El Congreso entró en impasse con bajo nivel de actividad generado por las elecciones legislativas en Estados Unidos y la visita a la Argentina del papa León XIV. Con el cierre de las sesiones ordinarias cada vez más cerca, el Gobierno pierde margen de maniobra para avanzar con sus proyectos prioritarios en el Congreso. Por su parte, los aliados juegan con los tiempos para negociar desde una posición de fuerza.

Desde el oficialismo ya dejaron trascender que prevén convocar a una primera sesión el 18 de noviembre para tratar la ley de Defensa de la Soberanía y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, y otra el 25 de noviembre íntegramente destinada al proyecto de Presupuesto 2027. Sin embargo, hay otros temas que resultan vitales para la oposición y podrían servir para destrabar votos clave, como la ley de biocombustibles, que siguen con atención los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, y la política de subsidios al transporte, que esta semana hizo enojar a más de un mandatario provincial.

Los planes de los libertarios sufrieron el primer traspié la semana pasada cuando no lograron avanzar con el dictamen del Presupuesto. El PRO, la UCR y los bloques provinciales se negaron a firmar el despacho hasta tener respuestas concretas sobre una larga lista de planteos.

El PRO reclamó precisiones sobre las deudas de Nación con la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación, un reclamo que afecta directamente al histórico bastión amarillo y se mezcla con las negociaciones electorales entre los libertarios y Jorge Macri. Por otro lado, el bloque que conduce Cristian Ritondo impulsa una reducción del IVA al huevo y sus productos derivados, ya que tendría un fuerte impacto positivo para la producción avícola en la provincia de Entre Ríos, gobernada por Rogelio Frigerio, también del PRO.

Tanto las bancadas del PRO, como la UCR y los gobiernos provinciales exigen una reducción del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que por ley debería destinarse al mantenimiento de las rutas pero el Gobierno no ejecuta. En la misma línea, las provincias piden mayor información y procesos más “transparentes” para las concesiones viales, que según el Gobierno, llegarían a los 9.000 kilómetros.

Por su parte, las provincias que no transfirieron con sus cajas previsionales a la ANSES también pretenden obtener precisiones sobre los fondos que serán asignados a cada una para compensar el déficit. En el proyecto figura una partida de $503.325 millones que desde las provincias ya califican como insuficiente. Además, varios distritos tienen pendientes una respuesta sobre eventuales autorizaciones para tomar deuda.

Otro punto que incluso genera divisiones internas es el financiamiento universitario. El proyecto de Presupuesto asigna un poco más de $7 billones para todas las casas de altos estudios nacionales mientras que los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclaman un mínimo de $11 billones para sostener su funcionamiento. En ese contexto, el sector de la UCR alineado con los gobernadores pone el foco en las universidades que el radicalismo controla políticamente y en las que están ubicadas sus distritos, mientras que los radicales disidentes nucleados en Provincias Unidas, como Martín Lousteau, tienen un planteo más “general” en sintonía con el CIN.

Pero en la última semana se sumó un nuevo foco de conflicto luego de que la Secretaría de Transporte acordara mayores subsidios para las empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde noviembre. Y también reconoció una deuda de cerca de $39.000 millones por errores en las proyecciones de recaudación (vía pago de boleto) desde junio hasta septiembre.

Esta decisión generó un fuerte malestar en el interior del país. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que influye sobre cinco votos clave en la Cámara de Diputados, fue contundente a través de las redes sociales: “Recursos hay, evidentemente, pero no se distribuyen de manera equitativa. El discurso de ‘no hay plata’ se contradice con estas decisiones, donde Nación cede ante la presión de las empresas porteñas mientras sigue postergando al interior”, posteó.

En el mismo tono confrontativo, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, planteó: “Si existen recursos para sostener el transporte, deben distribuirse con un criterio federal. No se puede invocar el equilibrio fiscal para negar respuestas a las provincias y, al mismo tiempo, ampliar la asistencia al AMBA. Asistimos en esta materia a una política discriminatoria y populista idéntica a la del kirchnerismo. No hay diferencias y los cordobeses las seguimos padeciendo”.

Este problema se suma a las demoras en la ley de biocombustible, que aumentaron el malestar tanto en Córdoba como en Santa Fe. Este proyecto había comenzado a debatirse en Diputados hace dos semanas tras haber obtenido media sanción en el Senado. El rápido tratamiento del proyecto que aumenta los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% para las naftas y de biodiésel del 7% al 10% en gasoil fue un guiño del oficialismo a Llaryora y Pullaro, que jugaron a favor del oficialismo en temas importantes como el intento de derogación del DNU 70/23, la ley de Discapacidad y el endeudamiento familiar.

Pero la propuesta quedó trabada por reclamos muy concretos de provincias productoras de biodiésel, como Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos. Desde el PRO -aunque también tienen apoyo de otros sectores provinciales- proponen mantener la participación del 6% del mercado para las pequeñas y medianas empresas (“no integradas”), bajo el argumento de que no podrán competir con las grandes aceiteras de Santa Fe y Córdoba, por lo que el mercado terminará concentrándose en muy pocos grandes jugadores.

Según dejaron trascender los diputados de Provincias Unidas, donde pisan fuerte los gobernadores Córdoba y Santa Fe, las negociaciones de subsidios, fondos previsionales y biocombustibles deberán avanzar en conjunto con las del Presupuesto. Esa es la forma que tendrán para hacer valer su peso político.

Ante este panorama, se descuenta que el Gobierno deberá llamar a sesiones extraordinarias al menos durante diciembre para lograr la aprobación definitiva del Presupuesto en el Senado.

El anuncio del Gobierno de suspender los embargos a las pequeñas y medianas empresas (pymes) generó fuertes cuestionamientos de dirigentes de la oposición, que aprovecharon la decisión para criticar el rumbo económico de la administración de Javier Milei.

El senador nacional de Unión por la Patria Eduardo “Wado” de Pedro fue uno de los primeros en responderle a Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, que había destacado la medida. “Si la medida que anuncia el Gobierno es para suspender los embargos es porque ya llegaron tarde, Patricia”, escribió en su cuenta de X.

El legislador sostuvo que las dificultades que atraviesan las empresas no se resuelven con una postergación de las ejecuciones judiciales. “Lo que está fundiendo a las PyMEs no es el embargo, es el modelo económico que ustedes implementan cada vez que llegan al poder”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó las consecuencias de las políticas económicas del oficialismo: “Empobrecen a los trabajadores, aumenta la desocupación, endeudan al país y a las familias mientras hacen negocios para la timba financiera”. “Las Pymes no aguantan más. No se trata de poner parches sino de cambiar el rumbo”, concluyó.

El diputado nacional Pablo Juliano también cuestionó el anuncio del Ministerio de Economía y puso el foco en la situación que atraviesan las empresas. “Llegamos al punto en que la ‘gran noticia’ para las pymes es que no las van a embargar. Hasta mayo…”, publicó en sus redes sociales.

Por su parte, el senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires Mariano Recalde vinculó la decisión oficial con el crecimiento de la morosidad y el deterioro de la actividad económica. “Los datos que el Gobierno ya no puede ocultar. La morosidad llegó a las pymes argentinas”, sostuvo.

George McGill era demócrata. En 1932 ganó la banca para senador por el estado de Kansas, en Estados Unidos. Su partido nunca más lo hizo. Hasta ayer. Adam Hamilton ganó la banca. Pasaron 94 años para que eso sucediera. Donald Trump lo hizo posible. En South Carolina, la última victoria demócrata en una carrera para el Senado por el estado había sido Fritz Hollings en 1998. Ayer volvió a suceder. Historias como estas se repiten en una de las peores elecciones de medio término para un Gobierno estadounidense.

El aumento en el costo de vida. Temor a seguir perdiendo frente a la inflación. Guerras que empiezan y nunca terminan. El miedo a medidas cada vez más punitivas entre inmigrantes. Un combo perfecto y un título que llegó al corazón del votante: “Controlar el Congreso para controlar a Donal Trump”. Pero fue mucho más que eso. Fue un golpe al ego del Presidente. Casi tan alto como los números del combustible de su país. El resultado fue contundente. Por primera vez desde que ejerce el máximo cargo, tendrá a la oposición por encima suyo. El Senado ahora es demócrata. Y la incógnita es saber cómo reaccionará el mandatario ante el avance opositor que buscará poner un freno a los últimos dos años de su gestión. Y tendrá la capacidad de avanzar en investigaciones sobre decisiones que tomó la administración republicana, como por ejemplo quiénes fueron los ganadores del negocio por el petróleo de Venezuela. “Me transformaré en el Señor Veto”, había dicho a la CCN a 24 horas del cierre. En medio del conteo, disparó su furia contra Fox News: “La encuesta de Fox News, que siempre es la peor, resulta sumamente ofensiva por las preguntas que plantea. Cada pregunta es un ataque premeditado, y ante cada respuesta, ¡solo cabe decir: «¡Pura mierda!». Esto lleva ocurriendo años”, escribió Trump en la red Truth Social.

Mientras los primeros resultados aparecían en las pizarras, en la embajada argentina se esforzaban por aclarar algo que repetían en la previa de la elección: “Esto no cambia nada. El mensaje del presidente Javier Milei siempre fue el mismo, incluso antes de la llegada de Trump al poder y es que Argentina tiene que tener una alianza estratégica con los Estados Unidos. Se planteó cuando aún estaba Joe Biden. Y se seguirá planteando”. El evento realizado en el primer piso mezcló a diplomáticos argentinos, entre ellos al embajador Alec Oxenford, y al subsecretario de gestión institucional, Eduardo “Lule” Menem, con legisladores y empresarios. La noticia fue pésima. Para suerte de ellos, el agasajo terminó a las 18, antes de los primeros resultados oficiales.

El lunes, uno de los más de 40 think tank que existen en Washington dialogó con Infobae en estricto off the record. Realizaban un análisis de la consecuencia que podría traer el control opositor sobre ambas Cámaras. La pregunta de este medio fue si podían ofrecer algún ejemplo que repercutiera en Argentina y Latinoamérica. “Bueno, los demócratas podrían activas comisiones investigadoras. Hay dos puntos que pueden servir para entenderlo. Habrá pedidos de información sobre quiénes fueron los ganadores del petróleo venezolano. Y porque no, solicitar más información sobre el financiamiento que Estados Unidos le brindó a la Argentina en 2025”. Fue la senadora demócrata Elizabeth Warren, quien solicitó datos por la ayuda financiera del gobierno de Trump a la Argentina. Reclamó mediante una carta al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que cierre la línea de swap por US$20.000 millones con el país, en enero del 2026. En aquel comunicado, pidió acceder a una copia del acuerdo. Si bien ese tipo de inquietudes no tiene el poder para frenar decisiones que pueda tomar Trump en 2027, la intención es poner bajo la mirada pública este tipo de acciones.

De recorrida por Washington, quizás uno de los distritos más demócratas del país, se observó durante toda la noche un clima festivo. A contramano del silencio que hubo dos años atrás cuando Trump arrasó en la elección ejecutiva. “Esto nos vuelve a demostrar que nada es para siempre. Ahora Trump va a tener que escuchar”, dijo eufórico un joven estudiante que pasó esta semana en casa de sus padres para la elección. En algunos pubs clásicos los resultados se siguieron en pantallas por todo el lugar y se festejaba como un gol cada triunfo opositor.

Amine tiene 54 años. Llegó desde Marruecos cuando tenía 19 gracias al recibimiento que le hizo un primo. Vive en Arlington. Votó con el sistema de votación anticipada. Fue por los demócratas. “La primera vez que se presentó Trump lo voté. Pero nunca más. Todo subió. Manejo un auto de aplicación y cada vez alcanza para menos. Pero no tengo miedo por mí sino por mis hijos. El Congreso puede frenar su política ante inmigrantes. Mira si un día echan a mis hijos? El Gobierno solo habla de negocios. El resto pasa a un segundo plano”. Scott es oriundo de Washington. Vive aquí desde siempre. Hoy, con 42 años, cree que Trump es aún la novedad. “Lo acusan de ser sistema pero vino a modificar las cosas. Me causa gracia que lo insultan por su verborragia. Nosotros no lo escuchamos. Sino que miramos la política. Ey! Tiene 81 años. Mi padre también dice incoherencias. Por eso hay que ver los hechos más allá de todo”.

Por último, el KO. La piña llegó desde Texas. El último demócrata en ganar una elección allí había sido Lloyd Bentsen en 1988. Los malos resultados se acabaron ayer. James Talarico, con 37 años se quedó con la banca en el Senado. “No tiene que ver con Izquierda o Derecha, sino entre los de arriba y los de abajo”, dijo luego de votar. “Realmente dimos el golpe, es hora de trabajar para frenar a un Presidente que se creyó superpoderoso”, festejaron desde su equipo de campaña con los resultados en las pantallas.

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