«Los trabajadores no queremos ser la variable de ajuste del sistema. Por eso decimos basta». Con este contundente título, el consejo directivo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) volvió a advertir tanto a los empresarios como al propio gobierno, la posibilidad de aplicar medidas de fuerza que afecten el servicio de colectivos del AMBA, dejando a miles de usuarios sin transporte.

El gremio insistió sobre la situación crítica de la actividad y el repetido fracaso de las negociaciones salariales, que consideran estancadas. Asimismo, apuntó que el transporte de pasajeros se sostiene a través de un esquema de subsidios nacionales, provinciales y municipales y de las tarifas que pagan los pasajeros. Al respecto, detalló que los análisis basados únicamente en números o planillas «no reflejan el verdadero funcionamiento del sistema».

Explicó que «para que funcione el sistema deben estar presentes los trabajadores, los empresarios y el Estado en sus diversos niveles», al tiempo que denunció que hoy son «únicamente los trabajadores quienes salen a dar explicaciones, mientras empresarios y funcionarios mantienen silencio frente a una situación que se agrava».

Cómo puede actuar el gobierno frente a un paro e interna gremial

En las últimas semanas, la UTA advirtió que «peligra la paz social» desafiando a la Casa Rosada que hoy cuenta con la Ley de Modernización Laboral para desactivar conflictos que tienen alto impacto en la población, como el tema del transporte. Desde la secretaría de Trabajo ven que cualquier posibilidad de paro en los colectivos puede ser desactivado con la denuncia de esencialidad del servicio, que debe garantizar un 75% del transporte.

A esto se agrega la atomización que sufre la conducción del gremio a cargo de Roberto Fernández, cuestionado por distintos sectores que se presentarán como opositores en las próximas elecciones para renovar el consejo directivo. De hecho, el personal del Grupo Dota siempre van a contramano de las decisiones de la conducción de la UTA.

Estado de alerta y paritaria congelada

El sindicato ratificó el estado de alerta y movilización, aunque nunca habló de medidas de fuerza concretas, aunque fue uno de los impulsores de un paro de 36 horas con marcha en la reciente reunión del consejo directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT), aunque sin consenso.

En un comunicado, la UTA recordó que la actualización salarial continúa congelada, con una fuerte pérdida del poder adquisitivo. Apuntó que «el salario no alcanza y las paritarias deben ser realmente libres», dejando entrever una intromisión del Poder Ejecutivo en las discusiones salariales a través del ministerio de Economía.

Subrayó que varias líneas de colectivos permanecen paralizadas por falta de pago de salarios, una situación que «genera conflictos innecesarios y pone en riesgo tanto las fuentes laborales como la continuidad del servicio público«, afirmando que «peligran el salario, las fuentes de trabajo y el sistema de transporte de pasajeros».

El documento detalló que la actividad genera alrededor de 150.000 puestos de trabajo directos e indirectos en todo el país y planteó la incertidumbre que atraviesan diariamente los choferes por no saber si cobrarán sus haberes en tiempo y forma. Sin embargo, declaró que los trabajadores y trabajadoras «continúan cumpliendo con sus tareas a pesar de la inseguridad, el deterioro de calles y avenidas y las dificultades propias de la actividad, mientras deben afrontar compromisos económicos sin garantías de percibir sus salarios en fecha».

El gremio criticó tanto a los empresarios como al Estado

En el reparto de críticas, la UTA cuestionó al Estado por la falta de planificación, diciendo que «solo le preocupan las cuestiones financieras» y que, en algunos casos, favorece situaciones de concentración o monopolio, «lo que termina debilitando aún más al sistema». Fuentes gremiales manifestaron que «los sucesivos cambios en la secretaría de Transporte también son una señal de la falta de políticas para el Estado».

En cuanto a las empresas, las responsabilizó por limitarse a plantear que los recursos «no alcanzan», sin ofrecer soluciones concretas. Al respecto, el gremio dijo: «Queremos saber si es cierto el ‘no alcanza’ y qué tan claro es el Excel». Los voceros expusieron que las patronales «solo exigen una mejora tanto de la tarifa como de los subsidios, sin aportar ningún tipo de ideas a la mejora del sistema».

Frente a este panorama, solicitó transparentar las cuentas del transporte, abrir los números del sistema y convocar a todos los actores involucrados para encontrar una salida que garantice la continuidad del servicio sin afectar a los trabajadores.

Ratificó que «buscamos la paz social y la tranquilidad de todos los actores. Somos protagonistas, no nos rebajemos a meros espectadores».

El mes de junio se acerca a su fin y el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) transita sus últimas jornadas. El cronograma de pagos, que se determina por la terminación del DNI de cada titular y contempla feriados nacionales, organiza la distribución de haberes, asignaciones y bonos extraordinarios para jubilados, pensionados y titulares de planes sociales en todo el país.

La fecha de cobro es clave este mes, ya que junio incluye el pago del medio aguinaldo, un adicional que eleva significativamente el ingreso de quienes están alcanzados por las diferentes prestaciones previsionales y sociales.

Hoy, cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo cuyos DNI terminan en 8 y 9. Este grupo accede al pago de sus haberes de junio junto con el medio aguinaldo, conforme a las fechas establecidas por el organismo previsional.

El 22 de junio inició el período de cobro de la Segunda Quincena para las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento), el cual se extiende hasta el 8 de julio para todos los documentos.

Continúa habilitado el cobro para todas las terminaciones de DNI. El período para acceder a este beneficio comenzó el 8 de junio y se extenderá hasta el 8 de julio.

Hoy, lunes 29 de junio, acceden al cobro los beneficiarios de Progresar cuyo documento finaliza en 6 o 7. Este pago corresponde al mes de mayo y abarca a estudiantes de todos los niveles que cumplen con los requisitos del programa, incluyendo alumnos de nivel obligatorio, superior y formación profesional.

En junio de 2026, la jubilación mínima asciende a $403.317,99 brutos, tras el ajuste del 2,58% por la fórmula de movilidad. Una vez descontado el aporte del 3% al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), el monto neto es de $391.218.

Además, los beneficiarios de la mínima reciben un bono extraordinario de $70.000, vigente desde marzo de 2024, y el medio aguinaldo, que equivale a $201.659 brutos ($195.609 netos). El total bruto del mes para quienes cobran la mínima llega a $674.976,99 ($656.827,67 netos).

La jubilación máxima en junio alcanza los $2.713.948,17 brutos. Tras el descuento de PAMI, el ingreso neto se reduce a $2.563.211. El aguinaldo para este grupo es de $1.356.974 brutos $1.281.605,41 netos), por lo que el ingreso total del mes asciende a $4.070.922,27 brutos ($3.844.816,23 netos).

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) se ubican en $144.932 por cada menor de 18 años o mujer embarazada. De ese total, se abonan $115.945,60 mensuales y se retienen $28.986,40, que solo se liberan cuando el titular presenta la Libreta AUH o la documentación obligatoria en el caso de la AUE. Este mecanismo busca garantizar el cumplimiento de los controles de salud y educación.

Las Asignaciones Familiares (SUAF) para trabajadores en relación de dependencia y monotributistas varían de acuerdo al ingreso familiar. En el primer rango de ingresos, hasta $1.122.074 mensuales, la Asignación por Hijo es de $72.474 y la Asignación por Hijo con Discapacidad asciende a $235.967. Estos montos se abonan por cada hijo registrado en el grupo familiar, y su valor disminuye progresivamente para rangos de ingreso superiores.

En cuanto a las Asignaciones de Pago Único (APU), los valores estipulados para junio son los siguientes:

• Por Nacimiento, el monto es de $84.478;
• Por Matrimonio, asciende a $126.489;
• Por Adopción, se abonan $505.070 en un solo pago. Estos beneficios corresponden a eventos puntuales y se otorgan tras la aprobación del trámite por parte de ANSES.

Este lunes, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscará los últimos USD 100 millones con el Bonar 2028 (AO28), para cerrar el cupo total de USD 2.000 millones y fortalecer la posición del Tesoro frente al pago de USD 4.200 millones a bonistas previsto para el 9 de julio.

De conseguirlo, se acercará a la cifra necesaria, pero quedará un resto que podría saldarse con una operación con el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La nueva colocación del AO28 marca el tramo final de una estrategia financiera que prioriza el uso de recursos propios para afrontar el próximo vencimiento. La decisión oficial establece que, si se alcanza el objetivo de USD 100 millones, se cerrará definitivamente el cupo de este bono en dólares, descartando una ampliación adicional. La Secretaría de Finanzas, que encabeza las licitaciones, ya consiguió el viernes pasado USD 266 millones en la primera vuelta, redujo además la Tasa Nominal Anual al 7,56 %, perforando el 8 por ciento.

Los dólares que Caputo reúna con la emisión del AO28 se depositarán en la cuenta del Tesoro dentro del BCRA. Estos fondos se destinan de manera directa a enfrentar el pago de USD 4.200 millones a los bonistas el 9 de julio, una de las obligaciones más relevantes del calendario financiero argentino para 2026. Hasta el 24 de junio, el Tesoro contaba con depósitos en moneda extranjera por USD 3.604 millones y un saldo de $ 11,7 billones en moneda nacional. La suma de los USD 266 millones ya obtenidos y los USD 100 millones que se buscan eleva el saldo potencial en dólares a USD 3.970 millones.

De esta forma, el Tesoro se posiciona con la gran mayoría de los fondos necesarios para el pago de julio. El monto restante, hasta alcanzar los USD 4.200 millones, podría cubrirse mediante la compra de dólares al BCRA utilizando los pesos disponibles en las arcas del Tesoro. Esta operación permite que la mayor parte del compromiso se atienda con recursos propios, limitando la necesidad de recurrir a financiamiento externo inmediato.

Según adelantó Infobae, el pago a los bonistas de julio se realizará íntegramente a partir de los depósitos del Tesoro. No se utilizarán, para este vencimiento, las garantías gestionadas por Caputo con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que suman USD 2.000 millones y USD 550 millones respectivamente. Estas garantías integrarán la estrategia financiera del Gobierno a partir de julio y hasta diciembre de 2027, con la finalidad de fortalecer la capacidad de respuesta frente a futuros compromisos y necesidades de financiamiento.

El directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), por su parte, tiene previsto debatir el 22 de julio la aprobación de un nuevo desembolso para Argentina, que podría ubicarse entre USD 250 millones y USD 300 millones. Estos recursos se incorporarían al esquema de financiamiento multilateral que el Ministerio de Economía viene consolidando para la estrategia financiera desde julio hasta diciembre de 2027. Para la que ya cuenta con la autorización para poder negociar prestamos con instituciones financieras internacionales por hasta USD 5.000 millones.

Según fuentes del Ministerio de Economía consultadas por Infobae, “dadas las colocaciones que se realizaron y que continuarán hasta la fecha de vencimiento, ya tenemos completado el pago de vencimientos de julio 2026”. El equipo de Caputo también destacó que ese resultado permitirá utilizar el préstamo con garantías de los organismos multilaterales para refinanciar los vencimientos de 2027. “Con lo que el Tesoro ya tiene producto de las colocaciones y lo de las multilaterales, ya tenés completo 26 y 27”, resumieron.

La decisión de no ampliar el cupo del Bonar 2028 refleja la intención de cerrar esta etapa de colocaciones en dólares y de administrar los recursos obtenidos con vistas al cumplimiento de los compromisos inmediatos. El ajuste de la tasa en la última licitación y la obtención de fondos a tasas menores muestran el margen de maniobra que busca preservar la gestión económica actual.

El Tesoro, de este modo, prioriza el uso de sus depósitos en moneda extranjera para atender el pago a bonistas, mientras mantiene como respaldo las garantías internacionales obtenidas a través de organismos multilaterales para lo que viene. El esquema financiero prevé un uso escalonado de estos instrumentos, con énfasis en el manejo responsable de los recursos y la coordinación con el BCRA para eventuales necesidades de corto plazo.