INTERNACIONAL
Estados Unidos prepara el traslado de la mayoría de sus drones Reaper de África a Sudamérica para operaciones antidrogas
Estados Unidos prepara el traslado hacia Sudamérica de la mayoría de los drones MQ-9 Reaper que actualmente se encuentran desplegados en África, en un movimiento que podría ampliar de manera significativa las capacidades de vigilancia, inteligencia y ataque de Washington en el hemisferio.
En una columna en Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont vinculó la decisión con el nuevo enfoque que Estados Unidos está impulsando para combatir el narcotráfico y a organizaciones que identifica como terroristas.
“Lo que esto termina indicando es que se viene una escalada por parte de los Estados Unidos en América Latina, con un foco probablemente hacia el norte de América del Sur, Centroamérica y el Caribe”, sostuvo.
Para Serbin Pont, el eventual desplazamiento de los Reaper debe leerse junto con una mayor cooperación militar entre Washington y distintos gobiernos de la región. Ecuador es uno de los principales ejemplos: desde marzo, fuerzas estadounidenses y ecuatorianas realizan operaciones conjuntas contra organizaciones designadas como terroristas por Estados Unidos.
Un dron pensado para vigilar y atacar
El MQ-9 Reaper es una plataforma de gran autonomía diseñada principalmente para tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, aunque también puede realizar ataques de precisión. El sistema incorpora cámaras, sensores infrarrojos, designadores láser y radar, y puede utilizar misiles AGM-114 Hellfire y distintas bombas guiadas.
Su principal ventaja está en la posibilidad de permanecer durante largos períodos sobre una misma zona. Eso permite seguir movimientos, obtener imágenes, identificar objetivos y transmitir información a los centros de comando sin necesidad de mantener una aeronave tripulada en el lugar.
“Estas aeronaves al fin y al cabo no solo tienen esa capacidad destructiva por medio del empleo de municiones de precisión, pero son sobre todo plataformas de inteligencia, de monitoreo y de reconocimiento”, explicó Serbin Pont.
El analista destacó además el costo operativo frente a otras aeronaves militares. “Es barato comparado con volar un F-16 o un avión de alerta temprana”, señaló.
Esa combinación de autonomía, sensores y armamento convierte al Reaper en una herramienta especialmente útil para operaciones contra organizaciones que utilizan territorios extensos, zonas fronterizas o áreas de difícil acceso.
El antecedente de Colombia
Serbin Pont también se refirió a Colombia, donde Estados Unidos acordó el préstamo de drones MQ-9A Reaper para reforzar las tareas de vigilancia contra organizaciones vinculadas al narcotráfico.
El analista utilizó ese caso para explicar el efecto que puede generar una flota relativamente reducida cuando las aeronaves se distribuyen en turnos.
“Si vos tenés como Colombia cuatro aeronaves de estas en rotación, significa que va a haber áreas del país que van a poder estar casi bajo monitoreo constante”, planteó.
Más allá de la cantidad definitiva de unidades, la importancia está en la posibilidad de sostener una vigilancia aérea persistente. El Reaper puede observar durante períodos prolongados una determinada zona y aportar información que luego puede ser utilizada por las fuerzas de seguridad o militares.
Para Serbin Pont, esa capacidad puede integrarse a una red regional más amplia. El analista mencionó a Ecuador, Puerto Rico, Panamá y otros puntos del Caribe y Sudamérica como posibles nodos desde los cuales Estados Unidos podría ampliar la cobertura de sus operaciones.
El objetivo no sería solamente detectar embarcaciones o movimientos terrestres. También se trata de producir inteligencia que permita identificar rutas, estructuras logísticas y patrones de actividad de las organizaciones criminales.
El nuevo escenario regional
El eventual despliegue de los Reaper se produce en un contexto en el que Washington aumentó su presencia militar en América Latina y reforzó la cooperación con gobiernos que participan de su estrategia contra el narcotráfico.
La denominada Americas Counter Cartel Coalition, impulsada por Estados Unidos, reúne a países de la región para coordinar acciones contra organizaciones criminales transnacionales. Washington también desarrolló operaciones con Ecuador en el Pacífico oriental y el Caribe.
Serbin Pont considera que los drones pueden convertirse en una pieza central de esa estrategia porque permiten combinar información y capacidad ofensiva en una misma plataforma.
Pero justamente esa característica abre el interrogante más sensible de su análisis: qué ocurre cuando un sistema utilizado para vigilar también puede emplearse para atacar.
La discusión por el uso de la fuerza
El analista puso el foco en la utilización del concepto de “narcoterrorismo” para definir a determinadas organizaciones.
“Todo eso que usamos en África para matar terroristas lo vamos a mandar para América Latina, donde hablamos de narcoterroristas”, resumió al explicar el cambio de enfoque que, a su criterio, se está produciendo en Washington.
La cuestión no es únicamente tecnológica. Un dron puede localizar un objetivo, seguirlo durante horas y aportar información precisa. Pero la decisión de atacarlo depende de un marco jurídico y de reglas de empleo de la fuerza que varían según el país y la operación.
“¿Qué marco jurídico en América Latina te va a permitir decir: ‘Ah, esa persona es un narcoterrorista, por ende yo le puedo lanzar un misil’?”, planteó Serbin Pont.
En ese punto aparece una diferencia fundamental entre la cooperación en materia de inteligencia y una intervención militar directa. Que Estados Unidos aporte información o capacidades de vigilancia no significa necesariamente que pueda utilizar armamento en territorio de otro Estado sin autorización.
Para el analista, América Latina presenta además un escenario mucho más heterogéneo que África o Medio Oriente, con distintos marcos legales, capacidades militares y niveles de cooperación con Washington.
“Hay una asimetría de poder y hay una asimetría en términos de los conceptos que se manejan y una asimetría de los marcos legales que habilitan las acciones”, sostuvo.
El eventual traslado de los MQ-9 Reaper, en ese contexto, no representa solamente un cambio de ubicación de una flota de drones. Para Serbin Pont, es una señal de que Washington prepara una mayor presencia de inteligencia, vigilancia y capacidad de ataque en una región donde la lucha contra el narcotráfico empieza a adoptar una dimensión cada vez más militar.
La pregunta que queda abierta, concluyó, es hasta dónde llegará ese nuevo esquema y bajo qué reglas podrán actuar esas aeronaves.
–
Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.
• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.
• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.
• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.
• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.
• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich
Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.
Defence,Defense,South America / Central America
INTERNACIONAL
Conciliaciones entre comercios y consumidores resuelven reclamos por más de $12.5 millones en Panamá
La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) impulsa la conciliación como una vía para resolver diferencias entre consumidores y comercios sin extender los conflictos hacia instancias más complejas.
Durante el periodo de enero a agosto de este año, la institución de protección al consumidor registró 1.332 conciliaciones entre clientes y agentes económicos.
Los acuerdos alcanzados involucraron un total de $12.539.194,52.
Estos resultados reflejan que muchas reclamaciones pueden resolverse cuando las empresas escuchan el planteamiento de sus clientes, revisan cada caso y ofrecen una respuesta dentro de sus posibilidades, según la entidad.
La conciliación permite que consumidores y comercios busquen un entendimiento para atender desacuerdos vinculados con compras, servicios u otras relaciones de consumo.
Cuando existe disposición de ambas partes, el proceso puede evitar mayores trámites, costos y demoras.
La institución señaló que una atención responsable también ayuda a preservar la confianza entre quienes venden un producto o servicio y quienes lo adquieren.
Alega que una respuesta oportuna puede impedir que un reclamo sencillo se transforme en una disputa prolongada.
Para la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, la voluntad de diálogo por parte de los agentes económicos forma parte de la protección efectiva de los derechos de los consumidores.
Sostiene que la resolución de un problema no depende únicamente de la intervención institucional, sino también de la actitud que adopte el comercio frente a la situación planteada.
La entidad recomendó a los consumidores conservar las facturas, los comprobantes de pago, los contratos, las garantías y otros documentos relacionados con sus adquisiciones.
Estos respaldos son necesarios para sustentar una reclamación y facilitar la intervención de la institución cuando sea requerida.
Voceros de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia manifiestan que continuarán promoviendo relaciones de consumo en las que consumidores y agentes económicos conozcan sus derechos y obligaciones.
Atender un inconveniente cuando existe una solución posible constituye una forma de prevenir conflictos y proteger a ambas partes, aduce la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.
Durante las actividades que realiza se explica a los proveedores cuáles son sus principales responsabilidades frente a los consumidores, haciendo énfasis en aspectos como precios visibles, información clara y veraz, garantías, condiciones de venta y calidad de los productos ofrecidos.
Se indica que la educación y prevención forman parte de las acciones de protección al consumidor, por lo que continuará fortaleciendo el contacto directo con los agentes económicos en las diferentes provincias del país.
Asimismo, la entidad recuerda a los consumidores que tienen derecho a recibir información clara sobre los productos y servicios que adquieren y que, ante cualquier posible incumplimiento, pueden presentar sus denuncias o quejas a través de los canales oficiales.
A través de sus diferentes administraciones regionales, la institución mantiene de manera permanente las jornadas de orientación y educación dirigidas a los agentes económicos, con el propósito de fortalecer el cumplimiento de las normas de protección al consumidor y prevenir situaciones que puedan generar reclamos o denuncias.
Entre los temas abordados se destaca la necesidad de mantener los precios de los productos claramente visibles para los consumidores, revisar periódicamente las fechas de vencimiento, garantizar el correcto funcionamiento y mantenimiento de las balanzas, cumplir con las garantías ofrecidas y respetar las demás disposiciones establecidas en la legislación de protección al consumidor.
Como parte de estas acciones preventivas, verificadores de la entidad visitaron en la provincia de Coclé 50 locales comerciales, ubicados en El Copé (27) y Río Grande (23). Durante estas visitas se informó que se brindó orientación a los responsables de los establecimientos sobre aspectos fundamentales de sus obligaciones como proveedores.
factura,comercio minorista,caja registradora,derechos del consumidor
INTERNACIONAL
Denver, Boulder ignored ICE detainers for migrants with child abuse, assault arrests, House GOP report reveals
FIRST ON FOX: A blue state’s law enforcement officials are keeping illegal immigrants accused of violent crimes out of the reach of federal authorities, a new report claims.
The House Judiciary Committee, led by Rep. Jim Jordan, R-Ohio, released new findings Friday in its investigation into sanctuary jurisdictions and their impact on law enforcement across the country.
The latest is a 25-page report that accuses top prosecutors in Denver and Boulder of helping illegal immigrants evade Immigration and Customs Enforcement (ICE), while also revealing for the first time the names and graphic charges against some of those whom House GOP investigators say are being shielded from President Donald Trump’s federal crackdown.
Both the district attorneys for Denver and Boulder pushed back against Republicans’ accusations.
JIM JORDAN SUBPOENAS BLUE STATE DAS ACCUSED OF ‘PREFERENTIAL TREATMENT’ FOR ILLEGAL IMMIGRANT CRIMINALS
Among the list is «Fernando Barrios-Ramirez, a Venezuelan national arrested for sexual assault on a child,» the report said.
Denver District Attorney John Walsh told Digital, «Unfortunately, in Barrios-Ramirez’s case, we were prevented from pursuing a decades-long sentence by ICE, who deported Barrios-Ramirez to Mexico over our objection, effectively setting him free.»
Walsh said his office prosecuted other cases listed in the report as well.
Another alleged criminal Denver is accused of ignoring an ICE detainer for is Juan Andres Holguin-Mendez, a Mexican national whose «criminal history also includes arrests for willful cruelty to a child, DUI, malicious mischief, possession of a controlled substance, trespassing, disturbing the peace, and evading a peace officer.»
Holguin-Mendez was arrested for damage to property, the report said.
A Venezuelan national named Diego Cano-Diaz with multiple alleged protective order violations was «arrested for aggravated assault with a weapon, resisting arrest, and assault,» the report said.
At least four illegal immigrants were arrested due to alleged domestic violence in Denver but also had their ICE detainers ignored, the report said.
WATCH: DEM DEMANDS ‘ONE CASE’ WHERE SANCTUARY CITIES DIDN’T TURN OVER ILLEGAL IMMIGRANTS; DHS PROVIDES LIST
In Boulder, «Mario Hernandez-Quiroz, a Mexican national arrested for child abuse and failure to appear,» was among those whose ICE detainer was ignored.
Ignoring an ICE detainer does not necessarily mean law enforcement released the accused back onto public streets. It does, however, delay potential federal deportation proceedings to ensure the accused does not stay in the U.S.
DHS BOSS REVEALS OVAL OFFICE PLAN TO ‘WITHHOLD FUNDING’ FROM SANCTUARY CITIES AFTER AGGRESSIVE NEW YORK BUST
But the report did accuse district attorneys in Denver and Boulder of helping illegal immigrants suspected of criminal acts to evade ICE, including being more lenient with their treatment in order to avoid federal immigration proceedings — in effect, accusing them of letting more undocumented criminals back onto the streets.
For instance, House GOP investigators said they obtained internal documents that show the Denver Sheriff’s Department provided written explanations in a suspected illegal immigrant criminal’s preferred language that said they have «the right to refuse to speak to federal immigration authorities.»
DENVER MAN’S ESCAPE EXPOSES CHILLING TREN DE ARAGUA KIDNAPPING PLOT THAT LANDS TRIO IN PRISON
The report also accused Denver officials of providing insufficient notice when they do notify ICE about suspected illegal immigrant criminals.
An example highlighted in the report involved a suspected Tren de Aragua gang member, about whom ICE was given «between one and two hours’ notice to take him into custody.»
The suspected gang member, Abraham Smith Gonzalez, was subsequently released, the report said, and «as a result, when ICE officers attempted to arrest Gonzalez outside a Denver jail in 2025, he assaulted one officer.»
The report also accused both Boulder and Denver prosecutors of weighing immigration consequences when pursuing charges against an individual.
DOJ ACCUSES MARYLAND OF ‘ACTIVE AND DELIBERATE EFFORT’ TO PREVENT DEPORTATIONS OF ILLEGAL IMMIGRANTS: LAWSUIT
«In Boulder, District Attorney Dougherty prohibits information sharing with ICE,» the report said. «Before President Trump even took office in January 2025, Dougherty emailed Boulder defense attorneys to remind them of his office’s pro-illegal alien policies, including his office’s consideration of collateral immigration consequences.»
An excerpt that the report noted is part of Boulder County District Attorney’s Office guidance stating that attorneys «consider the immigration and other collateral consequences to a defendant in recommending dispositions.»
Both Denver and Boulder encourage suspected illegal immigrants to not cooperate with ICE unless a judicial warrant is presented, the report said.
ICE ARRESTS ILLEGAL ALIEN ACCUSED OF SEXUALLY ASSAULTING CHILDREN AFTER FAIRFAX COUNTY RELEASE: DHS
Dougherty in Boulder has already been targeted by Jordan’s probe, with the Ohio Republican subpoenaing Dougherty and accusing him of failing to sufficiently cooperate.
He told Digital in response to the report, «This report is a political stunt to sway voters before the midterm elections. My responsibility is to do justice, enhance public safety, and fight for victims. I’m not going to be distracted by political theatre or intimidated into abandoning my responsibility to protect the community and uphold the law. I am proud of our amazing and dedicated staff. They work incredibly hard to uphold the best interests of Boulder County and Colorado. It is my privilege to work alongside the outstanding women and men in the District Attorney’s Office.»
Dougherty’s office also accused committee Republicans of «intentionally» misrepresenting one individual’s case in its report that was not mentioned in this article.
«Under the Republicans’ approach, Contreras would have been released to ICE and immediately deported. That would have been a violation of state law. Also, Contreras would be free in another country with no consequences for his criminal conduct, the harm to the victim, and the risk he poses to the community,» the office said. «Under Boulder County’s approach, the Sheriff complied with state law and, ultimately, Contreras was held fully accountable by the prosecutors in our office and sent to state prison for eight (8) years. When he completes that sentence, he will then face deportation.»
Walsh told Digital, «The men and women of the Denver District Attorney’s Office work tirelessly every day and every night to protect community safety and have helped achieve historic reductions in crime in Denver. Our immigration collateral consequences policy closely tracks the guidance of the United States Supreme Court in Padilla v. Kentucky, and not only complies with the law, but advances community safety by ensuring that convictions are not subsequently overturned.»
«The Denver Sheriff’s Department is responsible for addressing ICE detainers and does so in full compliance with Colorado law and the requirements of the United States Constitution,» Walsh said.
politics, sanctuary cities, migrant crime, illegal immigrants, tren de aragua, denver
INTERNACIONAL
Condenan en Panamá a 12 integrantes de una red ligada al Clan del Golfo con penas de hasta 24 años
La justicia panameña condenó a 12 personas a penas de entre cinco y 24 años de prisión por su participación en una organización criminal vinculada al Clan del Golfo, investigada mediante la Operación Fisher.
La sentencia, dictada por el Tribunal Especializado contra la Delincuencia Organizada, estableció responsabilidades por blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir, después de un proceso judicial que se extendió durante más de un año.
La pena más elevada, de 24 años de prisión, fue impuesta al identificado como líder de la organización, declarado responsable de ambos delitos. Otros dos integrantes recibieron condenas de 20 años cada uno, mientras que tres personas fueron sentenciadas a 13 años, también por blanqueo de capitales y asociación ilícita.
Las sanciones corresponden a la fase de individualización de penas posterior al fallo condenatorio anunciado en septiembre.
El tribunal también impuso una condena de 10 años de prisión a una persona por asociación ilícita para delinquir. Otras dos recibieron penas de seis años y tres fueron sentenciadas a cinco años, todas estas últimas por blanqueo de capitales.
En conjunto, las 12 condenas representan 140 años de prisión, aunque las penas deberán cumplirse individualmente y estarán sujetas a los recursos judiciales que correspondan.
La decisión incluye el comiso de bienes vinculados con las actividades criminales, entre ellos propiedades, fondos depositados en cuentas bancarias, dinero en efectivo y vehículos de alta gama.
Estas medidas buscan retirar del patrimonio de los condenados los recursos relacionados con los delitos investigados. El decomiso constituye una parte relevante del proceso, debido al volumen de dinero y activos identificados durante las investigaciones.
La sentencia llega después de que el tribunal comunicara el sentido condenatorio del fallo el 9 de septiembre de 2026, cuando se establecieron responsabilidades penales por los delitos investigados.
El juicio oral había comenzado el 23 de julio de 2025, con la participación de fiscales, defensores y procesados, algunos de los cuales intervinieron virtualmente. La audiencia permitió examinar las pruebas recopiladas desde el inicio de la investigación
El proceso judicial estuvo a cargo de un tribunal integrado por los jueces Anabel Varela Lara, Dieter Targanski Gómez y Baloisa Marquínez Morán. Durante el debate se analizaron las operaciones atribuidas a una estructura que presuntamente utilizaba empresas, propiedades y otros bienes para incorporar al circuito económico recursos procedentes del tráfico internacional de drogas.
La Operación Fisher fue ejecutada en diciembre de 2021, después de investigaciones desarrolladas por las fiscalías especializadas en delitos relacionados con drogas. Su objetivo era desarticular una organización relacionada con el Clan del Golfo, grupo criminal originario de Colombia, que había establecido operaciones en las costas de la provincia de Colón para facilitar el movimiento de cargamentos hacia otros países.
Según las investigaciones, la organización recibía droga procedente de Colombia mediante embarcaciones que llegaban a sectores de Costa Arriba y Costa Abajo de Colón.
Posteriormente, los cargamentos eran almacenados y trasladados por carretera en vehículos acondicionados con compartimentos ocultos. El destino final de las sustancias era Centroamérica y Estados Unidos, utilizando distintas rutas marítimas y terrestres.
Los investigadores determinaron que los vehículos contaban con estructuras de doble fondo, diseñadas para ocultar las sustancias durante su traslado. También se identificaron mecanismos de almacenamiento en cilindros de gas, llantas y otros compartimentos clandestinos.
Estas modalidades permitían movilizar cargamentos sin que fueran detectados fácilmente, mientras la organización coordinaba las operaciones logísticas y financieras.
Como resultado de las acciones desarrolladas, las autoridades incautaron 1.5 toneladas de drogas y $9,979,648.75 en efectivo. También identificaron bienes y otros activos relacionados con la investigación, entre ellos propiedades inmobiliarias, armas de fuego y 38 vehículos de alta gama. El valor de los activos vinculados al expediente fue estimado anteriormente en aproximadamente $20 millones.
El expediente también revela la magnitud de la investigación iniciada el 6 de febrero de 2020, cuando las autoridades identificaron una estructura integrada por panameños y extranjeros.
Durante las distintas etapas del proceso se llegó a imputar a 76 personas naturales, mientras que seis sociedades fueron señaladas como posibles empresas fachada para operaciones de blanqueo de capitales.
Antes de la celebración del juicio, el Ministerio Público consiguió numerosos acuerdos de pena con personas vinculadas a la investigación.
Estos procedimientos permitieron obtener condenas sin necesidad de llevar todos los casos a debate oral. La causa que llegó al tribunal especializado incluyó a 14 acusados, entre ellos dos sociedades jurídicas, sobre quienes se discutieron las responsabilidades correspondientes.
El alcance de Fisher también puede observarse dentro del contexto nacional del narcotráfico. Entre enero y agosto de 2026, Panamá registró la incautación de 69.5 toneladas de drogas, de las cuales 46.2 toneladas correspondieron a cocaína y 23.18 toneladas a marihuana. Estas cifras reflejan la persistencia de las operaciones contra el tráfico de sustancias ilícitas en el territorio panameño.
Durante ese período, Colón encabezó las incautaciones con 18.44 toneladas, equivalentes a aproximadamente el 26.5% del total nacional. Le siguieron Panamá Oeste, con 15.92 toneladas; Panamá, con 13.24 toneladas; y Chiriquí, con 12.91 toneladas. Estas cuatro provincias concentraron cerca del 87% de las drogas decomisadas, aunque los registros corresponden a operaciones distintas de Fisher.
El comportamiento mensual muestra que mayo registró la mayor cantidad de decomisos, con 12.49 toneladas, seguido de febrero, con 10.50 toneladas. En agosto se incautaron 9.46 toneladas, frente a las 8.36 toneladas del mismo mes de 2025. El incremento interanual fue de aproximadamente 13.2%, según los datos preliminares del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales.
La resolución judicial de Fisher cierra una etapa importante de un expediente iniciado hace más de seis años, que permitió investigar tanto el traslado internacional de drogas como los mecanismos financieros utilizados por la organización.
Las condenas y los comisos ordenados constituyen los resultados más recientes de una causa compleja, sin perjuicio de las impugnaciones que puedan presentar las partes.
esposas,prisión,detención
El nuevo mapa del mercado automotor: qué marcas ganaron y cuáles perdieron con la apertura de las importaciones
Conciliaciones entre comercios y consumidores resuelven reclamos por más de $12.5 millones en Panamá
Regresos importantes y una duda clave: Arruabarrena definió el equipo de Boca Juniors para visitar a Instituto
Nuevo estallido interno en el PJ: el kirchnerismo acusó a Kicillof de querer que Cristina Kirchner continúe presa
Turquía destituye a Montella y un exjugador del Barça apunta a su sucesión
Juicio a “Pity” Álvarez: el tribunal consideró que el cantante comprende su situación judicial y el debate continuará la semana que viene
Escándalo total en la AFA: reventa millonaria, un homenaje paupérrimo a Messi y el pedido urgente de renuncia a Chiqui Tapia
Israeli medical workers who treated Oct 7 wounded relive day terror hit home
El gobierno abre una ronda de negocios para acercar las empresas locales a los USD 50.000 millones ya comprometidos del RIGI
La AFA hizo negocios con un empresario israelí que se declaró culpable en su país por reportes societarios falsos
DEPORTE2 días agoEscándalo total en la AFA: reventa millonaria, un homenaje paupérrimo a Messi y el pedido urgente de renuncia a Chiqui Tapia
- INTERNACIONAL3 días ago
Después de su prohibición, las plataformas de apuestas deportivas y los casinos en línea ya están fuera de servicio en Brasil
- POLITICA3 días ago
Marcha contra la Corte: sectores del PJ, la izquierda, gremios y piqueteros protestan por el fallo que libera la venta de tierras para extranjeros
