En medio del escándalo por los videos de Jésica Cirio exhibiendo fajos de dólares, Elías Piccirillo presentó este martes un escrito donde volvió a pedir el cese de la prisión domiciliaria, que le otorguen de manera inmediata la libertad y que bajen el monto del embargo trabado en su contra.

Sus abogados, Alejandro Montiel y Fernando Diez, presentaron un extenso escrito ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, al que tuvo acceso TN, donde se opuso “en todos sus términos” al pedido de la querella de ampliar y reforzar las reglas de conducta y adoptar medidas complementarias de control.

Como medida principal, la defensa pidió el cese de la prisión preventiva. Actualmente, Piccirillo cumple su detención en un departamento en Banfield, con acceso a una terraza donde colocó un jacuzzi, una parrilla y una mesa para varios comensales.

La causa contra Piccirillo se inició el 13 de febrero de 2025 y fue detenido el 20 de marzo de ese año. En un primer momento fue alojado en la cárcel de Ezeiza y luego se le concedió el arresto domiciliario con vigilancia electrónica y se le trabó un embargo de $900.000.000.

Los abogados argumentaron que, desde entonces, según los informes de la oficina de monitoreo electrónico y del Servicio Penitenciario Federal, Piccirillo cumplió con todo lo establecido “sin irregularidad alguna”.

Además, destacó la defensa, es “el único de los imputados que permanece sometido a encierro”, mientras los restantes coimputados, incluidos exintegrantes de fuerzas de seguridad, transitan el proceso en libertad.

“La prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva, y se desnaturaliza cuando opera como pena anticipada”, argumentó la defensa, al tiempo que agregó que no existe riesgo concreto de entorpecimiento ni de fuga acreditado y que “el cumplimiento intachable del arresto domiciliario demuestra empíricamente que los fines de la coerción están asegurados por medios menos lesivos”.

“En suma: descontados los adjetivos, la presentación se queda sin un solo hecho. No hay una prueba, no hay un acto concreto, no hay una conducta determinada de mi asistido dirigida a obstaculizar el proceso. Hay conjeturas. Y con las conjeturas no se restringe a nadie”, se lee en el escrito.

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Por todo eso, los abogados pidieron que se revierta la suma del embargo y se tome el depósito judicial de $200.000.000 en sustitución y se levanten las anotaciones sobre los inmuebles.

También que se ordene la devolución de la caución de $100.000.000 de la exención de prisión y se levante la inhibición general de bienes.

Elías Piccirillo, Jesica Cirio, Justicia

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“En boca cerrada no entran moscas” parece ser la estrategia que adoptaron los principales acusados en la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) investigada por lavado de activos, asociación ilícita y defraudación por administración fraudulenta. Los representantes legales de Banfileños S.A. y del Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña no se presentaron a declarar en indagatoria ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora. El juez Luis Armella respondió con una resolución que les fija nuevas audiencias para el 15 de julio, bajo advertencia de que la incomparecencia injustificada derivará en su rebeldía y en la búsqueda a través de la fuerza pública.

No es la primera vez que el silencio se instala en esta causa. En mayo, cuando llegó el turno de Maximiliano Ariel Vallejo —dueño del holding y amigo del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia—, su defensa también intentó esquivar la cita judicial. Sus abogados interpusieron una nulidad de la convocatoria a indagatoria y, ante su rechazo, presentaron una apelación. El argumento era que los tres cargos que pesaban sobre su cliente —lavado de activos vinculado al Fideicomiso Banfileño, la denuncia de ARCA y las operaciones con clubes de la AFA—correspondían a otros juzgados. Vallejo no se presentó el 5 de mayo, tal como informó este medio. La instancia revisora, no obstante, no avaló la estrategia de la defensa y el financista terminó ante el juez el 26 de mayo.

Esa comparecencia, sin embargo, fue acotada. Vallejo entregó un escrito, respondió únicamente preguntas de su propia defensa y cerró su intervención con una frase terminante: “Me declaro inocente y estoy a derecho desde el 1 de diciembre de 2025, no tengo más nada para decir y no voy a contestar preguntas”. En el documento escrito había afirmado: “Rechazo enfática y categóricamente cada una de las imputaciones formuladas en mi contra”. Además, calificó al expediente como una causa “mediática” y no respondió sobre las operaciones con San Lorenzo, Argentinos Juniors, Temperley ni Estrella del Sur, entre otros equipos en los que Sur Finanzas actuó como sponsor u otorgó préstamos a tasas que la justicia califica de usurarias.

El silencio de los demás imputados fue más rotundo. Graciela Beatriz Vallejo, María Fernanda Sena Argis, Bárbara Denise Sena Argis, Gerardo Salvador Carrozza y Daniela Eliana Sánchez se negaron a declarar ante el tribunal. Ese silencio no produce efectos procesales adversos: el artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 298 del Código Procesal Penal de la Nación impiden que sea interpretado como indicio de culpabilidad. Ahora, se suman a esa lista los representantes de las dos personas jurídicas que la fiscal Cecilia Incardona identifica como el núcleo del esquema de opacidad diseñado para reciclar los fondos desviados del club.

Ante la incomparecencia, Armella dispuso nuevas audiencias indagatorias. Lo hizo de esta manera: “Atento a la incomparecencia de los representantes de las personas jurídicas Banfileños S.A. y del Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña, desígnese nuevas audiencias indagatorias para el día 15 de julio de 2026 a las 10:30 y 11:30 hs respectivamente, bajo apercibimiento de en caso de incomparecencia injustificada, se ordenará su rebeldía en el proceso“. Y agregó: ”A tales fines, notifíquese a través de la preventora toda vez que aquellas personas jurídicas no han designado a la fecha, representante ni letrado. Oficíese y hágasele saber que deberán dichas personas jurídicas designar un representante para efectivizar la audiencias fijadas».

Para la fiscal que impulsa la causa la arquitectura del presunto entramado es la siguiente: a Graciela Beatriz Vallejo, madre del financista, la acusación la ubica como integrante de la asociación ilícita y la vincula con 13 firmas del holding, entre ellas Centro de Inversiones Concordia S.R.L., Sur Finanzas Group S.A., Sur Crypto S.A. y Sur Pagos S.A.. Según el expediente, administró fondos por $669.800.081 en el Banco Masventas entre octubre de 2022 y mayo de 2023 y tiene a su nombre un Mercedes Benz GLC 300, un BMW X2 valuado en $49.374.400 y un Alfa Romeo Stelvio Veloce valuado en $96.450.000.

La Fiscalía sostiene que María Fernanda Sena Argis ocupó presidencias en Roma Inversiones S.A., Sur Pagos S.A. y Sur Finanzas Group S.A. con “roles administrativos ficticios” por orden de Vallejo.

Desde esas posiciones, siempre según la acusación, canalizó fondos para comprar al menos 15 vehículos —entre ellos un Audi Q5 valuado en $87.820.000 y un BMW 320i valuado en $39.500.000— y para adquirir la sede central de la firma en Adrogué por $45.000.000. Su hermana Bárbara Denise Sena Argis, presidenta de Cluster Palace Beach S.A., figura en el expediente como pieza para disimular el patrimonio real de Vallejo: a través de esa empresa figuró como titular de un Ferrari California Descapotable valuado en $152.100.000 que la fiscalía atribuye al uso personal del financista. Tras los allanamientos, ese automóvil fue transferido a un tercero; la sociedad también compró tres inmuebles en Adrogué por USD 300.000 y otro en San Vicente por $395.400.000.

Gerardo Salvador Carrozza, vicepresidente de Sur Finanzas Group y Sur Finanzas PSP S.A., está acusado de certificar orígenes falsos de fondos. La imputación menciona $45.000.000 mediante un mutuo ficticio de Roma Inversiones para justificar la compra de la sede de la empresa, $109.800.000 de Graciela Vallejo ante REBA Compañía Financiera presentados como “anticipo de honorarios”, y fondos millonarios del propio Vallejo a través de préstamos cruzados entre firmas investigadas.

Daniela Eliana Sánchez, secretaria privada del financista, enfrenta cargos por encubrimiento y destrucción de pruebas: según la acusación, en la madrugada del 1 de diciembre de 2025 envió instrucciones a la tesorera de la firma para ocultar evidencia pocas horas antes de los allanamientos.

La causa también tiene en la mira a cuatro ex directivos de Banfield. Eduardo Juan Spinosa, ex presidente del club e imputado como jefe u organizador de la asociación ilícita; y su hermano Federico José Spinosa, ex vicepresidente; Ignacio Javier Uzquiza, ex tesorero del club y actual tesorero de la Asociación Argentina de Tenis (AAT); y Oscar Fabián Tucker, ex vicepresidente.

A todos los imputados de la causa se les impuso prohibición de salida del país, retención de documentos de viaje, obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado y restricción para alejarse más de 100 kilómetros de la sede judicial.

La investigación —caratulada “Tucker Oscar y otros s/Estafa e infracción art. 303”— se originó en una denuncia por estafa y lavado de la empresa Auriga League S.A., que le había otorgado al club un préstamo de dos millones de euros que nunca fue devuelto. A partir de ese hecho, la pesquisa de Incardona fue desentrañando un esquema que, según la acusación, operó entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, movió más de USD 108 millones a través de 16 clubes de fútbol y generó una evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos estimada en $3.327 millones, según una denuncia de ARCA. El volumen total de operaciones sospechosas asciende a $818.000 millones.