POLITICA
Operativo reelección: el debate interno que se abrió en el Gobierno y las primeras aproximaciones para 2027
“Todos los que dicen que el objetivo es la reelección no la ven. El objetivo es transformar la Argentina”, planteó una importante fuente con acceso al despacho presidencial ante Infobae, en medio de los primeros pasos del operativo de Casa Rosada por otros cuatro años del presidente Javier Milei. Superada la parálisis generada por la causa judicial que investiga a Manuel Adorni, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reavivó los deseos de la administración libertaria de pelear por un nuevo mandato del libertario y movió las primeras fichas en clave electoral rumbo a 2027.
Con el cronograma por definir, el armado de La Libertad Avanza, a cargo de la menor de los Milei e instrumentado por los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem, se prepara para encarar los incipientes debates electorales una vez terminado el Mundial 2026, que concluirá este domingo, a las 16, cuando la Selección Argentina se juegue la posibilidad de conquistar el bicampeonato contra España.
La propia administración libertaria fijó ese horizonte, y deberá tender puentes con los partidos socios y gobernadores aliados para delimitar acuerdos.
En la misma línea se expresa el propio mandatario, quien repite una y otra vez que, en 2027, su principal rival en las urnas será el mismo. “Compito contra mí mismo, trabajo cada día para hacer una gestión mejor. Es lo que voy a llevarle como propuesta a los argentinos. Hay un claro camino hacia donde vamos y en eso estamos trabajando”, sostuvo el jueves en declaraciones a El Observador.
No obstante, desde un sector de la administración libertaria consideran anticipados los planes electorales, mientras que otros sostienen que el debate por la reforma del sistema democrático habilita automáticamente el planteo. En un tercer escalón figuran los que consideran que el mensaje de la reelección tiene un destinatario claro: los mercados.
“El objetivo del Presidente no es su propia permanencia en el Poder sino la transformación de la Argentina. Se entiende la importancia de la reelección de un gobierno no peronista, pero la prioridad es cambiar la Argentina”, argumentaron desde una de las tribus violetas. “Se habla naturalmente por la reforma electoral. Si bien es cierto que no debe tener centralidad en la agenda, es lógico que la reelección esté sobre la mesa, en particular, cuando se sabe que si el Presidente hace una buena gestión lo van a reelegir”, contrapusieron desde la otra.
Las diferencias internas no terminan ahí. Superada la disputa por la confección de las listas que atravesó al Triángulo de Hierro durante 2025, en el entorno de Santiago Caputo —relegado del proceso— celebraron que el armado político se muestre dispuesto a ampliar las conversaciones con los gobernadores para construir acuerdos de cara a las presidenciales del año próximo.
En el karinismo aseguraron que se trata de una decisión estratégica que responde a la lógica de una elección presidencial, distinta de una legislativa, y plantearon que en 2025, cerrar acuerdos con algunas provincias, implicaba ir rumbo a un “gobierno de coalición”. “No todas las reglas aplican en todo momento”, expresaron.
En paralelo, la Casa Rosada ensaya alternativas para sumar los votos necesarios que le permitan eliminar o suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y así alterar las garantías de orden en la oposición. Para eso, evalúan distintas opciones, entre ellas la implementación de un sistema de colectoras, que les permitiría a los gobernadores aliados adherir sus listas legislativas a la boleta del Presidente.
Aún restan por definirse algunos criterios para su implementación, por ejemplo, la validación previa que utilizarán para habilitar a los espacios, que podría darse a través de la recolección de avales de ciudadanos comunes, aunque es solo una posibilidad.
En la Casa Rosada también empiezan a aparecer las primeras conversaciones, todavía informales, sobre la integración de la fórmula presidencial. Si bien el Poder Ejecutivo evita hablar de candidaturas, la definición del eventual vicepresidente cobra relevancia a la luz del conflictivo vínculo que mantiene la Casa Rosada con Victoria Villarruel, que en las últimas sesiones no ocultó su discrepancia con el Poder Ejecutivo.
Curados de espanto, en el Gobierno buscan evitar repetir errores. En ese marco, fijan como característica innegociable la necesidad de que el próximo vice esté alineado con el Poder Ejecutivo, algo complejo en función de la historia argentina, y es ahí donde el nombre de Patricia Bullrich como compañera de fórmula de Milei en 2027 cobra sentido en varios despachos. Sin embargo, la cuota de confianza a la legisladora viene aparejada de la puesta a prueba frente a las próximas sesiones en la Cámara de Senadores.
“No vamos a permitir, después de haber tenido la experiencia con Villarruel, que el Vice -sea quien sea- no responda a Casa Rosada. Eso se acaba”, alertaron ante este medio.
La posibilidad llega luego de algunos meses de tensión con la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, tras algunos vestigios de independencia que no fueron bien receptados por Karina Milei. Incluso, en varios despachos responsabilizan a la legisladora por el frustrado desenlace que tuvo la Ley de Propiedad Privada el pasado jueves en la Cámara Alta, cuyo debate fue postergado para el 6 de agosto.
Pese al malestar generado, en particular tras la diferenciación respecto a la polémica por el tema Adorni, los gestos hacia Bullrich se multiplicaron. Además, crece la esperanza violeta de aumentar la representación legislativa en 2027, lo que restringiría el margen de maniobra de quien oficie de titular del Senado. “Si vos ganas la reelección y conseguís más senadores y diputados propios, tenes menos debilidad”, descontaba un hombre que transita a diario Casa Rosada.
En algunos despachos de Balcarce 50 creen que la ex Juntos por el Cambio solo podría competir por fuera de la fuerza a la que se afilió en 2025 si se siente “condenada a muerte”, pero descuentan que no sería competitiva en soledad. No obstante, apuestan a contenerla y se esperanzan con abrir una “conversación racional”.
En el entorno de la legisladora evitan las proyecciones con tantos meses de diferencia, y pese a que deslizó la posibilidad de permanecer en el Senado, creen que está capacitada para afrontar el desafío. “La persona hace al cargo, Patricia lo aprendió en la vida, pero todavía no sabemos dónde irá. Se hablaron de tantos lugares”, planteó un dirigente de su riñón.
La discusión, en cualquier caso, ya está instalada. Aunque Milei insista en que su única competencia es consigo mismo, en los despachos oficiales ya comenzaron a cruzarse conversaciones sobre alianzas, reglas electorales y nombres propios. Con el Mundial a punto de terminar, en Balcarce 50 se preparan para una nueva etapa: la de empezar a diseñar el camino hacia 2027.
POLITICA
Cacace defendió la reforma sobre propiedad privada y aseguró que el límite para la compra de tierras “desalienta proyectos productivos”
La Cámara de Senadores discute un proyecto de ley que apunta a reforzar la protección de la propiedad privada en Argentina. El debate se da tras múltiples cambios en el texto, con el Ejecutivo retirando el capítulo sobre tierras para conseguir consensos. El Gobierno busca dar una señal de seguridad jurídica a inversores y propietarios, mientras persisten diferencias políticas y sociales sobre el alcance de estas reformas.
Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, sostuvo que la mayor parte de los cambios introducidos al proyecto afectaron el capítulo de tierras. “Donde más cambios hubo en la discusión fue en el tema tierras”, sostuvo en Infobae Al Mediodía.
Según Cacace, esa reforma buscaba facilitar la llegada de inversión extranjera, especialmente en sectores productivos como la forestación en provincias del litoral. Explicó que la ley vigente fija un límite de mil hectáreas para la compra de tierras por extranjeros y prohíbe adquisiciones en zonas de frontera, lo que, según su visión, impide proyectos de gran escala.
Cacace afirmó: “Lo que más necesita Argentina es inversión extranjera directa”. Señaló que las restricciones actuales desalientan proyectos productivos. “Hay proyectos como los forestales, que requieren a veces 70.000 hectáreas para que tenga sentido como unidad productiva. Con mil no se hace nada”, remarcó.
Restricciones para extranjeros y debate sobre inversión
El funcionario explicó que la Constitución argentina garantiza los mismos derechos a extranjeros y nacionales para adquirir bienes raíces. “La Constitución dice: ‘Los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales, entre ellos a comprar bienes raíces y a enajenarlos’”, citó Cacace.
Reconoció que la actual tenencia de tierras por extranjeros no supera el 6% a nivel nacional, pero insistió en que el límite de superficie y las restricciones en zonas de frontera funcionan como trabas para la inversión.
Cacace señaló que la titularidad de la tierra no implica dominio sobre los recursos naturales: “Si yo compro una propiedad, no soy dueño ni del agua, ni de las minas, ni de los minerales, ni del petróleo. El Estado en Argentina tiene el dominio público”, enfatizó.
El capítulo de tierras quedó fuera del dictamen que se debatió en el recinto, pero el Gobierno anunció que insistirá en tratar el tema por separado para buscar una legislación específica.
Cambios en la ley de expropiaciones
El proyecto endurece los requisitos para que el Estado avance con expropiaciones. Cacace afirmó que “todo lo que está haciendo esta regulación, es decir, tiene que ser más difícil expropiar”. Explicó que la iniciativa exige una declaración precisa de utilidad pública, indemnización previa y justa, y elimina las expropiaciones genéricas. El funcionario consideró que el nuevo texto protege mejor a los propietarios frente al Estado.
Uno de los puntos centrales es la incorporación del lucro cesante en las indemnizaciones. “Si el Estado te expropia, te tiene que reponer realmente el valor de lo que tenías. Si yo tenía un establecimiento productivo ahí y me haces perder de ganar un montón de dinero, indemnizámelo. Eso es el lucro cesante. Antes no existía como concepto”, detalló Cacace. El afectado podrá reclamar y probar en juicio el daño económico sufrido por la expropiación, más allá de la tasación oficial.
Modificaciones a la ley de manejo del fuego
El proyecto modifica la ley vigente sobre manejo del fuego y reduce la prohibición de cambio de uso tras incendios. Cacace aclaró que la reforma no habilita automáticamente el cambio de destino productivo tras un incendio, sino que traslada a las provincias la potestad de definir el ordenamiento territorial. “No es que se está flexibilizando en el sentido de que se sanciona esto y ahora se puede hacer cualquier cosa. Hay que respetar los ordenamientos territoriales que las provincias hacen”, sostuvo.
La iniciativa mantiene la protección absoluta sobre los bosques nativos, donde no se permite cambiar el uso nunca, y flexibiliza el régimen en otras áreas como humedales y bosques implantados. El funcionario explicó que la competencia ambiental está compartida entre Nación y provincias y que serán estas últimas las que determinen los usos posibles tras un incendio, según los relevamientos periódicos.
Objetivos oficiales y efectos esperados
Cacace consideró que el objetivo central del proyecto es “dejar a la propiedad privada con mucho más respeto y con inviolabilidad”. Destacó que la ley también extiende la vigencia de la ley Pierri para regularización dominial y prevé mecanismos más rápidos para desalojos. El funcionario remarcó que la reforma da una señal a propietarios y posibles inversores sobre el respeto al derecho de propiedad.
El secretario de Desregulación reconoció que la discusión generó conflicto y costo político, pero sostuvo que “cuando uno está dispuesto a reformar, siempre va a pagar costo político y siempre se van a generar estas discusiones”. Añadió que el Gobierno apunta a crear condiciones estables, con reglas claras y seguridad jurídica, para atraer inversiones productivas al país.
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POLITICA
“Macri me alentó a que lo hiciera”: Hernán Lacunza dijo que consensuó su candidatura presidencial con colegas del Pro
El exministro de Economía de Cambiemos Hernán Lacunza ratificó este sábado su intención de competir como precandidato presidencial por el Pro en las próximas elecciones y afirmó que conversó sobre su postulación con el exmandatario Mauricio Macri, quien le dio su respaldo.
“Hablé con el presidente Macri y me alentó a que lo hiciera. También lo consensué con algunos colegas dentro del partido”, sostuvo el economista en conversación con Radio Mitre, aunque remarcó que el partido “se desdibujó en los últimos años” y “perdió nitidez” en su propuesta.
Sobre la gestión del presidente Javier Milei, Lacunza diferenció el ajuste fiscal de la necesidad de inversión en infraestructura. “No todo es hacer ajuste fiscal en sí mismo. Es algo necesario, pero también hay que hacer obra pública”, matizó.
“Un país sin obra pública puede durar tres años, pero no seis porque vamos a empezar a caernos en los baches”, advirtió.
También se refirió al rumbo económico y destacó el aporte del Gobierno a la estabilización, aunque señaló desequilibrios en la actividad productiva. “El modelo genera poco empleo y está enfocado en la cordillera y la Pampa Húmeda. Hay otros sectores como Rosario, Córdoba, Tucumán, que viven del comercio, de la industria y de la construcción que quedan afuera”, enumeró.
“Está apagado ese motor que genera 8 millones de empleos directos versus los 250.000 del motor que está prendido”, comparó, al diferenciar un modelo productivo de uno financiero.
Al ser consultado sobre si su candidatura podría ser considerada “funcional al kirchnerismo” por “dividir a la derecha o centro-derecha”, Lacunza respondió: “Me parece que ese argumento es filosóficamente pobre. ‘Que no aparezca nada mejor por si aparece algo peor’. Es condenarnos a lo que hay”, sostuvo.
Su anuncio y la reacción del Gobierno
El dirigente del Pro ya había expresado su voluntad de postularse en julio de este año, durante una entrevista con el canal A24. “Le va a hacer bien al país que haya opciones de corte liberal, pero con otra jerarquía institucional”, afirmó en aquella oportunidad.
Según pudo saber , en la Casa Rosada le restaron importancia los dichos del exministro de Hacienda. Fuentes del Gobierno entienden que el Pro busca condicionar a La Libertad Avanza (LLA) de cara a un posible acuerdo en la ciudad de Buenos Aires.
“Con la candidatura de Lacunza quieren demostrar que es creíble que pueden hacerle un daño a la reelección del Presidente para poner sobre la mesa un acuerdo en la Ciudad”, afirmaron desde la dirigencia libertaria.
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POLITICA
Reforma por falsas denuncias: una especialista advirtió que el proyecto “castiga denunciar” la violencia de género
El Senado abrió el debate sobre un proyecto de ley que propone endurecer las penas por falsas denuncias en causas vinculadas con violencia de género y delitos sexuales. La iniciativa, impulsada inicialmente por la senadora Carolina Losada, despertó cuestionamientos entre organizaciones especializadas, que advierten que la reforma podría tener un efecto contrario al que busca: desalentar las denuncias de quienes sufren violencia.
Esa fue la principal advertencia de Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), quien analizó la iniciativa en Infobae al Mediodía. Para la especialista, el problema no pasa por la inexistencia de herramientas legales para castigar las denuncias falsas, sino por el riesgo de generar un nuevo obstáculo para quienes intentan acceder a la Justicia.
“El proyecto de ley que se discute en el Senado no es un proyecto que castigue las falsas denuncias, sino un proyecto que castiga denunciar”, afirmó durante la entrevista con Maru Duffard.
Según explicó, el texto incorpora una amenaza penal que puede terminar afectando a mujeres que denuncian hechos de violencia pero no logran acreditarlos judicialmente. “Hay pocos incentivos para denunciar y muchísimos desincentivos, porque buscar ayuda muchas veces recrudece la violencia. Si este proyecto avanza, amenaza penalmente a la mujer que se anima a denunciar y que, por deficiencias de la investigación o por los sesgos de la Justicia, tal vez no logre probar lo que ocurrió”, sostuvo.
Para Gherardi, esa consecuencia resulta especialmente preocupante en un contexto donde la mayoría de los hechos de violencia sexual y de género ni siquiera llegan al sistema judicial. Citó datos elaborados por ELA que muestran que cada año alrededor de 500.000 personas sufren ofensas sexuales en Argentina, aunque solo una de cada diez presenta una denuncia. A eso se suma que apenas el 21% de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia recurre a la Justicia y que, entre las víctimas de femicidio, solo el 18% había denunciado previamente a su agresor.
“Denunciar, pedir ayuda, salva vidas”, resumió la especialista, al explicar que muchas víctimas enfrentan miedo, amenazas, vergüenza y una profunda desconfianza hacia las instituciones antes de decidir acudir a la Justicia. “Muchas veces buscar ayuda recrudece la violencia. Hay una enorme cantidad de obstáculos para denunciar y la revictimización sigue siendo un problema”, agregó.
Uno de los principales argumentos de Gherardi es que el Código Penal argentino ya contempla figuras para sancionar las denuncias falsas. “Ya hay varios delitos bajo los cuales se puede encuadrar esa conducta. Por supuesto que es un problema que alguien denuncie falsamente, en este o en cualquier otro tema. Pero la respuesta penal ya existe y prácticamente no se utiliza”, señaló.
En ese sentido, consideró que el debate legislativo parte de un diagnóstico equivocado. “No va a ser agravando las penas que ese delito se aplique más. El problema no es la falta de herramientas legales, sino el funcionamiento de la Justicia”, afirmó.
La directora de ELA también cuestionó modificaciones incorporadas al proyecto que actualmente analiza el Senado. Según explicó, una nueva versión eliminó la referencia específica a la violencia de género y reemplazó esa mención por la categoría de “delitos dolosos graves”.
“Esa categoría no existe en el Código Penal. Es una redacción que deja un margen de discrecionalidad mucho mayor para la interpretación judicial”, advirtió.
Consultada sobre la dimensión real de las falsas denuncias, Gherardi sostuvo que se trata de un fenómeno excepcional y citó investigaciones del Ministerio Público Fiscal. “Los casos son mínimos y la mayoría ni siquiera están vinculados con violencia de género, sino con conflictos económicos. Se está buscando legislar sobre un fenómeno casi inexistente”, aseguró.
Para la especialista, la discusión debería centrarse en fortalecer la capacidad del Estado para investigar los delitos y acompañar a las víctimas, en lugar de crear nuevas amenazas penales. “Si el Senado tiene una preocupación genuina por la violencia de género, hay muchas medidas que podrían mejorar el acceso a la Justicia: fortalecer los procesos judiciales, mejorar la organización de los tribunales y avanzar en los nombramientos pendientes. Esos son los problemas reales”, afirmó.
En esa línea, también cuestionó el retroceso de las políticas públicas destinadas a la prevención de las violencias. Señaló que la línea 144 “no es una línea de denuncia, sino de asesoramiento e información” y sostuvo que la reducción presupuestaria afectó la red de asistencia para mujeres en situación de violencia.
“Ahora podés tener la voluntad de pedir ayuda y encontrar muchas más dificultades para saber dónde acudir”, señaló.
Sobre el cierre de la entrevista, Gherardi insistió en que la discusión parlamentaria no debería perder de vista el objetivo central de las políticas públicas frente a la violencia de género. “La obligación del Estado es prevenir las violencias, no solamente reducir los femicidios, sino garantizar que las mujeres puedan vivir mejor y con mayor bienestar. Cuando una mujer es asesinada, se destruye una familia entera. Esa responsabilidad es con toda la comunidad”, concluyó.
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