POLITICA
En medio del Mundial, el FBI y fiscales federales de Estados Unidos empezaron a investigar los negocios de la AFA
Mientras Claudio “Chiqui” Tapia permanecía en la concentración de la Selección argentina en Miami, en las horas previas al partido de los octavos de final del Mundial frente a Cabo Verde y antes de cumplir con una de sus habituales cábalas —la foto con Lionel Messi antes de cada encuentro—, en una dependencia federal de esa misma ciudad se producía un movimiento que puede marcar un punto de inflexión en el escándalo por el manejo de los fondos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que involucran una cifra superior a los 300 millones de dólares.
Según pudo confirmar Infobae, agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos citaron a declarar al empresario Guillermo Tofoni, denunciante de la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA. La reunión —de acuerdo con lo que reconocieron fuentes con acceso al caso— fue presencial, se extendió durante algo más de dos horas y formó parte de una investigación preliminar más amplia que las autoridades federales llevan adelante para determinar si las operaciones realizadas por la entidad madre del fútbol argentino mediante bancos y sociedades radicadas en Estados Unidos pueden haber configurado delitos bajo jurisdicción norteamericana.
La existencia de este paso clave en la investigación sobre el destino de los fondos multimillonarios del fútbol argentino fue anticipada este martes por el diario La Nación. Infobae pudo confirmar esa información con fuentes vinculadas al caso y reconstruyó otros detalles de un caso que podría tener nuevos pasos de altísimo impacto. La relevancia de la noticia cobra un espesor singular porque se da mientras Tapia y la cúpula de la AFA permanecían en Estados Unidos acompañando a la delegación argentina durante el Mundial.
“¿Podría ser convocada alguna personalidad de la AFA?”, preguntó Infobae a una de las fuentes consultadas para esta nota. “Y… están todos acá”, respondió el interlocutor. Más allá de la especulación, Tapia está en los Estados Unidos, después de un permiso que el juez Diego Amarante le otorgó, debido a la prohibición de salida del país que se le impuso en la causa por presuntos desmanejos con los fondos tributarios y previsionales por más de 19.000 millones de pesos.
Quiénes encabezan la investigación en Estados Unidos
Lo cierto es que la investigación en los Estados Unidos está a cargo de tres fiscales federales con experiencia en delitos económicos y financieros. De acuerdo con la información difundida por La Nación y confirmada por Infobae, los responsables de desentrañar si existe un caso federal son Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington DC, y Michael Berger, integrante de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida. Gushue integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y dirige el Programa Piloto de Recompensas para Denunciantes Corporativos. Ting integra el Departamento de Justicia, tras desempeñarse en el estudio Latham & Watkins, con especialización en investigaciones financieras. Berger, por su parte, actuó como abogado litigante senior en causas complejas de lavado de activos.
Las medidas adoptadas hasta ahora no implican la existencia de imputaciones ni de una causa penal formal. Los investigadores se encuentran en una etapa preliminar destinada a reconstruir el circuito financiero de las operaciones internacionales de la AFA, identificar a los actores que intervinieron y establecer si existen elementos suficientes para avanzar hacia una investigación criminal bajo la legislación estadounidense.
El momento elegido para la citación resulta particularmente significativo. Mientras los investigadores federales comenzaban a tomar testimonios, Tapia seguía de cerca la participación de la Selección argentina en el Mundial junto a dirigentes y colaboradores de la AFA. De acuerdo con lo que pudo precisar Infobae, también permanecía en Estados Unidos Javier Faroni, empresario teatral y propietario de TourProdEnter LLC, la sociedad que administró durante los últimos años el cobro de contratos internacionales de la AFA.
La citación se dio, además, un día después de la declaración: la Selección que conduce Lionel Scaloni derrotó por 3 a 2 a Cabo Verde en tiempo suplementario y avanzó a la siguiente ronda del Mundial. Mientras el plantel celebraba la clasificación, la investigación sobre el manejo de cientos de millones de dólares vinculados al fútbol argentino daba un salto institucional de enorme relevancia.
El seminario en Miami y la respuesta pública de la AFA
La citación de Tofoni no fue un episodio aislado. Ocurrió apenas horas después de un hecho que hasta entonces había pasado relativamente inadvertido y que hoy adquiere otra dimensión.
El miércoles, en el Trump National Doral Miami —un lugar simbólico para la política estadounidense— el Interamerican Institute for Democracy organizó el seminario “Fútbol, corrupción y justicia”, dedicado exclusivamente al denominado AFAgate. Del encuentro participaron periodistas de investigación, especialistas en transparencia, dirigentes y denunciantes que expusieron sobre las operaciones financieras detectadas en Estados Unidos alrededor de TourProdEnter, la empresa que administró los ingresos internacionales de la AFA.
La conducción de la AFA decidió responder públicamente a esas acusaciones. Para ello envió al encuentro a Tomás N. Regalado, presentado como embajador de la entidad para Estados Unidos y América del Norte, y al abogado penalista Mariano Lizardo, que defiende al mandamás del fútbol, “Chiqui” Tapia.
Durante su exposición, Regalado sostuvo que las medidas de investigación “por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad” y reclamó que cualquier controversia sea resuelta por los tribunales competentes. Pero una de las frases que más llamó la atención fue la referencia al propio escenario donde se desarrollaba el debate.
“¿Por qué esta conversación tiene lugar acá, en este hotel?”, preguntó, en alusión al Trump National Doral Miami, propiedad de la organización empresarial del presidente Donald Trump. El representante de la AFA insistió en que el ámbito adecuado para discutir las denuncias era la Justicia argentina y no un foro académico o periodístico realizado en Estados Unidos.
Mariano Lizardo fue todavía más enfático. El abogado cuestionó duramente a los denunciantes y sostuvo que parte de la información utilizada en las investigaciones provenía de procedimientos judiciales que, según su interpretación, estaban siendo empleados con un alcance distinto del originalmente autorizado.
“Se ha traído a la ciudad de Miami lo que no se puede hacer en la República Argentina”, afirmó durante uno de los momentos más tensos del encuentro.
Visto en perspectiva, aquel seminario dejó de ser simplemente un intercambio académico. La participación de los representantes de la AFA terminó funcionando como la primera respuesta pública de la entidad en territorio estadounidense frente a un caso que, pocas horas después, demostraría haber ingresado en una nueva etapa con la intervención directa del Departamento de Justicia y el FBI.
La estructura financiera bajo la lupa: TourProdEnter y los bancos
La investigación que ya comenzó a desarrollar el Departamento de Justicia y el FBI tiene como punto de partida una estructura financiera que Infobae reveló en dos investigaciones publicadas entre enero y febrero de este año. Ambas reconstrucciones, elaboradas sobre documentación bancaria y societaria incorporada a expedientes judiciales en Estados Unidos, permitieron identificar el circuito utilizado para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA después de la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar.
En el centro de esa estructura aparece TourProdEnter LLC, la sociedad de Javier Faroni y Erica Gillette designada por decisión de Tapia como agente exclusivo para el cobro de los contratos internacionales de la AFA. El convenio firmado con la conducción de la entidad le otorgó a esa empresa el manejo de la facturación proveniente de patrocinadores, acuerdos comerciales, amistosos internacionales y distintos negocios vinculados a la marca de la Selección argentina, además de una comisión sobre esos ingresos y otra adicional por la logística de las operaciones.
Las primeras investigaciones de Infobae demostraron que la operatoria no se concentró en una sola cuenta bancaria. Por el contrario, los fondos circularon por una estructura distribuida en distintas entidades financieras estadounidenses. Inicialmente fueron identificadas cuentas en Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus. Meses después, una nueva investigación permitió establecer la existencia de una quinta entidad: PNC Bank, con sede en Pittsburgh.
Ese hallazgo modificó el mapa financiero del caso. La documentación obtenida mediante órdenes judiciales en Estados Unidos mostró que únicamente por esa cuenta circularon, en menos de un año, USD 13.554.200,64. Los ingresos provenían de compañías vinculadas a contratos internacionales de la AFA, entre ellas Star Rights Limited, Cotti Coffee International, Socios Technologies AG, Wise US, Sports Licensing, Global FC, Assist Card, Smartsoft y otras empresas relacionadas con patrocinadores radicados principalmente en Asia, Europa y Medio Oriente.
Los extractos bancarios exhibieron además un patrón repetido. Una parte de los fondos ingresaba directamente desde esas compañías, mientras otra provenía de transferencias internas entre distintas cuentas de la propia TourProdEnter. Esa mecánica generaba una red de movimientos cruzados que dificultaba reconstruir el origen primario de parte del dinero y permitía redistribuirlo rápidamente hacia múltiples destinatarios.
La característica más llamativa era la velocidad con la que los fondos abandonaban las cuentas. En numerosos casos, el dinero permanecía apenas entre 24 y 72 horas antes de ser transferido nuevamente. Los ingresos y los egresos prácticamente coincidían, lo que convirtió a esas cuentas en verdaderos canales de paso antes que en instrumentos de acumulación de fondos.
Las investigaciones de Infobae también identificaron pagos a empresas con actividad comercial verificable —especialmente logística internacional, aviación privada, transporte, combustible aeronáutico, consultoría y organización de eventos—, compatibles con parte de las operaciones que demanda una selección nacional con actividad permanente en el exterior.
Pero junto a esos gastos aparecieron transferencias millonarias hacia sociedades de escasa o nula actividad conocida.
Cinco de ellas concentraron especialmente la atención: Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer.
Según la documentación judicial obtenida por este medio, solamente desde la cuenta abierta en PNC Bank esas compañías recibieron USD 3.171.800. La cifra se suma a los montos que ya habían percibido desde las otras entidades financieras detectadas anteriormente.
Las investigaciones periodísticas permitieron comprobar además que varias de esas sociedades fueron posteriormente disueltas o dejaron de registrar actividad formal después de que el circuito financiero comenzara a ser expuesto públicamente.
Los registros societarios también mostraban otros elementos comunes: domicilios compartidos, agentes registrales repetidos, oficinas virtuales en Florida y titulares sin antecedentes empresariales compatibles con operaciones por millones de dólares.
Esa información fue incorporándose paulatinamente a expedientes abiertos tanto en Argentina como en Estados Unidos.
Qué busca el Departamento de Justicia y en qué etapa está el caso
En paralelo, Guillermo Tofoni promovía distintos reclamos judiciales derivados de la rescisión del contrato que mantenía con la AFA para la organización de partidos amistosos internacionales de la Selección argentina. Fue precisamente en ese contexto donde obtuvo, mediante procedimientos de discovery autorizados por tribunales estadounidenses, buena parte de la documentación bancaria que luego dio origen a las investigaciones periodísticas.
Hoy ese material dejó de ser solamente un elemento de un litigio comercial.
La citación presencial de Tofoni por parte del Departamento de Justicia demuestra que las autoridades federales estadounidenses comenzaron a reconstruir de manera directa el funcionamiento de esa arquitectura financiera.
El objetivo de los investigadores no parece limitarse a un contrato específico ni a una transferencia puntual. Las consultas apuntan a comprender cómo funcionó el esquema completo, cuál fue el recorrido del dinero dentro del sistema financiero estadounidense, qué sociedades intervinieron, cuáles fueron los beneficiarios finales de determinadas operaciones y si existieron conductas que puedan encuadrarse dentro de figuras penales previstas por la legislación norteamericana.
En esa etapa resulta habitual que los fiscales reúnan documentación bancaria, registros societarios y testimonios de personas con conocimiento directo de las operaciones antes de decidir si corresponde avanzar hacia una investigación criminal formal.
Ese es el punto en el que hoy se encuentra el caso.
La AFA mantiene su posición pública. Durante el foro realizado en el Trump National Doral Miami, sus representantes insistieron en que ninguna medida de investigación implica culpabilidad y defendieron la legalidad de las operaciones cuestionadas. También sostuvieron que las controversias deben resolverse en los tribunales competentes y rechazaron las conclusiones formuladas por denunciantes y periodistas de investigación.
Del otro lado, quienes impulsaron las denuncias sostienen que la dispersión bancaria, la utilización de múltiples sociedades en Florida, la fragmentación de las transferencias y el volumen de dinero administrado justifican una revisión exhaustiva por parte de las autoridades estadounidenses.
Mientras tanto, la Selección argentina continúa su camino en el Mundial.
Pero, fuera de la cancha, la historia tomó un rumbo distinto.
Por primera vez desde que comenzaron a conocerse las operaciones de TourProdEnter, el expediente dejó de estar explicado únicamente por investigaciones periodísticas, denuncias privadas y actuaciones judiciales en Argentina. La confirmación de que el Departamento de Justicia y el FBI comenzaron a tomar declaraciones marca un cambio de escala para uno de los casos más sensibles que enfrenta la conducción de la AFA desde el FIFA Gate.
El éxito deportivo de la Selección y la investigación sobre el manejo de sus negocios internacionales comenzaron a desarrollarse en paralelo. Mientras Messi y sus compañeros siguen persiguiendo otro título mundial, la estructura financiera que administró buena parte de los contratos comerciales de la AFA quedó bajo la mirada de las autoridades federales de Estados Unidos.
POLITICA
Diputados: el oficialismo busca bajar la tensión por Discapacidad mientras avanzan los dictámenes
El plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los libertarios Gerardo Huesen y Bertie Benegas Lynch, firmará este miércoles los dictámenes sobre la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, el tema que motivó el emplazamiento de ambos cuerpos legislativos.
En paralelo, el oficialismo redactará una propuesta alternativa que, según sostienen en La Libertad Avanza, superará el esquema de emergencia y será contemplada en el Presupuesto 2027.
De esa manera, buscará cerrar la polémica que se desató en las filas libertarias en torno al capítulo sexto y a los artículos 39, 40 y 41 del proyecto de Presupuesto 2027 que el ministro de Economía, Luis Caputo, envió al Congreso el pasado 15 de septiembre. Esos puntos planteaban una propuesta que quedó desalineada del trabajo que venían realizando La Libertad Avanza y sus aliados en la Cámara de Diputados.
El proyecto de Presupuesto deroga varios artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Entre ellos, el artículo 8°, que establece: “Protección de la salud. Las personas con discapacidad titulares de la pensión no contributiva por discapacidad para protección social tienen derecho a un programa médico de atención y cobertura de salud que garantice las prestaciones básicas”.
Además, dispone la derogación del artículo 9 de la ley de 1948 que regula las pensiones no contributivas por invalidez y vejez. Esa norma faculta al Poder Ejecutivo a otorgar una pensión inembargable a toda persona sin recursos suficientes, no amparada por un régimen previsional y mayor de 70 años o imposibilitada para trabajar.
“Buscamos un dictamen superador que quite el estigma de una emergencia y vuelvan estos beneficios permanentes. Nos interesa discutir las necesidades del sector vulnerable que son las personas con discapacidad. Hay división de poderes en nuestro país, y creemos que este Congreso tiene un tiempo suficiente largo como para tratar luego el presupuesto y debatir cuáles serán las mejores condiciones”, dijo la diputada Silvana Giudici.
Desde el oficialismo agregaron que durante el tratamiento del proyecto de Presupuesto se establecerá un cronograma para que los funcionarios expongan y defiendan las partidas de cada área.
La propuesta original, que ahora sería reemplazada en su totalidad, planteaba la eliminación del Nomenclador Nacional Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. De esa manera, dejaba sin efecto un valor uniforme y obligatorio para todo el país, aplicable al Estado nacional, las obras sociales, las prepagas y el PAMI.
En ese contexto, una de las principales modificaciones en análisis sería mantener la actualización periódica del nomenclador. Sin embargo, el nuevo esquema no sería idéntico al vigente. La propuesta que discuten oficialistas y aliados contempla ajustes automáticos vinculados a la inflación, aunque con una periodicidad más espaciada que la actual.
POLITICA
Valentina Bassi advirtió por el impacto de los cambios en discapacidad: “Cada obra social va a poder fijar qué terapias aceptar”
La discusión por la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad quedó atravesada por el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso. La iniciativa propone modificar aspectos centrales del sistema de prestaciones, entre ellos el funcionamiento del nomenclador y el régimen de pensiones.
En ese contexto, Valentina Bassi, actriz y madre de un adolescente con autismo, cuestionó los cambios durante una entrevista en Infobae al Regreso. La actriz sostuvo que la discusión excede la continuidad de la emergencia y alcanza normas que, según explicó, resultan centrales para garantizar el acceso a tratamientos, escuelas especiales, transporte y otros apoyos.
“Estamos tratando de que se prorrogue la ley de emergencia en discapacidad y en la ley de Presupuesto derogan muchísimos artículos muy importantes”, afirmó.
Uno de los principales puntos de su planteo está relacionado con la Ley 24.901, que desde 1997 establece el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para las Personas con Discapacidad. El proyecto de Presupuesto 2027 propone modificar artículos de ese régimen y alterar el esquema mediante el cual se determinan los aranceles.
El nomenclador, el principal eje del reclamo
El Nomenclador de Prestaciones Básicas establece los valores de referencia para servicios que reciben las personas con discapacidad. El proyecto oficial plantea que deje de incluir valores universales y reemplaza ese criterio por un esquema en el que cada financiador pueda establecer condiciones y valores diferenciados.
Para Bassi, esa modificación puede generar diferencias en el acceso según la cobertura médica de cada persona.
“El nomenclador único es fundamental”, remarcó. Y planteó cuál sería, desde su perspectiva, una de las consecuencias del cambio: “Cada obra social y cada prepaga va a poder fijar qué valor y qué terapias van a querer ofrecerte y aprobarte para tu hijo”.
La actriz explicó que el nomenclador funciona como una referencia común para prestaciones como escuelas especiales, centros de atención, transporte y tratamientos. “El Estado fija qué tiene que cobrar una escuela para mantener la escuela, los sueldos, la comida de los chicos; qué tiene que cobrar el transporte, qué tienen que cobrar los terapeutas”, detalló.
Actualmente, el Gobierno sostiene que el sistema necesita una actualización y un esquema que permita garantizar las prestaciones de manera sostenible. En septiembre, funcionarios de la Secretaría Nacional de Discapacidad defendieron ante el Congreso las medidas implementadas para actualizar el nomenclador y ordenar el sistema.
El proyecto, sin embargo, propone modificar el mecanismo vigente. También elimina la referencia a valores universales y cambia la modalidad de actualización de los aranceles.
Bassi advirtió que ese escenario puede repercutir sobre los prestadores y, en consecuencia, sobre las familias. Durante la entrevista, sostuvo que los valores actuales tampoco alcanzan para cubrir los costos del sistema y reclamó una actualización de la base del nomenclador.
La preocupación por la continuidad de los servicios también alcanza al transporte. “Se están yendo a trabajar a otros rubros y las personas con discapacidad se quedan sin movilidad para ir a las terapias. Y las familias nos enloquecemos”, afirmó.
El problema del financiamiento y las demoras en los pagos ya forma parte del debate parlamentario. Un informe reciente de Infobae señaló que prestadores, transportistas y familias vienen advirtiendo por el desfasaje entre aranceles y costos, con reducción de servicios e interrupciones de tratamientos.
Qué cambios plantea el Presupuesto para las pensiones
Otro de los puntos cuestionados por Bassi está relacionado con las pensiones no contributivas por discapacidad. El proyecto de Presupuesto propone modificar el régimen vigente y volver a un esquema denominado de pensión por invalidez laboral. Además, establece que el beneficio sea incompatible con un empleo formal o con la inscripción en determinados regímenes tributarios.
La propuesta también modifica el papel del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía de acceso al beneficio y deja parte de los requisitos en manos de la reglamentación.
Bassi cuestionó especialmente la incompatibilidad entre la pensión y el trabajo registrado. “Las personas con discapacidad quieren trabajar. En vez de pelear porque se cumpla el cupo laboral en trabajo del Estado o porque los privados acepten a personas con discapacidad, dice: ‘Si trabajás no tenés derecho a una pensión’”, planteó.
La actriz también vinculó el beneficio con el acceso a la atención sanitaria. “Muchas personas con discapacidad no tienen obra social ni prepaga. Entonces, con la pensión te viene el beneficio de incluir salud para que tengas acceso a los tratamientos”, sostuvo.
El proyecto también propone derogar disposiciones de la Ley de Emergencia en Discapacidad vinculadas con la cobertura médica obligatoria para titulares de pensiones y con el traspaso de beneficios al nuevo esquema.
Para Bassi, la discusión tiene un efecto concreto en las familias que dependen de las prestaciones para sostener tratamientos y apoyos. “Le quitan las pensiones a los niños. Muchas personas que no tienen obra social y tienen un niño con discapacidad acceden a la pensión para que ese niño tenga terapias”, afirmó.
La emergencia y el debate en el Congreso
La Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad fue sancionada para establecer medidas específicas destinadas a sostener el sistema y afrontar la situación de los prestadores. La discusión actual está centrada en su prórroga, mientras el Presupuesto 2027 incorpora modificaciones que afectan distintos aspectos del régimen.
Bassi aseguró que el reclamo por la continuidad de la emergencia atraviesa distintos espacios políticos. “Hablo con muchísimos diputados, gobernadores y doy fe de que esto es completamente transversal”, afirmó.
También expresó expectativas sobre el tratamiento parlamentario de la prórroga. “Yo creo que la prórroga de la ley de emergencia va a salir. Tengo fe en eso, lucho por eso”, señaló.
Durante la entrevista, además, diferenció la vigencia temporal de la emergencia de las normas permanentes que regulan las prestaciones. “Lo que vence es la emergencia, los artículos de la ley no vencen”, sostuvo.
El Gobierno, por su parte, defendió ante el Congreso su política en materia de discapacidad y aseguró que busca garantizar las prestaciones, actualizar el nomenclador y ordenar el sistema de pensiones.
Bassi también respaldó la realización de controles sobre las pensiones y planteó que el objetivo debe ser identificar irregularidades sin afectar a quienes necesitan el beneficio. “Todos los que estamos relacionados con discapacidad queremos que cobren las personas que lo necesitan, no que cobre alguno que no”, afirmó.
Al final de la entrevista, la actriz habló además de su actividad artística. Actualmente participa de Salvajada, obra de Mauricio Kartun basada en un cuento de Horacio Quiroga, junto a Pablo Mariuzzi y bajo la dirección de Luis Rivera López. La puesta aborda cuestiones vinculadas con la discriminación y el bullying y se presenta los martes a las 20 en el Teatro Astros.
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POLITICA
El gobernador de Córdoba rechazó los recortes en discapacidad del Presupuesto 2027: “No vamos a acompañar”
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuestionó este domingo los recortes en los fondos para discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 del oficialismo y anticipó que su provincia no los va a acompañar en el Congreso.
“Para nosotros, en Córdoba, los fondos y las políticas de discapacidad no son negociables. No vamos a acompañar ningún recorte del Presupuesto Nacional que afecte estos derechos”, sentenció en su cuenta de X.
En el mismo mensaje, Llaryora sostuvo que en su provincia el área “es una prioridad” y que “no es beneficencia ni caridad”. Agregó que las prestaciones, los traslados y las terapias “no pueden depender de la condición social ni del rincón de la provincia en el que nos tocó nacer”.
Llaryora también se dirigió a sus legisladores en ambas cámaras y al Congreso en general que no permitan la aprobación de lo que las personas afectadas viven como “un acto de crueldad”. El gobernador también advirtió que el esfuerzo que hace la provincia junto a casi 350 organizaciones y a los gobiernos locales “no alcanza si el Estado nacional continúa retirándose de sus responsabilidades”. Y sumó: “Esa retirada nos pone a las puertas de un colapso prestacional”.
“Las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco. Detrás de cada política de discapacidad hay personas, familias y realidades que necesitan acompañamiento. Por eso, las medidas integrales y el compromiso del Estado con las personas con discapacidad son indispensables”, finalizó el mandatario.
El posicionamiento de Llaryora llega luego de que el Ejecutivo enviara al Congreso una Ley de Presupuesto que contemplaba en uno de sus apartados una modificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada por la oposición el año pasado.
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