El Gobierno nacional formalizó la renuncia de Carlos Terrado a la Vicepresidencia Primera del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). La noticia se dio a conocer a través del Decreto N° 1351/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

Con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el documento se dejó constancia de la dimisión del ingeniero Terrado, quien integraba el directorio del organismo descentralizado que funciona bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia.

“Acéptase la renuncia presentada por el ingeniero Carlos Alberto Terrado al cargo de Vicepresidente Primero del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear”, informaron las autoridades. No obstante, no se detallaron los motivos de la renuncia ni informa quién ocupará el puesto vacante.

Terrado había asumido como vicepresidente primero del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) el 1 de marzo de 2024, tras ser designado mediante el Decreto N° 237/2024. Había sido seleccionado para el puesto debido a que es ingeniero nuclear egresado del Instituto Balseiro, ingeniero militar, general de brigada retirado y veterano de la Guerra de Malvinas.

Además de su formación académica, el ex funcionario integraba el Comité Orientador de Seguridad Nuclear del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), instancia encargada de revisar y aprobar documentos vinculados con la seguridad física nuclear.

Entre 2016 y 2019 fue director y vicepresidente de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA). Antes, entre 2010 y 2016, trabajó en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) como especialista en seguridad tecnológica y seguridad física. En ese período participó del proyecto del Reactor Prototipo CAREM y de la gerencia de Área de Seguridad Nuclear y Ambiente.

No obstante, su trayectoria en la ARN se remonta a 1994, cuando el organismo operaba como Ente Nacional Regulador Nuclear (ENREN). Hasta 2010, ocupó los cargos de subgerente de Reactores Nucleares, jefe de la Unidad de Coordinación Técnica y responsable del licenciamiento del Reactor Prototipo CAREM. También intervino en proyectos sobre confiabilidad de sistemas digitales y en la elaboración de normas regulatorias.

En 1997 y 1998 formó parte de un proyecto conjunto con investigadores de los Estados Unidos en el Electric Power Research Institute (EPRI), en Palo Alto, California. Allí trabajó sobre la confiabilidad de sistemas digitales y sobre la verificación y validación de programas informáticos para sistemas de seguridad de centrales nucleares. Como resultado de esa experiencia, publicó en 1998, en Estados Unidos, el Handbook for Verification and Validation of Digital Systems.

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Dos años antes, realizó una capacitación e investigación de seis meses en el Brookhaven National Laboratory, también en Estados Unidos. Su trabajo abordó la seguridad nuclear, la confiabilidad de sistemas tecnológicos, el análisis de fallas de causa común y el análisis probabilístico de seguridad. Durante esa etapa, participó en la revisión de 73 análisis correspondientes a 102 centrales nucleares estadounidenses.

Entre 1991 y 1994, se desempeñó en la Gerencia de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear de la CNEA, donde se especializó en seguridad nuclear, licenciamiento de instalaciones y confiabilidad de sistemas tecnológicos aplicados a la actividad nuclear.

Renunció César Lencina, subsecretario de Ciencia y Tecnología

El comodoro de la Fuerza Aérea César Óscar Lencina renunció a la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología pocos días después de haber asumido el cargo. En su carta de dimisión, cuestionó las condiciones de gestión y atribuyó situaciones de presunto “destrato y desconsideración” a la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Adriana Baravalle.

Según trascendió, Lencina sostuvo que enfrentó dificultades persistentes para cumplir adecuadamente sus funciones. Entre los motivos, mencionó problemas de comunicación y la falta de respaldo institucional para llevar adelante la administración del área.

En la nota dirigida a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, el ahora ex funcionario afirmó que el vínculo laboral y las condiciones de trabajo no se correspondían con su modo de conducción de equipos.

Por este motivo, indicó que decidió apartarse para facilitar una nueva dinámica de trabajo y asegurar la continuidad de la gestión. Aunque la carta expuso sus cuestionamientos a Baravalle, no se conoció una respuesta pública de la secretaria.

El ex funcionario había asumido a fines de septiembre en reemplazo de José Luis Acevedo, quien ocupaba la Subsecretaría desde abril de 2025 y mantenía cercanía con el secretario general de la Presidencia, Diego Santilli.

Antes de llegar al Gobierno, Lencina desarrolló su carrera en la Fuerza Aérea Argentina, con tareas vinculadas a investigación y desarrollo. Es licenciado en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales por el Instituto Universitario Aeronáutico y magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador.

Entre sus antecedentes figuran la conducción de la Base Aérea Militar de Mar del Plata y de la Base Antártica Marambio, además de funciones en el área de Investigación y Desarrollo de la fuerza. Como oficial en actividad, su designación contemplaba la adecuación de su situación de revista conforme a la Ley para el Personal Militar.

Carlos Terrado

El Gobierno descarta reabrir el debate por la derogación del aborto legal y decidió mantener ese debate fuera de la reforma del Código Penal que enviará al Congreso antes de fin de año. En la Casa Rosada sostienen que reabrir la discusión tendría un costo electoral para La Libertad Avanza y que la prioridad es avanzar con el endurecimiento de penas y las nuevas figuras delictivas, pese a los cuestionamientos que Javier Milei mantiene contra la ley vigente y al mensaje que el papa León XIV pronunció durante su visita a la Argentina.

En sectores del Ejecutivo aseguran que la decisión responde tanto a una evaluación política como a la estrategia legislativa. Consideran que existe un consenso social que hace inconveniente volver a discutir la interrupción voluntaria del embarazo en este momento y advierten que incorporar ese capítulo podría perjudicar las perspectivas electorales del oficialismo para 2027. La definición no implica que Milei haya modificado su posición personal sobre el aborto, sino que el Gobierno no quiere convertirla en una iniciativa parlamentaria.

La cuestión fue analizada durante las discusiones sobre el alcance de la reforma penal. Según explican funcionarios que participan de las conversaciones, el aborto quedó excluido desde las primeras definiciones del proyecto porque el Ejecutivo prefiere concentrar el debate en la seguridad y el aumento de las penas. La decisión también influyó en el formato elegido: impulsar modificaciones al Código vigente, en lugar de avanzar ahora con una sustitución integral que obligaría a revisar expresamente el tratamiento penal de la interrupción del embarazo.

Esa distinción tiene consecuencias jurídicas. La Ley 27.610 no se limita a reconocer el acceso al aborto, sino que también modificó el Código Penal para adecuar sus disposiciones al nuevo régimen. En el Gobierno consideran que presentar una reforma integral abriría la discusión sobre si conservar o cambiar esos artículos, incluso aunque la intención inicial fuera abordar otros delitos. Por eso, buscan acotar el alcance de la iniciativa y evitar una controversia que podría desplazar el eje de seguridad.

La decisión se mantiene después de las declaraciones de León XIV del domingo en el Palacio Libertad. Ante Milei, ministros, legisladores, gobernadores y representantes de distintos sectores de la sociedad, el pontífice pidió reconocer la dignidad de quienes todavía no nacieron y sostuvo que la vida debe ser acogida desde sus primeros instantes y protegida hasta su término natural. El mensaje se inscribió en la posición histórica de la Iglesia católica y no incluyó un pedido explícito para modificar la legislación argentina.

En Balcarce 50 evitan interpretar esas palabras como una exigencia dirigida al Presidente. Funcionarios consultados sostienen que el Papa expresó una posición doctrinaria que ya conocían y esperaban, por lo que no consideran necesario responder ni anunciar cambios. La evaluación oficial es que León XIV abordó una agenda amplia sobre dignidad humana, trabajo, pobreza, discapacidad, educación y responsabilidades públicas, sin formular un cuestionamiento específico contra la administración libertaria.

El discurso también incluyó un llamado a reconocer los límites del poder, cuidar las instituciones y buscar acuerdos con quienes piensan diferente. El Gobierno recibió esos planteos sin modificar, por ahora, sus prioridades legislativas. La intención es separar la agenda pastoral del pontífice de las decisiones concretas del Ejecutivo, aunque distintos sectores políticos busquen trasladar sus mensajes al debate parlamentario.

“La verdad es que fue una sensación increíble todo lo vivido desde el comienzo. Nunca pensé que desde un barrio, desde las periferias, podría tener esta enorme bendición de estar cerca del Papa. Fue nerviosismo, alegría, escucharlo, poder participar y entregarle el documento donde estamos representados todos los trabajadores de la economía popular, relató con emoción a Infobae Débora Koraj, referente del barrio popular 12 de Septiembre de Córdoba e integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

En su relato se transmite la emoción que aún la cruza. Por momentos interrumpe la oración. “Perdón, se me hace un nudo en la garganta”, aclara y continúa: “Sentí que nos estaban escuchando. Ojalá el Gobierno haga lo mismo”.

Koraj le hizo entrega al sumo pontífice de un documento elaborado en conjunto con las organizaciones que plantea soluciones para los problemas de su barrio y de la economía popular, uno de los temas que ya fue mencionado por el Papa durante sus intervenciones frente a los fieles, la dirigencia política y empresarial. “Fue como sentir que nuestra lucha por tierra, techo y trabajo no son solamente palabras sino, como decía Francisco, son derechos sagrados”, dijo.

La dirigente social fue una de las integrantes de los movimientos populares que el martes le entregó una carta al papa León XIV en un encuentro que su santidad mantuvo en el marco de una audiencia organizada por la Vicaría de los Pobres. Koraj fue la responsable de compartir la situación crítica de las familias ante la paralización de más de 700 obras de integración sociourbana en todo el país.

Una audiencia después de la Santa Misa ante 800 mil personas

El pontífice celebró una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba ante 800 mil personas y centró su homilía en la vocación a la santidad, el testimonio cotidiano de la fe y la construcción de una patria fraterna y solidaria. Después, ya en la Catedral de Córdoba, expuso: “El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta”.

Fue en ese contexto que Koraj accedió a la audiencia privada junto a otros 19 representantes de sectores populares, quienes le transmitieron de primera mano la coyuntura social que atraviesan los barrios y le entregaron obsequios simbólicos. “Cuando me bendijo sentí que esa bendición era para todos nosotros, para cada vecino y vecina, para cada compañera que pone el cuerpo todos los días. Así que fue una sensación única. Fue muy lindo haber vivido esta oportunidad y esta bendición extraordinaria”, relató Koraj a este medio.

“En ese documento no solamente reafirmamos nuestras luchas de tierra, techo y trabajo, sino también la confirmación del cuidado a la casa común, que lo venimos haciendo entre todos y que vamos a seguir peleando. Me bendijo, le pude tocar la mano”, agregó la dirigente.

El lunes, en un auditorio colmado por dirigentes sociales, sindicales y empresarios, el papa León XIV dejó un mensaje contundente sobre el trabajo durante su visita a la Universidad Católica Argentina. “Tierra, techo y trabajo son exigencias de la justicia social”, sostuvo. Un precepto que a nivel mundial acuñó Francisco, su predecesor.

La realidad de los barrios desde adentro

En 2014, Koraj comenzó a organizarse junto a otros vecinos y vecinas para recuperar un terreno abandonado y construir allí un lugar para sus familias. Desde entonces, el barrio 12 de Septiembre creció a partir de la organización comunitaria, las asambleas y el trabajo colectivo para conquistar el acceso a la tierra, la vivienda y los servicios básicos.

Su compromiso no terminó ahí. Frente a la paralización de las obras de integración sociourbana y el deterioro de las condiciones de vida en los barrios populares, Koraj continúa el trabajo comunitario desde otro lugar: “Hoy coordina el espacio barrial 12 de Septiembre de Vientos de Libertad, un programa del MTE al que llegan jóvenes que buscan dejar el consumo de drogas y reconstruir sus proyectos de vida. Allí encuentran contención, acompañamiento y organización comunitaria para transitar sus procesos de recuperación”, le dijo al Papa a través del escrito. El diputado Juan Grabois, cofundador del MTE, también impulsó las gestiones para que trabajadoras del sector tuvieran un lugar en la agenda de la visita papal.

La carta que Koraj entregó en mano al Pontífice fue elaborada por la Mesa Nacional de Barrios Populares y retoma una frase que el propio León XIV pronunció en octubre de 2025, cuando recibió a movimientos populares en Roma: “La tierra, la casa y el trabajo son derechos sagrados; vale la pena luchar por ellos. El texto también cita la exhortación Magnifica humanitas, en la que el Papa reafirmó tierra, techo y trabajo para todos y mencionó a los movimientos populares entre quienes comparten la responsabilidad por el bien común.

“Querido León, detrás de cada obra paralizada hay familias que siguen esperando el agua, viviendas con riesgo de incendio, vidas en peligro, calles que todavía se inundan y trabajadores de la economía popular que perdieron la posibilidad de seguir construyendo sus propios barrios”, señala la carta, firmada por la Mesa Nacional de Barrios Populares.

Su historia forma parte de una experiencia que se multiplicó en todo el país. En 2016, organizaciones sociales, la Iglesia y habitantes de los barrios populares impulsaron el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que identificó 6.467 barrios donde viven alrededor de cinco millones de personas. Ese proceso derivó en la Ley 27.453, luego reformada por la Ley 27.694, que convirtió el acceso al hábitat digno en política de Estado y fue aprobada casi por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Nación.

Según el documento entregado al pontífice, desde diciembre de 2023 la política de integración sociourbana atraviesa un fuerte proceso de desfinanciamiento. Más de 700 obras que estaban en ejecución se encuentran paralizadas, más de 11.000 mujeres vieron interrumpido el programa Mi Pieza para mejorar sus viviendas, 728 barrios quedaron sin relevar y hay más de 98.000 certificados de vivienda pendientes de entrega. Los vecinos debieron recurrir a la Justicia, que ordenó de manera cautelar la continuidad de la política y suspendió la disolución del fondo que la financia.

“No se trata de una discusión técnica o administrativa, sino que es una ley vigente que se deja de cumplir, son derechos que retroceden, son personas cuyo sueño de vivir mejor quedó afectado”, sostiene el texto de la Mesa Nacional de Barrios Populares.

La carta entregada a León XIV también destaca los avances logrados entre 2019 y 2023: más de 250.000 familias accedieron a conexiones de agua, luz y cloacas; se emitieron más de 870.000 Certificados de Vivienda Familiar; se ejecutaron más de 1.200 proyectos de integración sociourbana en más de 1.000 barrios y más de 250.000 mujeres mejoraron sus hogares a través del programa Mi Pieza, con una reducción del hacinamiento.

“Donde se levantan torres para unos pocos, nosotros levantamos comunidad”

Para Koraj, la integración sociourbana no consiste únicamente en construir viviendas o infraestructura, sino en reconocer la organización de quienes habitan los barrios y son protagonistas de su propia transformación. “Los barrios populares nos organizamos todos los días para cuidar a nuestra comunidad, acompañar a las familias y generar trabajo digno”, sostuvo la dirigente del MTE al ser consultada por los medios de comunicación después del encuentro con su santidad.

En ese sentido, reivindicó el trabajo de las cooperativas de la economía popular, que llevan adelante obras, mejoramientos habitacionales y tareas comunitarias. “La integración -remarcó- se construye casa por casa y cuadra por cuadra, con participación de los propios vecinos y vecinas, lo que garantiza no solo una vivienda, sino también acceso a servicios, escuelas, centros de salud, clubes y espacios de encuentro”, sostuvo.

La referente destacó además la continuidad del compromiso de la Iglesia con las demandas de los movimientos populares: “Nos da esperanza porque retoma una bandera que para nosotros es fundamental: que tierra, techo y trabajo son derechos sagrados”. Y sintetizó la convicción que atraviesa su recorrido: “Donde se levantan torres para unos pocos, nosotros levantamos comunidad”.

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