El canciller alemán Olaf Scholz llegará a Buenos Aires mañana, dos días antes de lo previsto originalmente, como parte de una visita a Sudamérica en la que se entrevistará con Alberto Fernández y que tendrá como eje central un encuentro con el presidente de Brasil.

La estadía en la Argentina de Scholz, el sucesor de Ángela Merkel, durará menos de 24 horas y se da en un contexto de tensión evidente, luego del reclamo de la delegación alemana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, centrado en las “presiones e intimidaciones” a los jueces e investigadores y en la necesidad de cubrir vacantes claves en el andamiaje institucional argentino.

La preocupación fue compartida, días atrás, por los Estados Unidos, a través de voceros del departamento de Estado, y se manifestó también ayer en una reunión reservada de delegados políticos de la Unión Europea, según contaron a dos participantes de ese encuentro. Con matices, distintos delegados se mostraron en alerta ante el inicio del juicio político contra la Corte en la Cámara de Diputados y la retórica hostil que comparten el Presidente y su vice, Cristina Kirchner, condenada el mes pasado por corrupción.

El lunes, un rato después del informe del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, en el que denunció “lawfare” y sostuvo que hay una “persecución judicial” contra la vicepresidenta, Alemania cuestionó en la ONU la injerencia política sobre el sistema judicial argentino.

“Alemania expresa su preocupación por los intentos de ejercer influencia política en el sistema de Justicia. Alemania en ese sentido recomienda que se fortalezca la independencia judicial y se proteja a jueces e investigadores ante presiones e intimidaciones. Recomienda además trabajar activamente con la oposición para cubrir los puestos vacantes en la procuración general, la Corte Suprema y la Defensoría del Pueblo”, leyó la diplomática Ann-Jasmin Krabatsch, que representó a su país en la audiencia.

Desde la delegación alemana en Buenos Aires evitaron hacer comentarios a al respecto, horas antes de la llegada de Scholz. Pero trascendió de fuentes cercanas que no se trata, por cierto, de una casualidad y que el informe “quirúrgico” es una muestra de que el gobierno alemán sigue con atención la pelea entre el Gobierno y la Justicia.

No fue ese el único cuestionamiento internacional que recibió el Gobierno. Durante la sesión en Ginebra hubo otros dos estados que aludieron a la necesidad de garantizar la independencia judicial en la Argentina (Eslovaquia y Chile), mientras que otro –Suecia– presentó una pregunta escrita a la delegación que encabezó Pietragalla en la que aludió a “la creciente preocupación de organizaciones independientes” sobre la injerencia política en la Justicia. Bolivia fue el único país que respaldó la denuncia kirchnerista sobre el lawfare (y añadió un reclamo para liberar a la dirigente jujeña Milagro Sala).

La semana pasada, y a través de voceros del Departamento de Estado, Estados Unidos llamó a “respetar las instituciones democráticas y la separación de poderes” en el país luego de que el presidente Alberto Fernández escaló su enfrentamiento con la Corte Suprema al impulsar un juicio político en el Congreso a todos los integrantes del máximo tribunal. “Estamos al tanto de estos informes. Hacemos un llamado a todos los actores en la Argentina a respetar las instituciones democráticas y la separación de poderes”, afirmó el funcionario norteamericano.

Alerta de Human Rights Watch

La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) había alertado a principios de enero en su Informe Anual 2023 que la retórica hostil hacia los jueces por parte de las autoridades argentinas, las demoras en la designación de jueces y de otras autoridades de alto nivel -como el Procurador General o el Defensor del Pueblo- y la corrupción, presente también en el Poder Judicial, “han socavado de forma progresiva el Estado de derecho”. Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de HRW, dijo a que el impulso a un juicio político era un “gravísimo ataque a la separación de poderes”.

A ellos se suma la reunión de delegados políticos europeos, este jueves en la sede porteña de la UE, en la que distintos diplomáticos europeos coincidieron -según testigos- en que “es la República lo que está en juego” y en la importancia de “sostener la independencia del Poder Judicial” en el país.

Desde el Gobierno minimizan las críticas de Alemania en Ginebra. Y apuntan a la importancia de la reunión entre Scholz y Fernández, la tercera si se cuenta el encuentro a solas en Berlín, de abril pasado, y el de Munich, durante la reunión del G7, al que Fernández llegó como presidente pro témpore de la Celac. Destacan además que una importante delegación de empresarios acompañará al sucesor de Merkel, ansioso por reafirmar la “alianza estratégica” con la región y conseguir abastecimiento energético, limitado al máximo por su férrea oposición a la invasión ordenada por Vladimir Putin a Ucrania.

El domingo por la tarde, ya fuera del país, Scholz será recibido por el presidente de Chile, Gabriel Boric, en el Palacio de la Moneda. Será un paso previo a su encuentro del día siguiente con el presidente Lula, en el final de un paso veloz pero significativo que comenzará en Buenos Aires, lugar en el que la preocupación alemana por el ataque kirchnerista a la Corte podría formar parte de las conversaciones.

En la ronda electoral del año que viene, el riesgo de la polarización y la incertidumbre del péndulo puede ser mayor que lo esperado. El orden macroeconómico que hasta ahora logró el Gobierno parece alejar ese riesgo, pero no necesariamente. Primero, porque no está claro que la derechización que se inició con la Argentina de Javier Milei en 2023 sea un proceso cumplido y asentado, cuya reproducción esté garantizada en una eventual reelección en 2027. La polarización es un riesgo eterno. Segundo, porque a esa duda se superpone un patrón electoral que se viene repitiendo en América Latina: la dificultad de los oficialismos para reelegir, sea de izquierda como de derecha. Tercero, porque no está claro el impacto de la elección de medio término en Estados Unidos si llega a perder Donald Trump, y el impacto en la estabilidad de la derecha transnacional: son tiempos de aceleración de los procesos globales.

El aleteo de una mariposa agita cambios impensados a un ritmo hiper globalizado en su efecto contagio: Trump es la pieza central de la naturalización de la derecha de nuevo cuño, Milei entre ellas. ¿Debilitado el enclave Trump, se debilitará el sistema de derecha como en efecto dominó? ¿El mundo según Trump llega a su fin? La cuestión es si el electorado de Estados Unidos agotó o no su paciencia con la discrecionalidad trumpista, o todavía le da margen. El episodio mundialista de la tarjeta roja anulada es la última excentricidad del sistema Trump capaz de romperlo todo. Trump reducido a una fuerza de destrucción que ya no alcanza la etapa creadora. El capricho del poder como modus operandi.

Ayer, los anuncios del equipo económico se movieron dentro de la rigidez de esa cancha electoral polarizada, al menos de miedos polarizados, con telón de fondo regional y global desafiante. Luis Caputo presentó un plan financiero con un objetivo claro: reducir al mínimo las chances de shocks externos, pero sobre todo internos, es decir, políticos, en la paz mileísta de 2027. La palabra clave es “blindaje electoral”. Si en años de incertidumbre electoral a los argentinos les preocupa el dólar, Caputo aseguró tener los dólares suficientes para cubrir las obligaciones financieras hasta después de la elección presidencial.

La polarización que conviene

Pero los riesgos electorales son estructurales. 2027 es sinónimo de incertidumbre porque a la Argentina le falta alcanzar una conquista esencial: un modo sostenible de polarización. Una polarización que conviene, es decir, que haga correcciones en los márgenes de la visión de país, pero que mantenga un núcleo duro de racionalidad sin importar en cuál extremo del péndulo se encuentra. El problema no es tanto la polarización, sino la calidad de los polos.

En ese caso, el modelo puede ser Uruguay. Lo sintetiza bien el doctor en Ciencia Política Andrés Schipani: una opción de izquierda que logró “reformas igualitarias y capitalismo vibrante”. Su análisis pone el foco en el Frente Amplio, la izquierda uruguaya, y la figura de Tabaré Vázquez. Entre 2005 y 2020, el polo izquierdo del péndulo uruguayo gobernó con una mezcla única de racionalidad macroeconómica y políticas igualitarias. En ese período, el salario real creció un 62,5 por ciento sin crisis inflacionaria y la pobreza bajó del 32,5 al 8 por ciento. Al mismo tiempo, se mantuvo una política macroeconómica con estabilidad cambiaria, inflación y déficit relativamente bajos; hubo autonomía del Banco Central; se fomentó activamente la inversión privada. Con la izquierda uruguaya en el poder, explotó, en palabras de Schipani, la inversión extranjera directa: entre 2008 y 2018 estuvo entre los tres países de la región que más inversión extranjera directa recibieron. Respecto del PBI, la inversión extranjera pasó del 2,7 por ciento entre 1997 y 2007, al 5,1 por ciento entre 2008 y 2018. Entre 2005 y 2015, Uruguay tuvo una de las dos tasas más altas de crecimiento de la región: 4,5 por ciento promedio anual.

El péndulo corrido al extremo izquierdo, pero de una izquierda con racionalidad macroeconómica, y con resultados capitalistas y distributivos palpables. Es decir, una polarización razonable con consensos macro de extremo a extremo.

En cambio, disipada la niebla política del caso Adorni, la Argentina se vuelve a enfrentar con su destino sudamericano, que no es el uruguayo. El escenario electoral 2027 está aquí y mete presión con el riesgo de un nuevo envión en sentido opuesto del péndulo argentino más temido. Una especie de condena estructural a una alternancia en continuado entre los extremos de una polarización inevitable, un peronismo pro déficit y de pretensión distributiva versus un no peronismo pro racionalidad macro. El primero ya dio pruebas contundentes de su fracaso; el segundo todavía tiene que demostrar sus logros plenos: faltan piezas de la maquinaria macro, que todavía no están aceitadas, y la parte del beneficio para todos, el éxito en el bolsillo de la gente. En la versión mileísta, la maquinaria macro debería completarse con justicia social indirecta, es decir, sin distribucionismo ni desarrollismo de Estado. Ese hueco es la oportunidad sobre la que podría colarse el polo opuesto.

“Falta que el crecimiento llegue a los ciudadanos de a pie, al comercio de la esquina”, reconoció Diego Santilli el fin de semana, desde su recién estrenado sillón de jefe de Gabinete. Toda una señal de la narrativa del Gobierno en la nueva etapa que encara hacia 2027: el fin de la negación de las deudas pendientes de su visión económica, y el reconocimiento del esfuerzo sostenido de la gente, a la que tiene que darle respuestas económicas si quiere tener chances electorales.

Trump y la otra “extracción”

Entre los shocks externos está la suerte electoral de Trump este año. Trump inauguró 2026 acuñando un término geopolítico: “extracción”. La operación quirúrgica que acabó con Nicolás Maduro preso en Estado Unidos terminó de enterrar una época de gobernanza internacional basada en el diálogo multilateral y la diplomacia como un mecanismo clave. Un tejido inter Estados reemplazado por la discrecionalidad y la voluntad política y de acción de un solo Presidente. Una operación efectiva para resolver el problema Maduro, pero que todavía deja pendiente el problema Venezuela.

El fin de semana, el modo Trump expandió sus horizontes y se metió con el universo del fútbol. La escalada parece superficial, pero no lo es: implica una alteración de las lógicas de una institucionalidad futbolera mundial más estable aún que la de los Estados nacionales que compiten en la Copa del Mundo. Trump “extrajo” la tarjeta roja a Folarin Balogun, el capitán de la selección de Estados Unidos, sin molestarse en disimularlo y sin pretender dar buenos argumentos: “No sabía qué demonios era una tarjeta roja”, dijo, sin vueltas, en una presentación pública donde reconoció el llamado a la FIFA para presionar.

La jugada desvergonzada de Trump también implicó la intervención de un mercado como el del fútbol que mueve millones basados en una regla: que la competencia mundialista se da dentro de las leyes de la meritocracia deportiva. El fútbol tiene historias de arbitrariedades comprobadas o sospechadas, pero no un caso de injerencia a cielo abierto del Presidente del hegemón global. Un cambio de época.

Con esa movida, la locura política de Trump impacta en la emoción de millones de personas en todo el mundo: un ataque a un componente central de la política, la emocionalidad de la gente. Lo que parece permanente se resquebraja a toda velocidad: con la jugada de Trump para eliminar la tarjeta roja, la arbitrariedad trumpista alcanzó escalas globales y emocionales no calculadas. En noviembre, el sistema Trump, cada vez más expuesto como una trama de discrecionalidad en todos los frentes, será puesto a prueba en las urnas. Las encuestas no lo acompañan.

Hoy, la discrecionalidad de Trump cuenta a su favor con un requisito político: mayorías republicanas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. El Congreso de Estados Unidos casi como una escribanía trumpista. En noviembre, tiene que reproducir esas mayorías. No es fácil, sobre todo con un legado ya en su haber. Para el oficialismo, la Cámara de Representantes es el componente crítico en una elección de medio término: desde 1938, de las veintidós elecciones legislativas realizadas, los oficialismos perdieron veinte elecciones. Los dos triunfos, según un análisis de Brookings Institution, el respetado think tank con sede en Washington, se dieron en circunstancias excepcionales: en 1998 y en 2002, con Bill Clinton y con George W. Bush como presidentes, ambos con una imagen positiva altísima luego del intento de impeachment en el caso de Clinton y del atentado a las Torres Gemeles, en el caso de Bush.

El nivel de aprobación de la gestión del presidente es, precisamente, la otra variable predictiva: a mayor aprobación, menor la pérdida de representantes que sufre el oficialismo. Ni la historia electoral ni la imagen positiva, muy baja, de Trump auguran, al menos hoy, un buen desempeño. Según The Economist, la aprobación de Trump muestra un neto negativo de 21 puntos. El 59 por ciento lo desaprueba; el 37 por ciento lo aprueba; el 5 por ciento no sabe. En el manejo de la inflación, el neto negativo es de 43 puntos, el menor de su mandato.

La cuestión es si en 2027, en la Argentina, acelera la opción Milei o recrudece el riesgo de un peronismo pro déficit, el polo más complejo, alejado de la racionalidad del polo de izquierda uruguayo. Hoy, Milei tiene una batería de antídotos para resistir el movimiento del péndulo al extremo contrario. Uno de ellos es una gradual recuperación de la agenda política y legislativa y de la narrativa pública: con la poda del caso Adorni, ahora diputados y senadores libertarios se animan a hablar en público y los ministros dan conferencias de prensa. Así fue ayer con Luis Caputo y el equipo económico: llegó la hora de recuperar la palabra y controlar la conversación. Los logros económicos de las últimas semanas, inflación otra vez a la baja y riesgo país en caída, justifican que la economía esté en el eje de esa estrategia.

El otro antídoto es la dispersión de la opción extrema, el perokirchnerismo. Pero nada augura que esa interna sin conducción no logre unificarse en 2027. Puede no asumir la ambición, casi imposible, de construir una oferta electoral con chances de gobernabilidad sostenible, pero sí con chances de llegar al poder. La incertidumbre es alta. Hasta Trump juega.