La minería argentina atraviesa uno de los momentos más prometedores de las últimas décadas. La creciente demanda mundial de litio, cobre y minerales críticos, impulsada por la transición energética y las nuevas tecnologías, ha colocado al país en una posición privilegiada para captar inversiones multimillonarias. Sin embargo, disponer de recursos naturales no alcanza. La competencia internacional por esos capitales es feroz y exige marcos regulatorios previsibles, procesos ágiles y reglas de juego estables.

En ese contexto, el Gobierno nacional publicó el Decreto 482/2026, que introduce modificaciones a la reglamentación de la Ley 24.196 de Promoción de Inversiones Mineras. Aunque no modifica los beneficios sustanciales del régimen, sí actualiza numerosos aspectos operativos que habían quedado rezagados frente a la evolución tecnológica y las nuevas exigencias de gestión.

La filosofía que atraviesa la norma parece clara: menos burocracia, más digitalización y mayores controles sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas.

Entre los cambios más relevantes se destacan la obligatoriedad del domicilio fiscal electrónico, la digitalización de trámites vinculados a importaciones, la integración con la Ventanilla Única de Comercio Exterior y el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización y seguimiento de inversiones. También se precisan las condiciones para acceder a determinados beneficios y se refuerzan las obligaciones informativas de los sujetos alcanzados por el régimen.

Cada demora administrativa, cada trámite redundante y cada incertidumbre regulatoria terminan elevando el costo argentino y reduciendo la competitividad frente a otros destinos mineros de la región.

El decreto también delimita con mayor precisión quiénes pueden acceder a los beneficios promocionales. Particularmente, los prestadores de servicios mineros deberán acreditar que una porción mínima de su facturación proviene efectivamente de actividades vinculadas a la minería, buscando evitar la incorporación de empresas cuya actividad principal resulte ajena al sector.

Otro cambio significativo se relaciona con el fortalecimiento de los controles. Se precisan las obligaciones informativas anuales y se establecen mecanismos más claros para la aplicación de sanciones en casos de incumplimiento, incluyendo la suspensión o incluso la caducidad de la inscripción en el régimen. La señal es clara: la simplificación administrativa viene acompañada de mayores exigencias en materia de transparencia y trazabilidad.

Resulta particularmente relevante la modernización del Certificado de Estabilidad Fiscal, probablemente uno de los pilares más importantes del régimen promocional. La estabilidad tributaria constituye una condición esencial para proyectos cuyo horizonte de recuperación suele medirse en décadas.

En un país que durante años modificó reiteradamente las reglas impositivas, brindar mayor certeza sobre los alcances y el momento a partir del cual opera dicha estabilidad constituye una señal positiva para los inversores.

También merece destacarse la ampliación de la distancia permitida para integrar yacimientos y plantas de procesamiento, que pasa a 500 kilómetros. Esta modificación reconoce una realidad geográfica evidente: la minería argentina se desarrolla en territorios extensos y muchas veces alejados de la infraestructura industrial disponible. La nueva regulación permite una mayor flexibilidad operativa y favorece el desarrollo de cadenas de valor más eficientes.

La reglamentación incorpora además precisiones respecto de la doble deducción de gastos de exploración, extiende el beneficio de amortización acelerada a bienes reacondicionados y simplifica el procedimiento para solicitar la devolución anticipada del IVA correspondiente a gastos exploratorios. Estas medidas buscan mejorar el flujo financiero de las empresas durante las etapas iniciales de los proyectos, caracterizadas por elevados desembolsos y largos períodos sin generación de ingresos.

En paralelo, se profundiza la digitalización de las operaciones de importación vinculadas a la actividad minera. El nuevo esquema se integrará con la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (Vucea) y con el Sistema Informático Malvina, permitiendo validaciones automáticas y reduciendo tiempos administrativos.

Desde una perspectiva ambiental, se reconoce que la acreditación del Seguro Ambiental Obligatorio podrá satisfacer determinados requisitos de previsión para la conservación del medio ambiente, siempre bajo evaluación de la autoridad competente. El objetivo es evitar superposiciones regulatorias y aportar mayor claridad a las obligaciones de las empresas.

Sin embargo, sería un error pensar que la actualización reglamentaria por sí sola alcanzará para transformar el potencial minero argentino en inversiones concretas. Los inversores internacionales observan variables mucho más amplias que un régimen promocional. Analizan la presión tributaria total, la estabilidad macroeconómica, las restricciones cambiarias, la seguridad jurídica, la infraestructura disponible, los costos logísticos y la capacidad de los distintos niveles de gobierno para actuar de manera coordinada.

La competitividad de un proyecto minero no se define únicamente en los despachos de Buenos Aires; también se construye —o se destruye— en cada jurisdicción donde ese proyecto debe operar.

La Argentina posee una oportunidad histórica de consolidarse como uno de los grandes proveedores globales de minerales estratégicos. Pero para convertir esa oportunidad en realidad no alcanza con disponer de recursos geológicos excepcionales. Es necesario construir un ecosistema regulatorio integral que combine promoción, estabilidad y competitividad.

En términos generales, la norma reglamentaria refleja una tendencia que atraviesa buena parte de la agenda económica actual: menos burocracia, más digitalización y mayores exigencias de cumplimiento. Para un sector que requiere inversiones de largo plazo y miles de millones de dólares para desarrollar nuevos proyectos, la previsibilidad regulatoria resulta tan importante como los incentivos fiscales.

Porque en la minería, como en cualquier actividad intensiva en capital, las decisiones de inversión no se toman por los recursos que existen bajo la tierra, sino por la confianza que generan las reglas que rigen sobre ella.

CEO y socio del Dpto. de Energía y Recursos Naturales de Lisicki, Litvin & Abelovich

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este viernes 26 de junio con el cronograma de pagos correspondiente al mes de junio. Hoy se efectúan acreditaciones para jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo, así como para titulares de asignaciones sociales y prestaciones familiares, con los montos actualizados tras el incremento de 2,58% y el pago del medio aguinaldo. El calendario se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), lo que permite una distribución ordenada de los haberes en todo el país.

Este viernes corresponde el pago a quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo y cuyos DNI finalizan en 6 y 7. Estos beneficiarios reciben su haber actualizado, el medio aguinaldo y, en los casos que corresponde, un bono extraordinario.

Las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social con DNI terminados en 8 reciben hoy el pago correspondiente a junio, que ya incluye el aumento del 2,58%. El esquema mantiene la retención de una parte del monto hasta la presentación de la documentación obligatoria.

Hoy cobran las beneficiarias de la Asignación por Prenatal cuyos documentos finalizan en 8, según el calendario oficial. La prestación se acredita en la cuenta bancaria declarada por la titular.

Las titulares de la Asignación por Maternidad de todas las terminaciones de DNI reciben el pago durante el período que va del 10 de junio al 8 de julio, por lo que hoy también se efectúan acreditaciones para quienes cumplen con los requisitos y cronograma.

El período de cobro de la Segunda Quincena para las Asignaciones de Pago Único (por Matrimonio, Nacimiento y Adopción) sigue vigente entre el 9 de junio y el 8 de julio, alcanzando a todas las terminaciones de documento.

El Seguro por Desempleo se abona según el cronograma dispuesto y corresponde hoy a los beneficiarios con DNI terminados en 4 y 5.

Durante el mes de junio, las jubilaciones y pensiones recibieron una actualización del 2,58% aplicando la fórmula de movilidad. Los montos para este mes quedan de la siguiente forma:

• La jubilación mínima asciende a $403.317,99 brutos. Una vez realizado el descuento al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), el monto neto es de $391.218.
• Los beneficiarios de la mínima reciben, además, un bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo, que equivale a $201.659 brutos. El total bruto para quienes cobran la mínima alcanza $674.976,99 ($656.827,67 netos).
• La jubilación máxima en junio se ubica en $2.713.948,17 brutos. Con el descuento de PAMI, el monto neto es de $2.563.211. El aguinaldo para este grupo es de $1.356.974 brutos, por lo que el ingreso total del mes llega a $4.070.922,27 brutos ($3.844.816,23 netos).
• La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) corresponde a $322.654,39 más el bono y el aguinaldo, totalizando $553.981,59.
• Las Pensiones No Contributivas (PNC) quedan en $282.322,60 más bono y aguinaldo, sumando $493.483,90.

Estos valores reflejan el impacto de las medidas oficiales para preservar el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados.

Las asignaciones familiares y universales también recibieron el ajuste del 2,58% y presentan los siguientes valores:

• Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE): $144.932 por cada menor de 18 años o mujer embarazada. De ese monto, se abonan $115.945,60 mensuales y se retienen $28.986,40 hasta que se presente la Libreta AUH o la documentación obligatoria.
• AUH por Discapacidad: el monto mensual es de $471.915. El beneficiario cobra $377.532 por mes y se le retienen $94.383 hasta la acreditación documental. En los casos donde se suma la Tarjeta Alimentar, el ingreso total puede superar $449.780,06.
• Asignaciones Familiares (SUAF): para trabajadores en relación de dependencia y monotributistas, la Asignación por Hijo es de $72.474 en el primer rango de ingresos (hasta $1.122.074 mensuales) y $235.967 por hijo con discapacidad. Los montos disminuyen en rangos de ingreso superiores.
• Asignaciones de Pago Único (APU): por Nacimiento, el monto es de $84.478; por Matrimonio, asciende a $126.489; y por Adopción, se abonan $505.070 en un solo pago.

Los titulares pueden consultar la fecha y el monto exacto de sus acreditaciones a través de la plataforma Mi ANSES o en las entidades bancarias habilitadas.

El Gobierno avanzó con una nueva venta de activos inmobiliarios y puso en marcha el proceso para desprenderse de un terreno en uno de los sectores con mayor desarrollo de Palermo. La operación se realizará mediante una subasta pública organizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que autorizó la convocatoria, aprobó el procedimiento de venta y fijó el precio de referencia para el inmueble.

El predio está ubicado sobre la avenida Córdoba 5405/11, en la Ciudad de Buenos Aires, tiene una superficie de 1.155,72 metros cuadrados y saldrá a subasta con un precio base de USD 4.332.155, según la resolución publicada este jueves por la AABE.

La venta se desarrollará a través del sistema electrónico SUBAST.AR. Los interesados podrán inscribirse hasta el 5 de agosto a las 12, mientras que la puja electrónica se realizará el 13 de agosto a las 14.

El terreno está emplazado en un punto de gran valor dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre la avenida Córdoba, en Palermo, combina una ubicación con buena conectividad y cercanía a una variada oferta de comercios, gastronomía y espacios corporativos.

De acuerdo con la resolución, la convocatoria respondió a un requerimiento formulado por la Dirección de Asuntos Comunitarios, dependencia que solicitó avanzar con la venta del inmueble luego de los distintos pasos administrativos previstos para este tipo de operaciones.

La medida recordó que la AABE ejerce la administración de los bienes inmuebles del Estado nacional desde su creación mediante el Decreto 1.382 de 2012, que la constituyó como organismo descentralizado en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros y le otorgó la función de administrar, centralizar y disponer de los inmuebles nacionales cuando esa competencia no corresponde a otros organismos.

Antes de autorizar la subasta, la Agencia avanzó con otro paso administrativo. Mediante la Resolución 78, del 18 de mayo, desafectó el inmueble de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, lo que permitió continuar con el proceso de venta.

Como parte del expediente administrativo, también intervino la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, que informó que el terreno carece de valor patrimonial, por lo que no registró condicionamientos vinculados con la preservación histórica.

Uno de los pasos centrales del procedimiento correspondió al Tribunal de Tasaciones de la Nación, que realizó la valuación oficial del inmueble durante una reunión celebrada el 12 de mayo. El organismo determinó un valor venal de $6.130 millones, equivalente a USD 4.332.155, tomando un tipo de cambio de $1.415 por dólar vigente en la fecha de la tasación. El dictamen indicó que la valuación consideró el terreno desocupado y libre de mejoras.

En ese mismo documento, el Tribunal informó además un valor base de venta de $5.517 millones, equivalente a USD 3.898.939, calculado con el mismo tipo de cambio y conforme a su procedimiento interno. Sin embargo, la Dirección de Asuntos Comunitarios solicitó posteriormente que la subasta se realizara con una base de USD 4.332.155, cifra que coincide con el valor venal determinado por el Tribunal de Tasaciones.

El pliego de bases y condiciones también estableció una serie de obligaciones para quien resulte adjudicatario del terreno. La principal consiste en desarrollar un proyecto inmobiliario en el predio, ya que la venta quedó sujeta a un cargo de construcción.

Según la documentación oficial, el comprador deberá ejecutar una obra permanente que represente al menos el 60% de la capacidad edificable permitida por la normativa urbanística vigente para el inmueble. Además, tendrá un plazo máximo de tres años para iniciar los trabajos y de ocho años para finalizarlos y obtener la habilitación correspondiente. Ambos plazos comenzarán a correr desde la inscripción del dominio a nombre del adjudicatario.

La AABE también fijó sanciones económicas para el caso de que esos compromisos no se cumplan. Si la obra no comienza o no finaliza dentro de los plazos previstos, el organismo podrá aplicar una multa mensual equivalente al 1% del valor base de la subasta durante el primer año de demora. A partir del decimotercer mes, esa penalidad aumentará al 2% mensual y se mantendrá hasta que se cumpla con la obligación de construir.

El adjudicatario también deberá acreditar ante la Agencia el avance de la obra, aportar toda la documentación que le sea requerida y permitir inspecciones sobre el inmueble para verificar el cumplimiento del cronograma comprometido. Además, asumirá por su cuenta la obtención de todos los permisos y autorizaciones necesarios para desarrollar el proyecto.

Otra de las condiciones incluidas en el pliego establece que el inmueble se venderá desocupado y en el estado en que se encuentra, mientras que cualquier regularización dominial, catastral, constructiva o registral que resulte necesaria quedará a cargo del comprador. A su vez, todos los gastos de escrituración, tasas, impuestos y honorarios derivados de la operación también serán afrontados por el adjudicatario.