POLITICA
De Adorni a Santilli: la decisión de Milei para reordenar el poder político del Gobierno
La designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni es, antes que un cambio de nombres, una declaración de intenciones sobre la etapa que el gobierno de Javier Milei quiere abrir. Con Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete, el Presidente vuelve a concentrar allí la articulación política que le permitió sostener durante los últimos dos años las principales negociaciones con gobernadores y bloques legislativos. Al mismo tiempo, desactiva el eje alrededor del cual el peronismo había logrado ordenar buena parte de su ofensiva parlamentaria durante los últimos 110 días.
No es un dato menor. Santilli fue primero el candidato que le permitió al oficialismo revertir una derrota de más de 13 puntos en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de medio término. Después, ya como ministro del Interior, se convirtió en el principal interlocutor con los gobernadores aliados y en uno de los negociadores centrales para construir las mayorías que hicieron posible la sanción de siete proyectos durante las sesiones extraordinarias del último verano. Ese recorrido es el que Milei decidió llevar ahora a la Jefatura de Gabinete. El objetivo aparece definido: volver a colocar la negociación política en el centro de la gestión mientras el Gobierno busca encarar la segunda mitad del mandato con la mirada puesta en 2027.
El Presidente eligió una comparación precisa para explicar el movimiento. En una entrevista concedida anoche a Luis Majul por LN+, Milei señaló que la designación de Santilli “es un movimiento equivalente al que en su momento hicimos con Guillermo Francos, porque lo que vamos a hacer ahora, nuevamente, es fusionar el Ministerio del Interior con la Jefatura de Gabinete”.
La referencia no es casual. Francos fue el segundo jefe de Gabinete de la gestión —el primero había sido Nicolás Posse— y llegó al cargo después de conducir el Ministerio del Interior, concentrando ambas estructuras bajo una misma conducción. Ese esquema permitió centralizar la relación con las provincias y la negociación parlamentaria. Cuando Francos dejó el cargo, Adorni —figura con fuerte exposición pública y ex vocero presidencial, pero sin experiencia previa en la negociación política— ocupó ese lugar desde una lógica diferente. Con Santilli, Milei recupera un diseño en el que la Jefatura de Gabinete vuelve a tener como prioridad la construcción política y la coordinación con gobernadores y legisladores.
Cómo se llegó hasta acá
La salida de Adorni no fue, en los términos que el propio Milei se encargó de subrayar públicamente, una decisión del Presidente. Fue una decisión de Adorni. Durante 110 días, Milei resistió las presiones para pedirle la renuncia a su jefe de Gabinete, convencido de que hacerlo hubiera significado —según sus propias palabras— “condenar a un inocente”, un acto de utilitarismo político que no estaba dispuesto a convalidar.
Pero la situación judicial avanzaba en paralelo. La Justicia investiga a Adorni y a su entorno por viajes al exterior y por presuntas inconsistencias e incompatibilidades en su situación patrimonial. Mientras el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita impulsaban distintas medidas en la causa, el Gobierno debía administrar un escenario cada vez más incómodo: la posibilidad de que el jefe de Gabinete enfrentara una eventual indagatoria mientras seguía ocupando el cargo más importante del gabinete nacional después del Presidente. La salida terminó resolviendo ese dilema. Junto con la renuncia a la Jefatura de Gabinete, Adorni también dejó su cargo como director del Estado en el directorio de YPF.
Las amenazas que, según relató Milei, llegaron a alcanzar a la esposa y a los hijos del funcionario terminaron acelerando la decisión. Fue entonces cuando Adorni le comunicó al Presidente que su renuncia era indeclinable. “Con la familia no se jode”, resumió Milei durante la entrevista.
Esa fue la explicación pública del desenlace. Sin embargo, el proceso que condujo a la decisión fue bastante más complejo que el reflejado en el comunicado oficial.
Fuentes con acceso al círculo de decisión del Gobierno confirmaron a Infobae que, durante las semanas previas, distintos ministros dejaban trascender que la continuidad de Adorni comenzaba a generar costos políticos difíciles de administrar. Javier y Karina Milei escucharon esos planteos. La preocupación no pasaba únicamente por la investigación judicial sino por el impacto que el caso había adquirido sobre la agenda política del oficialismo. Las novedades vinculadas al expediente desplazaban los anuncios económicos, condicionaban la estrategia comunicacional y le permitían al peronismo concentrar la discusión parlamentaria alrededor de la figura del jefe de Gabinete. En ese contexto, la posibilidad de un recambio comenzó a ganar espacio dentro del Gobierno.
El propio Presidente admitió anoche que antes de definirse por Santilli se analizaron tres alternativas. No reveló cuáles fueron. Sin embargo, durante las últimas horas habían circulado dentro del oficialismo los nombres del canciller Pablo Quirno y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
La reconstrucción realizada por Infobae a partir de fuentes con acceso directo al núcleo de poder agrega otro dato. Entre las opciones que más interés despertaban en la Secretaría General de la Presidencia figuró precisamente la posibilidad de trasladar a Martín Menem a la Jefatura de Gabinete. Javier Milei terminó inclinándose por Santilli. Ignacio Devitt quedó absorbido dentro de la nueva estructura, limitado a las funciones que ya venía desempeñando, mientras Santiago Caputo terminó acompañando la decisión.
Hay otro elemento que atravesó las conversaciones de las últimas horas y que el Gobierno nunca desmintió de manera categórica. En la carta mediante la cual Adorni formalizó su renuncia aparece una referencia a un “compromiso secreto” asumido al momento de aceptar el cargo, a pedido del propio Presidente. Según dejó trascender el ex jefe de Gabinete, ese compromiso consistía en sostener un delicado equilibrio entre Karina Milei y Santiago Caputo dentro del funcionamiento cotidiano del Gobierno. Que esa referencia haya permanecido en el texto sin aclaraciones posteriores ofrece una señal reveladora sobre la dinámica interna del poder en la Casa Rosada.
La comunicación, rediseñada
Uno de los cambios más significativos del nuevo diseño del gabinete, aunque no sea el más visible, afecta la estructura de comunicación del Gobierno.
La Secretaría de Comunicación y Medios, que durante la gestión de Adorni dependía de la Jefatura de Gabinete, vuelve ahora a la órbita de la Secretaría General de la Presidencia. Fabián Fernández quedará al frente de esa estructura. Al mismo tiempo, el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, reportará directamente al Presidente.
El rediseño vuelve a distribuir responsabilidades que durante varios meses estuvieron concentradas en un mismo funcionario. Adorni reunía bajo su conducción la Vocería Presidencial, la política de comunicación y la coordinación general del gabinete, una combinación poco frecuente para un jefe de Gabinete. Esa acumulación había resultado funcional mientras la centralidad pública del funcionario fortalecía la comunicación del Gobierno. Cuando la investigación judicial pasó a ocupar el centro de la escena, esa misma concentración comenzó a exponer al resto de la administración. El nuevo esquema separa nuevamente esas funciones entre distintas áreas del Ejecutivo.
El peronismo pierde su principal eje de articulación
La salida de Adorni reordena también el tablero en el Congreso, donde el peronismo había encontrado en el caso una herramienta de articulación que le resultaba difícil construir por otros medios. En medio de una interna que atraviesa al espacio —con la confrontación entre Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y el gobernador Axel Kicillof condicionando buena parte de las decisiones políticas—, el kirchnerismo había logrado, sin embargo, ordenar detrás del caso Adorni a prácticamente todas las vertientes del peronismo y sumar el acompañamiento de varios aliados habituales del oficialismo.
La ofensiva alcanzó su punto de mayor tensión la semana pasada, cuando Patricia Bullrich debió maniobrar para impedir que la sesión prevista en el Senado desembocara en el tratamiento de una moción de censura contra el jefe de Gabinete. La discusión parlamentaria había adquirido un volumen político que amenazaba con desplazar el resto de la agenda oficial. Para evitarlo, Bullrich trabajó para sostener el respaldo de la UCR, de los bloques provinciales y de los dos senadores macristas que terminaron acompañando la estrategia del Gobierno.
La renuncia de Adorni modificó por completo ese escenario. Las iniciativas impulsadas en el Senado para interpelarlo y promover una moción de censura quedaron automáticamente sin objeto: esos mecanismos constitucionales sólo pueden aplicarse sobre funcionarios en ejercicio. Al menos tres senadores con voz, voto e influencia en la Cámara alta confirmaron a Infobae que esa estrategia parlamentaria quedó definitivamente desactivada.
La incógnita pasa ahora por saber si el peronismo conseguirá construir otro eje con la misma capacidad para ordenar a sus distintos sectores. Por ahora, las tensiones internas no parecen facilitar ese objetivo.
Los 530 días
Patricia Bullrich estuvo al margen de la negociación que terminó con la designación de Santilli. Pero sí transmitió una definición política sobre el momento que atraviesa el Gobierno. El jueves pasado, durante una conversación con Karina Milei, la senadora fue explícita: lo importante son los 530 días que restan hasta el final del mandato.
Para Bullrich, la consolidación del proyecto libertario depende de la posibilidad de obtener la reelección presidencial, porque entiende que sólo un segundo mandato permitiría consolidar las reformas impulsadas desde diciembre de 2023. La senadora es consciente de que algunas de sus posiciones públicas generan incomodidad dentro del oficialismo, incluso entre los propios hermanos Milei. Sin embargo, volvió a sostener el mismo argumento que había expresado públicamente días antes: “Ni los valores ni la valentía se negocian cuando hay peligros para el proyecto de Milei”.
Con Santilli ya instalado en la Jefatura de Gabinete, el Gobierno busca volver a poner en movimiento una agenda legislativa que había quedado condicionada por la crisis política de las últimas semanas. Entre las prioridades aparecen la denominada Ley Hojarasca, el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, decenas de pliegos de jueces pendientes de tratamiento en el Senado y la reforma política, cuyo núcleo está compuesto por dos iniciativas impulsadas personalmente por Javier y Karina Milei: la eliminación de las PASO y Ficha Limpia, destinada a impedir que personas con condena firme por corrupción puedan competir como candidatos.
Santilli llega con el mandato de reconstruir puentes con gobernadores y legisladores, reordenar la negociación política y devolverle al Ejecutivo capacidad para avanzar sobre esos proyectos. Sus propias aspiraciones políticas —la posibilidad de competir por la gobernación bonaerense dentro de unos meses— son conocidas desde hace tiempo y forman parte del escenario con el que trabaja la Casa Rosada.
Los 530 días que le quedan al gobierno de Milei son, al mismo tiempo, un horizonte y una presión. La salida de Adorni cerró la etapa en la que la Casa Rosada debió administrar el costo político de la situación de uno de sus principales funcionarios. La llegada de Santilli abre otra, con una prioridad distinta: volver a poner el centro de gravedad en el Congreso y en la construcción de mayorías para las reformas pendientes. Allí se jugará buena parte del tramo final del mandato y de las posibilidades del oficialismo de proyectarse hacia 2027.
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POLITICA
Gran Bretaña autorizó las perforaciones petroleras en las Islas Malvinas y profundizó la tensión con la Argentina
Luego de la presentación de la Argentina en un Tribunal internacional para frenar el proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas, se conoció la decisión del secretario de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Ed Miliband, de habilitar las perforaciones petroleras en el archipiélago, en medio de las disputas por la soberanía.
La confirmación fue difundida por la empresa israelí Nativas, a cargo del proyecto petrolero junto a la sociedad británica Rockhopper. Las compañías prevén iniciar las perforaciones a principios de 2027.
Desde el gobierno británico tienen previsto comunicarles a los parlamentarios la decisión de Miliband de darle luz verde al proyecto Sea Lion, adelantó Daily Mail, lo que profundizará la tensión con el gobierno de Javier Milei.
El vocero de energía del opositor Partido Conservador, Andrew Bowie, habló de una “absoluta hipocresía” de Miliband, que consideró que “no tiene límites”: “Sí, es una decisión muy positiva, pero plantea la pregunta: ¿por qué el Partido Laborista considera aceptable la extracción de petróleo y gas frente a las Islas Malvinas, pero no en nuestro Mar del Norte?”.
Noticia que está siendo actualizada.-
Islas Malvinas
POLITICA
El Gobierno presentó un reclamo para frenar la explotación de hidrocarburos en Malvinas ante el Tribunal del Mar
El Gobierno solicitó este martes medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar los trabajos de explotación de hidrocarburos que realiza el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte. La medida fue anunciada por la Oficina del Presidente y sostiene que lo que se busca es proteger los recursos naturales e impedir que las acciones británicas agraven la disputa sobre las islas.
La presentación judicial se apoya en el Artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un recurso que permite solicitar la preservación de derechos o la prevención de daños mientras se constituye el tribunal arbitral definitivo. La iniciativa se suma al proceso arbitral impulsado por el Gobierno el 28 de septiembre de este año.
“La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”, concluye el comunicado, junto a la firma del presidente Javier Milei.
Tal como informó , el reclamo fue llevado adelante por el director de la consejería legal internacional, Mario Oyarzábal, luego de vencer el plazo de dos semanas que la diplomacia le fijó al Reino Unido para frenar el proyecto Sea Lion, operado por las empresas Rockhopper y Navitas.
Ante la advertencia oficial, la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar británica, Uma Kumaran, rechazó la intimación y sostuvo que su país defenderá los derechos de “autonomía” de los habitantes de las islas.
Frente a esta escalada, diplomáticos consultados por calificaron la decisión como “arriesgada” al señalar que “ir a un tribunal internacional puede ser muy tramposo” y recordar que gestiones anteriores evitaron esta vía por temor a un fallo adverso.
En tanto, desde Cancillería remarcaron que se busca la intervención de árbitros independientes sin discutir la cuestión de fondo de la soberanía. “Si Londres sostiene que sus actividades se ajustan al derecho internacional, tendrá la oportunidad de demostrarlo”, afirmó el canciller Pablo Quirno.
Además, a través de su cuenta de X, el funcionario reiteró la invitación al Reino Unido a “retomar la mesa de negociación bilateral para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía”
Qué es el Tratado del Mar
El fuero internacional en el que se radicó la demanda fue establecido a partir de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un tratado de 1982 que fija el marco jurídico para la administración de los océanos, el uso pacífico del mar y la gestión de sus recursos naturales.
La aplicación integral de este régimen cuenta con el auxilio de organismos especializados como la Organización Marítima Internacional y la División de Asuntos Oceánicos de la ONU.
Asimismo, la normativa del derecho del mar sumó en 2023 el acuerdo BBNJ sobre “conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina”. Este instrumento regula el reparto equitativo de los recursos genéticos marinos, la creación de áreas protegidas y la realización de evaluaciones de impacto ambiental.
fue anunciada por la Oficina del Presidente,Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,pic.twitter.com/QbuvSkbTka,October 13, 2026,como informó LA NACION,fuero internacional en el que se radicó,Javier Milei,Malvinas Argentinas,Reino Unido,Conforme a
POLITICA
Argentina pidió al Tribunal del Mar frenar la explotación petrolera en Malvinas: los cuatro reclamos urgentes
El gobierno de Javier Milei presentó hoy ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud formal de medidas provisionales para intentar detener el avance de la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas. La Argentina formuló cuatro requerimientos al organismo internacional, que incluyen impedir nuevas actividades hidrocarburíferas, restringir el uso de información obtenida durante las exploraciones, preservar el medio marino y evitar que el Reino Unido otorgue nuevos permisos para explotar recursos naturales en la zona.
Cómo había anticipado Infobae, la decisión se concretó después del vencimiento del ultimátum de dos semanas que la Argentina había concedido a Londres para que adoptara medidas destinadas a impedir el inicio o la continuación de actividades vinculadas con Sea Lion, un proyecto desarrollado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.
En la presentación trabajaron el Ministerio de Relaciones Exteriores, que encabeza Pablo Quirno, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal. El anuncio fue realizado mediante un comunicado de la Oficina del Presidente en el que se informó que la Argentina había recurrido al organismo judicial internacional, con sede en Hamburgo, Alemania, para solicitar una intervención urgente que preserve los derechos invocados por el país mientras se constituye el tribunal arbitral encargado de examinar la controversia.
“La República Argentina ha presentado hoy ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte”, informó la Oficina del Presidente.
El Gobierno pretende que el Tribunal ordene una medida provisional, equivalente en términos generales a una cautelar, que impida el avance del proyecto petrolero. La resolución dependerá de los jueces internacionales, que deberán examinar los argumentos argentinos, escuchar a las partes y determinar si existen fundamentos jurídicos y condiciones de urgencia suficientes para disponer una suspensión u otras medidas.
En el comunicado, la Presidencia precisó que la solicitud busca “preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”.
La presentación constituye una nueva instancia de la estrategia anunciada por Milei el 28 de septiembre. Aquel día, la Argentina notificó al Reino Unido el inicio de un procedimiento arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y concedió un plazo de dos semanas para que Londres adoptara medidas destinadas a impedir las actividades hidrocarburíferas.
Ese plazo venció ayer, lunes 12 de octubre. El Reino Unido había rechazado el planteo argentino y defendido las actividades autorizadas por las autoridades de las islas. Hoy, el gobierno argentino formalizó el pedido de medidas provisionales, en el que tuvo un rol clave el equipo que lidera Ibarzabal, a quien el presidente Milei define como “el cerebro” jurídico de la administración libertaria.
Por su parte, la conducción de la estrategia diplomática y del procedimiento internacional corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores. La Consejería Legal Internacional de Cancillería, a cargo del embajador Mario Oyarzábal, intervino en la preparación técnica, mientras que también participó la Procuración del Tesoro, dirigida por Sebastián Amerio.
Los cuatro pedidos de la Argentina ante el Tribunal del Mar
Después de la difusión del comunicado presidencial, el canciller Pablo Quirno publicó en su cuenta oficial de X los detalles de los cuatro requerimientos formulados ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. La información permitió conocer con mayor precisión el alcance de la solicitud argentina, que comprende tanto las actividades petroleras como el uso de los datos obtenidos durante las exploraciones, las obligaciones ambientales y las decisiones administrativas que podría adoptar el Reino Unido.
“La estrategia integral impulsada por el Presidente @JMilei para defender nuestros recursos en la Plataforma Continental argentina está generando resultados concretos”, sostuvo Quirno. El ministro describió la presentación como un hecho sin precedentes y explicó que el país había recurrido al Tribunal para solicitar medidas provisionales destinadas a detener las acciones unilaterales británicas en la Cuenca Malvinas Norte.
El primer pedido apunta directamente a Sea Lion. La Argentina solicitó que el Tribunal ordene al Reino Unido impedir el inicio o la continuación de la explotación de recursos hidrocarburíferos en la plataforma continental de la Cuenca Norte de Malvinas mediante ese proyecto.
Es el objetivo inmediato de la presentación. El desarrollo petrolero todavía no comenzó su producción comercial, prevista para 2028, pero las compañías involucradas ya adoptaron decisiones de inversión, contrataron infraestructura y avanzaron con los preparativos para iniciar las perforaciones. La solicitud busca que esas actividades queden sujetas a restricciones provisionales mientras se sustancia la controversia internacional.
El segundo requerimiento se concentra en la información obtenida durante las exploraciones. Quirno explicó que la Argentina pidió que el Reino Unido “se abstenga de utilizar la información obtenida durante la exploración de los recursos naturales de las áreas marítimas en disputa en perjuicio de los derechos de la República Argentina”.
Este punto incorpora un aspecto diferente de la eventual extracción de petróleo. El planteo comprende los resultados de los trabajos exploratorios realizados en el área, que pueden incluir información geológica, geofísica y técnica utilizada para identificar y evaluar los recursos hidrocarburíferos.
El pedido argentino pretende evitar que esa información sea utilizada en perjuicio de los derechos que reclama el país mientras permanece pendiente la controversia. El alcance concreto de una eventual restricción deberá ser determinado por el Tribunal.
El tercer pedido introduce expresamente la protección del medio marino. La Argentina solicitó que el Reino Unido cese de impedirle cumplir con las obligaciones que considera derivadas de los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR en las áreas marítimas objeto del conflicto.
El artículo 192 establece que los Estados tienen la obligación de proteger y preservar el medio marino. El artículo 194 dispone que deben adoptar las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar la contaminación marina, mediante los medios disponibles y de acuerdo con las obligaciones previstas en la Convención.
La Cancillería intenta vincular esas disposiciones con las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en los espacios marítimos en disputa. El planteo apunta a preservar las facultades y obligaciones ambientales que invoca la Argentina, además de prevenir posibles alteraciones del lecho y el subsuelo marino.
La incorporación de estos artículos agrega una dimensión ambiental al reclamo, que el Tribunal deberá examinar para determinar si las obligaciones invocadas resultan aplicables y justifican adoptar medidas provisionales.
El cuarto requerimiento busca impedir nuevas decisiones unilaterales. La Argentina solicitó que el Reino Unido “se abstenga de adoptar cualquier otra medida que pueda agravar la controversia”, particularmente mediante el otorgamiento de nuevos permisos para la explotación de los recursos de la plataforma continental en disputa.
La finalidad de este punto es evitar que las autoridades británicas amplíen las autorizaciones o adopten decisiones que modifiquen la situación mientras continúa el procedimiento internacional. Se relaciona con la posición argentina de que las partes deben abstenerse de realizar actos unilaterales capaces de agravar el conflicto de soberanía.
Los cuatro requerimientos integran una misma solicitud judicial. Su presentación no implica que hayan sido concedidos. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar deberá analizar cada pretensión y determinar si corresponde ordenar medidas provisionales y cuál será su alcance.
Al concluir su publicación, Quirno reiteró la voluntad argentina de recurrir al diálogo y a los mecanismos pacíficos de solución de controversias.
“Reiteramos una vez más nuestro compromiso con el diálogo, la diplomacia, el derecho internacional, e invitamos al Reino Unido a retomar la mesa de negociación bilateral para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía”, expresó el canciller, en referencia a las resoluciones de Naciones Unidas.
Qué puede resolver el Tribunal y cuáles son los plazos
La Oficina del Presidente explicó que “la presentación se enmarca en el procedimiento arbitral que el Gobierno Nacional inició el 28 de septiembre de este año, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)”.
El fundamento jurídico inmediato es el artículo 290, párrafo quinto, que permite solicitar medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar mientras se encuentra pendiente la constitución del tribunal arbitral encargado de resolver la controversia principal.
En el comunicado presidencial se destacó que cualquiera de las partes puede solicitar esas medidas para preservar sus derechos o prevenir daños graves al medio marino cuando la urgencia de la situación lo requiera.
La distinción entre ambos procedimientos resulta central. El arbitraje del Anexo VII contempla un tribunal especial de cinco integrantes, cuya constitución y posterior procedimiento pueden demandar varios años. En cambio, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar funciona permanentemente y tiene atribuciones para examinar solicitudes urgentes antes de que se encuentre constituido el órgano arbitral.
Para adoptar medidas provisionales, los jueces deberán determinar si existe una base de jurisdicción prima facie del futuro tribunal arbitral y si las circunstancias justifican una intervención urgente.
El Tribunal podrá aceptar alguna o varias de las solicitudes, rechazarlas o disponer medidas diferentes de las reclamadas. Si decide ordenarlas, serán jurídicamente obligatorias para las partes, conforme al artículo 290.6 de la CONVEMAR.
Una vez constituido, el tribunal arbitral podrá mantener, modificar o dejar sin efecto esas medidas.
El procedimiento urgente puede desarrollarse en un plazo relativamente breve. Los antecedentes permiten considerar que una primera resolución podría conocerse durante noviembre, aunque todavía no existe una fecha anunciada para las audiencias ni para una decisión.
El antecedente de la Fragata Libertad
Como informó Infobae en sus anteriores publicaciones sobre el procedimiento, existe un antecedente argentino que permite comprender el mecanismo utilizado: el caso de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012 a raíz de una acción judicial impulsada por acreedores de la deuda argentina.
Durante el gobierno de Cristina Kirchner, la Cancillería inició un arbitraje conforme al Anexo VII de la CONVEMAR y solicitó medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para obtener la liberación del buque.
La solicitud fue presentada el 14 de noviembre de 2012. Después de celebrar audiencias, el Tribunal resolvió el 15 de diciembre ordenar a Ghana la liberación inmediata e incondicional de la fragata.
Entre el pedido argentino y la resolución transcurrió aproximadamente un mes. La decisión permitió obtener el resultado práctico buscado por el Estado antes de que concluyera el litigio de fondo.
Aunque los fundamentos jurídicos son diferentes, la arquitectura procesal resulta comparable: una controversia sometida a arbitraje y una solicitud urgente ante el Tribunal del Mar para preservar derechos mientras se desarrolla el procedimiento principal.
Otro antecedente relevante es la controversia entre Ghana y Costa de Marfil, en la que se adoptaron medidas provisionales en abril de 2015.
En ese caso, una sala especial ordenó impedir nuevas perforaciones petroleras en un área marítima cuya delimitación estaba discutida, aunque permitió la continuidad de determinadas operaciones existentes. La diferencia principal es que aquel litigio involucraba una delimitación marítima, mientras que el reclamo argentino está vinculado con una controversia territorial.
El avance de Sea Lion y las empresas involucradas
El proyecto que intenta detener la Argentina se encuentra aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y es desarrollado por Navitas Petroleum, empresa israelí que controla el 65 por ciento y actúa como operadora, y Rockhopper Exploration, compañía británica propietaria del 35 por ciento restante.
Rockhopper descubrió el yacimiento en 2010 y posteriormente incorporó a Navitas como socio mayoritario.
A fines de 2025, ambas compañías adoptaron la decisión final de inversión para la primera fase del proyecto, que contempla comenzar la producción comercial durante el primer trimestre de 2028.
El desarrollo prevé inicialmente once pozos submarinos conectados con una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo, conocida como FPSO. Las perforaciones de desarrollo están proyectadas para 2027.
Las empresas mantuvieron sus compromisos de inversión durante las últimas semanas, pese a las medidas anunciadas por Buenos Aires.
El 7 de octubre, Rockhopper comunicó un acuerdo para invertir 44 millones de dólares en su participación del 35 por ciento en la sociedad propietaria del buque FPSO OSX-1, destinado a acelerar otra etapa de Sea Lion.
Al mismo tiempo, las actuaciones del Gobierno argentino tuvieron consecuencias sobre algunas contrataciones del proyecto. La Oficina del Presidente informó que Halliburton había confirmado que sus filiales se abstendrían de prestar servicios para Sea Lion.
Navitas reconoció posteriormente que estaba trabajando para sustituir a dos contratistas, aunque sostuvo que continuaba con sus planes de desarrollo y que no esperaba un impacto material adverso sobre el proyecto.
La continuidad de las inversiones constituye parte del contexto en el que la Argentina fundamenta la urgencia de su presentación. El Gobierno pretende conseguir una decisión internacional antes de que comiencen las perforaciones y se consoliden nuevas etapas de la explotación hidrocarburífera.
Los fundamentos argentinos y la controversia con el Reino Unido
La posición argentina se apoya en la existencia de una disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas, las obligaciones establecidas por la CONVEMAR respecto del medio marino y sus recursos, y el rechazo a las modificaciones unilaterales mientras permanece pendiente una controversia internacional.
La Resolución 2065, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1965, reconoció la disputa entre Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas e instó a ambos gobiernos a encontrar una solución mediante negociaciones.
La Resolución 31/49, de diciembre de 1976, llamó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que implicaran modificaciones unilaterales de la situación mientras continuara el proceso recomendado por Naciones Unidas.
La Cancillería vincula esos antecedentes con las disposiciones de la Convención del Derecho del Mar sobre la protección de los espacios marítimos, el lecho y el subsuelo, y los recursos naturales existentes en ellos.
Uno de los argumentos centrales es el carácter no renovable del petróleo: su extracción constituye una actividad cuyos efectos materiales no pueden revertirse mediante una resolución judicial posterior.
La principal discusión jurídica estará relacionada con la competencia del Tribunal. La CONVEMAR habilita mecanismos para resolver controversias sobre la interpretación y aplicación de sus disposiciones, pero no otorga jurisdicción general para decidir disputas de soberanía territorial.
Por ese motivo, la Argentina plantea que el conflicto debe examinarse desde las obligaciones internacionales vinculadas con la explotación de recursos marítimos y la necesidad de preservar los derechos discutidos, sin requerir una decisión sobre la soberanía de las islas.
El Reino Unido sostiene, por su parte, que las actividades petroleras autorizadas en Malvinas se encuentran amparadas por la normativa aplicable y el derecho internacional.
En el cierre de su comunicado, la Oficina del Presidente reafirmó la posición argentina: “La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.
Con la presentación de este martes, la Argentina concretó el paso judicial anunciado a fines de septiembre. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar deberá examinar ahora los cuatro requerimientos formulados por el Gobierno y determinar si existen fundamentos suficientes para disponer medidas provisionales.
La primera definición podría conocerse durante noviembre, mientras las compañías petroleras mantienen sus planes para comenzar las perforaciones de desarrollo en 2027 y alcanzar la producción comercial en 2028. La resolución determinará si corresponde establecer restricciones temporales sobre Sea Lion y otras actividades vinculadas con los recursos marítimos en disputa.
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