POLITICA
Suspendieron al intendente libertario de Allen mientras avanza la causa por presunto peculado y administración fraudulenta
El intendente de Allen, Marcelo Román, fue suspendido preventivamente de su cargo por decisión del Concejo Deliberante, mientras continúa siendo investigado por la Justicia de Río Negro en una causa por presunto peculado y administración fraudulenta.
La medida fue aprobada por seis votos a favor y tres en contra durante una sesión marcada por fuertes cruces políticos y la presencia de vecinos que siguieron el debate desde el recinto. Como consecuencia de la decisión, el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, quedó al frente del Ejecutivo municipal de manera interina.
El apartamiento está contemplado en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, que faculta al Concejo a suspender preventivamente a un funcionario sometido a un proceso penal. La norma establece que la medida se extenderá hasta que exista una resolución definitiva de la Justicia: si el funcionario resulta absuelto recuperará automáticamente el cargo, mientras que una condena firme derivará en su destitución.
La decisión del cuerpo legislativo se produjo en medio del avance de la investigación judicial por presuntas irregularidades en el manejo de recursos municipales. La causa derivó en distintas medidas de prueba, entre ellas allanamientos en dependencias de la Municipalidad de Allen, una situación que fue mencionada durante el debate por varios concejales que respaldaron la suspensión.
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Desde la mayoría que impulsó el apartamiento sostuvieron que la medida no implica un pronunciamiento sobre la culpabilidad del intendente, sino que busca garantizar el normal desarrollo de la investigación y preservar el funcionamiento institucional del municipio.
La concejal Agustina Sánchez, de Juntos Somos Río Negro, afirmó que el objetivo es “velar por la transparencia pública y resguardar la administración” y aclaró que “esto es un apartamiento preventivo para que la Justicia pueda avanzar en la investigación”.
En la misma línea, su compañero de bloque Gustavo Addamo aseguró que “no hay nada para festejar ni para enorgullecerse” por la situación que atraviesa la ciudad y remarcó: “Queremos que la Justicia tome la decisión correcta. Esto es un apartamiento, no es un golpe de Estado”.
El concejal Guillermo Penessi también respaldó la iniciativa y cuestionó la gestión del jefe comunal. “Hubo muchos errores cometidos por el intendente municipal en delegar sus facultades a terceros que la gente no eligió”, sostuvo. Además, afirmó que el caso plantea “una cuestión legal” y también “una cuestión de respeto y ética”, y expresó su deseo de que la resolución adoptada “sea algo positivo para Allen”.
Por su parte, la concejal Marta Crespo consideró que el allanamiento realizado en la Municipalidad fue un hecho “vergonzoso” y justificó su voto favorable al apartamiento preventivo.
El rechazo del oficialismo
La suspensión fue rechazada por las concejales oficialistas Analía Martínez y Valeria Bezic, además del edil radical Antonio Sepúlveda, quien durante la sesión calificó la decisión como un “golpe constitucional” y cuestionó que se adoptara antes de que exista una sentencia judicial.
Horas antes de la votación, Román publicó un mensaje en sus redes sociales en el que denunció que detrás de la iniciativa existe un intento de desplazarlo del cargo por razones políticas.
“Detrás de este conflicto hay una disputa política de quienes quieren gobernar Allen, sin pasar por las urnas, y por el rumbo de nuestra ciudad”, escribió.
El jefe comunal también advirtió: “Hoy estaríamos ante un golpe Institucional Antidemocrático, y no estará solamente en discusión este Intendente. Estará en discusión si una mayoría circunstancial puede reemplazar la voluntad del pueblo, y violar la Carta Orgánica Municipal”.
Con la suspensión ya vigente, Fabián Figueroa ejercerá las funciones de intendente hasta que la Justicia defina la situación procesal de Román.
El futuro político del jefe comunal dependerá del resultado de la causa penal. La Carta Orgánica de Allen establece que, si la investigación concluye con una absolución, recuperará automáticamente el cargo con todas sus atribuciones. En cambio, una eventual condena firme habilitará su destitución definitiva.
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El Departamento de Estado de EEUU dio luz verde a una operación militar que fortalece los lazos de defensa con Buenos Aires: la posible venta de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk y equipo relacionado al Gobierno argentino, por un valor estimado de 140 millones de dólares. La decisión, comunicada este jueves, se suma a una serie de adquisiciones que el país sudamericano encaró en los últimos meses en materia de defensa.
Según el comunicado oficial, el pedido incluye, además de las cuatro aeronaves, dos motores T700-GE-701D, fabricados por la rama aeroespacial de General Electric y utilizados también en helicópteros de ataque como el Apache. A esto se agrega una larga lista de equipos que Washington clasifica como “no mayores”: sistemas de referencia de rumbo y actitud, transpondedores de Identificación Amigo o Enemigo (IFF), receptores de radio y de aterrizaje visual, radios de alta y muy alta frecuencia, un sistema de posicionamiento global Garmin GTN-750 y un transmisor localizador de emergencia, entre otros dispositivos.
El paquete contempla también elementos pensados para tareas de rescate y emergencia, como el sistema de extracción rápida por inserción de cuerda, equipos de polipasto y el denominado Bambi Bucket, utilizado para el combate de incendios desde el aire. Se suman, por otro lado, cascos, repuestos, herramientas de prueba, documentación técnica y programas de formación para las tripulaciones, así como servicios de apoyo logístico y técnico a cargo de personal estadounidense y de la empresa contratista.
El contrato recae en Sikorsky, subsidiaria de Lockheed Martin con sede en Stratford, Connecticut. Por el momento, el Departamento de Estado no tiene registro de ningún acuerdo de compensación asociado a la operación; ese tipo de convenios, aclaró el organismo, quedan sujetos a las negociaciones directas entre el comprador y el contratista.
El comunicado del Departamento de Estado enmarca la operación dentro de los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos. La venta, señala el texto, busca “mejorar la seguridad de un importante aliado no perteneciente a la OTAN”, categoría que Argentina ostenta desde hace años y que Washington describe como “una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en Sudamérica”.
Entre los usos previstos para los nuevos helicópteros figuran la seguridad fronteriza, la lucha contra el crimen transnacional y las tareas de asistencia humanitaria o respuesta ante desastres. El propio organismo estadounidense sostuvo que Argentina “no tendrá dificultades para absorber estos artículos y servicios en sus fuerzas armadas” y remarcó que la operación no requerirá el envío de representantes adicionales del Gobierno estadounidense ni de contratistas al país.
El texto oficial subraya, además, que la venta “no alterará el equilibrio militar básico en la región” y que no habrá impacto negativo en la preparación de defensa de Estados Unidos como consecuencia de esta transacción.
El Black Hawk acumula cerca de 50 años en operación y pasó de ser un helicóptero utilitario exclusivamente militar a una aeronave empleada también en evacuaciones médicas, respuesta ante catástrofes y transporte de autoridades. Más de treinta países lo utilizan actualmente, entre ellos Colombia y Brasil.
Argentina, hasta el momento, contaba con una sola unidad del modelo, destinada al traslado del presidente de la Nación. Los cuatro aparatos ahora habilitados por Washington están orientados, principalmente, a reemplazar a los Bell UH-1H/Huey II que integran el Comando de Aviación del Ejército, una flota con varias décadas de antigüedad.
La operación se da en medio de un proceso más amplio de renovación de equipamiento militar que impulsa la gestión de Javier Milei. En paralelo a la incorporación de los Black Hawk, la Fuerza Aérea Argentina y la Armada realizaron pruebas para conectar a los aviones F-16, adquiridos a Dinamarca, con los P-3C Orion comprados a Noruega, mediante el sistema de enlace de datos Link 16, utilizado por países de la OTAN.
El Ejército, por su parte, incorporó vehículos Stryker y avanzó en la modernización de tanques TAM 2C y en la llegada de camiones Unimog U 4000, entre otros elementos presentados meses atrás por la Dirección de Arsenales. Según había anticipado el analista Andrei Serbin Pont en Infobae, se preveía la llegada de un primer lote de dos helicópteros Black Hawk antes de fin de año y otros dos durante el próximo, aunque esa información se encontraba todavía en desarrollo al momento de conocerse.
El proceso de reequipamiento no está exento de cuestionamientos internos. La diputada nacional Agustina Propato, vicepresidenta de la Comisión de Defensa, había advertido semanas atrás sobre el deterioro salarial del personal militar, que a su juicio acumula una pérdida de 80 puntos porcentuales de poder adquisitivo desde 2023, y sobre la salida de 19.000 efectivos de las fuerzas armadas en ese mismo período.
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POLITICA
El cruce de Javier Alonso con Patricia Bullrich por la inseguridad en el conurbano: “No sea contradictoria”
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, protagonizó este jeuves un cruce con la jefa de bloque en el Senado de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, luego de que la legisladora criticara al gobernador Axel Kicilof por la inseguridad en el conurbano, y a quien el funcionario le pidió que “no sea contradictoria”.
El cruce comenzó con un posteo de Bullrich en X, en el cual compartió el testimonio de una madre que había sufrido este jueves un intento de robo en El Palomar este jueves cuando estaba por dejar a su hijo en la escuela.
“7:14 AM, dejando a su hija en la escuela y termina herido por el tiro de un delincuente. El colmo: si son menores, quedarían libres por la locura de la jueza garantista”, expresó la senadora, en alusión a Marta Elba Pascual, quien quedó en el centro de la escena tras suspender la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires por 60 días.
El episodio ocurrió cerca de las 7.15 frente al colegio Emaus y un hombre, quien también estaba trasladando a su hija a la institución, sufrió una herida de bala.
Luego, la exministra de Seguridal le apuntó a Kicillof por considerarlo ausente ante el crecimiento del crimen en el conurbano.
“¿Dónde está Kicillof? ¿Va a seguir en silencio mientras los bonaerenses viven con miedo, rodeados de violencia y terror? Y si no se anima a hablar con ellos, prenda la tele: ‘Todos los días pasa lo mismo’, dicen. Nota tras nota, siempre el conurbano», manifestó.
Horas después, Alonso respondió el posteo y acusó a Bullrich de ser “contradictoria” en sus dichos y accionar.
“Cuando usted era ministra, sus propias estadísticas mostraban a la Argentina como uno de los países más seguros de la región. Hoy (Alejandra) Monteoliva difunde números similares y, de repente, todo es violencia y terror. ¿En qué quedamos?“, afirmó el funcionario.
A su vez, instó a la senadora a dejar la “chicana”, trabajar y devolverle a los bonaerenses “los miles de millones de dólares que les quitaron”, en referencia a la deuda de $22 millones que, según denuncia Kicillof, Nación mantiene con Provincia.
“Esos recursos también hacen falta para seguir construyendo una provincia más segura. Mientras ustedes chicanean en redes, la droga que llega a la Provincia recorre miles de kilómetros atravesando una frontera llena de agujeros que este Gobierno no logra contener”, subrayó.
“¿No sería mejor que trabajaran seriamente para impedir que esa droga llegue al territorio bonaerense? Y no se pongan nerviosos. El gobernador está sólido, trabajando todos los días, recorriendo la Provincia y acompañado por el pueblo bonaerense en las urnas», indicó.
Asimismo, le apuntó al gobierno de Javier Milei por no gestionar ni invertir y se preguntó en sentido irónico si “mostrar indignación por redes” era lo único que la administración libertaría sabía hacer por los argentinos. “Trabajen con seriedad y dejen de mentirle a la gente”, cerró.
Nueva respuesta de Bullrich
Bullrich respondió pero dirigiéndose a Kicillof. “Primero, la inseguridad no existe solo en las redes sociales, como dice su ministro. No tomen de tontos a los bonaerenses. Caminen por los barrios, sin militantes, o, al menos, prendan la televisión”, reclamó.
“Segundo: la Argentina es hoy el país más seguro de la región gracias al esfuerzo que hacemos desde el Gobierno nacional, muchas provincias y las Fuerzas. Pero ese resultado se logra, en buena medida, a pesar de la provincia de Buenos Aires.
Y prosiguió: “En los municipios del conurbano, el índice de homicidios duplica al del resto de la provincia y al nacional, mientras que los robos con violencia aumentaron más de 150% en el último año”.
“Escudarse en el cuento de los 135 municipios les permitió durante años profundizar sus políticas pro-delincuentes. Tercero: el esfuerzo para sacar a la Argentina de la catástrofe que dejó su Gobierno en 2023 lo estamos haciendo todos, menos su gobierno de la provincia de Buenos Aires”, acusó.
Y prosiguió: “Ustedes siguen con más de 20 ministerios, choferes, estructuras gigantes y contrataciones masivas. ¿Cuánto gastan en mantener todo eso? ¿Para qué tienen un Ministerio de la Mujer si no sirve? ¿De verdad no pueden achicarse para poner más recursos donde hacen falta: en seguridad, por ejemplo?”.
“Gobernador, esta pelea no tiene sentido porque nuestras posiciones sobre cómo combatir la inseguridad son opuestas. Para ustedes, una clara defensa a los delincuentes. Para nosotros, una sola regla: el que las hace, las paga”, concluyó Bullrich, al citar uno de los slogans de campaña de LLA.
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POLITICA
Malvinas: el Gobierno creará un Sistema de Articulación de la Política Exterior para monitorear actividades extranjeras ilegales
El Gobierno nacional anunció este jueves la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, un nuevo mecanismo que funcionará en el ámbito de la Cancillería y que buscará coordinar las actividades estatales vinculadas a los reclamos de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y sus espacios marítimos e insulares.
La medida fue confirmada a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, que enmarcó la decisión dentro de las políticas orientadas a “la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía” sobre los archipiélagos del Atlántico Sur.
Según el texto oficial, el nuevo sistema tendrá como objetivo “implementar mecanismos de información, coordinación y asesoramiento para actividades estatales que puedan afectar la política exterior o los intereses internacionales de la Argentina”.
El comunicado precisa que la Cancillería podrá garantizar, a través de este mecanismo, que toda actividad vinculada a las relaciones exteriores del país sea “coherente, compatible y uniforme” con los lineamientos generales de la política exterior en materia de Malvinas.
En ese sentido, el Gobierno sostuvo que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía “exige una acción estatal coordinada que integre dimensiones diplomáticas, jurídicas y políticas”, y que ese trabajo conjunto permite “sostener una postura firme y coherente en el tiempo” y “fortalecer los reclamos de la República Argentina ante la comunidad internacional”.
A su vez, remarcó que la iniciativa apunta a “adoptar las medidas necesarias para defender nuestros legítimos derechos e intereses nacionales”, en lo que definieron como un “compromiso irrenunciable con la recuperación de los territorios usurpados”.
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“El Gobierno Nacional continuará articulando todos los medios disponibles para fortalecer el accionar coordinado de sus organismos para defender nuestra soberanía”, cierra el comunicado firmado por el Presidente.
La lista de medidas que impulsó el Gobierno desde la cadena nacional de Milei sobre Malvinas
Desde el mensaje que Milei emitió junto a todo su Gabinete el jueves pasado, el Gobierno avanzó con una batería de medidas para sancionar a las empresas vinculadas a la explotación hidrocarburífera en Malvinas y reforzar la influencia nacional sobre la región.
En ese sentido, el Gobierno reasignó $217.959 millones —unos US$142 millones— del Presupuesto nacional para el Ministerio de Defensa destinados principalmente a avanzar con la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego.
A su vez, ordenó que los organismos del Estado que detecten incumplimientos legales informen a la Cancillería para que pueda impulsar sanciones y dispuso incorporar declaraciones juradas en los trámites hidrocarburíferos y en el RIGI para bloquear a las empresas que operan en la plataforma continental sin reconocer la soberanía argentina.
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En paralelo, el Gobierno avanzó con una serie de denuncias penales contra Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas, y otras firmas señaladas por operar en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina, junto con otros procesos iniciados contra 60 personas jurídicas y humanas.
A esa serie de medidas se suma el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará a Diputados en los próximos días, que además de reforzar las sanciones contra empresas que operen en las Islas sin autorización, creará un Consejo de Seguridad Nacional para responder ante amenazas de actores estatales o no estatales.
Gobierno, Islas Malvinas
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