Uno de los objetivos inmediatos del Gobierno en el Congreso es avanzar con la eliminación o suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Para destrabar una discusión que permanece estancada en el Senado, el oficialismo analiza ofrecer a sus aliados un mecanismo alternativo de competencia interna. Mientras La Libertad Avanza (LLA) busca consolidar el liderazgo de Javier Milei de cara a una eventual reelección, Pro, la UCR y los gobernadores aliados reclaman una herramienta que les permita preservar espacios propios.

La idea que circula en las conversaciones incorpora un sistema de colectoras, que cumpliría con el objetivo de la Casa Rosada de mejorar las chances de Milei en 2027, pero que no se volcó aún en un texto definitivo y que fue cuestionado incluso por Patricia Bullrich, que ayer dijo que no le gusta. Existen interrogantes respecto de aspectos centrales de su funcionamiento: cómo se emitiría el voto, qué categorías podrían tener colectoras, cuántas se habilitarían y de qué manera se contabilizarían los sufragios.

Estas son algunas de las principales preguntas que hoy rodean la reforma que analiza el Gobierno.

1: ¿Cómo funcionan las listas colectoras?

En términos generales, este mecanismo permitiría que distintas listas “colecten” votos para un mismo candidato presidencial, pero, al mismo tiempo, compitan en determinadas categorías -legislativas y, eventualmente, también ejecutivas provinciales y municipales- sin necesidad de celebrar una elección primaria previa.

2: ¿Cómo se combina con los distintos mecanismos de votación?

A nivel nacional ya rige la Boleta Única de Papel (BUP), que concentra toda la oferta electoral en una única papeleta. A diferencia de la elección anterior, en 2027 incluirá también la categoría presidencial.

Si prospera la idea de colectoras, cada frente tendría un único candidato a presidente y vicepresidente y podría presentar listas colectoras para diputados y senadores nacionales. Ese esquema debería integrarse dentro de la BUP.

En las provincias donde las elecciones sean concurrentes a al, el nuevo sistema deberá convivir con el mecanismo de votación local: Boleta Única de Papel, como en Córdoba, Mendoza y Santa Fe; Boleta Única Electrónica, como ocurre en la Ciudad de Buenos Aires y Salta; o boleta partidaria tradicional, utilizada en la mayoría de las provincias.

Si bien el oficialismo piensa en una reforma que incluya a las provincias y municipios, hay un límite institucional importante. El Congreso solo puede legislar sobre las elecciones nacionales, es decir, las de presidente y vicepresidente, diputados y senadores nacionales.

Si las provincias decidieran replicar este esquema para elegir gobernadores, legisladores provinciales o autoridades municipales, dependerá de cada gobernador y de las legislaturas provinciales, que deberán modificar sus propias leyes electorales. Si además resuelven unificar o hacer concurrentes y sus elecciones con las nacionales, el mecanismo podría convivir en una misma jornada electoral.

3: ¿Cuántas colectoras se habilitarían por frente?

Es uno de los puntos todavía abiertos. Resta definir si existirá un límite máximo de listas internas y quién tendrá la facultad de autorizar su participación.

Otra de las novedades es que, según el esquema que analiza el oficialismo, los partidos no necesariamente deberían integrar una misma alianza electoral para presentar colectoras. Es decir, este esquema permitiría que fuerzas distintas adhieran a un mismo candidato presidencial sin integrar sus estructuras partidarias. Así, por ejemplo, Pro o la UCR podrían mantener identidad propia en las categorías legislativas mientras “colectan” para la candidatura presidencial de Milei.

4: ¿Cómo se contabilizarían los votos de las listas internas?

Es el interrogante más importante y el que determinará si el esquema se diferencia o no de un esquema de lemas.

El Gobierno rechaza esa comparación y asegura que los votos de las distintas listas de un mismo frente no se acumularán para definir al ganador de una categoría. Esa es, justamente, la principal diferencia que busca marcar respecto del sistema de lemas utilizado en algunas provincias.

En la práctica, todas las listas competirían entre sí, incluso las que pertenecen a un mismo frente. Cada una conservaría identidad propia y sería considerada una oferta electoral autónoma. La diferencia es que las listas que “colectan” para un mismo candidato presidencial compartirían únicamente esa categoría superior.

En las categorías ejecutivas resultaría electa la lista más votada. En el caso de la elección presidencial, además, seguirían vigentes las reglas actuales para evitar una segunda vuelta. Es decir, una fórmula se consagraría en primera vuelta si obtiene más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, o al menos el 40% con una diferencia mayor a 10 puntos porcentuales respecto de la segunda fórmula más votada. De no cumplirse esas condiciones, correspondería realizar un ballottage.

En los cargos legislativos, en cambio, el diseño es más complejo. En la Cámara de Diputados se aplicaría el sistema de reparto actual -el sistema D’Hondt, con un piso mínimo del 1,5%- que se adjudicará directamente sobre cada lista. Es decir, las bancas se asignarían según el desempeño individual de cada lista y no por la acumulación de votos del frente.

El caso del Senado presenta una dificultad adicional. La Constitución Nacional establece que dos bancas corresponden al partido más votado y una al que le sigue en cantidad de votos. En el oficialismo sostienen que también se habilitaría la competencia interna para esa categoría, aunque admiten que el incentivo para acordar una lista común sería mayor: si un frente dispersa demasiado sus votos entre varias listas colectoras corre el riesgo de quedarse sin representación.

Esto es porque los votos de de las listas de un mismo frente compiten entre sí. Las dos bancas corresponderían a la lista más votada de toda la elección y la restante a la segunda lista más elegida.

5: ¿En qué beneficiaría este sistema a los aliados?

Aunque el diseño todavía no está cerrado, el esquema fue pensado fundamentalmente para ofrecer una alternativa a los gobernadores aliados frente a la posible eliminación de las PASO.

Para los mandatarios provinciales, permitiría preservar liderazgos territoriales y mantener márgenes de autonomía dentro de un esquema que priorice la reelección de Milei.

Para los dirigente de Pro y la UCR “sin tierra”, en cambio, ofrecería la posibilidad de competir por espacios legislativos sin quedar completamente absorbidos por el oficialismo. Mantendrían su nitidez partidaria, aunque, en la práctica, podrían perder espacios de representación.

“Eluden quedar relegados por el voto útil”, resume un referente libertario. Sin embargo, es posible que, frente a la posibilidad de que su lista quede completamente relegada, busquen acordar lugares fijos dentro de la lista oficial.

6: ¿Habrá una opción para votar todas las categorías de una misma lista dentro un frente?

La BUP aprobada para las elecciones nacionales no incorporó un casillero para votar todas las categorías de una misma fuerza política. El objetivo fue reducir el efecto arrastre de la candidatura presidencial sobre las listas legislativas.

En el oficialismo buscan incorporar esa herramienta en este nuevo intento de reforma, con la intención de fortalecer el desempeño de la opción oficialista en todas las categorías. Sin embargo, los aliados podrían rechazar esa posibilidad por considerar que los desdibujaría como opción frente a la lista puramente violeta.

7: ¿Cuál es el objetivo político del Gobierno?

En lo inmediato, el Gobierno busca eliminar las PASO y argumenta que la medida simplificaría el calendario electoral y reduciría el gasto público.

Pero detrás de esa explicación existe también un objetivo político. Karina Milei pretende conservar el control de la oferta electoral oficialista y evitar que las disputas internas condicionen el armado de LLA. El esquema permitiría que los aliados compitan dentro de una misma coalición sin fragmentar la candidatura presidencial.

La meta de fondo es fortalecer la reelección de Javier Milei. La secretaria general lo repite en las reuniones partidarias. “La prioridad es la reelección de Javier”, sostiene frente a quienes participan de esos encuentros.

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, convocó a concursos para cubrir 17 vacantes en fiscalías federales de distintos puntos del país.

El resultado de estos concursos le permitirá al Gobierno seguir cubriendo vacantes en el ámbito judicial, en un momento en el que el codiciado lugar del Procurador General, es decir, la silla del jefe de los fiscales, está en el centro de la discusión política.

La Casa Rosada tiene la idea de acortar el mandato del Procurador a dos períodos y terminar así con el carácter vitalicio de su gestión.

Entre tanto, el Gobierno se propone, de acá fin de año, cubrir todas las vacantes de jueces nacionales y federales, unas 300, incluidas las de la estratégica Cámara Federal de la Capital -en la que el Poder Ejecutivo tiene previsto enviar próximamente sus candidatos al Senado- y los tribunales orales federales. El Gobierno cubriría así con postulantes elegidos por Milei cerca del 40 por ciento del Poder Judicial.

Ahora, la Procuración abrió nuevos concursos para ocupar 17 fiscalías. Los lugares se amplían.

Son fiscales para ejercer ante los juzgados federales y Unidades Fiscales en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego.

Se busca cubrir una vacante en la Fiscalía Federal N°1 de Bahía Blanca, otra en la Fiscalía Federal de Ushuaia, una en la Fiscalía Federal de Viedma y una en la Fiscalía Federal de Comodoro Rivadavia.

También se convocó al concurso para cubrir la Fiscalía Federal de Clorinda, en Formosa; una vacante en la Fiscalía Federal de Roque Sáenz Peña, Chaco; una vacante en la Fiscalía Federal de Tucumán; una vacante en la Fiscalía Federal de Orán, Salta; una vacante en la Fiscalía Federal de Salta y otra en la Fiscalía Federal N°1 de Posadas, Misiones.

También se busca cubrir vacantes en la Fiscalía Federal de Concordia, la Fiscalía Federal de Victoria y la Fiscalía Federal de Paraná, en Entre Ríos; en la Fiscalía Federal N°1 y N°3 de Rosario, Santa Fe; en la Fiscalía Federal N°2 de Santa Fe y en la Fiscalía Federal de Mercedes, en Buenos Aires.

Es el principio de un proceso que llevará tiempo. Por lo pronto, los postulantes tienen tiempo hasta el 25 de septiembre próximo para inscribirse y los sorteos de los tribunales evaluadores se llevarán a cabo entre el 15 y el 17 de diciembre.

La necesidad de la cobertura de las vacantes se acrecienta ante el objetivo de poner en marcha en todo el país el nuevo Código Procesal Penal acusatorio.