POLITICA
Fuerte emplazamiento de la Justicia: reclama al juez de Campana que envíe de manera “muy urgente” la causa de la mansión de la AFA
La Justicia volvió a propinarle un nuevo revés a los supuestos testaferros del tesorero de la AFA Pablo Toviggino en la causa en que se investiga a los dueños de la fastuosa quinta de Pilar, donde fueron encontrados en allanamientos 54 autos de lujo, pistas ecuestres, caballerizas y un helipuerto.
La Cámara en lo Penal Económico reclamó que el juez federal de Campana Adrián González Charbay envíe “con carácter de muy urgente” el expediente a la Capital Federal, como lo ordenó el tribunal hace 13 días, y además rechazó un recurso de los acusados para ir a la Cámara de Casación contra esa decisión.
Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, de la Sala A en lo Penal Económico, tras siete meses de guerra judicial, decidieron el 12 de junio pasado sacarle el caso al juez González Charbay, donde querían estar los acusados, y dejarlo en manos de la justicia de la Capital Federal, especializada en lavado de dinero y evasión, en el juzgado penal económico N° 10 de Verónica Straccia.
Pero el expediente sigue en Campana, por lo que pidieron a la jueza Straccia que se lo reclame a su colega federal González Charbay.
Los acusados en la causa, que son Luciano Nicolás Pantano y su madre Ana Conte, que aparecen como dueños de la mansión sin tener un pasar económico acorde, plantearon además un recurso para ir a la Cámara de Casación contra la decisión de sacarle el caso a Campana, que ahora fue rechazado.
La Cámara en lo Penal Económico les cerró la vía de la Casación. Hornos y Robiglio les denegaron el recurso de casación a Pantano y Conte, responsables de la firma Real Central que aparece como dueña de la propiedad de cinco hectáreas. Una tasación la valuó en 20 millones de dólares.
El tribunal impuso además las costas del recurso y encargó al juzgado de Straccia que requiera “con urgencia” al Juzgado Federal de Campana la causa, dado que el expediente aún no fue enviado a pesar de que pasaron 13 días desde la orden.
Pantano y Conte aparecen como dueños de Real Central S.R.L., la sociedad que en mayo de 2024 adquirió un predio de aproximadamente cinco hectáreas ubicado en la calle Misiones 4097 de Villa Rosa, partido de Pilar. El lugar contaba con helipuerto, haras de caballos, canchas de fútbol, pista ecuestre y un galpón con decenas de autos de colección y de alta gama.
Los investigadores sospechan que ninguno de los dos tiene el perfil patrimonial para haber adquirido ese bien y que actuaron como testaferros del tesorero de Toviggino. La empresa que compró el predio se llamaba originalmente Central Parks Drinks S.R.L., tenía escasa actividad y un capital social de apenas 300.000 pesos.
El 16 de mayo de 2024 fue rebautizada como Real Central S.R.L. y su capital se elevó a 58 millones de pesos. Catorce días después, la firma adquirió la quinta. Entre los primeros indicios recabados figuraba una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano con la que se abonaban gastos de la flota de automóviles hallada en la propiedad.
Hace siete meses que se discute qué juez debe investigar el caso. El expediente pasó por tres magistrados distintos: arrancó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, quien dispuso las primeras medidas de prueba y allanó la quinta; luego pasó al Juzgado en lo Penal Económico N° 10, entonces a cargo de Marcelo Aguinsky.
Finalmente, a raíz de un planteo de inhibitoria presentado por Pantano ante el Juzgado Federal de Campana durante la feria de enero, el camarista de San Martín Alberto Lugones derivó el caso al juzgado de González Charvay. Esa decisión fue anulada por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal el 15 de mayo pasado a instancias del recurso del fiscal Carlos Cearras.
El voto mayoritario concluyó que el tribunal de San Martín carecía de jurisdicción para resolver la contienda y que las cuestiones de competencia entre jueces federales de primera instancia deben ser dirimidas por la Cámara de Apelaciones de la que dependa el juez que hubiese investigado, en este caso el penal económico.
Así, el expediente regresó a la Cámara Penal Económica, que el 12 de junio pasado asignó definitivamente la competencia al Juzgado N° 10, hoy a cargo de Straccia.
La defensa intentó impugnar esa decisión por un recursos de casación, porque dijo que se afectó al juez natural, que hubo irregularidades en el procedimiento de inhibitoria, cuestionó “la ilegitimidad de la concentración capitalina” y denunció “presión mediática”.
La Cámara rechazó todos esos planteos. Consideró que la resolución sobre competencia no constituye sentencia definitiva ni puede ser equiparada a una, dado que no puso fin al proceso, no ocasionó un perjuicio de imposible reparación ulterior ni impidió la continuación de la causa.
Las referencias a la presión mediática y a la “concentración capitalina”, en tanto, fueron calificadas como meras opiniones extrajurídicas sin entidad de agravio técnico. Hornos y Robiglio afirmaron que la Casación no es la vía legalmente prevista para impugnar resoluciones de esta naturaleza.
Con la denegación de hoy, a la defensa de Pantano y Conte le resta interponer un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal. Es una vía de admisibilidad estricta y de éxito incierto, en particular porque la propia Casación, con la misma Sala I, ya dijo que la Cámara Penal Económica es la competente para resolver.
Si la defensa de Pantano lo intenta sería una chicana más para dilatar el avance de la causa, que ya lleva siete meses demorada sin que se investigue el fondo del delito de lavado de dinero y a quién pertenece la quinta que se sospecha está ligada a la AFA.
Mientras tanto, el juzgado de Straccia deberá reclamar el expediente a Campana para retomar la investigación sobre el origen de los fondos con los que se adquirió la quinta y el rol que habrían cumplido Pantano y su madre en una maniobra que, según la hipótesis fiscal, integra un esquema más amplio de desvío de fondos de la AFA que podría superar los 300 millones de dólares.
quinta de Pilar,,Hernán Cappiello,Conforme a
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El flamante secretario de Discapacidad sufrió un accidente de tránsito y quedó internado en el Hospital Pirovano
El flamante secretario nacional de Discapacidad, Pablo Di Liscia, protagonizó hoy un accidente de tránsito cuando circulaba en moto y sufrió varias fracturas, según confirmaron fuentes oficiales a .
Di Liscia, que había asumido en el organismo la semana pasada en reemplazo de Alejandro Vilches, está internado en el Hospital Pirovano.
“Tiene varios huesos fracturados”, dijo una fuente oficial. Las fracturas serían en las costillas y estaría intubado por precaución. Su vida no correría riesgo y permanecerá en observación. Llevaba casco al momento del accidente, del cual se desconocen por ahora los motivos y el lugar del hecho, según fuentes oficiales.
Di Liscia fue funcionario del macrismo, aunque también tuvo paso por la actividad privada. Entre 2017 y 2019, fue presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la Provincia de Buenos Aires, durante la gobernación de María Eugenia Vidal.
Antes de su paso por IOMA, Di Liscia se había desempeñado como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.
Según dijeron fuentes de Casa Rosada, es de “confianza” y fue “recomendado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, también parte de la gestión amarilla, al asesor Santiago Caputo, con ascendencia sobre el área de Salud.
El estratega lo habló con Mario Lugones, titular de la cartera de Salud, quien conocía a Di Liscia por su paso por el IOMA. Así fue como Di Liscia se incorporó la semana pasada a la gestión libertaria para hacerse cargo de la ex Agencia Nacional de Discapacidad, donde supo mandar Diego Spagnuolo, exladero de Milei y hoy investigado en la Justicia por presuntos sobreprecios.
en reemplazo de Alejandro Vilches,Conforme a
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La CGT postergó la definición de un nuevo paro general y convocó a dos movilizaciones en octubre
La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió este martes sostener su plan de lucha con nuevas movilizaciones, pero evitó avanzar por ahora con la convocatoria al quinto paro general contra el gobierno de Javier Milei, una definición que había ganado espacio en la discusión interna por la presión de los gremios más combativos.
La mesa chica ampliada resolvió “profundizar el plan de lucha” y marchar el próximo martes 8 de octubre a las 15:30 frente a la Secretaría de Industria, en el centro porteño, en reclamo porque la situación “golpea cada vez más fuerte” a la industria y a miles de trabajadores. Una semana después, el 15 de octubre, la central obrera se sumará a la quinta movilización universitaria.
“Frente a un modelo que debilita el aparato productivo y pone en riesgo pilares fundamentales para el desarrollo del país, respondemos con unidad, organización y lucha”, afirmaron.
La salida elegida dejó para más adelante la discusión sobre una nueva huelga nacional, después de varias semanas en las que distintos dirigentes reclamaron endurecer la respuesta sindical frente al Gobierno. Si bien el debate se filtró en la reunión de este martes en la sede de la Uocra, la conducción optó por concentrar la próxima protesta en la crisis de los sectores productivos.
Industria, el lugar elegido para la movilización
La movilización del 8 de octubre tendrá como consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también” y se concentrará sobre Diagonal Sur, frente a la Secretaría de Industria. La preocupación de la CGT está puesta especialmente en la industria, la construcción y el comercio, actividades con fuerte peso sobre el empleo que vienen mostrando señales de deterioro.
Los datos que difundió el Indec en los últimos días refuerzan ese diagnóstico. La actividad económica cayó 2,9% en julio frente al mes anterior y retrocedió 1,4% en la comparación interanual. Dentro de ese resultado, ocho de los 15 sectores relevados mostraron bajas frente a julio del año pasado y Comercio e Industria manufacturera tuvieron retrocesos de 5,1% y 4,6%, respectivamente.
Los últimos números de la industria también muestran el deterioro de la actividad. Según las estimaciones del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, la producción cayó 0,3% en agosto frente a julio y 5,7% en la comparación interanual. En los primeros ocho meses de 2026 acumuló una baja de 3% frente al mismo período de 2025 y quedó 11% por debajo de los niveles de 2022 y 2023.
La definición de un nuevo paro sigue abierta
La decisión de avanzar primero con movilizaciones permite a la conducción cegetista evitar una definición inmediata sobre el paro general, pero no cierra la discusión interna que se profundizó en los últimos días.
Los sectores más duros habían comenzado a reclamar públicamente una reacción mayor de la CGT. Pablo Moyano volvió a plantearlo en las horas previas al encuentro y cuestionó tanto a la central obrera como al peronismo por lo que considera una respuesta insuficiente frente a la crisis económica.
Como viene haciendo incluso tras la renovación de su triunvirato, la conducción cegetista prefiere seguir manejándose a otra velocidad. En lugar de una nueva huelga nacional, viene sumando protestas sectoriales y acompañando distintas convocatorias callejeras para sostener la presión sobre el Gobierno. Las CTA, en cambio, ya anticiparon su intención de impulsar un paro hacia fines de octubre.
La segunda fecha definida para octubre ampliará además los reclamos de la central obrera más allá de la situación productiva. Al confirmar su participación en la marcha universitaria del 15, la CGT planteó que acompañará a la comunidad educativa en defensa de la universidad pública y la ciencia nacional.
El encuentro de la mesa chica ampliada también volvió sobre una discusión de más largo plazo respecto de la necesidad del movimiento obrero de construir consensos alrededor de un proyecto político y económico de sello peronista, con vistas a las elecciones de 2027.
De la reunión participaron los integrantes del triunvirato, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto con Gerardo Martínez, Héctor Daer, Hugo Moyano, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri, Sergio Sasia, Juan Carlos Schmid, Juan Pablo Brey y Rodolfo Daer, entre otros dirigentes. También estuvo como invitado Alejandro Gramajo, referente de la UTEP.
CGT, movilizacion, marcha
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La Cámara de Diputados bonaerense negó haber ocultado información del caso Chocolate a la Justicia
Una semana después de que estallara el último incidente del caso Chocolate, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires negó haber ocultado a la Justicia información sobre la trama que protagonizó el puntero peronista Julio “Chocolate” Rigau, quien fue descubierto en 2023 al retirar dinero en un cajero automático con 48 tarjetas de débito de empleados fantasma de ese cuerpo legislativo.
En un comunicado firmado por todos los presidentes de bloque, con la única excepción de los del Frente de Izquierda-Unidad y de Hechos, la Cámara ofreció una respuesta ante la denuncia del juez Guillermo Atencio, quien pidió investigar por “encubrimiento” a las autoridades luego de que se conociera que se habían archivado expedientes administrativos entre los que estaban algunos vinculados al caso bajo investigación judicial.
“La Honorable Cámara de Diputados [HCD] siempre actuó ajustada a derecho y colaboró con la Justicia. La resolución de archivo de expedientes, contemplada previamente desde el año 2002 en el reglamento de esta HCD, fue aprobada por más de dos tercios de este cuerpo el 28 de mayo de 2026, casi tres meses antes del requerimiento judicial que ingresó a la HCD el 19 de agosto de 2026. Por lo tanto, de ningún modo se incurrió en un ocultamiento de pruebas porque dicho requerimiento todavía no existía y porque además la decisión fue pública, votada en sesión, transmitida en vivo y cuyo registro permanece en la HCD a disposición de quien quiera verlo”, se subrayó en un comunicado firmado por las autoridades de la Cámara y nueve jefes de bloque.
En el comunicado, se afirmó que el pedido judicial recibido correspondía a otra causa y que fue esa información la que se archivó, y no la vinculada al caso Chocolate. “También resulta necesario diferenciar las actuaciones para evitar confusiones ante la opinión pública. Los requerimientos y las decisiones administrativas a las que se hace referencia no correspondían, según la documentación considerada por la HCD, a la causa Julio Rigau (PP-06-00-047539-23/00 Rigau, Julio Segundo y otros s/ hurto-estafa-fraude en perjuicio de la administración pública-asociación ilícita), sino a la causa Rodríguez, vinculada a un hecho de hurto (PP-06-00-047539-23/01 Rodríguez María Eugenia s/ hurto, artículo 162)”, se indicó en el segundo punto del comunicado.
“Asimismo, en la causa Julio Rigau, la HCD aportó información requerida por la Justicia, dicha investigación avanzó, se encuentra elevada a juicio y existen personas privadas de su libertad. Estos elementos deben ser tenidos en cuenta antes de sostener que existió una conducta institucional destinada a impedir el avance de aquella investigación”, se añadió.
Los firmantes del documento de la Cámara de Diputados bonaerense son su presidente, Alejandro Dichiara (Unión por la Patria); los vicepresidentes Alexis Guerrera (Unión por la Patria), Agustín Forchieri (Pro), Agustín Romo (La Libertad Avanza), Mariano Cascallares (Unión por la Patria), Blanca Alessi (Unión y Libertad) y Matías Civale (UCR+Cambio Federal). Además, rubricaron la nota los jefes de bloque Facundo Tignanelli (Unión por la Patria), Juan Esteban Osaba (La Libertad Avanza), Alejandro Rabinovich (Pro), Martín Rozas (Unión y Libertad), Diego Garciarena (UCR+Cambio Federal), María Alejandra Lordén (UCR), Gustavo Cuervo (Nuevos Aires), Andrés De Leo (Coalición Cívica) y Juan José Esper Zamar (Derecha Popular).
No firmaron el comunicado los jefes de bloque Christian Castillo (Partido de los Trabajadores Socialistas), Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista) y Manuel Passaglia (Hechos).
El miércoles de la semana pasada, los jefes de bloque de la Cámara baja compartieron un asado. Según trascendió, conversaron sobre cómo agilizar los trámites que pasan de una Cámara a otra. Consultados por , negaron haber hablado del caso Chocolate.
En el documento de la Cámara baja se cuestionó la denuncia del magistrado. “La HCD considera especialmente relevante preservar las garantías constitucionales que rigen el funcionamiento del Poder Legislativo. En ese sentido, resulta inadmisible que se pretenda perseguir penalmente a legisladores por los votos emitidos en ejercicio de sus funciones”, se sostuvo en el tercer punto.
“La HCD siempre informó al juez y, ante el requerimiento recibido, el cuerpo no guardó silencio. Contestó formalmente que las actuaciones habían sido archivadas administrativamente y que esa decisión había sido posteriormente convalidada mediante un acto legislativo”, se agregó.
En el cuarto punto de su comunicado, las autoridades y jefes de bloque de la Cámara afirmaron que “la división de poderes supone la existencia de facultades de control recíproco entre los distintos poderes del Estado” y que “cada uno cuenta con herramientas constitucionales para ejercer ese contralor sobre los demás, pero esas atribuciones no pueden ser utilizadas de manera abusiva para condicionar, limitar o inhibir el funcionamiento de otro poder”.
“La actuación institucional de la Legislatura tampoco puede analizarse de manera aislada. A lo largo de su historia existieron causas y todas avanzaron hasta llegar a sentencia. Estos antecedentes muestran que la existencia de una investigación judicial vinculada a hechos ocurridos dentro de la Legislatura no ha significado un impedimento para la actuación de la Justicia”, se concluyó en el documento de la Cámara legislativa.
La polémica sobre la que respondió hoy la Cámara de Diputados provincial comenzó el 22 de septiembre, cuando el canal TN dio cuenta de que la Cámara, en una sesión que realizó en mayo había archivado expedientes administrativos vinculados al caso Chocolate que contenían información que había solicitado en abril la fiscal Betina Lacki, como la de conocer quiénes fueron los legisladores que designaron a los empleados “ñoquis” cuyos haberes retiraba Rigau de cajeros automáticos de La Plata.
El juez de garantías Guillermo Atencio pidió a la fiscalía en turno que analice la “posible comisión de delitos de acción pública” con la votación de la Cámara de Diputados provincial.
El caso se destapó el 13 de septiembre de 2023, cuando Rigau, un puntero peronista, fue detenido mientras extraía dinero con 48 tarjetas de débito ajenas de un cajero automático de Banco Provincia. Rigau, se estableció luego, trabajaba para el subdirector de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, Claudio Albini, del Frente Renovador. Tanto Claudio Albini como su hijo, Facundo Albini (concejal en La Plata) están con prisión preventiva, y desde junio de 2025, con el beneficio de hacerlo de forma domiciliaria.
La Justicia calculó que el perjuicio económico para las arcas bonaerenses del sistema de contrataciones ilegales en la Legislatura asciende a por lo menos 800 millones de pesos.
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