La primera semana de agosto termina como arrancó: con alta intensidad política. Se sucedieron hechos variados, desde la escalada presidencial contra Lula da Silva -y el consiguiente deterioro de las relaciones con Brasil- hasta la confirmación del viaje del papa León XIV a la Argentina. También, un paro nacional de docentes y una suba de los índices de pobreza. En esa sucesión vertiginosa, sobresalieron dos daños autogenerados por el oficialismo: el desgaste sufrido para aprobar en el Senado lo que quedó del proyecto sobre propiedad privada y el inédito conflicto que paralizó los puertos de todo el país durante cuatro días. Fue, otra vez, una mezcla de mala praxis y cerrazón ideológica. Puro microclima del poder.

La racha de costos que se provoca a sí mismo el oficialismo registra también las internas, densas. Algunas son renovadas aunque por ahora contendidas, entre los bandos de Karina Milei y Santiago Caputo. Y añaden, según el tema, tensiones con Patricia Bullrich y últimamente, malestar con Federico Sturzenegger. El punto máximo lo escribe la relación sin retorno con Victoria Villarruel, cuya renuncia fue reclamada por Diego Santilli y Pablo Quirno. Con todo, los dos renglones señalados en primer lugar son los de mayor impacto. Tanto, que desde el oficialismo ya se dejan trascender correcciones para la tarea legislativa de LLA, junto a la reducción de lo que había sido anunciado como una ola de proyectos “reformistas”.

El recorte significativo del texto original de inviolabilidad de la propiedad privada, obra de Sturzenegger con amplio aval del Presidente, no fue un hecho de un par de días, un espasmo. En rigor, comenzó a poco de que el proyecto ingresara al Senado y reprodujo, entre aliados, socios y dialoguistas recelos repetidos, y desatendidos, por la amplitud de la iniciativa. Es cierto que el caso Adorni perjudicó el intento inicial de hacer rodar el tema, pero lo ocurrido esta semana indica un problema más profundo.

El oficialismo, como suele ocurrir en estos casos, hizo circular explicaciones referidas sólo a elementos externos. Ninguna incluyó algo parecido a un cuestionamiento sobre su papel y, en todo caso, se trató de facturas domésticas. Patricia Bullrich dijo que el larguísimo caso de Manuel Adorni -que este mes sumaría novedades en la Justicia- impidió avanzar con el proyecto. Y conjeturó que habría sido votado entonces sin rechazos como los que fueron agudizándose en las últimas semanas.

En la misma línea, fue alimentada la idea según la cual el efecto Mundial también complicó los planes del Gobierno. En otras palabras, se aventuró que el clima social -especialmente, a partir del partido con Inglaterra y la bandera por Malvinas- giró fuertemente y profundizó el rechazo al capítulo que buscaba modificar la ley de tierras. Eso -es decir, la afirmación del concepto de “extranjerización”– fue considerado elemento central del cálculo político de senadores dialoguistas. Los “tibios” en versión de Joaquín Benegas Lynch, que agravó el enojo ya extendido en espacios de buen trato con LLA.

La cronología indica que el problema con este proyecto había comenzado mucho antes. En mayo, fue dado de baja el artículo que buscaba eliminar de hecho el Registro Nacional de Barrios Populares. Fue el primer síntoma de los problemas que podría enfrenar el oficialismo con un texto que modificaba varias leyes sensibles. Entre el martes y el miércoles último, el oficialismo negoció finalmente excluir el capítulo sobre la ley de tierras. Y el jueves bien entrada la noche, ya en el recinto, cayó el tramo que pretendía cambiar la ley sobre manejo del fuego.

La aprobación de lo que quedó del proyecto -básicamente, aceleración de desalojos y cambios sobre expropiaciones de bienes por parte del Estado- dejó sabor de derrota en el Gobierno. Para entonces, el oficialismo había registrado rechazos –señales de diferenciación, al menos– de parte de la UCR y de gobernadores de buen diálogo con los operadores de la Casa Rosada (Tucumán, Catamarca, Salta, Misiones, Corrientes, Chubut, Neuquén), además de malestar en una franja del PRO.

Hubo, sin dudas, un fracaso en el terreno comunicacional, especialmente sobre la venta de tierras a personas y empresas extranjeras. También podría anotarse una ironía sobre el debut del giro “nacionalista” en el discurso libertario. Parte del mismo intento de recuperar iniciativa, arrancó con problemas la idea de poner en marcha el Congreso con iniciativas propias. En Diputados, comenzó a caminar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con puntos a negociar, y la segunda entrega de Inocencia Fiscal, que genera de entrada un choque con la oposición por la situación de funcionarios que puedan adherir a este régimen. Algo así como una estribación de la serie de Adorni.

Pero más de fondo, asoman al menos dos problemas de arrastre. Uno es de “mala praxis” en continuado: la intención de impulsar “grandes reformas” entendidas como proyectos que afectan muchas otras leyes. Ocurrió en su momento con la Ley Bases, podada en sucesivas negociaciones para lograr su aprobación. Y en los últimos días, con la iniciativa sobre propiedad privada. El oficialismo busca adhesiones -la contracara son los tratos con jefes provinciales-, en lugar de plantear debate sobre proyectos individuales para cada reforma a leyes de peso. Es algo que le han señalado algunos legisladores dialoguistas.

El otro tema es la cerrazón ideológica o, si se prefiere, la visión de poder. Existe, en el fondo, un estrato de origen más que presidencialista, que supone que el Ejecutivo nacional está por encima de los otros poderes. Y que el resultado de una elección debe ser interpretado sólo como alineamiento acrítico con el ganador. En algunos casos de manera expresa, el disgusto con el Congreso -cuando fracasa un proyecto o es podado para su aprobación- va acompañada por la idea de forzar las cosas por decreto.

No siempre funciona, porque, como suele decirse, juegan también otros actores. La demostración más cercana fue expuesta por el conflicto con los prácticos, que paralizó la actividad portuaria en todo el país y terminó por donde debería haber empezado: el armado de mesa de negociación. Y para avanzar, dejó sin efecto el decreto. Tampoco en este caso resultó posible una discusión de fondo, sin dudas necesaria.

Fue una experiencia costosa, en todo sentido, al igual que el capítulo del Senado. Se verá cómo impacta semejante sucesión de hechos en Olivos, necesitado de acuerdos para coronar los proyectos considerados prioritarios para su plan releccionista. Y también, aunque suene contradictorio, atado a la idea de fabricar o sostener un “enemigo” como forma de construcción política en blanco y negro.

El Gobierno se llevó una victoria pírrica esta semana en el Senado al lograr la media sanción de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada pero sin dos capítulos clave: los relacionados con la venta de tierras a extranjeros y los cambios a la ley de manejo del fuego. El traspié legislativo estuvo directamente relacionado al endurecimiento de algunos gobernadores, que ante la visibilidad pública que ganó el tema y la movilización popular, se mostraron reacios a pagar el costo político de acompañar al oficialismo.

En la Cámara de Diputados, donde pronto se debatirán la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, y se disputará el segundo round de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la oposición observó con atención el devenir de las negociaciones y mostró un moderado entusiasmo ante algunas señales.

Un referente del bloque peronismo destacó los contactos que entablaron desde Unión por la Patria con casi todos los gobernadores aliados a la Casa Rosada y la buena predisposición que encontraron. “Hubo mucho diálogo, algunos hablaron con Claudio Vidal (Santa Cruz), otros con Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones), Sáenz (Salta) o Pullaro (Santa Fe), tuvimos distintos resultados, pero este tema nos permitió recuperar cierto nivel de diálogo”, explicó a Infobae.

Y agregó: “La principal señal es que estaban todos los teléfonos abiertos, nadie se cerraba al diálogo”. Desde el peronismo consideran que el fracaso oficialista de la Ley de Tierras dejó en evidencia un cambio táctico de los mandatarios provinciales y cierto hartazgo con los modos de la Casa Rosada.

Es importante destacar que la flexibilización de la Ley de Tierras recibió los primeros golpes de nocaut a principios de semana, cuando los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando “Rolo” Figueroa (Neuquén) y Hugo Passalacqua (Misiones) hicieron saber que sus senadores votarían en contra. Luego, otros mandatarios que originalmente habían prometido apoyo, como el salteño Gustavo Sáenz, comenzaron a darse vuelta.

“Hay poca predisposición de los gobernadores a ser arrastrados a temas que claramente son impopulares. Si bien eso no significa que pierdan la idea de colaborar con el Gobierno, sienten que cualquier paso en falso, donde queden descalzados de la opinión pública, puede perjudicar sus chances electorales”, sintetizaron.

Aunque el problema que ven a futuro es que los proyectos en carpeta para ser debatidos en Diputados no generan el mismo nivel de movilización ni acaparan la conversación pública. “Son temas de menor intensidad, lo que pasó en el Senado no es fácilmente repetible”, analizaron.

Ante la consulta de Infobae, entre los bloques del medio, coincidieron con parte del análisis. “Se acercan las elecciones provinciales, todo no va a ser un paseo para el oficialismo como hasta ahora”, explicó un diputado de Provincias Unidas. Pero también recordó que proyectos como la ampliación de la Inocencia Fiscal vienen atados con promesas oficialistas de aumentar los fondos coparticipables que reciben las provincias.

Por otro lado, las turbulencias internas en un bloque aliado también podría tener efectos inesperados. En el Senado, el bloque misionero terminó dividido en dos: un monobloque integrado por la senadora Sonia Rojas Decut, que manifestó su lealtad política al gobernador Hugo Passalacqua, y otro monobloque conformado por Carlos Arce, que se referencia en el líder del Frente Renovador de la Concordia Carlos Rovira.

La disputa interna entre Passalacqua y Rovira por el momento no tendrá efectos concretos en Diputados, donde los cuatro integrantes de Innovación Federal no sufrirán rupturas. “No se dividirá… por ahora”, aclararon desde la bancada. Sin embargo, esta pelea es seguida atentamente por los libertarios, ya que los votos de Innovación Federal resultaron fundamentales en más de una oportunidad.

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El Gobierno pone en pausa el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en Diputados y prioriza la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios en Inocencia Fiscal para una sesión que ya proyecta realizar el 26 de agosto. En la Casa Rosada quieren evitar que las distintas iniciativas se mezclen en una misma negociación y compliquen la aprobación de los proyectos que Javier Milei considera centrales.

“No es la idea acelerar Propiedad Privada ahora”, expresan en Nación. La posición oficial es dejar transcurrir el impacto político de la discusión en el Senado y concentrar durante las próximas semanas los contactos con los bloques dialoguistas en los dos proyectos económicos.

El criterio responde directamente a una prioridad presidencial. “Ahora hay que sacar lo que más le importa al Presidente”, agregan fuentes del Ejecutivo. Milei ubicó la modificación del Banco Central en el centro de la segunda etapa de su programa y la presentó por cadena nacional como una de las principales reformas institucionales de su gestión.

La mesa política terminará de definir la estrategia en su próxima reunión. Allí se resolverá el temario definitivo del 26 de agosto, el ritmo de las reuniones de comisión y el momento en el que el oficialismo volverá a activar Propiedad Privada en la Cámara baja.

La decisión se tomó después de una negociación especialmente conflictiva en el Senado. El proyecto de Propiedad Privada atravesó cuatro postergaciones, múltiples modificaciones y llegó a acumular 17 versiones antes de obtener la media sanción. Finalmente, fue aprobado por 37 votos contra 33, luego de que el oficialismo retirara los capítulos sobre extranjerización de tierras y Manejo del Fuego.

Ese recorrido encendió alarmas dentro de Balcarce 50 en tres planos: la discusión pública, la negociación con los gobernadores y la coordinación interna. En distintos despachos reconocen que el Gobierno perdió el control de la conversación sobre la venta de tierras a extranjeros y que el rechazo terminó alcanzando a actores que inicialmente no formaban parte de la oposición política tradicional.

El frente legislativo también dejó señales de preocupación. Varios gobernadores que habitualmente negocian con el oficialismo hicieron retirar el respaldo de sus senadores al capítulo de tierras y las resistencias provinciales volvieron a aparecer horas después con Manejo del Fuego. La Casa Rosada quiere evitar que esa dinámica se replique sobre el Banco Central, donde necesita conservar una mayoría amplia de aliados.

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El episodio expuso además las diferencias entre las áreas que redactan las reformas y quienes después deben conseguir los votos. Durante la negociación se produjeron cruces entre Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich por las concesiones a los bloques dialoguistas, junto con pases de factura internos por el manejo de los gobernadores y el cálculo de las mayorías.

A pesar de esas dificultades, el Gobierno logró conservar una parte importante de Propiedad Privada. La media sanción incluye modificaciones al régimen de expropiaciones, procedimientos más rápidos de desalojo, cambios en la regularización dominial y la digitalización de los Registros de la Propiedad Inmueble. Ahora debe ser tratada por Diputados para convertirse en ley.

La decisión de postergar su tratamiento no implica entonces archivar el proyecto, sino sacarlo de la negociación inmediata. En Nación sostienen que todavía no está definido cuándo volverá a aparecer en el temario y remarcan que la prioridad será no acumular discusiones políticamente sensibles en una misma sesión.

El principal objetivo para el 26 de agosto es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El texto restablece como misión principal de la entidad preservar el valor de la moneda y prohíbe el financiamiento al Estado nacional, las provincias y los municipios, además de impedir la compra de títulos públicos nacionales en el mercado primario.

La iniciativa también endurece las condiciones para remover al presidente y al directorio del BCRA. El mecanismo de nombramiento mediante propuesta del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado se mantiene, pero para desplazar a las autoridades monetarias el Gobierno plantea exigir una mayoría de dos tercios tanto en Diputados como en la Cámara alta.

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El proyecto restringe además la transferencia de utilidades originadas en resultados por tenencia, establece una reserva técnica no distribuible para determinados activos y limita el giro de resultados de la cartera del Banco Central al Tesoro a la cancelación de deuda. El paquete incorpora también la eliminación de las Letras Intransferibles, otro de los puntos que Milei destacó al presentar la reforma.

Inocencia Fiscal completa la agenda que el oficialismo quiere concentrar en Diputados. La Casa Rosada busca reforzar el denominado “tapón fiscal”, limitar la posibilidad de que ARCA revise períodos anteriores y ampliar las garantías para que ahorros no declarados ingresen al sistema financiero. En el Ejecutivo vinculan esa iniciativa con la estrategia de profundizar el crédito y canalizar el ahorro hacia inversiones.

La hoja de ruta quedará sujeta al cierre de los votos y a la decisión final de la mesa política. La premisa que domina ahora en la Casa Rosada es reducir la cantidad de frentes abiertos y ordenar las reformas según las prioridades de Milei: primero el Banco Central e Inocencia Fiscal; Propiedad Privada quedará para una etapa posterior, una vez que el oficialismo considere superado el desgaste que dejó su tratamiento en el Senado.

Gobierno, propiedad privada, Banco Central