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Emiliano Yacobitti: “A partir de mañana el Gobierno tiene que cumplir con la medida cautelar”

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Tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado nacional a aplicar la ley de financiamiento universitario, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, analizó el escenario que se abre para las universidades públicas y advirtió que el principal desafío sigue siendo recuperar el poder adquisitivo de los docentes, uno de los sectores más golpeados por el ajuste presupuestario.

Durante una entrevista en Infobae al Regreso, el dirigente universitario sostuvo que el conflicto excede la discusión judicial y recordó que la ley fue aprobada por el Congreso hace más de ocho meses. “Pasaron 247 días de dilaciones al cumplimiento de la ley de financiamiento universitario”, señaló, al cuestionar la estrategia del Gobierno de recurrir a distintas instancias judiciales para postergar su aplicación.

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Según explicó, la decisión de la Corte deja firme la cautelar dictada en primera instancia y obliga al Ejecutivo a cumplirla mientras se resuelve la cuestión de fondo.

En ese sentido, afirmó que la resolución tiene efectos concretos sobre el financiamiento del sistema universitario. “A partir de ahora el Gobierno tiene que cumplir con la medida cautelar en cuanto a becas y salarios universitarios”, indicó, y explicó que el impacto económico de esa decisión supera ampliamente los aumentos acordados en las últimas paritarias.

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Para Yacobitti, sin embargo, la discusión de fondo pasa por la situación salarial de los docentes universitarios. “En estos dos años, el salario docente perdió la mitad de su poder adquisitivo”, aseguró, y advirtió que esa pérdida ya comenzó a reflejarse en una migración de profesores hacia el sector privado.

Como ejemplo, sostuvo que un jefe de trabajos prácticos con dedicación exclusiva percibe hoy alrededor de 400.000 pesos con garantía salarial y contó que recientemente, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, algunos docentes recibieron ofertas laborales con remuneraciones que cuadruplicaban ese ingreso.

El vicerrector consideró que el fallo judicial aporta previsibilidad para comenzar a revertir ese escenario, aunque insistió en que el objetivo debe ser terminar con un conflicto que, a su entender, consume energías que deberían destinarse a mejorar el sistema. “No podemos entrar a este período de cambios que está viviendo el mundo en una pelea todo el tiempo por el financiamiento”, afirmó.

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Yacobitti vinculó el fallo judicial con las movilizaciones en defensa de la universidad pública y el respaldo social al sistema universitario (Fotos: Juan Carlos Cardenas/Comunicación Senado)

También vinculó la resolución judicial con el respaldo social que recibieron las universidades públicas durante los últimos meses. A su juicio, la decisión de la Justicia no puede analizarse por separado de las multitudinarias movilizaciones que se realizaron en defensa del sistema universitario. “La sociedad las defendió porque funcionan”, sostuvo, y agregó que la universidad pública sigue siendo una de las principales herramientas de movilidad social del país, aun cuando todavía tiene desafíos pendientes.

Entre esos desafíos, destacó que cerca del 49% de los estudiantes que ingresan a primer año logra graduarse, un porcentaje que, según explicó, se encuentra en línea con el promedio de las universidades de la región. Además, defendió la capacidad de adaptación de la UBA y recordó que durante 2025 la institución creó nuevas carreras, como Biotecnología, y reformó más de treinta planes de estudio.

Consultado sobre la relación con el Gobierno nacional, Yacobitti evitó plantear una lógica de confrontación permanente y sostuvo que las universidades deben mantener canales de diálogo con cualquier administración. “Nosotros necesitamos trabajar con este gobierno, con el anterior y con el que venga”, afirmó. Sin embargo, cuestionó con dureza la estrategia oficial durante los últimos meses y sostuvo que existió “un doble ataque: uno en cuanto a la difamación y otro en cuanto al desfinanciamiento”.

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Yacobitti sostuvo que la ley de financiamiento universitario fue demorada durante 247 días por la estrategia judicial del Gobierno (Infobae en Vivo)

En ese marco, rechazó las acusaciones que distintos funcionarios realizaron sobre los salarios de las autoridades universitarias. “El ministro de Economía dijo que yo cobraba 18 millones de pesos. No llego a tres millones por mi sueldo en la universidad”, respondió, y agregó que, si existen irregularidades, deben ser investigadas, aunque advirtió que “el Gobierno recurrió a muchas cosas que no son ciertas”.

También desmintió las versiones oficiales sobre el supuesto costo que representan los estudiantes extranjeros. Explicó que quienes llegan a través de programas de intercambio abonan sus estudios y precisó que este año ingresaron a la UBA unos 70.000 estudiantes, de los cuales apenas el 4% no cuenta con residencia permanente. Además, recordó que los posgrados son arancelados y que los alumnos extranjeros pagan incluso más que los argentinos.

Hacia el final de la entrevista, Yacobitti insistió en que el debate sobre el financiamiento universitario debería dar paso a una discusión más amplia sobre el futuro de la educación superior. A su entender, el desafío no es únicamente garantizar recursos, sino consolidar un sistema que continúe formando profesionales, generando conocimiento y adaptándose a las transformaciones tecnológicas y productivas que atraviesa el mundo.

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emiliano yacobitti

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Tras las críticas en el acto, la Justicia apuró la integración del tribunal que debe decidir sobre el juicio en ausencia por la AMIA

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Pocas horas después del acto en conmemoración a los 32 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el que hubo reclamos por la lentitud de la justicia, la Sala de Casación que tiene uno de los tramos del caso, avanzó con el sorteo para designar al magistrado que faltaba y fijó fecha de audiencia.

“Exigimos a la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal que resuelva de manera urgente y definitiva la validez del proceso de juicio en ausencia”, dijo este viernes Osvaldo Armoza, titular de la AMIA.

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Esa sala debe definir sobre el juicio en ausencia de los acusados por el atentado.

“No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos ni en debates estériles. Exhortamos a los jueces Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma a que se aboquen con la mayor celeridad posible a resolver el caso y permitan que el juicio en ausencia se convierta en una realidad», completó.

En ese momento se escucharon algunos gritos y reclamos de familiares de las víctimas. “¡Justicia, 32 años ya!”, resonó entre el público, entre otras expresiones.

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Barroetaveña, uno de los mencionados por el titular de la AMIA, se encontraba en las primeras filas de asistentes al acto.

El juez de Casación Diego Barroetaveña, en el acto por un nuevo aniversario del atentado a la AMIA

Después de la mención, el juez de la Cámara de Casación, que debe definir sobre la constitucionalidad de la ley de juicio en ausencia, tomó su teléfono celular.

Según pudo reconstruir entonces , el funcionario judicial, que ya tiene listo su voto en el caso, se comunicó vía chat con Ángela Ledesma con la intención de acelerar los tiempos para fijar una audiencia.

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Tenían pendiente resolver qué juez reemplazaría a Carbajo, dado que su subrogancia en esa Sala de la Cámara de Casación ya se venció.

Tras el diálogo vía chat desde el mismo acto, Ledesma, presidente de la Sala, le pidió a Barroetaveña que sorteara el reemplazo de Carbajo.

De ese sorteo salió el nombre de Carlos “Coco” Mahiques, padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

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Carlos MahiquesSoledad Aznarez

También se puso fecha para la audiencia, el próximo 10 de septiembre. La fecha era vista en tribunales con un sentido “simbólico”, porque será en víspera del año nuevo judío.

La decisión final se espera para apenas unos días después de la audiencia.

“Es un tema muy sensible”, reconocían este viernes en los tribunales en referencia a la causa AMIA.

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Al mismo tiempo, los protagonistas rechazaban las acusaciones de dilación que sobrevolaron las horas posteriores al acto sobre la calle Pasteur, frente a la sede de la mutual.

Hubo voces que destacaron el trabajo de Barroetaveña, su “compromiso” con la causa. Aludían también a que fue también Barroetaveña, junto con Ledesma y Mahiques, quienes ya revisaron la sentencia histórica del primer juicio por la causa AMIA.

En esa decisión, tomada en 2024, dio por probado que Irán estuvo detrás del atentado contra la sede de la AMIA de 1994, lo calificaron como un delito de lesa humanidad y allí pidieron reformas legales para poder juzgar a los prófugos por el atentado “en ausencia”.

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Otras menciones en el acto

El atentado a la AMIA acumula 32 años de impunidad y sobre eso se hizo alusión en el acto en conmemoración de la fecha.

En su discurso, Arzmosa, no solo hizo referencia a los miembros de la Casación Federal. También pidió que: “el Poder Legislativo instrumente leyes modernas para combatir el terrorismo”.

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A nivel judicial agregó: “debemos señalar la inexplicable demora del juez Daniel Rafecas, quien se encuentra a cargo del caso y debe concertar de inmediato los pasos previos al juicio oral. Es incomprensible esta lentitud en permitir que el proceso sobre el juicio en ausencia siga avanzando».

Y recordó que “el Juzgado Federal N°6, donde tramita la causa AMIA, hace seis años que no cuenta con un juez definitivo designado».




reclamos por la lentitud de la justicia,Cecilia Devanna,Conforme a

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Tras meses de tensión, el PRO y La Libertad Avanza volvieron a reunirse para coordinar la estrategia parlamentaria

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La relación entre el PRO y La Libertad Avanza tuvo altibajos en los últimos dos años y medio, propios de las idas y vueltas entre el presidente Javier Milei y Mauricio Macri. Alcanzó su pico máximo de tensión con el caso del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, pero con la llegada de Diego Santilli en su lugar el vínculo parece haber retomado cierta normalidad.

En este sentido, en las últimas horas hubo un encuentro en Casa Rosada entre Santilli y los dos legisladores clave del PRO en el Congreso: el presidente del bloque en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, y el titular de la bancada en el Senado, Martín Goerling. También participó el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.

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Durante el encuentro analizaron la agenda parlamentaria que el Gobierno nacional impulsa en el Congreso y distintas iniciativas de gestión para la provincia de Misiones.

En los últimos meses, la relación entre La Libertad Avanza y el PRO fue más tensa de lo habitual. (Foto: Cámara de Diputados)

En tanto, los presentes destacaron la importancia del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Al respecto, sostuvieron que se trata de una herramienta clave para consolidar el proceso de ordenamiento macroeconómico.

Leé también: ⁠En el Gobierno apuntan contra Bullrich por el traspié en el Senado y evalúan cambios en la estrategia legislativa

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“En el PRO tenemos una convicción clara: hay que blindar el cambio con leyes, instituciones fuertes y acuerdos que le den previsibilidad a la Argentina”, señaló Ritondo en sus redes sociales al término de la reunión.

“Seguimos trabajando con responsabilidad para impulsar las reformas que consoliden el orden económico y construyan un país con más desarrollo, inversión y oportunidades”, agregó el jefe de la bancada PRO en la Cámara baja.

Semanas atrás, el partido fundado por Mauricio Macri anunció los proyectos a los que le dará prioridad en el Congreso en los próximos meses. En Diputados, impulsarán Ficha Limpia y la reforma del Código Penal como principales iniciativas.

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Los jefes de los bloques del PRO en Diputados y Senado: Cristian Ritondo y Martín Goerling Lara. Foto X cristianritondo
Los jefes de los bloques del PRO en Diputados y Senado: Cristian Ritondo y Martín Goerling Lara. Foto X cristianritondo

En paralelo a las negociaciones por otros proyectos, el PRO busca instalar una agenda propia en el Congreso con iniciativas vinculadas a seguridad, justicia, producción y modernización del Estado. En la Cámara de Diputados, el bloque impulsa una reforma del financiamiento de los partidos políticos, proyectos para promover el uso productivo de las tierras ociosas ubicadas sobre las rutas nacionales y un endurecimiento de las penas por vandalismo rural.

Los diputados macristas también promueven iniciativas para fortalecer las herramientas de prevención y persecución del grooming, instalar inhibidores de señal de telefonía celular e internet en las cárceles y avanzar con un programa de prevención del suicidio adolescente.

En el Senado, en tanto, el PRO pretende que durante julio se avance con una agenda que incluye la actualización de la Ley de Salud Mental, proyectos para reforzar la protección de la propiedad privada, el agravamiento de las penas por falsas denuncias y el tratamiento del régimen de Zona Fría, que establece beneficios tarifarios para usuarios de gas en regiones de bajas temperaturas.

A esa agenda legislativa, el partido que conduce Mauricio Macri suma otros ejes que considera prioritarios para el segundo semestre: una nueva reforma electoral, medidas para profundizar la desregulación del Estado, el tratamiento de acuerdos judiciales pendientes y el fortalecimiento de la legislación destinada a combatir la criminalidad ambiental.

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Diego Santilli, Cristian Ritondo, Congreso

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Jorge Macri eliminó 359 puestos gerenciales y CABA tiene la planta administrativa más baja de los últimos 10 años

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La Ciudad de Buenos Aires registra la planta administrativa más baja de la última década. El gobierno porteño anunció la eliminación de 359 cargos gerenciales, lo que representa más del 20% del total de esa estructura jerárquica. La medida se inscribe en un proceso de reforma del Estado que, desde que Jorge Macri asumió como jefe de Gobierno, acumula la supresión de 8.954 puestos, una reducción del 15% de la dotación total.

El recorte de la estructura gerencial responde, según el Ejecutivo porteño, a la digitalización y modernización de trámites que tornó necesario rediseñar la organización interna del Estado. La automatización de procesos que antes requerían supervisión presencial y capas de gestión intermedias dejó sin sustento funcional a buena parte de esos puestos. No se trató, entonces, de una reducción arbitraria, sino del resultado de un cambio en la forma en que el gobierno presta servicios a los vecinos.

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«Eliminamos 359 cargos gerenciales. Ya dimos de baja 9 mil cargos y alcanzamos la planta administrativa más baja de los últimos 10 años. La eficiencia del Estado no solo es una cuestión técnica: es un deber moral con los porteños que lo sostienen con su trabajo. Esto también es orden“, afirmó Macri al anunciar la medida.

El impacto de esta política se refleja en el presupuesto. En 2023, el gasto en remuneraciones al personal representaba el 44% del total del presupuesto de la Ciudad; ese porcentaje bajó al 41% en la actualidad. La planta alcanzó así el mínimo histórico registrado en 2015, un nivel que no se había vuelto a tocar en los años siguientes.

Esta última reducción no llegó de forma aislada. La gestión de Macri aplicó una serie de medidas escalonadas que prepararon el terreno: congelamiento de ingresos, planes de retiro voluntario, optimización de dotaciones y una nueva evaluación de desempeño para el personal. Cada una de esas acciones contribuyó a la baja sostenida del número de empleados públicos en el distrito.

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El recorte de la estructura gerencial responde, según el Ejecutivo porteño, a la digitalización y modernización de trámites (Foto: Jaime Olivos)

En paralelo, el gobierno porteño avanzó en la modernización del control de asistencia. Se instalaron relojes biométricos en más de 1.200 escuelas para registrar la presencia del personal docente a través de huella digital, un sistema que también se extendió a todos los establecimientos administrativos del Estado. Para los agentes que cumplen funciones en la vía pública, se puso en marcha la Hoja de Ruta Electrónica, una herramienta que permite registrar la asistencia desde el teléfono celular.

El control de las licencias médicas fue otra área de intervención. A principios de 2025, el gobierno implementó un nuevo procedimiento para todos los empleados de la administración pública porteña. El resultado fue una caída del 28% en la cantidad de días solicitados por este concepto respecto del año anterior, una variación que el Ejecutivo atribuye directamente al nuevo esquema de fiscalización.

La reforma también incluyó una apuesta por la formación del personal. Durante 2025 y los primeros meses de 2026, más de 15.000 agentes en calle —policías, agentes de tránsito, de prevención e inspectores— recibieron capacitación con herramientas orientadas a mejorar la atención al vecino en el espacio público. El objetivo declarado fue dotar a quienes tienen contacto directo con la ciudadanía de recursos concretos para resolver situaciones cotidianas.

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Con un enfoque distinto pero complementario, el gobierno lanzó el Programa de Especialistas Profesionales (PEP), orientado a jerarquizar a los empleados públicos con formación técnica o universitaria. Al momento del anuncio, 1.326 agentes participaban del programa, que busca retener y potenciar perfiles profesionales dentro de la administración estatal.

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