La Municipalidad de La Plata difundió grabaciones de cámaras de seguridad locales, que muestran cómo manifestantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) entraron al palacio comunal durante las protestas realizadas el pasado viernes 26 de junio. El hecho inició a partir de cambios en el sistema de licitaciones de limpieza urbana y derivó en una denuncia penal, 22 detenidos y siete heridos.

Los registros del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del municipio reconstruyen, de forma cronológica, los incidentes provocados por los militantes del movimiento social, que responden al dirigente Juan Grabois.

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Las filmaciones muestran el momento exacto en el que un grupo de personas forzó los distintos accesos del Palacio Municipal, y se enfrentó con agentes de seguridad locales y efectivos de la policía bonaerense.

Las imágenes dan cuenta de cómo llega un camión de carga con materiales que se usaron durante la protesta y de los manifestantes cuando rompen vidrios laterales del edificio, vitrales del Salón Dorado y aberturas del Concejo Deliberante.

En los videos se ve que los involucrados tiraron elementos varios contra las ventanas y entraron al interior del edificio con bombos y neumáticos, que prendieron fuego en la entrada principal, generando grandes columnas de humo.

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El reclamo del MTE

El conflicto comenzó a raíz de una modificación en el sistema de contratación para los servicios públicos de barrido, limpieza de zanjas, reciclado y corte de pasto. La administración local, a cargo del intendente Julio Alak, llamó a licitación pública los días 10 y 11 de junio, luego de que el Tribunal de Cuentas advirtiera que el municipio no podía continuar con las contrataciones directas bajo apercibimiento de sancionar a los funcionarios involucrados.

Según las autoridades comunales, las distintas cooperativas que operaban en la ciudad adquirieron los pliegos para adaptarse al nuevo esquema, a excepción del MTE, agrupación vinculada a Juan Grabois.

Desde el gobierno local señalaron que el MTE pretendía “mantener una contratación directa de 90 millones de pesos mensuales (más de mil millones al año), que se originó en 2011, incumpliendo sus obligaciones y sin aceptar el nuevo procedimiento de licitación pública para la contratación de tareas de mantenimiento en la ciudad de La Plata”.

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Por su parte, el MTE de La Plata había anunciado las movilizaciones de forma previa y alegó que la decisión municipal afectaba el sustento de 400 recicladores.

A través de un documento, la organización social rechazó la versión oficial y apuntó contra la gestión local: “La municipalidad montó una campaña de persecución política y mediática llena de falsedades. Intentan instalar que nos negamos a competir en la licitación y eso es una mentira absoluta”.

La agrupación afirmó que la protesta se convocó de manera pacífica y que la tensión fue provocada por el cierre de los canales de diálogo y el modo de actuar de los agentes policiales. El comunicado también aseguró que ninguna de las 22 personas detenidas por las fuerzas de seguridad pertenece a su organización.

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La Justicia Nacional del Trabajo ordenó la suspensión inmediata de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y de los artículos 5, 6 y 7 del Decreto 407 que reglamentó esa norma tras una demanda presentada por la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que lidera Hugo Moyano.

En un fallo firmado por el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 30, Herman Mendel, se hace lugar el pedido de Camioneros al considerar que los artículos citados afectan la autonomía colectiva, la libertad sindical, la ultraactividad de los convenios colectivos y el financiamiento de los gremios.

La sentencia impacta en el ámbito del convenio colectivo de trabajo 40/89, con aplicación en el transporte automotor de cargas, a partir del 30 de junio de 2026 y responde a un pedido urgente del gremio ante posibles daños irreparables para los fondos sindicales.

Los puntos suspendidos tienen que ver con la “caja sindical”, es decir, aquellos incluidos en el convenio colectivo que quedaron limitados a partir de la reforma laboral y son, como dice el fallo, “el seguro de sepelio, el subsidio mensual a favor de la viuda, la extensión de la cobertura de obra social, programas de capacitación profesional, actividades sociales y culturales, ayudas asistenciales y prestaciones extraordinarias acordadas en las negociaciones colectivas”.

Según fuentes judiciales, se trató del último fallo de Mendel antes de la renuncia a su cargo, que fue presentada el 22 de mayo y se efectivizó este 1° de julio. El magistrado es el mismo que en marzo pasado frenó el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, incluido en la Ley de Modernización Laboral, al hacer lugar a una demanda de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) contra el Estado Nacional.

La presentación de Camioneros buscó frenar la aplicación de algunos artículos de la Ley de Modernización Laboral y del reciente Decreto 407 al considerar que vulneran principios constitucionales y tratados internacionales, afectando la libertad sindical y el financiamiento de las prestaciones que dependen del convenio colectivo que rige en la actividad del transporte automotor de cargos.

El gremio denunció que los nuevos artículos, al modificar la regulación sobre aportes y recursos sindicales, amenazan con reducir de forma inmediata los ingresos destinados al seguro de sepelio, subsidios para viudas, cobertura de obra social, capacitación, asistencia social y aportes extraordinarios para los camioneros.

El fallo interpreta que la reglamentación de la ley va más allá de la norma que pretende reglamentar: el juez sostuvo que “el Decreto 407/2026 no se limita a reglamentar la ley, sino que altera su contenido, ampliando el alcance del límite previsto por el legislador e imponiendo restricciones no contempladas en el propio texto legal, configurando un evidente exceso reglamentario contrario al artículo 99 inciso 2 de la Constitución Nacional”.

El magistrado detalló que la demanda se basa en dos puntos centrales: el peligro en la demora y la verosimilitud del derecho. Y la prueba, según el fallo, fue contundente. Se incorporaron declaraciones clave, como la del contador Diego Manuel Rodríguez, quien “ratificó íntegramente la información suministrada respecto de la estructura financiera de las entidades sindicales y del destino específico de los recursos provenientes del Convenio Colectivo 40/89”.

Rodríguez explicó que esos ingresos no quedan a libre disponibilidad, sino que sostienen prestaciones sociales directas. Respaldó esta afirmación otro testigo, Mariano Omar Sánchez, al confirmar “la incidencia que tendría la inmediata aplicación de la normativa impugnada sobre la continuidad de tales beneficios”.

La resolución de Mendel concluye que la lesión no es hipotética. Según la sentencia, la entrada en vigencia de las nuevas reglas genera una disminución de recursos, “que no constituye un perjuicio futuro o eventual, sino un daño actual que comenzará a verificarse desde el momento mismo en que las empresas adecuen sus liquidaciones al nuevo régimen legal”.

El juez fundamentó la decisión en el artículo 43 de la Constitución Nacional, así como en diversas normas internacionales que protegen la libertad sindical y los derechos colectivos, como los Convenios 87, 98 y 154 de la OIT y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El juez laboral validó su intervención bajo el criterio de prevenir daños ante situaciones de incertidumbre jurídica, tal como prevé el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La suspensión ordenada por Mendel abarca a todas las empresas y cámaras representadas en el convenio colectivo. Las principales destinatarias notificadas fueron la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), todas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La medida cautelar que favorece a Camioneros estará vigente hasta que el juzgado dicte sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo. La causa seguirá su curso con las pruebas y alegatos de ambas partes.

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El presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Martín Porro, salió a responder públicamente las acusaciones sindicales tras dos jornadas consecutivas de protestas frente a la sede central del organismo en el barrio porteño de Núñez. A través de un tuit, Porro aseguró que no hubo despidos de personal científico ni estratégico y encuadró las bajas como la no renovación de 61 contratos de plazo fijo, todos suscriptos durante 2023 bajo la gestión de su antecesora, Adriana Serquis.

La declaración llegó en un momento de alta tensión institucional. El martes 30 de junio, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) tomó el edificio ubicado en la avenida del Libertador 8250 para denunciar el despido de casi un centenar de empleados. La jornada derivó en incidentes que incluyeron el ingreso de manifestantes al inmueble, el despliegue de refuerzos de Gendarmería Nacional —que custodia la sede por tratarse de una institución estratégica— y la lesión leve de un efectivo en la boca. Este miércoles 1° de julio, los trabajadores volvieron a concentrarse frente al organismo, esta vez sobre la vereda y sin corte de tránsito, en repudio tanto a las desvinculaciones como al operativo de desalojo del día anterior.

En ese contexto, Porro tomó la palabra para fijar la postura oficial. Describió lo ocurrido el martes como un episodio de violencia organizada: “Un grupo de personas fogoneadas por la política decidió violentar la paz con la que trabajamos en nuestra querida institución, pateando puertas, golpeando vidrios, amenazando a compañeros”, escribió en su cuenta. El titular de la CNEA agradeció además la intervención de la Gendarmería y calificó su actuación como profesional.

El eje del descargo de Porro fue la caracterización del personal desvinculado. Sobre un universo de más de 300 contratados, precisó que se decidió no renovar 61 agentes que permanecían bajo la modalidad de plazo fijo, todos incorporados durante 2023. Según el funcionario, esos contratos correspondían “mayoritariamente” a funciones administrativas, y aclaró de manera taxativa: “Ningún operador licenciado, investigador, ni personal especializado fue desvinculado”.

Los datos oficiales aportados por el Gobierno refuerzan esa lectura. De acuerdo con la información difundida, 42 de los 61 contratos no renovados correspondieron a trabajadores con nivel educativo primario o secundario, sin formación terciaria ni universitaria. El vocero presidencial Adrián Ravier había adelantado, horas antes de la toma del edificio, que la estructura de la CNEA se redujo un 57,83%, al pasar de 645 a 272 cargos, en el marco de un programa más amplio de reducción del empleo en la Administración Pública Nacional.

Esa versión choca frontalmente con la del sindicato. ATE sostuvo que las desvinculaciones alcanzaron a “profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado con más de 10 años de antigüedad que sostienen áreas críticas del desarrollo nuclear argentino”, según el comunicado difundido por el gremio. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó las bajas como una “canallada”, invocó el artículo 14 bis de la Constitución Nacional —que garantiza la estabilidad laboral en el Estado— y advirtió que quienes impulsen las cesantías “van a terminar todos presos” si actúan al margen de esa norma.

Una voz que contradice directamente al titular de la CNEA emergió en redes sociales. Paula Alderete, quien se identificó como operadora del único microscopio electrónico de barrido con acreditación en normas ISO 9001 e ISO 17025 del país, le respondió a Porro en el mismo posteo: “Estás mintiendo”, escribió, al tiempo que confirmó haber sido desvinculada pese a su perfil técnico especializado.

Aguiar, en tanto, no descartó nuevas medidas de fuerza y sostuvo que Argentina es uno de los tres países del hemisferio sur con generación de electricidad de origen nuclear, argumentando que el proceso en curso amenaza ese desarrollo. Porro, en cambio, cerró su mensaje con una definición de intenciones: “Estamos buscando potenciar la CNEA, no disminuirla”.

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