El Gobierno avanzó con una nueva venta de activos inmobiliarios y puso en marcha el proceso para desprenderse de un terreno en uno de los sectores con mayor desarrollo de Palermo. La operación se realizará mediante una subasta pública organizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que autorizó la convocatoria, aprobó el procedimiento de venta y fijó el precio de referencia para el inmueble.

El predio está ubicado sobre la avenida Córdoba 5405/11, en la Ciudad de Buenos Aires, tiene una superficie de 1.155,72 metros cuadrados y saldrá a subasta con un precio base de USD 4.332.155, según la resolución publicada este jueves por la AABE.

La venta se desarrollará a través del sistema electrónico SUBAST.AR. Los interesados podrán inscribirse hasta el 5 de agosto a las 12, mientras que la puja electrónica se realizará el 13 de agosto a las 14.

El terreno está emplazado en un punto de gran valor dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre la avenida Córdoba, en Palermo, combina una ubicación con buena conectividad y cercanía a una variada oferta de comercios, gastronomía y espacios corporativos.

De acuerdo con la resolución, la convocatoria respondió a un requerimiento formulado por la Dirección de Asuntos Comunitarios, dependencia que solicitó avanzar con la venta del inmueble luego de los distintos pasos administrativos previstos para este tipo de operaciones.

La medida recordó que la AABE ejerce la administración de los bienes inmuebles del Estado nacional desde su creación mediante el Decreto 1.382 de 2012, que la constituyó como organismo descentralizado en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros y le otorgó la función de administrar, centralizar y disponer de los inmuebles nacionales cuando esa competencia no corresponde a otros organismos.

Antes de autorizar la subasta, la Agencia avanzó con otro paso administrativo. Mediante la Resolución 78, del 18 de mayo, desafectó el inmueble de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, lo que permitió continuar con el proceso de venta.

Como parte del expediente administrativo, también intervino la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, que informó que el terreno carece de valor patrimonial, por lo que no registró condicionamientos vinculados con la preservación histórica.

Uno de los pasos centrales del procedimiento correspondió al Tribunal de Tasaciones de la Nación, que realizó la valuación oficial del inmueble durante una reunión celebrada el 12 de mayo. El organismo determinó un valor venal de $6.130 millones, equivalente a USD 4.332.155, tomando un tipo de cambio de $1.415 por dólar vigente en la fecha de la tasación. El dictamen indicó que la valuación consideró el terreno desocupado y libre de mejoras.

En ese mismo documento, el Tribunal informó además un valor base de venta de $5.517 millones, equivalente a USD 3.898.939, calculado con el mismo tipo de cambio y conforme a su procedimiento interno. Sin embargo, la Dirección de Asuntos Comunitarios solicitó posteriormente que la subasta se realizara con una base de USD 4.332.155, cifra que coincide con el valor venal determinado por el Tribunal de Tasaciones.

El pliego de bases y condiciones también estableció una serie de obligaciones para quien resulte adjudicatario del terreno. La principal consiste en desarrollar un proyecto inmobiliario en el predio, ya que la venta quedó sujeta a un cargo de construcción.

Según la documentación oficial, el comprador deberá ejecutar una obra permanente que represente al menos el 60% de la capacidad edificable permitida por la normativa urbanística vigente para el inmueble. Además, tendrá un plazo máximo de tres años para iniciar los trabajos y de ocho años para finalizarlos y obtener la habilitación correspondiente. Ambos plazos comenzarán a correr desde la inscripción del dominio a nombre del adjudicatario.

La AABE también fijó sanciones económicas para el caso de que esos compromisos no se cumplan. Si la obra no comienza o no finaliza dentro de los plazos previstos, el organismo podrá aplicar una multa mensual equivalente al 1% del valor base de la subasta durante el primer año de demora. A partir del decimotercer mes, esa penalidad aumentará al 2% mensual y se mantendrá hasta que se cumpla con la obligación de construir.

El adjudicatario también deberá acreditar ante la Agencia el avance de la obra, aportar toda la documentación que le sea requerida y permitir inspecciones sobre el inmueble para verificar el cumplimiento del cronograma comprometido. Además, asumirá por su cuenta la obtención de todos los permisos y autorizaciones necesarios para desarrollar el proyecto.

Otra de las condiciones incluidas en el pliego establece que el inmueble se venderá desocupado y en el estado en que se encuentra, mientras que cualquier regularización dominial, catastral, constructiva o registral que resulte necesaria quedará a cargo del comprador. A su vez, todos los gastos de escrituración, tasas, impuestos y honorarios derivados de la operación también serán afrontados por el adjudicatario.