ECONOMIA
Subastarán un terreno del Estado en una zona estratégica de Palermo: cuánto cuesta y dónde está ubicado
El Gobierno avanzó con una nueva venta de activos inmobiliarios y puso en marcha el proceso para desprenderse de un terreno en uno de los sectores con mayor desarrollo de Palermo. La operación se realizará mediante una subasta pública organizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que autorizó la convocatoria, aprobó el procedimiento de venta y fijó el precio de referencia para el inmueble.
El predio está ubicado sobre la avenida Córdoba 5405/11, en la Ciudad de Buenos Aires, tiene una superficie de 1.155,72 metros cuadrados y saldrá a subasta con un precio base de USD 4.332.155, según la resolución publicada este jueves por la AABE.
La venta se desarrollará a través del sistema electrónico SUBAST.AR. Los interesados podrán inscribirse hasta el 5 de agosto a las 12, mientras que la puja electrónica se realizará el 13 de agosto a las 14.
El terreno está emplazado en un punto de gran valor dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre la avenida Córdoba, en Palermo, combina una ubicación con buena conectividad y cercanía a una variada oferta de comercios, gastronomía y espacios corporativos.
De acuerdo con la resolución, la convocatoria respondió a un requerimiento formulado por la Dirección de Asuntos Comunitarios, dependencia que solicitó avanzar con la venta del inmueble luego de los distintos pasos administrativos previstos para este tipo de operaciones.
La medida recordó que la AABE ejerce la administración de los bienes inmuebles del Estado nacional desde su creación mediante el Decreto 1.382 de 2012, que la constituyó como organismo descentralizado en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros y le otorgó la función de administrar, centralizar y disponer de los inmuebles nacionales cuando esa competencia no corresponde a otros organismos.
Antes de autorizar la subasta, la Agencia avanzó con otro paso administrativo. Mediante la Resolución 78, del 18 de mayo, desafectó el inmueble de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, lo que permitió continuar con el proceso de venta.
Como parte del expediente administrativo, también intervino la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, que informó que el terreno carece de valor patrimonial, por lo que no registró condicionamientos vinculados con la preservación histórica.
Uno de los pasos centrales del procedimiento correspondió al Tribunal de Tasaciones de la Nación, que realizó la valuación oficial del inmueble durante una reunión celebrada el 12 de mayo. El organismo determinó un valor venal de $6.130 millones, equivalente a USD 4.332.155, tomando un tipo de cambio de $1.415 por dólar vigente en la fecha de la tasación. El dictamen indicó que la valuación consideró el terreno desocupado y libre de mejoras.
En ese mismo documento, el Tribunal informó además un valor base de venta de $5.517 millones, equivalente a USD 3.898.939, calculado con el mismo tipo de cambio y conforme a su procedimiento interno. Sin embargo, la Dirección de Asuntos Comunitarios solicitó posteriormente que la subasta se realizara con una base de USD 4.332.155, cifra que coincide con el valor venal determinado por el Tribunal de Tasaciones.
El pliego de bases y condiciones también estableció una serie de obligaciones para quien resulte adjudicatario del terreno. La principal consiste en desarrollar un proyecto inmobiliario en el predio, ya que la venta quedó sujeta a un cargo de construcción.
Según la documentación oficial, el comprador deberá ejecutar una obra permanente que represente al menos el 60% de la capacidad edificable permitida por la normativa urbanística vigente para el inmueble. Además, tendrá un plazo máximo de tres años para iniciar los trabajos y de ocho años para finalizarlos y obtener la habilitación correspondiente. Ambos plazos comenzarán a correr desde la inscripción del dominio a nombre del adjudicatario.
La AABE también fijó sanciones económicas para el caso de que esos compromisos no se cumplan. Si la obra no comienza o no finaliza dentro de los plazos previstos, el organismo podrá aplicar una multa mensual equivalente al 1% del valor base de la subasta durante el primer año de demora. A partir del decimotercer mes, esa penalidad aumentará al 2% mensual y se mantendrá hasta que se cumpla con la obligación de construir.
El adjudicatario también deberá acreditar ante la Agencia el avance de la obra, aportar toda la documentación que le sea requerida y permitir inspecciones sobre el inmueble para verificar el cumplimiento del cronograma comprometido. Además, asumirá por su cuenta la obtención de todos los permisos y autorizaciones necesarios para desarrollar el proyecto.
Otra de las condiciones incluidas en el pliego establece que el inmueble se venderá desocupado y en el estado en que se encuentra, mientras que cualquier regularización dominial, catastral, constructiva o registral que resulte necesaria quedará a cargo del comprador. A su vez, todos los gastos de escrituración, tasas, impuestos y honorarios derivados de la operación también serán afrontados por el adjudicatario.
ECONOMIA
OIT: entre adaptar un esquema institucional rígido a las transformaciones del mercado laboral y la contienda por su liderazgo
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), el organismo global creado en 1919 tras el Tratado de Versalles bajo la premisa de que la paz permanente sólo se construye sobre la justicia social, atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente.
Con 187 Estados miembros, la institución se enfrenta hoy a un doble desafío: adaptar un esquema institucional rígido a las transformaciones del mercado laboral y definir quién asumirá las riendas de su Dirección General para el mandato 2027-2032.
Un modelo centenario frente a la marea de la informalidad
Nacida con un formato de gobernanza tripartito único, conformado por gobiernos, sindicatos y empleadores, la OIT impulsó a lo largo del siglo XX hitos como la jornada de 8 horas, la Declaración de Filadelfia, los convenios sobre libertad sindical e igualdad salarial, e incluso el Premio Nobel de la Paz en 1969. Sin embargo, el analista coincide en que el auge de la informalidad laboral y el desempleo ha dejado desfasada esta estructura.
En diversas regiones, la suma de trabajadores no registrados y desocupados supera holgadamente a la de los empleados formales. Esta realidad, en mi opinión, debería plantear una reforma estructural: abrir la gobernanza tripartita para incorporar la representación formal del trabajo autónomo como desocupados y sector informal, la cual se intentó hacerlo en una mesa en la CIT 2022. La advertencia es clara: cuando la masa de trabajadores sin registro ni empleo aumenta, los salarios formales se precarizan y las presiones patronales crecen, diluyendo la incidencia real del organismo. La OIT reconoce ante los entornos laborales cambiantes, las nuevas modalidades de trabajo, la dinámica de la sociedad, los trabajadores constantemente están enfrentando nuevos peligros junto con los que además ya existían, laborando en algunas ocasiones en condiciones inseguras y poco saludables, es así que a través de la Estrategia Global en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan de Acción (2024-2030), busca establecer directrices para afrontar los peligros emergentes adicionales a los tradicionales (OIT, 2023).
Estas transformaciones en el mundo del trabajo son efecto de la digitalización, la inteligencia artificial, el cambio climático, los cambios demográficos y las nuevas formas de empleo, lo cual genera riesgos que exigen nuevas respuestas regulatorias y preventivas, resaltando la importancia que los Estados miembros respeten y cumplan progresivamente los principios preventivos contenidos en los Convenios 155 y 187, a partir de la implementación de políticas, programas y sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo. Estos convenios en 2022 (post pandemia) se agregaron al corpus de convenios fundamentales, que son los que todos los países tienen que rendir cuentas (memorias) sin importar si los hubieran ratificado o no.
Dentro de los cinco grandes grupos de peligros emergentes identificados por la OIT se encuentran (OIT, 2024):
- Cambio climático y fenómenos ambientales extremos.
- Digitalización, inteligencia artificial y automatización.
- Riesgos psicosociales y salud mental.
- Nuevas formas de trabajo (teletrabajo, plataformas digitales, trabajo híbrido).
- Transición ecológica y tecnologías limpias.
Transición política
La actual administración del togolés Gilbert F. Houngbo —quien asumió en 2022 como el primer líder africano del organismo— busca la reelección para un segundo mandato. Houngbo ha enfocado su gestión en la creación de la Coalición Mundial por la Justicia Social.
Las elecciones se celebrarán el 16 de noviembre de 2026, cuando el Consejo de Administración elija al nuevo Director General mediante votación secreta. Los tres candidatos oficializados son:
- Gilbert F. Houngbo (Togo): Actual Director General que busca revalidar su gestión.
- Yolanda Díaz Pérez (España): Vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, cuya propuesta encarna un perfil enfocado en la protección tradicional de derechos. De resultar electa, se convertiría en la primera mujer al frente de la OIT.
- Javier González-Olaechea Franco (Perú): Excanciller peruano.
La cuenta regresiva hacia 2027
El calendario institucional establece un periodo de transición de casi diez meses entre la votación (noviembre de 2026) y la toma de posesión del elegido (1 de octubre de 2027).
Lejos de ser una excepción, esta brecha responde a los tiempos requeridos para el traspaso de mando, la desvinculación de los candidatos de sus altos cargos nacionales y la sincronización con el presupuesto bienal de Naciones Unidas.
El debate no solo pasa por quién ocupará la oficina principal en Ginebra, sino por la capacidad del elegido para rescatar la relevancia del organismo en un mapa geopolítico fragmentado y adaptar sus normas a un mundo del trabajo que ya no se parece en nada al de 1919.
El autor es analista laboral
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ECONOMIA
El dólar volvió a subir y la cotización en el Banco Nación alcanzó un nuevo máximo histórico
El mercado de cambios negoció este lunes un discreto monto de USD 318,3 millones en el segmento de contado, donde el dólar mayorista ganó 11,50 pesos o 0,7%, a $1.545,50, un nuevo máximo nominal.
El dólar comercial anota un incremento de 90,50 pesos o 0,2% en 2026, mientras que en una comparación interanual la suba alcanza los 63,50 pesos o 4,3%, desde los $1.482 del 3 de noviembre del año pasado.
El BCRA estableció el techo del régimen de bandas cambiarias en los 1.954,48 pesos. El tipo de cambio oficial quedó a 408,98 pesos o un 26,5% de ese límite para la flotación administrada de la divisa.
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El dólar al público ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.565 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.566,99 para la venta y $1.513,57 para la compra.
“Más allá de mantenerse ajeno a los vaivenes externos, y con una modesta respuesta a la fuerte depreciación del real brasileño tras el ballottage, el dólar mayorista sigue ‘haciendo la suya’, aunque hoy arranca más cerca de los $1.540″, definió el economista Gustavo Ber.
“Tras un octubre que dejó un saldo positivo de compras para el BCRA, las miradas se posan en si dicha dinámica se extenderá en noviembre, no solo ante la constante dolarización de los ahorristas, sino también porque se comienza a transitar un período de mayor demanda de dinero. De ahí que también será crucial ver la respuesta de la política monetaria y de las tasas de interés en pesos”, consideró el titular del Estudio Ber.
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“La posibilidad de un real más débil vuelve a poner bajo la lupa la competitividad cambiaria argentina y el margen para acumular reservas. A ese frente regional se suman las dudas sobre el programa financiero de 2027, la dinámica de la actividad y las elecciones presidenciales, que comienzan a ganar protagonismo en la lectura del mercado”, indicó un reporte de Portfolio Personal Inversiones.
CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro Exportador de Cereales) informaron que las liquidaciones de exportaciones agrícolas en el mercado de cambios totalizaron USD 2.880 millones en octubre, monto récord para ese mes del año.
“Se registró un salto extraordinario en relación a octubre 2025, que había estado afectado por la eliminación transitoria de retenciones en septiembre 2025, que se tradujo en un adelantamiento de las liquidaciones habituales”, afirmó Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Compañía.
“En lo que va del año las liquidaciones acumulan USD 25.156 millones (-15% interanual), aunque se espera que la caída continúe achicándose en lo que queda del año dada la baja base de comparación de noviembre-diciembre de 2025″, completó Ortiz Villafañe.
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En cuanto a los pesos disponibles, el Tesoro Nacional adjudicó la semana anterior $11,6 billones en la segunda licitación de octubre y renovó el 107% de los vencimientos.
“En esta oportunidad, la mayor demanda se concentró en el bono dual CER/Tamar con vencimiento en diciembre de 2028, que explicó el 30% del total adjudicado a un rendimiento anual de CER +6,2%. En tanto, la Letra Dollar-Linked a enero de 2027 y la Lecap a febrero de 2027 representaron el 22% y 17,8% del total adjudicado, respectivamente”, precisaron los analistas de Puente.
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