La CGT anticipó que hará un nuevo paro general, el quinto desde que Javier Milei es presidente, junto con una marcha a nivel nacional, pero no puso fecha, aunque se estima que la convocatoria se realizará una vez que finalice el Mundial. La postura, comunicada por uno de sus triunviros, Jorge Sola, fue el resultado de una reunión de más de cuatro horas que mantuvieron los secretarios generales que integran el consejo directivo de la central obrera.

“Se decidió, tras un largo debate, la iniciación de un plan de acción conjunto con las otras centrales de trabajadores para ir construyendo en el tiempo un paro nacional junto con una marcha federal”, dijo Sola al cabo del encuentro.

La CGT enmarcará la medida de fuerza en “el reclamo al Gobierno que va en contra del mundo del trabajo, las instituciones gremiales, las prestaciones de salud, los jubilados, las universidades, la educación y de aquellos que tienen discapacidad”, enumeró Sola.

La cumbre tuvo lugar en el cuarto piso de la sede obrera de Azopardo 802, donde concurrieron los otros triunviros Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), junto con Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra), Sergio Romero (UDA), Julio Piumato (Judiciales), Rodolfo Daer (exAlimentación) y Juan Carlos Schmid (CATT), entre otros.

En cambio, no estuvieron por cuestiones de agenda Héctor Daer (FATSA) ni Juan Pablo Brey (Aeronavegantes).

Sin finalmente dar anuncios públicos sobre concretar en el camino “acciones de fuerza escalonadas por sector” —como había trascendido en la previa— y omitir la posibilidad “de un paro por 36 horas”, la CGT llegó a este encuentro con un horizonte sinuoso tras la derrota parlamentaria por la aprobación de la reforma laboral y el debilitamiento del frente judicial para frenar la aplicación de los artículos más sensibles, sumado a pases de factura cruzados con el kirchnerismo duro.

“Tenemos una mirada absolutamente crítica hacia la audiencia del (Juzgado) Contencioso Administrativo, que todavía está demorando tomar decisiones de fondo respecto de los pedidos de inconstitucionalidad que hemos hecho con muchos artículos de la reforma laboral”, indicó Sola. Como contracara, calificó de “auspiciosa la resolución de asistencia que tomó la Corte Suprema respecto de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario”.

En ese marco, el Ministerio de Capital Humano ya puja por la renegociación masiva de los convenios colectivos a partir de la pérdida de vigencia que el oficialismo atribuye a esos acuerdos tras la implementación del cambio del concepto de la ultraactividad que establece la nueva normativa.

En la jornada tampoco hubo representación de gremialistas ligados al kirchnerismo (como La Bancaria y SMATA), que días atrás -por el cumplimiento del primer año de la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad- habían participado de un acto frente al departamento de la expresidenta en San José 1111, donde se escucharon críticas solapadas ante la negativa de la CGT de alinearse orgánicamente detrás de la causa “Cristina libre”.

Durante la conferencia, por otro lado, Sola destacó la participación en la última cumbre de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrada en Ginebra, Suiza, en la cual la central obrera asentó su rechazo contra la reforma laboral.

En cuanto a los otros sectores distanciados de la actual conducción obrera, tampoco estuvo la UTA —el sindicato de los colectiveros que lidera Roberto Fernández— ya que no forma parte del consejo directivo; ni fue parte Gastronómicos, aunque hubo aliados de la tropa que le responde a su secretario general Luis Barrionuevo, como son los gremios de Maestranza, Viajantes (AVVA) y Carga y Descarga. En tanto, como representante de La Fraternidad participó Sebastián Maturano, secretario gremial del gremio de los ferroviarios e hijo del titular Omar Maturano.

En la CGT reconocen que para garantizar la efectividad de un cese total de actividades dependen de UTA y La Fraternidad, hoy sin capacidad para adherir a una medida de fuerza de esa magnitud. Al margen de que mantienen una relación distante con la actual cúpula cegetista, tanto el gremio de los colectiveros como el de los ferroviarios atraviesan conflictos propios, sanciones económicas y dependencias subsidiarias.

Al respecto, Sola detalló que ante la OIT también se rechazaron esas multas y la intervención de la UOM por 180 días, luego de que Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anulara por presuntas irregularidades la elección nacional en la que Abel Furlán había sido reelecto.

La Justicia volvió a propinarle un nuevo revés a los supuestos testaferros del tesorero de la AFA Pablo Toviggino en la causa en que se investiga a los dueños de la fastuosa quinta de Pilar, donde fueron encontrados en allanamientos 54 autos de lujo, pistas ecuestres, caballerizas y un helipuerto.

La Cámara en lo Penal Económico reclamó que el juez federal de Campana Adrián González Charbay envíe “con carácter de muy urgente” el expediente a la Capital Federal, como lo ordenó el tribunal hace 13 días, y además rechazó un recurso de los acusados para ir a la Cámara de Casación contra esa decisión.

Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, de la Sala A en lo Penal Económico, tras siete meses de guerra judicial, decidieron el 12 de junio pasado sacarle el caso al juez González Charbay, donde querían estar los acusados, y dejarlo en manos de la justicia de la Capital Federal, especializada en lavado de dinero y evasión, en el juzgado penal económico N° 10 de Verónica Straccia.

Pero el expediente sigue en Campana, por lo que pidieron a la jueza Straccia que se lo reclame a su colega federal González Charbay.

Los acusados en la causa, que son Luciano Nicolás Pantano y su madre Ana Conte, que aparecen como dueños de la mansión sin tener un pasar económico acorde, plantearon además un recurso para ir a la Cámara de Casación contra la decisión de sacarle el caso a Campana, que ahora fue rechazado.

La Cámara en lo Penal Económico les cerró la vía de la Casación. Hornos y Robiglio les denegaron el recurso de casación a Pantano y Conte, responsables de la firma Real Central que aparece como dueña de la propiedad de cinco hectáreas. Una tasación la valuó en 20 millones de dólares.

El tribunal impuso además las costas del recurso y encargó al juzgado de Straccia que requiera “con urgencia” al Juzgado Federal de Campana la causa, dado que el expediente aún no fue enviado a pesar de que pasaron 13 días desde la orden.

Pantano y Conte aparecen como dueños de Real Central S.R.L., la sociedad que en mayo de 2024 adquirió un predio de aproximadamente cinco hectáreas ubicado en la calle Misiones 4097 de Villa Rosa, partido de Pilar. El lugar contaba con helipuerto, haras de caballos, canchas de fútbol, pista ecuestre y un galpón con decenas de autos de colección y de alta gama.

Los investigadores sospechan que ninguno de los dos tiene el perfil patrimonial para haber adquirido ese bien y que actuaron como testaferros del tesorero de Toviggino. La empresa que compró el predio se llamaba originalmente Central Parks Drinks S.R.L., tenía escasa actividad y un capital social de apenas 300.000 pesos.

El 16 de mayo de 2024 fue rebautizada como Real Central S.R.L. y su capital se elevó a 58 millones de pesos. Catorce días después, la firma adquirió la quinta. Entre los primeros indicios recabados figuraba una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano con la que se abonaban gastos de la flota de automóviles hallada en la propiedad.

Hace siete meses que se discute qué juez debe investigar el caso. El expediente pasó por tres magistrados distintos: arrancó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, quien dispuso las primeras medidas de prueba y allanó la quinta; luego pasó al Juzgado en lo Penal Económico N° 10, entonces a cargo de Marcelo Aguinsky.

Finalmente, a raíz de un planteo de inhibitoria presentado por Pantano ante el Juzgado Federal de Campana durante la feria de enero, el camarista de San Martín Alberto Lugones derivó el caso al juzgado de González Charvay. Esa decisión fue anulada por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal el 15 de mayo pasado a instancias del recurso del fiscal Carlos Cearras.

El voto mayoritario concluyó que el tribunal de San Martín carecía de jurisdicción para resolver la contienda y que las cuestiones de competencia entre jueces federales de primera instancia deben ser dirimidas por la Cámara de Apelaciones de la que dependa el juez que hubiese investigado, en este caso el penal económico.

Así, el expediente regresó a la Cámara Penal Económica, que el 12 de junio pasado asignó definitivamente la competencia al Juzgado N° 10, hoy a cargo de Straccia.

La defensa intentó impugnar esa decisión por un recursos de casación, porque dijo que se afectó al juez natural, que hubo irregularidades en el procedimiento de inhibitoria, cuestionó “la ilegitimidad de la concentración capitalina” y denunció “presión mediática”.

La Cámara rechazó todos esos planteos. Consideró que la resolución sobre competencia no constituye sentencia definitiva ni puede ser equiparada a una, dado que no puso fin al proceso, no ocasionó un perjuicio de imposible reparación ulterior ni impidió la continuación de la causa.

Las referencias a la presión mediática y a la “concentración capitalina”, en tanto, fueron calificadas como meras opiniones extrajurídicas sin entidad de agravio técnico. Hornos y Robiglio afirmaron que la Casación no es la vía legalmente prevista para impugnar resoluciones de esta naturaleza.

Con la denegación de hoy, a la defensa de Pantano y Conte le resta interponer un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal. Es una vía de admisibilidad estricta y de éxito incierto, en particular porque la propia Casación, con la misma Sala I, ya dijo que la Cámara Penal Económica es la competente para resolver.

Si la defensa de Pantano lo intenta sería una chicana más para dilatar el avance de la causa, que ya lleva siete meses demorada sin que se investigue el fondo del delito de lavado de dinero y a quién pertenece la quinta que se sospecha está ligada a la AFA.

Mientras tanto, el juzgado de Straccia deberá reclamar el expediente a Campana para retomar la investigación sobre el origen de los fondos con los que se adquirió la quinta y el rol que habrían cumplido Pantano y su madre en una maniobra que, según la hipótesis fiscal, integra un esquema más amplio de desvío de fondos de la AFA que podría superar los 300 millones de dólares.