POLITICA
La final de Argentina en el Mundial, una cuestión de Estado: los movimientos de Milei para el regreso de La Scaloneta
Javier Milei está tan satisfecho con el desempeño de Argentina en el Mundial que, como tantos otros a lo largo y ancho del país, siente que el principal desafío está cumplido. Sin la mochila que cargaban en la final de Qatar 2022 por los 36 años de sequía que arrastraban en la máxima competencia, en este 2026 los jugadores en general y Lionel Messi en particular demostraron estar a la altura de la defensa del título, construyeron un espíritu colectivo que fue de menos a más, se ganaron una épica deportiva que logró dar vuelta partidos endiablados y dejaron conforme a una nación que en ocasiones exagera su paladar negro y su exitismo. El Presidente desea con todas sus fuerzas que La Scaloneta le gane a España el domingo, desde ya, pero la reflexión que prima en la Quinta de Olivos es que la tarea está más que pagada. “Pase lo que pase, la próxima semana nuestro país va a ser una fiesta y la gente va a salir masivamente a recibir a los gladiadores después de su estadía en Estados Unidos. Son un grupo humano increíble que lo dejó todo con huevo y garra. Y se merecen todo nuestro cariño”, dicen, en modo amor y paz, cerca del mandatario.
Con ese espíritu mundialista que llevó oxígeno a un oficialismo que venía golpeado y desconcertado por la sangría que significó el affaire Manuel Adorni, el mundillo violeta se apresta a “disfrutar” y “sacarle el jugo lo más posible” a la estela de felicidad que se extendió masivamente en todo el territorio. “Eso sí: sin hacer de más. Nuestro poco y nada tribuneo no es una impostura forzada: es lo que pensamos. Estar contentos, sí. Caranchear aprovechamiento político, de ninguna manera”, juran en el corazón del poder. Y revelan un dato que conoce apenas un puñado de colaboradores de Milei: el libertario viene teniendo contacto telefónico con los mismísimos Gianni Infantino y Lionel Scaloni. “No abusa del vínculo, pero algunos mensajes se mandó”, conceden, lacónicos. ¿Qué se dijo con el titular de la FIFA? Apenas algún saludo institucional y un agradecimiento por la invitación, ya rechazada, para viajar a la batalla final en Nueva Jersey. ¿Y con el director técnico de la albiceleste? “Palabras de cariño, cortas y puntuales porque no quiere abusar de su rol ni molestarlo en un momento tan especial”.
El hermetismo no se debe solamente a una cuestión de respeto. Hay una cábala futbolera que los Milei cumplen a rajatabla: Javier y Karina vieron/sufrieron juntos todas las fases y decidieron repetir el ritual durante el enfrentamiento decisivo. El inquilino del Sillón de Rivadavia hasta tiene pensado volver a ponerse uno de sus mamelucos de YPF porque, como contó públicamente, la Selección recibió un gol la única vez que el calor lo empujó a sacárselo.
Por ese tipo de supersticiones, pero también para exhibir austeridad ante una población todavía golpeada por el ajuste, la Secretaria General bajó una recomendación con tono de orden a la primera línea del gabinete: nadie tiene que subirse a un avión para presenciar la final. Las segundas y terceras líneas, como el viceministro de Justicia Santiago Viola, que ya alentó desde las tribunas norteamericanas, corren por otro andarivel. “Si a un funcionario le correspondían vacaciones y decide tomárselas, no veo el problema. Me parece mucho más complicado y repugnante que haya gente que llora que no llega a fin de mes y aparece con entradas caras en los partidos”, lo defendió Milei. Es un misterio si el ladero de Juan Bautista Mahiques se cruzó con alguno de los tantos magistrados federales que se camuflaron entre las multitudes para corear “por la última de Leo”.
Por fuera de estas vicisitudes, la atención libertaria ya está focalizada en el día después: es que el Argentina-España, que tendrá la presencia de Donald Trump en el “Estadio Nueva York Nueva Jersey”, se convirtió en una cuestión de Estado porque la administración libertaria enfrentará su evento más masivo desde su desembarco en Balcarce 50 el 10 de diciembre de 2023. “Puede movilizarse más gente que la que va a moverse si se confirma la visita del Papa León en noviembre. La pelota tira más que Dios en estos pagos”, se ríe un ministro que no reniega de su fe religiosa. ¿Y entonces? A diferencia de los ocho partidos que habrá disputado La Scaloneta en USA, el festejo/recibimiento no tendrá árbitros, VAR, reglamento escrito, ni tiempo suplementario: dependerá de los deseos de los jugadores, de una AFA que desconfía del Gobierno y de la capacidad de coordinación entre tres jurisdicciones que no se caracterizan precisamente por caminar abrazadas.
Aunque no quieren spoilear demasiado, “El Jefe” se puso al frente de los preparativos junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. La primera orden fue contundente: si Lionel Messi y sus compañeros quisieran saludar desde el balcón de la Casa Rosada, el edificio deberá estar completamente vacío de dirigentes. “Ni Javier, ni su hermana, ni ministros, ni legisladores, ni militantes con ganas de conseguir la foto de sus vidas. Apenas Casa Militar para custodiar las instalaciones y algún designado que, como detalle administrativo nada menor, abra las puertas del palacio gubernamental”, cuenta una fuente al tanto de los preparativos. El objetivo es que cualquier celebración “sea una fiesta total” y “sin manchas”. Y que de ninguna manera haya un nuevo Wado De Pedro esperando una mano que jamás llega, como ocurrió en diciembre de 2022, cuando el entonces ministro del Interior intentó saludar al plantel en Ezeiza y quedó pagando ante las cámaras.
El otro gran desafío es evitar el descalabro del operativo de Qatar, bajo la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Las imágenes virales siguen en la retina del pueblo: hace casi cuatro años, el micro descapotable con los campeones salió del predio de la Asociación del Fútbol Argentino con la intención de recorrer el conurbano, llegar al microcentro y regalarle a millones una caravana histórica. El recorrido, como era de esperar, se volvió imposible: hicieron menos de 12 kilómetros durante cuatro horas, durante las cuales dos hombres se llegaron a arrojar desde un puente para intentar caer dentro del vehículo. “Los kukas estaban en pedo. Ese 20 de diciembre no terminó en tragedia masiva casi de milagro. No podemos volver a improvisar con tantos millones de personas en la calle”, analizan ahora en el área de Seguridad.
Monteoliva encabezó este viernes una primera reunión formal con las fuerzas federales. También mantuvo conversaciones con Horacio Giménez, el ministro de Jorge Macri, porque el Obelisco volverá a funcionar como epicentro natural tanto durante la final como en el eventual recibimiento. Con la provincia de Buenos Aires, en cambio, el intercambio todavía es más embrionario. “Tenemos una estrategia para proponer pero se avanzará cuando la Selección lo disponga: aún no nos comunicaron qué prevén hacer”, explican cerca de Axel Kicillof. La coordinación tripartita es inevitable si el avión aterriza en el Aeropuerto Internacional y el plantel decide trasladarse hacia la Ciudad. De todos modos, por obvias razones casi todas son hipótesis: se habla de una caravana encapsulada y hasta de helicópteros especiales, pero la incertidumbre es tan grande que incluso podría no haber ninguna aparición pública. “Paciencia, paciencia, paciencia”, repiten los involucrados.
La hoja de ruta oficial para lo que viene incluye una alternativa de impacto: nadie se preocupa en negar que Milei esté evaluando establecer un feriado nacional o disponer un asueto de hasta 48 horas para la administración pública nacional. La intención declarada es favorecer una recepción masiva para un equipo que, gane o pierda, volverá después de haber llegado hasta el último partido del Mundial. “Anulo mufa”, juegan en estas horas frenéticas. La decisión recién se anunciará después de la final y dependerá de la fecha precisa del regreso de Scaloni y compañía, que podría ser recién el miércoles 22.
En el Gobierno sí desmienten que quieran empujar a la gente a la calle para quedarse con una porción de la alegría. “Igual, tampoco somos boludos: somos conscientes de que estamos viviendo el mejor clima social en meses”. Sin embargo, esa búsqueda sufrió un inesperado traspié durante la previa del duelo ante Inglaterra, cuando la sucesora de Patricia Bullrich en Seguridad respaldó la decisión de la FIFA de prohibir dentro del estadio de Atlanta las banderas con el “mapita” de las Malvinas por considerarlas “contenido político”. La explicación encendió una controversia inmediata y terminó peor cuando los propios jugadores exhibieron la bandera, confeccionada por fanáticos en un pedazo de sábana, que no tardó en dar la vuelta al globo. La polémica por la guerra de 1982 tuvo una novedad inesperada para muchos: la Casa Blanca, en la voz del asesor presidencial Andrew Giuliani, respaldó el derecho de los futbolistas argentinos a expresar su postura sobre la soberanía del territorio argentino. Según un reporte de Ad/Hoc en redes sociales, el vínculo entre Milei y la discusión por las islas acumuló 66,7% de negatividad en 48 horas. Venía todo demasiado bien. La consecuencia está a la vista: Monteoliva tiene un bozal mediático hasta nuevo aviso.
En el medio del armado del dispositivo especial para darle la bienvenida a la Selección aparece una dificultad política sensible: la relación entre la administración libertaria y Claudio “Chiqui” Tapia es pésima ya que ese tormentoso vínculo arrastra la batalla por las Sociedades Anónimas Deportivas, las inspecciones sobre la AFA y un abanico de expedientes judiciales que incluye investigaciones por retención indebida de aportes, evasión fiscal, contrataciones dudosas, posibles maniobras de lavado y hasta una fastuosa y ya célebre mansión en Pilar. Desde Estados Unidos dejan trascender que el mandamás del fútbol, que viene de estrecharle la mano con Trump en una recepción organizada por la FIFA, no quiere negociar directamente con funcionarios nacionales y tampoco activó un puente con viejos conocidos como Diego Santilli, Daniel Scioli o Mahiques.
Tapia, mientras tanto, se muestra más agrandado que preocupado. La clasificación a la final le permitió, por ejemplo, una secuencia jocosa delante del propio Messi en la que simuló que su prosecretario Luciano Nakis volvía a secarle la transpiración de la nuca, como ocurrió durante la Copa América de 2024. Una postal perfecta del dirigente que se sabe abrazado por el éxito deportivo mientras los expedientes se acumulan en los tribunales. En la cúpula libertaria miraron el video sin ninguna gracia.
Así las cosas, el ecosistema dirigencial sabe que el Mundial funcionó como anestesia política y generó una tregua social que la Casa Rosada utilizó para respirar y bajar tensiones. Esa pausa redujo al mínimo las apariciones públicas del gabinete, desaceleró las reuniones de rosca, congeló las hostilidades internas entre karinistas y caputistas y postergó decisiones que ya no podrán seguir durmiendo cuando se defina la Copa del Mundo.
Entre los asuntos que La Libertad Avanza deberá encarar de inmediato está, muy particularmente, la reforma política: los Milei quieren eliminar o al menos suspender las PASO para aumentar sus probabilidades de reelección. El razonamiento es sencillo: una primaria nacional permitiría que la oposición, con el peronismo a la cabeza, junte en una misma cancha a sus diferentes tribus, resuelva su crisis de liderazgo y salga del proceso con un candidato fortalecido. Sin esa herramienta, podría llegar fragmentado en dos o tres ofertas y así, siempre según las elucubraciones libertarias, los violetas podrían alcanzar los 40 puntos con los diez de diferencia necesarios para evitar la temida segunda vuelta.
Karina ordenó que, apenas termine el Mundial, todo el partido entre en modo campaña y, a diferencia de lo que sucedió en las legislativas del año pasado, se muestra dispuesta a ceder parte de sus ambiciones territoriales con tal de alcanzar el objetivo superior. “¿De qué nos sirve tener gobernadores propios si no podemos quedarnos cuatro años más?”, plantean sus operadores. Dicho de otro modo: no habrá, con la fotografía actual, un intento de colonizar las 24 provincias con candidatos puros sino boletas compartidas, promesas de no intervenir en algunos distritos y altas dosis de pragmatismo.
Los gobernadores están apurados y no precisamente por ver a Messi campeón: la enorme mayoría va a desdoblar sus elecciones y por eso necesitan saber con qué reglas se jugará la competencia nacional antes de definir sus propios calendarios. En el menú del toma y daca se viene poniendo sobre la mesa, sin ningún tipo de metáforas, la exigencia de que la Rosada vuelva a abrir la billetera para atender obras, rutas y cuentas provinciales cada vez más ajustadas.
En ese intercambio apareció una fórmula novedosa para los estándares anti casta de los libertarios: que algunos partidos provinciales lleven candidatos propios al Congreso pero compartan la postulación presidencial de Milei mediante un esquema de colectoras o adhesiones adaptado a la Boleta Única de Papel.
Por fuera de la sofisticada ingeniería electoral, LLA está concentrada en mejorar su aprobación popular: la imagen presidencial, por caso, dejó de caer en los sondeos de las principales encuestadoras pero las mediciones que llegaron a los despachos oficiales tampoco invitan a una vuelta olímpica anticipada: Aresco detectó que el 66% evalúa negativamente la economía actual, el 57% tiene expectativas desfavorables y el 58% tuvo que endeudarse durante los últimos meses para cubrir gastos corrientes; otro trabajo, de Opina Argentina, reveló que el 81% considera que el Gobierno debería priorizar el crecimiento económico por encima de la lucha contra la inflación. Son números que exponen el límite de cualquier intento de transferencia emocional entre los goles de la Selección y las aspiraciones futuras del espacio gobernante.
En definitiva, el fútbol puede mejorar el humor pero no paga las tarjetas de crédito que están en rojo. Un estudio nacional de Giacobbe Consultores determinó que el 84,8% de los argentinos puede distraerse con el Mundial pero no deja de pensar en los problemas del país. Más contundente todavía: el 93,4% asegura que una eventual consagración de Lionel Scaloni no modificaría su voto y el 85,5% considera que otro título no favorecería electoralmente al Presidente.
Por todo esto, gane o pierda Argentina, el lunes posterior a la fiesta empezará otro campeonato para los libertarios: para la Casa Rosada, el verdadero partido comenzará cuando el árbitro marque el final de la Copa del Mundo.
South America / Central America,Government / Politics,BUENOS AIRES
POLITICA
Reforma por falsas denuncias: una especialista advirtió que el proyecto “castiga denunciar” la violencia de género
El Senado abrió el debate sobre un proyecto de ley que propone endurecer las penas por falsas denuncias en causas vinculadas con violencia de género y delitos sexuales. La iniciativa, impulsada inicialmente por la senadora Carolina Losada, despertó cuestionamientos entre organizaciones especializadas, que advierten que la reforma podría tener un efecto contrario al que busca: desalentar las denuncias de quienes sufren violencia.
Esa fue la principal advertencia de Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), quien analizó la iniciativa en Infobae al Mediodía. Para la especialista, el problema no pasa por la inexistencia de herramientas legales para castigar las denuncias falsas, sino por el riesgo de generar un nuevo obstáculo para quienes intentan acceder a la Justicia.
“El proyecto de ley que se discute en el Senado no es un proyecto que castigue las falsas denuncias, sino un proyecto que castiga denunciar”, afirmó durante la entrevista con Maru Duffard.
Según explicó, el texto incorpora una amenaza penal que puede terminar afectando a mujeres que denuncian hechos de violencia pero no logran acreditarlos judicialmente. “Hay pocos incentivos para denunciar y muchísimos desincentivos, porque buscar ayuda muchas veces recrudece la violencia. Si este proyecto avanza, amenaza penalmente a la mujer que se anima a denunciar y que, por deficiencias de la investigación o por los sesgos de la Justicia, tal vez no logre probar lo que ocurrió”, sostuvo.
Para Gherardi, esa consecuencia resulta especialmente preocupante en un contexto donde la mayoría de los hechos de violencia sexual y de género ni siquiera llegan al sistema judicial. Citó datos elaborados por ELA que muestran que cada año alrededor de 500.000 personas sufren ofensas sexuales en Argentina, aunque solo una de cada diez presenta una denuncia. A eso se suma que apenas el 21% de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia recurre a la Justicia y que, entre las víctimas de femicidio, solo el 18% había denunciado previamente a su agresor.
“Denunciar, pedir ayuda, salva vidas”, resumió la especialista, al explicar que muchas víctimas enfrentan miedo, amenazas, vergüenza y una profunda desconfianza hacia las instituciones antes de decidir acudir a la Justicia. “Muchas veces buscar ayuda recrudece la violencia. Hay una enorme cantidad de obstáculos para denunciar y la revictimización sigue siendo un problema”, agregó.
Uno de los principales argumentos de Gherardi es que el Código Penal argentino ya contempla figuras para sancionar las denuncias falsas. “Ya hay varios delitos bajo los cuales se puede encuadrar esa conducta. Por supuesto que es un problema que alguien denuncie falsamente, en este o en cualquier otro tema. Pero la respuesta penal ya existe y prácticamente no se utiliza”, señaló.
En ese sentido, consideró que el debate legislativo parte de un diagnóstico equivocado. “No va a ser agravando las penas que ese delito se aplique más. El problema no es la falta de herramientas legales, sino el funcionamiento de la Justicia”, afirmó.
La directora de ELA también cuestionó modificaciones incorporadas al proyecto que actualmente analiza el Senado. Según explicó, una nueva versión eliminó la referencia específica a la violencia de género y reemplazó esa mención por la categoría de “delitos dolosos graves”.
“Esa categoría no existe en el Código Penal. Es una redacción que deja un margen de discrecionalidad mucho mayor para la interpretación judicial”, advirtió.
Consultada sobre la dimensión real de las falsas denuncias, Gherardi sostuvo que se trata de un fenómeno excepcional y citó investigaciones del Ministerio Público Fiscal. “Los casos son mínimos y la mayoría ni siquiera están vinculados con violencia de género, sino con conflictos económicos. Se está buscando legislar sobre un fenómeno casi inexistente”, aseguró.
Para la especialista, la discusión debería centrarse en fortalecer la capacidad del Estado para investigar los delitos y acompañar a las víctimas, en lugar de crear nuevas amenazas penales. “Si el Senado tiene una preocupación genuina por la violencia de género, hay muchas medidas que podrían mejorar el acceso a la Justicia: fortalecer los procesos judiciales, mejorar la organización de los tribunales y avanzar en los nombramientos pendientes. Esos son los problemas reales”, afirmó.
En esa línea, también cuestionó el retroceso de las políticas públicas destinadas a la prevención de las violencias. Señaló que la línea 144 “no es una línea de denuncia, sino de asesoramiento e información” y sostuvo que la reducción presupuestaria afectó la red de asistencia para mujeres en situación de violencia.
“Ahora podés tener la voluntad de pedir ayuda y encontrar muchas más dificultades para saber dónde acudir”, señaló.
Sobre el cierre de la entrevista, Gherardi insistió en que la discusión parlamentaria no debería perder de vista el objetivo central de las políticas públicas frente a la violencia de género. “La obligación del Estado es prevenir las violencias, no solamente reducir los femicidios, sino garantizar que las mujeres puedan vivir mejor y con mayor bienestar. Cuando una mujer es asesinada, se destruye una familia entera. Esa responsabilidad es con toda la comunidad”, concluyó.
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POLITICA
La visita del Papa forzó al Gobierno y a la Iglesia a retomar gestos y dejar las diferencias en un segundo plano
Acuerdos en objetivos institucionales y fuertes tensiones en el terreno social. En esa doble lógica se explica hoy la relación entre el gobierno de Javier Milei y la Iglesia, que llevaron adelante un trabajo de acercamiento, en medio de las diferencias, para lograr la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina.
Esa tarea de cooperación, en la que la Santa Sede tuvo una participación decisiva, no impidió que 48 horas después del anuncio volvieran a salir a la luz las diferencias por la crisis social. El viernes, en un duro mensaje en la misa por San Cayetano, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, golpeó en el corazón del ideario libertario, al advertir que “la libertad económica no puede ser absoluta”, además de exigir respuestas para los pobres y los endeudados. Es uno de los tres obispos argentinos que recibirá y acompañará a León XIV en su diócesis.
Las palabras de García Cuerva fueron, quizás, un anticipo de que el mensaje que traerá León XIV en su visita de tres días a la Argentina –del 8 al 11 de noviembre- estará en plena sintonía con la agenda que se referencia con la justicia social y un papel más activo del Estado frente a las desigualdades y el desorden de la economía. Claves y definiciones de una Iglesia cercana a los pobres, como legado del pontificado de Francisco.
Las discrepancias por las políticas sociales derivaron en los últimos años en una relación de frialdad entre la Casa Rosada y la Iglesia argentina. El distanciamiento se reflejó en el hecho inédito de que el Presidente nunca recibió a la conducción de la Conferencia Episcopal Argentina que asumió en noviembre de 2024, encabezada por el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, mientras el líder libertario no ponía reparos para compartir encuentros y oraciones con pastores evangélicos en el palacio de gobierno.
“Hay que separar el objetivo institucional de alcanzar coincidencias para lograr la venida del Papa de las naturales disidencias que pueden surgir por las políticas en el área social”, explicó a un vocero del Episcopado que siguió de cerca las instancias de diálogo que afianzaron el reciente acercamiento.
El propio arzobispo Colombo declaró a que la Iglesia “no puede renunciar al ministerio profético de dar cuenta de cuando las cosas no están bien, dañan el tejido social o se vulneran los derechos fundamentales”, en relación con la situación de los jubilados, las personas con discapacidad y la crisis de la educación. Y aseguró: “Lo que tenga que decir, el Papa lo va a decir, sin ningún ánimo agresivo y ofensivo”.
Acercamiento silencioso
Desde hace casi tres meses vienen trabajando en reserva la Santa Sede, el Episcopado y el gobierno argentino para lograr el objetivo del viaje del Papa.
Las cabezas de este acercamiento fueron el canciller Pablo Quirno y el arzobispo Colombo, que como presidente del Episcopado ha “inspirado y fortalecido” el interés de que la visita del Santo Padre sea un trabajo conjunto con el Estado.
Pero los brazos ejecutores, que consumieron horas de reuniones y trabajo en común, fueron el secretario de Cuto y Civilización de La Nación, Agustín Caulo, conocedor del paño católico, quien viajó al Vaticano, y –por el lado de la Iglesia- el secretario general del Episcopado y obispo auxiliar de San Isidro, monseñor Raúl Pizarro; el subsecretario general, el padre Matías Tarico, y el padre Máximo Jurcinovic, con especial experiencia en el área de comunicación. Se sumaron a los encuentros representantes de las tres diócesis argentinas que recorrerá el Santo Padre: Buenos Aires, Córdoba y Luján.
El objetivo del viaje del Papa a la Argentina forzó al Gobierno y a la Iglesia a trabajar en función de un objetivo común. El Vaticano hizo un aporte institucional el 14 de mayo con la designación del nuevo nuncio apostólico, el arzobispo norteamericano Michael Wallace Banach, de la misma nacionalidad que León XIV y de reconocida cintura diplomática, en virtud de su experiencia como observador de la Santa Sede en organismos internacionales.
Banach llegó a Buenos Aires el 22 de julio y en los primeros días tuvo una reunión con el ministro Quirno en la Cancillería y presentó sus cartas credenciales al Presidente, que en los momentos preliminares de la confirmación de la visita controló sus apariciones y se manejó con prudencia y cautela.
A fines de junio había llegado la “primera avanzada” del Vaticano para evaluar in situ la posible llegada del papa León XIV, un pontífice que por su anterior recorrido como superior mundial de la Orden de San Agustín visitó más de 40 países. A esta altura, ninguna geografía ni sistema político lo puede sorprender. Se espera que en las próximas semanas se produzca un nuevo desembarco de funcionarios de la Secretaría de Estado del Vaticano y del Dicasterio para la Comunicación.
Iniciativas similares se llevaron adelante simultáneamente en Uruguay y en Perú, los otros países que recibirán al Santo Padre en noviembre.
El trabajo silencioso
En el vínculo entre el gobierno de Milei y la Iglesia existen mesas de diálogo informales en distintos niveles. “En unos temas hay respuestas y en otras no”, admiten fuentes eclesiásticas, que ubican la crisis de los jubilados y del sector de la discapacidad como temas de fuerte preocupación en la Iglesia.
“Puede haber diferencias sobre temas específicos y situaciones coyunturales. Pero prevalece el compromiso de sostener un trabajo en equipo y el deseo compartido de que se pueda recibir al Papa lo mejor posible”, evaluó otra fuente eclesiástica, que admite la coexistencia de visiones encontradas en el terreno social.
Si bien el cronograma puede sufrir modificaciones, se dejó de lado la idea de que el Papa viajara a Santiago del Estero, la diócesis que había recibido una reparación histórica por decisión de Francisco, que la designó sede primada, por ser la más antigua del actual territorio argentino.
El camino que hasta ahora se transitó en reserva, cuidando que los detalles no trascendieran, es solo el primer paso de una empresa gigantesca, definen en la Iglesia. Ahora viene un trabajo de alta complejidad contrarreloj y contra el calendario. Se espera que la Santa Sede y la propia Iglesia argentina aporten su expertise y se confía en el compromiso de miles de voluntarios, como fue reconocido en la organización de la reciente visita de León XIV a España.
“Es un camino que se venía recorriendo y solo ahora se puede empezar a trabajar públicamente”, confiaron en la Iglesia a .
Tareas pendientes
Faltan 92 días para la llegada del pontífice y el trabajo está lejos de haber terminado. “La Santa Sede pone los estándares y revisa todo”, confió una fuente eclesiástica. Se refería, por ejemplo, a cuestiones concretas, como la distancia que debe preservarse entre el Papa y el público en las celebraciones masivas y los anillos de seguridad.
Muchas cosas están en proceso de definición, desde los sitios que visitará el Papa en las tres diócesis que conforman el itinerario hasta la preparación de la infraestructura, los servicios, los espacios celebrativos, la organización, la comunicación y otros aspectos que “requieren del esfuerzo compartido de toda la Iglesia que peregrina en la Argentina”, según expresó el Episcopado al anunciar la realización de una “colecta nacional imperada” –ordenada por la autoridad eclesiástica, para recaudar fondos.
Así, los obispos acordaron que el fin de semana del 22 y 23 de agosto se realice la colecta en todas las celebraciones religiosas para que la gente contribuya económicamente a la organización de la visita de León XIV.
Como dato de referencia, LA NACIOJN pudo saber que el viaje apostólico que el Papa realizó entre el 6 y el 12 de junio a Madrid, Barcelona y las Islas Canarias tuvo un presupuesto cercano a los 25 millones de euros, según estimó la Conferencia Episcopal Española. El 45% se financió con aportes de empresas y benefactores, el 30% con fondos de la Iglesia (aportes de los fieles) el 20% con recursos de las administraciones públicas (gobierno nacional y comunidades autónomas) y un 5% mediante colectas realizadas para recaudar fondos. Al mismo tiempo, la Iglesia española estimó que las ciudades recibieron adicionalmente ingresos superiores a 150 millones de euros en materia de turismo y comercio.
“El Gobierno está interesado en que el Papa venga. Pero el que recibe al Santo Padre es la Argentina. Queremos lo mejor y vamos a trabajar por eso”, aseguran en la Iglesia.
Mariano De Vedia,Iglesia,Javier Milei,Papa León XIV,Conforme a
POLITICA
El reemplazo del histórico FAL: cómo Brasil desarrolló un fusil propio y qué pasó con el FARA 83 argentino
Durante décadas, Argentina y Brasil compartieron el mismo fusil de combate: el histórico FAL. Fabricado bajo licencia en ambos países, el arma diseñada por la empresa belga FN Herstal se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría y en el fusil reglamentario de sus Fuerzas Armadas durante más de medio siglo. Sin embargo, cuando llegó el momento de modernizar ese sistema de armas, ambos países siguieron caminos muy diferentes: mientras Brasil consiguió desarrollar un reemplazo propio que hoy equipa de manera progresiva a su Ejército, Argentina nunca logró llevar a producción el FARA 83.
Ese fue el eje de la columna que Andrei Serbin Pont presentó en Infobae al Mediodía, donde reconstruyó la evolución del FAL y analizó las decisiones industriales y políticas que marcaron el rumbo de ambos proyectos. Durante la charla con Maru Duffard, el especialista recordó que el FAL fue conocido como “el brazo derecho del mundo libre durante toda la Guerra Fría”, una definición que resume el lugar que ocupó dentro de los ejércitos occidentales desde fines de la década de 1950.
En Sudamérica, tanto Argentina como Brasil produjeron el fusil bajo licencia e incorporaron miles de unidades a sus arsenales. Con el paso del tiempo, la evolución tecnológica, la expansión del calibre 5,56×45 milímetros y la necesidad de contar con armas más livianas, modulares y adaptadas a los estándares actuales obligaron a pensar en un reemplazo. Fue en ese momento cuando comenzaron a evidenciarse las diferencias entre ambos países.
En la Argentina, el principal intento llegó con el FARA 83, desarrollado por Fabricaciones Militares a comienzos de la década de 1980. Según explicó Serbin Pont, “era un fusil moderno en calibre 5,56 que no prosperó por las condiciones económicas y políticas de principios de los años noventa y quedó en el abandono”. El proyecto nunca pasó de una producción limitada y el Ejército continuó utilizando el FAL, acompañado por distintos programas de modernización, pero sin incorporar un sustituto nacional.
Brasil, en cambio, “sí logró continuar esa discusión”, resumió el analista al señalar que el país mantuvo durante décadas una política de desarrollo sostenida para su industria de defensa.
En ese proceso fue determinante IMBEL (Indústria de Material Bélico do Brasil), la empresa estatal responsable de fabricar buena parte del armamento utilizado por las Fuerzas Armadas brasileñas. Aunque sus orígenes se remontan a una fábrica de pólvora creada en 1808, desde mediados de la década de 1970 se consolidó como uno de los pilares de la industria militar del país.
A partir de la experiencia acumulada con el FAL, la compañía desarrolló la familia de fusiles MD, integrada por los modelos MD1, MD2 y MD3, hasta llegar al MD97, una plataforma que incorporó soluciones técnicas más modernas y encontró un amplio espacio en distintas fuerzas policiales. “Este fue ampliamente incorporado por muchas fuerzas en sus versiones de carabina, particularmente aquellas que necesitaban incrementar su poder de fuego”, explicó Serbin Pont.
Sin embargo, el Ejército brasileño entendía que el MD97 todavía no representaba un reemplazo definitivo para el FAL y decidió avanzar con un desarrollo completamente nuevo. Así nació el IA2, presentado hacia 2010, homologado en 2012 y adoptado oficialmente al año siguiente. “En 2013 tienen la adopción oficial y empieza un proceso paulatino de reemplazo”, señaló el especialista. El nuevo fusil comenzó a fabricarse en versiones de 5,56×45 mm y 7,62×51 mm, una decisión que permitió mantener la potencia del calibre tradicional del FAL y, al mismo tiempo, incorporar una plataforma adaptada a los estándares modernos de ergonomía, modularidad y mantenimiento.
Para sostener esa transición, Brasil destinó alrededor de diez millones de dólares a ampliar la capacidad industrial de IMBEL y modernizar sus cinco plantas principales, con el objetivo de alcanzar una producción cercana a los diez mil fusiles por año. Aunque el proceso avanzó más lentamente de lo previsto, el IA2 se fue incorporando de manera gradual a las unidades del Ejército brasileño. “Hoy en día hay muchísimos IA2 en servicio, como todavía hay bastantes FAL en servicio”, afirmó Serbin Pont al describir una transición que continúa desarrollándose mientras el histórico fusil sigue presente en parte del arsenal.
El especialista sostuvo que ese proceso no puede entenderse únicamente como la incorporación de un nuevo fusil, sino como el resultado de una política industrial sostenida durante décadas. En ese sentido, explicó que IMBEL produce actualmente desde armas individuales hasta munición de artillería, explosivos y sistemas electrónicos para defensa, además de abastecer a distintas fuerzas de seguridad brasileñas. En la planta de Itajubá, por ejemplo, también se fabrica la nueva pistola MD1 GC, una variante basada en la plataforma 1911 y adaptada al calibre 9 milímetros que reemplazará modelos anteriores de servicio. Según señaló, el modelo fue seleccionado tras competir “par a par con opciones extranjeras y privadas”, una decisión que volvió a reforzar el papel de la empresa estatal como proveedor estratégico del Estado brasileño.
La experiencia brasileña contrasta con la argentina. Más de cuarenta años después de que ambos países iniciaran la búsqueda de un reemplazo para el FAL, Brasil logró convertir ese objetivo en un programa industrial sostenido que hoy equipa a sus Fuerzas Armadas con un fusil de desarrollo nacional. Argentina, en cambio, no consiguió darle continuidad al FARA 83 y terminó dependiendo de sucesivas modernizaciones del histórico FAL. “Argentina no buscó con el FARA 83 convertir el FAL, sino que se inspiró en diseños como el HK33 alemán”, explicó Serbin Pont. Para el analista, la diferencia entre ambos casos no estuvo únicamente en las características técnicas de los fusiles, sino en la capacidad de sostener durante décadas una política de desarrollo para la industria de defensa.
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