, declaró a Infobae el secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci.
El Ejecutivo cuestiona las cifras solicitadas por las agrupaciones docentes y no docentes al afirmar que la aplicación total de la ley todavía no fue ordenada por la Justicia. Los voceros oficiales sostienen que la cautelar habilitó ajustes en becas y salarios, y que el aumento previsto para octubre deja la remuneración por encima de lo establecido en el fallo.
La administración nacional señaló que el Presupuesto para el año próximo contempla la medida cautelar y una inflación proyectada de 18%, dentro de un ítem denominado refuerzo y fortalecimiento de recursos humanos. También indicó que los hospitales tienen un límite específico para los fondos destinados a la Universidad de Buenos Aires, que suele concentrar la mayor parte de esas partidas, y pidió a los hospitales universitarios provinciales que presenten sus gastos.
El Gobierno asegura que el funcionamiento de las casas de altos estudios estará garantizado el próximo año y atribuye el desacuerdo principalmente a los salarios. Desde esa perspectiva, el Presupuesto prevé un aumento del 20% para gastos de funcionamiento, mientras que las remuneraciones absorben cerca de nueve de cada diez pesos del sistema.
Una de las pocas personas que salió a hablar sobre el tema fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien negó que las políticas de la actual administración sean insensibles.
Que una figura del círculo presidencial como Menem deba salir a hablar sobre el tema universitario pone sobre la mesa la reinstalación mediática de la cuestión universitaria. Esto es percibido por los propios rectores de las casas de estudios, que ayer presentaron su propuesta presupuestaria en el Congreso de la Nación, ámbito donde se debe discutir el Presupuesto 2027. En el entorno de Milei aseguran que el rumbo de la política de fondos universitarios no se va a modificar: “Si quieren más partidas, deberán decir a qué otros sectores les vamos a sacar. No tenemos problema”.
A diferencia de años anteriores, el Gobierno no tiene la misma licencia social para implementar el ajuste del gasto en sectores con alta adhesión social como lo son las universidades nacionales o el sector de Discapacidad. Entre los principales integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) comienza a evaluarse la posibilidad de hablar de que el inicio del ciclo lectivo para el año próximo corre peligro. Este asunto podría ser insertado por los propios gobernadores en algunas de las conversaciones con emisarios del Gobierno, dada la territorialidad federal que alcanzan las más de 50 universidades dependientes de Nación.
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick ordenó en diciembre que el Ejecutivo cumpla los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El 1 de septiembre rechazó el pedido oficial para dejar sin efecto la cautelar, y la Corte Suprema había confirmado su vigencia el 25 de junio. Los rectores cuestionan que los escritos presentados por los abogados del Estado retrasan los pagos. En ese marco, el CIN impulsa una demanda contra el decreto con el que Milei promulgó la ley, pero suspendió su ejecución bajo el argumento de que no existían recursos asignados ni una fuente de financiamiento definida. Las universidades pidieron además que se apliquen multas a funcionarios y que se evalúe una causa penal por presunta desobediencia.
POLITICA
El juicio por los Cuadernos de las Coimas: mostraron imágenes del allanamiento al departamento de Cristina Kirchner
En el juicio oral de los Cuadernos de Coimas se ventilaron imágenes hasta ahora desconocidas del interior del departamento de Cristina Kirchner en Recoleta.
Concretamente, se exhibió una filmación del allanamiento realizado en 2018 con la intención de mostrar un vestidor blindado que el matrimonio Kirchner tenía detrás de su cama, pero los abogados se opusieron y todavía el Tribunal alcanzó a mostrar esa imagen.
El video se reveló parcialmente luego de la declaración de Juan Carlos Barrales, el comisario que estuvo al frente del operativo en el domicilio de la expresidenta en el barrio de Recoleta.
“Había una puerta blindada en lo que nosotros supusimos que era la habitación matrimonial, o la que ocupaba la señora, porque había almohadones con las iniciales del doctor Néstor Kirchner y de la expresidenta”, dijo Barrales.
“Ahí, detrás de la cama, había una puerta. Sería como un vestidor o un placard tipo vestidor. Esa puerta era blindada. Es más, accidentalmente se cerró y el señor Cabral, si no recuerdo mal, quien manifestó ser secretario privado de la expresidenta, fue quien la volvió a abrir para poder continuar con el registro”.
El departamento de Juncal y Uruguay ocupa un lugar central en la causa Cuadernos: según las anotaciones de Oscar Centeno y los relatos de distintos arrepentidos, fue uno de los destinos finales del dinero que se recaudaba entre empresarios.
El arrepentido Claudio Uberti declaró que llevó dinero allí y que, en una oportunidad, subió al departamento y vio alrededor de 20 valijas de distintos tamaños, algunas en el palier y otras en el dormitorio, que —según le dijo Daniel Muñoz— serían trasladadas a Santa Cruz.
La intimidad, en disputa
El abogado Manuel Ubeira, que defiende al exfuncionario Oscar Thomas, interrumpió la exhibición del tribunal, pedida por la fiscal Fabiana León, para preguntar cuál era el propósito de mostrar esas imágenes.
Luego fue Beraldi quien, con el video ya en curso, se opuso y pidió que la fiscal explique por qué quería mostrar en el juicio el video del allanamiento, en el que se exponían de manera “innecesaria” aspectos de la intimidad de su clienta Cristina Kirchner. Sostuvo que era un “exceso” mostrar la totalidad del video y pidió la suspensión.
La fiscal se opuso en duros términos y marcó que solo pretendía mostrar detalles puntuales, en especial, la puerta blindada del vestidor en el cuarto del matrimonio Kirchner.
“Me parece importante continuar con la exhibición, pero tratando de focalizar puntos específicos”, dijo el presidente Enrique Méndez Signori. “Voy a permitir que continúe la proyección del DVD”, concluyó.
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