La del martes pasado, abrazado al presidente Javier Milei y su sucesor, Diego Santilli, fue la foto clave del último baile de Manuel Adorni en lo más alto del poder. Saludado por los ministros, funcionarios y legisladores –llamó la atención el abrazo y beso con la jefa de los senadores libertarios, Patricia Bullrich, una de las más firmes impulsoras de su salida del Gobierno- Adorni dio las hurras y volvió al extremo bajo perfil que se autoimpuso desde que se iniciaran las pesquisas judiciales y periodísticas en torno a su crecimiento patrimonial.

En los pasillos de la Casa Rosada, los mismos por los que solía circular el ya ex jefe de gabinete, subsisten las dudas sobre el devenir de la causa judicial que lo involucra y una certeza: habrá más capítulos en la investigación judicial que encabezan el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita que involucren a empleados bajo su mando en los dos años y medio en los que Adorni fue sucesivamente vocero presidencial, candidato a legislador porteño y jefe de gabinete. Viejos conocedores del movimiento en despachos y oficinas dan fe de al menos una reunión, días antes de terminar su mandato, entre Adorni y varios empleados, varios de ellos con sueldos más que modestos, pero vinculados con las idas y vueltas habituales de Balcarce 50. Nadie sabe, ni quiere saber, el contenido de esos diálogos con empleados de bajo rango, convocados por Adorni a su oficina en la planta baja de la Casa Rosada, la misma que hoy utiliza Santilli.

Quienes conservan un buen recuerdo del jefe de gabinete en la Casa de Gobierno sostienen que sólo se trató de cálidos encuentros en modo despedida, aunque los mal pensados suponen otro tipo de intercambios, destinados a mejorar (o al menos, a no empeorar) su situación judicial. Lo cierto es que la lista corta que hasta ahora conforman la ex secretaria de Adorni, Gisela Kocsis; el entonces coordinador de Información de Gobierno, Luis Enrique Ajulu; y la directora general de Actividades Presidenciales, Laura Schiuma, empleados cercanos al ex jefe de gabinete y que le prestaron a Adorni su tarjeta para realizar compras personales (y lo declararon en sede judicial) podría ampliarse en los próximos días y semanas, abriendo un panorama judicial hasta ahora incierto.

Ritondo, “rodeado de macristas” en la jura de Santilli

Contento por el crecimiento de su amigo y socio político desde hace tres décadas, Cristian Ritondo disfrutó en los últimos días del ascenso de Diego Santilli a la jefatura de gabinete. Al jefe del bloque de diputados de Pro se lo vio sonriente y distendido en la Casa Rosada, mientras Santilli se preparaba para jurar ante el presidente Javier. Tan relajado estaba Ritondo que varios testigos escucharon su voz aguardentosa, desde la cuarta fila de asientos en el salón Blanco, con una broma de alto contenido político.

“Al final, el único de La Libertad Avanza soy yo, los demás son de Pro”, bromeó Ritondo, ante la risa de los ocupantes de las primeras filas, entre quienes se encontraban Federico Sturzenegger, Luis Caputo, Santiago Bausili, Patricia Bullrich y Pablo Quirno, entre otros funcionarios con pasado macrista. “Para el Pro es muy importante que Diego esté ahí”, dijo Ritondo al término del acto, como para aclarar que, a pesar de su cercanía con el nuevo jefe de gabinete, sigue en el equipo amarillo.

La UCR da batalla desigual contra Gildo Insfrán en Formosa

“A partir de hoy comienza la cuenta regresiva para que termine el gobierno de Gildo Insfrán”, se entusiasmó el presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonardo Chiarella, ante el esperanzado aplauso de una platea afín. El sábado por la noche, Chiarella estuvo en la asunción de las nuevas autoridades del radicalismo formoseño, dispuesto a darle batalla al eterno gobernador peronista, que cumple el año próximo cuatro décadas ininterrumpidas en el poder formoseño y no tiene pensado retirarse.

Entre sándwiches de pata de ternera, los radicales eligieron a la diputada provincial Agostina Villaggi como la nueva titular partidaria en el feudo de Insfrán, aunque como era de esperar el recambio tuvo nulo eco en los medios locales. Parte de una oposición dividida, y en muchos casos con lazos con el veterano caudillo, el radicalismo apuesta a la Corte Suprema, que tiene en sus manos el planteo que hizo Villaggi contra la reelección indefinida del gobernador, que Insfrán hizo aprobar el año pasado.

Revuelo y tarjeta roja en el PJ entrerriano

El peronismo de Entre Ríos vive momentos turbulentos. El veterano intendente de la localidad de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, había denunciado que lo querían “expulsar del Justicialismo por criticar a la conducción y pedir elecciones partidarias limpias, pero no expulsan a (Edgardo) Kueider”, comparó Rossi en X, en referencia al exsenador entrerriano, que fue detenido en Paraguay con más de 200 mil dólares sin declarar.

El año pasado, Rossi había denunciado aportes ilegales para la campaña interna y había apuntado a la conducción. Sin embargo, las quejas y las denuncias no frenaron la decisión. El Congreso Provincial del PJ terminó por expulsar, días atrás en un congreso realizado en Paraná, al intendente junto a otros dirigentes, que replicaron que fueron echados “por denunciar la corrupción”.

El castigo de los jefes del partido al intendente profundizó el revuelo interno. “Un peronista no puede ponerse con una tarjeta roja o amarilla en la puerta del partido”, cuestionó el exdiputado Marcelo Casaretto, pre candidato a gobernador en 2027, en tono futbolero. La crisis peronista en tierras entrerrianas todavía está lejos de desaparecer.

Ravier con “pesada herencia” y pocos lectores en La Pampa

Pasado su debut como portavoz presidencial –tuvo su primera conferencia de prensa en Casa Rosada el martes pasado- Adrián Ravier proyecta sus días de trabajo, aunque desde su pago chico, La Pampa, llegan noticias no del todo cómodas. El juez federal Juan José Baric no aprobó el balance partidario de 2024 y abrió una causa penal a la pasada conducción de La Libertad Avanza, hoy encabezada por el propio Ravier en La Pampa.

Si bien Ravier tomó la conducción recién el año pasado, la novedad podría complicar la recaudación para la campaña de 2027, en la que el portavoz presidencial es número puesto como candidato a gobernador.

Concentrado en difundir lo que considera logros del Gobierno en la economía, el portavoz dedica parte de su tiempo a difundir el libro escrito junto al presidente Javier Milei, titulado La batalla por la macroeconomía, editado por la Fundación Faro. Curiosamente, un “sorteo mundialista” de su libro organizado días atrás por la Juventud Libertaria de La Pampa a través de las redes sociales “no tuvo ganadores”, según informaron en un posteo los propios jóvenes libertarios, aunque días más tarde retiraron esa información de la red Instagram.

“La prioridad es la reelección del Presidente”. Esa es la orden que recibieron los legisladores de La Libertad Avanza la semana pasada y con esa premisa en mente el oficialismo buscará reactivar el tratamiento en el Senado de la reforma política, proyecto de ley cuyo corazón, y casi única razón de ser, es la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para que Karina Milei pueda seguir digitando las candidaturas del oficialismo desde la Casa Rosada.

Sin embargo, los votos para aprobar el proyecto no están. ¿Por qué? Porque gran parte de la oposición dialoguista no quiere saber nada con eliminar una herramienta que el año próximo podría servirles para ordenar frentes electorales integrados por espacios de diferentes extracciones ideológicas e idiosincrasias políticas.

La información no es nueva: la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich (Capital), se la comunicó a la mesa política del Gobierno hace ya más de un mes. Ahora, la misión de obtener los votos pasó a manos del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien la semana pasada, en su primera incursión en la Cámara alta como reemplazante de Manuel Adorni, se llevó la misma impresión que la exministra de Seguridad viene transmitiendo a la Casa Rosada.

Para aprobar una ley de reforma del sistema electoral, la Constitución Nacional exige el apoyo de la mayoría absoluta (mitad más uno de la totalidad de sus miembros) en cada ala del Parlamento. En el caso del Senado, implica el voto afirmativo de 37 senadores.

La cifra parece fácil y accesible, pero no lo es; sobre todo cuando el punto de partida para llegar a esa meta son 21 legisladores, que es el número de integrantes de la bancada oficialista en el Senado.

En otras palabras, el Gobierno necesita del apoyo de otros 16 senadores de fuerzas tan heterogéneas como la UCR, Pro y una miríada de pequeños bloques conformada por fuerzas provinciales y peronistas díscolos.

Hoy, a más de 70 días de que el Poder Ejecutivo enviara el proyecto al Senado, la eliminación de las PASO sigue encontrando fuertes resistencias en la UCR −Carolina Losada (Santa Fe) y Maximiliano Abad (Buenos Aires) llevan la voz cantante del rechazo−, y en Pro. Sin estos bloques, y con el kirchnerismo casi en su totalidad en contra, no hay apoyo de fuerzas provinciales que alcance. Ahí está la clave.

Bullrich viene chocando con ese muro desde hace más de un mes. Sus negociaciones con los bloques dialoguistas en la Cámara alta parecen haber alcanzado una frontera que, hasta el momento, se mantiene infranqueable.

Santilli probó una pequeña dosis de esa medicina el último miércoles, cuando se sumó a una reunión organizada por Bullrich con la oposición dialoguista para que funcionarios de la Secretaría de Energía le expliquen las bondades del proyecto de ley de zonas de frías, iniciativa que recorta subsidios al gas en regiones del país y que ya fue aprobada por la Cámara baja. Considerada prioridad por la Casa Rosada, esta iniciativa también es resistida en el Senado.

Cuando le consultó, a la salida del encuentro, si se había hablado sobre la reforma electoral, el semblante del jefe de Gabinete viró de la sonrisa de político en campaña a la seriedad de los temas ríspidos. “Esa es otra reunión que vamos a tener más adelante, hoy no se tocó el tema”, respondió, lacónico.

Todo indica que la última instancia que le queda a la Casa Rosada es convencer a gobernadores para que ordenen a sus senadores votar la reforma.

En realidad, las gestiones de Santilli en este tema no son nuevas. Como ministro del Interior ya tuvo contactos con varios mandatarios provinciales para tratar de convencerlos de que ordenen a sus legisladores que voten la reforma. Es más, llegó a ofrecer la posibilidad de que puedan usar listas colectoras para las categorías de legisladores nacionales. Hasta ahora, no obtuvo resultados. Resta ver si la resolución de la crisis provocada por el exjefe de Gabinete Manuel Adorni y sus correrías patrimoniales ayuda a cambiar el panorama.

Ficha limpia, un obstáculo

Como si fuera poco, el oficialismo debe hacer frente a una suerte de spin off de la reforma política, como es la exigencia de algunos bloques políticos, encabezados por el jefe de Pro, Martín Goerling (Misiones), para tratar por separado, como si fuera otro proyecto, los artículos de la iniciativa que buscan establecer el concepto de ficha limpia en el régimen electoral.

La denominada ficha limpia es la prohibición para postularse como candidatos o participar en cargos del Poder Ejecutivo a aquellos dirigentes que cuenten con una condena confirmada en segunda instancia judicial. Un proyecto de similares características fracasó a pocos pasos de convertirse en ley en el Senado en mayo del año pasado como consecuencia del voto contrario de los dos legisladores de Misiones que responden al exgobernador Carlos Rovira.

En usinas radicales y macristas siempre se sospechó que esos dos votos que voltearon el proyecto respondieron a un pedido de la Casa Rosada, que nunca soportó el concepto de la ficha limpia. Es más, saben que la idea fue incorporada por Milei en este proyecto de reforma electoral integral como una zanahoria para que voten la eliminación de las PASO.

Para deshacer esa trampa es que Goerling, acompañado por radicales y algún que otro peronista díscolo, viene reclamando que el tema se trate por separado. Tironeada por Karina Milei, que no quiere darle el gusto a la oposición, Bullrich intenta resistir como puede sin romper los puentes que mantiene con los bloques aliados y dice que está dispuesta a tratar ficha limpia por fuera de la reforma, pero con la condición de que ambas iniciativas se traten y se aprueben en la misma sesión.

Por el momento, los deseos de Bullrich y de la Casa Rosada parecen lejos de poder hacerse realidad. Los votos no están y la cuenta regresiva para aprobar una reforma electoral ya empezó a correr.