INTERNACIONAL
“Los gatos tigre han sido un enigma durante décadas”: el ADN que identificó al Tilcayo como una nueva especie y podría cambiar el mapa argentino
Un cachorro de aspecto inusual pasó más de un año en una casa rural de Bolivia. Comía huevos y pastas, perseguía gallinas y maullaba de una manera que no parecía propia de un gato doméstico. Cuando llegó a un santuario de fauna, una bióloga advirtió que había algo que no terminaba de encajar. Años más tarde, el análisis de su ADN reveló una especie de felino silvestre hasta entonces desconocida para la ciencia, a la que los investigadores llamaron Leopardus tilcayo.
El descubrimiento, publicado este jueves en la revista científica Current Biology, no solo incorporó una nueva rama al árbol evolutivo de los felinos sudamericanos. También abrió una pregunta que alcanza a la Argentina: si este pequeño gato tigre vive en las Yungas de Bolivia, ¿podría habitar también en Jujuy y otras áreas de las Yungas australes?
La respuesta todavía es materia de investigación. Pero el biólogo evolutivo belga Jonas Lescroart, uno de los principales investigadores del trabajo, explicó a Infobae que la presencia de gatos tigre en el noroeste argentino está comprobada y que esa población aún no fue sometida al análisis genético que permitiría establecer su identidad.
“Sabemos que hay gatos tigre en las Yungas australes de Argentina y, por el momento, no hemos tomado muestras de esa región. ¿Son también tilcayos o algo diferente? Son preguntas abiertas”, afirmó el investigador de la Universidad de Amberes.
Un cachorro hallado cerca de un bosque puso en marcha la investigación
La historia comenzó en 2017, cuando un hombre encontró una cría cerca de un bosque de las Yungas de Bolivia. Pensó que era un gato doméstico y lo llevó a su casa. El animal creció en contacto con personas, pero sus conductas empezaron a despertar dudas: además de cazar aves de corral, emitía vocalizaciones distintas de las de un felino doméstico.
Después de más de un año, el ejemplar fue entregado al Santuario de Vida Silvestre Senda Verde, donde lo examinó la bióloga boliviana Paola Nogales-Ascarrunz, fundadora del Programa de Investigación de Félidos Bolivia. El animal tenía una cara pequeña, orejas cortas y redondeadas, bigotes largos y grandes rosetas en el pelaje. A primera vista, parecía un gato tigre, un conjunto de especies de pequeño tamaño que habita distintas zonas de América del Sur.
El primer diagnóstico apuntaba a Leopardus tigrinus, conocido según la región como tigrino, oncilla o tigrillo. Sin embargo, fueron encontrando diferencias al comparar sus fotografías con registros de otros ejemplares. La forma y el tamaño de las manchas abrían una duda, aunque el aspecto externo no alcanzaba para resolverla.
El gato tigre es un grupo difícil de clasificar porque sus especies pueden parecerse entre sí. Esa semejanza explica por qué, durante décadas, poblaciones separadas por miles de kilómetros fueron incluidas bajo los mismos nombres científicos. La secuenciación genética permitió revisar esas fronteras.
“Los gatos tigre han sido un enigma durante décadas”, explicó Eduardo Eizirik, genetista brasileño y coautor del estudio, en declaraciones a National Geographic.
Al respecto, Jonas Lescroart explicó a Infobae que la genética permitió poner a prueba una clasificación sostenida durante años por las semejanzas físicas.
—¿Qué encontró el ADN para separar al tilcayo de otros gatos tigre?
—Para definir si se trata de una especie, buscamos dos cosas en los datos genómicos: que los individuos de la misma unidad se agrupen siempre, es decir, que sean más parecidos entre ellos que a los de otras especies, y que esa unidad haya estado genéticamente aislada durante un tiempo considerable. En el caso del tilcayo, los dos individuos de las Yungas bolivianas siempre formaron un grupo propio, con un aislamiento estimado de 1,4 millones de años.
El equipo comparó genomas completos de 38 individuos del género Leopardus. El resultado mostró que los dos gatos tigre procedentes de las Yungas bolivianas se agrupaban entre sí y fuera de Leopardus tigrinus. La estimación indicó que ese linaje atravesó cerca de 1,4 millones de años de aislamiento genético.
Esa distancia evolutiva llevó a los especialistas a describir formalmente a Leopardus tilcayo. El nombre recupera la palabra con la que comunidades locales de las Yungas identifican a este animal. Hasta la publicación del estudio, esa denominación se interpretaba como una forma local de llamar a un gato tigre ya conocido.
“Los gatos tigre se parecen mucho entre sí. Por eso se suponía que los de las Yungas bolivianas eran la misma especie que los mejor estudiados de Brasil o Colombia”, señaló Lescroart a Infobae. “Mostramos, de manera inesperada, que ese gato no forma parte de L. tigrinus, sino que es una unidad distinta”, agregó.
El estudio reorganizó el grupo de los pequeños felinos manchados
La investigación concluyó que, en Sudamérica, existen al menos cinco especies de gatos tigre: Leopardus tigrinus, Leopardus guttulus, Leopardus emiliae, Leopardus pardinoides y Leopardus tilcayo. Además, los científicos describieron una nueva subespecie de Perú, Leopardus tigrinus antisuyo.
El cambio es relevante para la conservación. Durante años, una distribución extensa podía dar la impresión de que un mismo felino estaba presente desde América Central hasta el sur de Brasil. Sin embargo, si esas poblaciones pertenecen a especies distintas, cada una debe ser evaluada de acuerdo con su propio territorio, número de ejemplares y amenazas.
En el caso del tilcayo, todavía se desconocen datos básicos: cuántos individuos quedan en libertad, qué superficie ocupa su población, cuáles son sus presas, cómo se reproduce y qué tipo de hábitat utiliza. Los registros disponibles se concentran en la ecorregión boliviana de las Yungas, sobre la ladera oriental de los Andes.
El ejemplar que vivió con la familia no podrá volver a la vida silvestre debido a la impronta humana que adquirió durante su crianza y a problemas vinculados con su alimentación inicial. Aun así, su historia permitió iniciar un trabajo que ahora busca más registros de animales en libertad mediante cámaras trampa y muestras biológicas.
Los museos cubrieron el vacío genético de las Guayanas
Una parte decisiva de la investigación se desarrolló lejos del monte boliviano. Para entender dónde terminaba Leopardus tigrinus y dónde comenzaban otros linajes, los científicos necesitaban datos de las Guayanas, la región donde la especie original fue descripta en 1775.
El problema era que el equipo no logró conseguir muestras frescas de gatos tigre de esa zona, como sangre o tejidos obtenidos de animales vivos. Las cámaras de campo confirmaban que esos felinos estaban allí, pero no ofrecían el ADN necesario para la comparación.
—¿Cómo ayudaron los ejemplares preservados en museos?
—Como no logramos obtener muestras recientes de gatos tigre en las Guayanas, recurrimos a pequeños fragmentos de hueso y piel de animales recolectados en la década de 1960 en el este de Venezuela, Guyana y Surinam. Las piezas estaban conservadas en museos de Estados Unidos y los Países Bajos. A partir de esos materiales obtuvimos secuencias genómicas de calidad.
La disciplina que permite recuperar y analizar ADN de especímenes de colecciones científicas se conoce como museómica. En este caso, sirvió para llenar una ausencia decisiva en el muestreo geográfico.
“Necesitábamos incluir ADN de gatos tigre de las Guayanas porque allí se descubrió la primera especie del grupo”, explicó Lescroart. “Como no teníamos muestras recientes, acudimos a ejemplares de museo. Eso nos permitió completar el panorama”.
El análisis de esos fragmentos permitió comparar las poblaciones de las Guayanas con las de Colombia, Venezuela, Costa Rica, Brasil, Perú y Bolivia. Así se pudo establecer qué animales correspondían a la especie originalmente descripta y cuáles habían seguido trayectorias evolutivas diferentes.
La posibilidad de hallar tilcayos en Jujuy sigue abierta
La cercanía geográfica entre las Yungas bolivianas y las Yungas australes plantea una hipótesis concreta para la Argentina. Ese corredor de selvas de montaña atraviesa el sur de Bolivia y continúa en el noroeste argentino, especialmente en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.
Sin embargo, Lescroart subrayó que no hay confirmación de que los gatos tigre argentinos sean tilcayos. La morfología, es decir, la comparación de rasgos físicos, puede orientar una búsqueda. También pueden aportar datos los estudios ecológicos, como la altura en la que viven los animales, el tipo de vegetación que usan o las presas que consumen. Pero ninguna de esas herramientas reemplaza a la genética.
—¿Qué haría falta para confirmar la presencia del tilcayo en la Argentina?
—El trabajo morfológico y ecológico puede ofrecer indicios, pero la prueba más concluyente sería una identificación genética. Para eso, habría que obtener muestras de los gatos tigre que viven en las Yungas australes
La tarea implica conseguir muestras de animales vivos, pelos, heces u otros rastros biológicos que permitan extraer ADN y compararlo con el perfil genómico de Leopardus tilcayo. También serán necesarios registros de cámaras trampa y relevamientos de campo que ayuden a delimitar las áreas donde podría aparecer.
Para los investigadores, estimar la cantidad de individuos silvestres es una prioridad. Esa respuesta depende de conocer su distribución, su densidad —cuántos animales hay por kilómetro cuadrado— y los ambientes que ocupa. Sin esos datos, será difícil definir el nivel de riesgo de la población y las medidas de protección que requiere.
En las Yungas bolivianas, la deforestación, las quemas para actividades productivas, la minería de oro y los conflictos por ataques a aves de corral forman parte de las presiones que enfrenta el ambiente. En la Argentina, identificar con precisión a los gatos tigre de las Yungas permitiría saber si el mapa de conservación debe incorporar una especie que pasó inadvertida durante siglos.
Nature / Wildlife,South America / Central America,Science / Technology
The Department of Homeland Security fired off a warning shot to a major consortium of immigration attorneys as the Trump administration cracks down on fraudulent asylum claims while seeking to roll back the Biden administration’s open-border policies.
The warning letter marks an escalation in DHS’ tactic of targeting illegal immigrants and problematic asylum seekers or green-card holders by also targeting the attorneys who represent them and seek to help them remain in the U.S.
«Asylum offers protection to aliens who have fled their countries due to persecution by the government on account of a protected ground,» James Percival warned the American Immigration Lawyers Association (AILA) on Wednesday.
TRUMP PUTS ASYLUM LAWYERS ‘ON NOTICE’ WITH NEW FRONT IN WAR ON FRAUD
«To be eligible for asylum, an alien must show that he is a ‘refugee’ as defined in 8 U.S.C. § 1101(a)(42)(A), meaning that he is unable or unwilling to return to his country because of persecution or a well-founded fear of persecution on account of race, religion, nationality, membership in a particular social group, or political opinion.»
Percival said asylum is discretionary and not guaranteed for someone who believes they are being targeted in their home country, even if they meet the eligibility requirements.
«We have been abundantly clear: If immigration attorneys commit fraud for their clients, the attorneys will be fined,» Percival told Digital on Thursday.
He warned of a growing backlog of asylum cases clogging up the immigration court system and warned AILA against exacerbating it, should they then face consequences.
«Filing a frivolous asylum application generally renders an alien permanently ineligible for most forms of relief and other immigration benefits … The Department will vigorously pursue all available remedies against anyone engaging in this conduct,» Percival warned in his letter.
«We must restore order and accountability to our immigration framework now, or we risk dismantling the humanitarian safety net for those who need it most.»
In 2025, AILA previously criticized President Donald Trump after he raised concerns over «rampant fraud and meritless claims» in a directive to DHS and the DOJ.
AILA officials called the missive «chilling» and rejected that their members are engaged in frivolous litigation or conduct.
Digital reached out to AILA for further comment.
Percival wrote Wednesday that an asylee’s persecution must be committed by a «state actor» to be considered by the U.S. system, while adding that private actions against an asylee are potentially valid when that person’s government acts in a way unwilling to confront the persecution.
CHICAGO’S DEADLY JUNETEENTH WEEKEND LEAVES 7 DEAD AS TRUMP SHAMES DEM GOV FOR INACTION
But he said that carve-out is a high bar, appearing to take a shot at Illinois leaders over the state’s persistent crime problems.
«[T]his requires an extraordinary showing, as residents of crime-ridden cities like Chicago could easily claim that the government is unwilling or unable to control private actors. To meet the high legal threshold of the government being ‘unable or unwilling’ to control the non-state actor, the alien must establish that the home government has fundamentally breached its basic duty of protection to its citizens,» Percival said.
DHS DIRECTS ICE ATTORNEYS TO SEEK EARLY DISMISSAL OF LEGALLY DEFICIENT ASYLUM CLAIMS
With many of the border-crossers in recent years coming from Central and South America, Percival indicated that conditions in most Western Hemisphere countries are not extreme enough to warrant a legitimate basis for entry into the U.S. under current policy.
«Recent trends show that individuals who illegally migrate within the Western Hemisphere generally do so not because they seek a safe haven from persecution but instead primarily due to a variety of non-humanitarian factors, including economic incentives and misinformation about migration policies,» he said.
He said many such meritless claims are filed to either stifle the ability for the feds to deport them or to secure grounds on which to obtain work permits.
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«Claims that lack a reasonable legal or factual basis and claims filed with an improper motive are improper and will be dealt with accordingly,» he said.
The warning comes as the Trump administration, more broadly, is conducting nationwide crackdowns on multiple forms of alleged fraud beyond illegitimate asylum claims, including social services fraud, election fraud and other areas.
illegal immigrants, homeland security, immigration, refugees, politics, deportation
INTERNACIONAL
Obama’s brother-in-law rejects civil rights, racism argument against college sports overhaul
While a bill to add a new swath of regulations to college sports is generating a swell of bipartisan support, some opponents are suggesting that the bill itself is racist.
The Protect College Sports Act, pushed by Sens. Ted Cruz, R-Texas, and Maria Cantwell, D-Wash., has so far survived two key hurdles in the Senate and is on its way to a final vote in the coming week.
However, NAACP President Derrick Johnson, the Congressional Black Caucus and Sen. Chris Murphy, D-Conn., one of a handful of Senate Democrats pushing against the bill, have argued that the bill would disproportionately affect Black student-athletes and put their newfound agency in decision-making granted by name, image and likeness (NIL) back into the hands of White coaches and college presidents.
SENATE MOVES TO REIN IN COLLEGE SPORTS ‘WILD WEST’ WITH SWEEPING NEW RULES FOR PLAYERS, SCHOOLS
«It’s a civil rights issue. That’s the reason the NAACP is strongly opposing this bill, because they see it as a civil rights issue,» Murphy told Digital. «I didn’t make that up. That’s the reality.
«The athletes who will be most affected by this bill are largely Black athletes, and the people who will be helped by this bill are largely White coaches and White college sports executives,» he continued. «I’m not the one who sees this as a civil rights issue. The NAACP opposes it because they see this as a civil rights issue.»
The Protect College Sports Act would broadly add restrictions to the transfer portal for student-athletes and create a uniform eligibility framework of five years, recruiting and tampering guardrails that establish when schools or agents can contact or recruit a student-athlete, a federal standard for NIL rules and a revenue-sharing cap.
Proponents of the bill, including former President Barack Obama’s brother-in-law, Craig Robinson, who is the executive director of the National Association of Basketball Coaches, argued that the bill did not disenfranchise Black athletes.
SENATE ADVANCES LANDMARK PROTECT COLLEGE SPORTS ACT, IGNORING SEC AND BIG TEN OPPOSITION WITH CLOCK TICKING
«Well, you know everybody is entitled to their interpretation of what’s going on,» Robinson told Digital. «I would disagree with that, and I would point out that if we don’t fix this system, the same student-athletes they’re talking about are not going to be college educated, because you cannot get educated by transferring to four or five different schools. You can’t get a college degree doing that, so that’s what I would say.»
Robinson was one of several former coaches who made the trip to Washington, D.C., this week to promote and support the bill.
Craig Bohl, executive director of the American Football Coaches Association, told Digital the assertion that the legislation had racist undertones was «the farthest thing from the truth.»
CRUZ AND CANTWELL REFUSE TO BEND TO SEC AND BIG TEN CONCERNS IN REVISED COLLEGE ATHLETICS LEGISLATION
«You know, one of the things that has been good for me, you know, working 43 years, coaches care deeply about all our players,» Bohl said. «And while I appreciate their convictions on it, it’s a misguided statement.
«What we’re looking at is opportunities for all. We want players to have an opportunity for compensation,» he continued. «We want players to be able to have the ability to transfer. We also are looking for some stability with eligibility. We don’t need NFL players coming back playing in our game.»
The Congressional Black Caucus has argued against the bill for months and charged that its members would not support the legislation after the Supreme Court’s decision on the Voting Rights Act earlier this year.
«Honestly, some of those concerns initially were over redistricting, and, you know, I’m not solving that problem with this bill,» Sen. Eric Schmitt, R-Mo., one of the co-leads of the bill, told Digital.
«We’re just trying to address the chaos that exists right now in college athletics, where 27-year-olds are playing against 17-year-olds, unlimited transfers, graduation rates are plummeting.»
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INTERNACIONAL
Ministerio Publico confirma secuestro de evidencias en la Universidad de San Carlos, mientras autoridades universitarias alegan “ilegalidades”
Luego de las diligencias del Ministerio Público (MP) que duraron cerca de ocho horas, la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) calificó de “ilegales” las actuaciones del ente investigador y denunciaron “posibles vulneraciones a garantías constitucionales” y afirmó que el mismo ente investigador suspendió los cateos al “advertir” supuestos “errores en la emisión de la orden judicial”.
Los allanamientos en el campus central de la zona 12 de la Ciudad de Guatemala, iniciaron en horas de la tarde del viernes 18 de septiembre y concluyeron a eso de las 5 de la mañana de este sábado 19. A través de un breve comunicado en sus redes sociales, el MP confirmó que corresponden a “denuncias relacionadas con presunta eliminación de registros informáticos estudiantiles”.
El MP guardó hermetismo sobre las acciones realizadas dentro de la casa de estudios superiores. No obstante, durante su desarrollo fuentes externas fueron revelando detalles y compartieron documentos que detallaban que el proceso fue autorizado por la jueza Neldy Rodríguez del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, luego de la supuesta pérdida de expedientes que dejaron fuera del ciclo electivo a varios estudiantes de oposición al rector Walter Mazariegos.
Este sábado, el ente investigador informó en sus redes sociales que tras el proceso “se practicó la inspección y registro en equipos de cómputo, se aseguró la preservación de información pertinente en entorno virtual y, se procedió el secuestro de evidencia, todo lo cual oportunamente será objeto de los análisis técnico-científicos aplicables y útiles para la investigación”.
La orden judicial filtrada incluía la identificación, recolección, descarga, extracción, preservación y análisis de registros informáticos, así como bitácoras de acceso, bases de datos, repositorios de almacenamiento y otros activos digitales que estén relacionados con la investigación.
Mientras que la Universidad informó que un trabajador de esa institución educativa quedó bajo custodia de la Policía Nacional Civil (PNC), sin que hasta el momento haya confirmación por parte del MP.
Alegan ilegalidad y se escudan tras las autonomía universitaria
Pese a que en horas de la noche del viernes las autoridades de la Usac dijeron en un comunicado que “respetaban el ordenamiento jurídico” y que colaborarían con las diligencias, este sábado cuestionaron la legalidad de las acciones y la forma como se llevaron a cabo.
“El propio Ministerio Público dispuso la suspensión de las actuaciones al advertir circunstancias que planteaban serios cuestionamientos sobre la legalidad de la medida, incluyendo posibles vulneraciones a garantías constitucionales, errores en la emisión de la orden judicial y aspectos relacionados con la temporalidad de su ejecución”, señalaron en el documento publicado en sus redes sociales.
También alegaron que se utilizaron supuestos “mecanismos de intimidación hacia docentes, trabajadores y personal administrativo universitario, así como el despliegue de recursos coercitivos y armamento cuyo tipo y capacidad responden a escenarios de criminalidad de muy distinta naturaleza”.
Mientras que en un video publicado, calificaron de “desmedido” y “desproporcionado” el uso de armas de fuego dentro de la Universidad, argumentando que se trata de un “centro de enseñanza superior, investigación y servicio público, no un espacio asociado a actividades que justifiquen demostraciones excesivas de fuerza”.
Informaron sobre la captura de un trabajador, pero reprocharon que su detención se realizó “sin que exista una orden de aprehensión en su contra”, lo que calificaron como una “vulneración a sus derechos”.
Las autoridades universitarias alegaron en su video que los trabajadores fueron “retenidos”, muchos de ellos con “crisis nerviosa y problemas relacionados con diabetes”, al tiempo que apelaron, otra vez, a la “autonomía universitaria”, alegando que esta “constituye una garantía esencial para preservar la independencia”, por lo que, según dijeron, “toda actuación estatal dentro de los espacios universitarios debe sujetarse a los más altos estándares de objetividad, transparencia y respeto al orden constitucional”.
Desaparecen expedientes
Entre 40 y 50 estudiantes de la USAC denunciaron el 24 de julio ante el Ministerio Público la desaparición de sus registros académicos del sistema de Registro y Estadística, un hecho que consideraron una “muerte académica” porque afecta trámites de graduación, becas, procesos de investigación y el cierre de carreras, pese a que varios conservan constancias de inscripción para 2026.
Casualmente, todos los estudiantes afectados participaron o dirigieron acciones en contra de la reelección como rector de Walter Mazariegos, tras considerar que realizó un “nuevo fraude” para repetir el cargo por cuatro años más.
Tras la denuncia de las pérdidas de expedientes, las autoridades universitarias atribuyeron las inconsistencias a la pérdida de información ocurrida durante las tomas del campus universitario de 2022 y 2023. Sin embargo, los estudiantes cuestionaron esa explicación porque algunos de los afectados habían ingresado a la universidad después de ese periodo y otros ya habían logrado cursar sin ningún problema en los años posteriores.
Incluso, la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, pidió a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) intervenir inmediatamente, realizar verificaciones sobre lo ocurrido y emitir recomendaciones al respecto. Mientras que los estudiantes manifestaron cómo les afectaría esta situación este año.
El rector considerado “usurpador” y las más de 15 denuncias penales en su contra
Walter Mazariegos inició su primer período como Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala en julio de 2022, luego de un proceso marcado por denuncias de “fraude electoral”, luego de que, junto con el Consejo Superior Universitario (CSU) y grupos de fuerza encapuchados y armados, impidieran la inscripción de cuerpos electorales opositores.
Este año repitió la estrategia y fue electo a puerta cerrada como Rector durante cuatro años más. Todas estas acciones han acumulado, por lo menos, 17 denuncias penales en su contra y la acumulación o conexión de expediente que eleva las querellas o investigaciones a unos 22 expedientes. Hubo manifestaciones, denuncias y acciones legales, pero muchas de ellas no han prosperado.
Durante la dirección de Consuelo Porras en el Ministerio Público, ninguna de estas investigaciones prosperó. Sin embargo, con la asunción de Gabriel García Luna, como Fiscal General, se iniciaron las diligencia, mismas que ocurren dos días después de que la Corte de Constitucionalidad ordenara a la USAC entregar documentación relacionada con la juramentación de Walter Mazariegos como Rector.
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