Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos, fue trasladado durante la madrugada del viernes a la Unidad Penal N°9 – Granja Penal “El Potrero, de Gualeguaychú, para cumplir su condena por administración fraudulenta.

El exmandatario provincial fue trasladado desde la UPP1 de Paraná junto al exministro Pedro Báez y su cuñado Juan Pablo Aguilera, también condenados por el mismo hecho de corrupción. El operativo comenzó cerca de las 4:30 y concluyó alrededor de las 8:20, cuando ingresaron al penal de Gualeguaychú bajo custodia del Servicio Penitenciario provincial.

El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná lo había condenado a Urribarri en abril de 2022 a ocho años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. Lo declaró culpable de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado. Había sido detenido previamente en su domicilio de Concordia y alojado de manera transitoria en la cárcel de la capital entrerriana.

El esquema de penal granja

La llegada de los tres condenados se enmarca en un establecimiento que combina un régimen de seguridad con tareas agropecuarias, talleres de oficios y producción de alimentos.

La Unidad Penal 9 está ubicada sobre la ruta nacional 136, a la altura del kilómetro 26,5, y tiene capacidad para unos 500 reclusos. Dispone de diez pabellones para varones y uno para mujeres. Los internos son distribuidos según el tipo de causa que enfrentan y el régimen se apoya en la reinserción social mediante el trabajo.

La actividad agropecuaria es uno de los rasgos centrales de El Potrero. En el predio se crían cerdos, ovejas y gallinas, mientras que los detenidos participan en la faena, la producción de alimentos y el mantenimiento de la granja. La unidad cuenta además con una sala de faena de ovinos y una panadería que abastece de comida al penal, y ofrece tareas de albañilería, carpintería, tapicería y costura como parte de la capacitación laboral.

Uno de los proyectos desarrollados dentro de la cárcel es un taller de confección artesanal de pelotas de fútbol instalado en la biblioteca. La iniciativa surgió a partir de los conocimientos de un interno y luego se extendió a otros establecimientos penitenciarios de la provincia.

Además, durante el último año, la Unidad Penal 9 incorporó un Centro Operativo de Monitoreo para vigilar las áreas críticas del establecimiento en tiempo real. El sistema incluye domos de alta definición, cámaras en puntos estratégicos y un dron de observación táctica, y permite supervisar el perímetro, atender situaciones críticas, controlar aspectos sanitarios y registrar incidentes durante las 24 horas.

El detalle de las condenas

Báez, exministro de Cultura y Comunicación, y Aguilera, expresidente del Partido Justicialista entrerriano y cuñado de Urribarri, recibieron penas de seis años y seis meses de prisión efectiva. El primero fue condenado por su intervención como funcionario y el segundo como autor material de los delitos investigados.

La sentencia determinó que Báez completará su pena en mayo de 2031, Aguilera en enero de 2033 y Urribarri el 15 de julio de 2034. La resolución de la Corte Suprema habilitó al Ministerio Público Fiscal a pedir la detención inmediata de los tres condenados.

La investigación examinó maniobras iniciadas en 2010, cuando Urribarri encabezaba el gobierno provincial. La acusación sostuvo que se direccionaron contrataciones de publicidad estatal hacia empresas vinculadas a Aguilera mediante un esquema de testaferros y cartelización para captar fondos de la pauta oficial.

El proceso reunió a 13 imputados y abarcó cinco hechos principales. Entre ellos figuraron la contratación de la firma Global Means antes de su existencia formal, el manejo durante cinco años de la cartelería oficial a través de Tep SRL y Next SRL, y las operaciones identificadas como la causa del “Sueño Entrerriano”.

Las maniobras también incluyeron contratos para promocionar una Cumbre del Mercosur y la instalación de un parador publicitario en Mar del Plata durante la temporada de verano. La Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó la condena el 31 de mayo de 2024 y rechazó una impugnación extraordinaria en agosto de ese año.

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos habilitó en octubre de 2024 el recurso ante la Corte Suprema, que dejó firme el fallo. Urribarri se convirtió así en el primer gobernador argentino que ingresó efectivamente a prisión por una condena firme por corrupción.

Granja Penal El Potrero,Entre Ríos,cárcel,Servicio Penitenciario de Entre Ríos

El papa León XIV mantendrá este sábado una audiencia privada con una delegación de sindicalistas, empresarios y representantes de movimientos sociales, entre ellos dos referentes de la CGT, en el marco de los contactos previos a su visita a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre.

El encuentro se realizará a las 11 (16 hora argentina) en el Vaticano, como parte del IV Encuentro Sinodal “Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte-Sur”. Por la central obrera participarán Gerardo Martínez, titular de la UOCRA y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, y Cristian Jerónimo, del gremio del vidrio y cotitular de la conducción cegetista, confirmaron fuentes gremiales a TN.

Los dos dirigentes viajaron a Roma como parte de una delegación del Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico (Cosate) de la OEA y aprovecharán el contacto con el Papa para pedirle una audiencia formal cuando llegue a la Argentina en noviembre. Además le entregarán un documento elaborado en el marco del encuentro sinodal, centrado en el diálogo social como “llave maestra” entre trabajadores y empresarios frente a la crisis socioambiental.

La CGT busca que la agenda de la visita papal incluya “desigualdad, protección de jubilados y niñez, migraciones y acceso a la salud”. En declaraciones previas al viaje, el dirigente también planteó la necesidad de un diálogo social tripartito en la región, el derecho a la negociación colectiva, la generación de trabajo decente y el impacto de la inteligencia artificial en el empleo.

El pedido de audiencia se da en un escenario de tensión entre la central obrera y el gobierno de Javier Milei, con el reclamo sindical puesto en la situación de los trabajadores durante la gestión libertaria. La visita de León XIV a la Argentina será la primera de su papado y genera expectativa por el peso que pueda tener su agenda social en medio de ese clima.

Los jefes de la CGT que viajan al Vaticano forman parte de una nutrida delegación internacional que reúne a centrales sindicales como la CSI, la CSA, la AFL-CIO y la Central Sindical de Canadá; cámaras empresariales de Estados Unidos y México; organismos como la OIT, la OEA, el BID y la CAF; conferencias episcopales; universidades católicas; movimientos populares argentinos como el MST y la UTEP; y empresas como Microsoft.

El objetivo ampliado del encuentro que impulsa León XIV es avanzar en una “agenda de responsabilidad compartida Norte-Sur para la cooperación multisectorial”, con conclusiones sobre seis ejes: inteligencia artificial y dignidad humana, formación para el diálogo socioambiental, organización comunitaria y cuidados, juventudes y adicciones, inteligencia artificial y amistad social, y transición energética y protección de territorios.

Un día antes de la audiencia con el Papa, este viernes 11 a las 13, está prevista una conferencia de prensa en la Sala Stampa de la Santa Sede, en la que hablarán, entre otros, el cardenal Jaime Spengler (presidente del CELAM), la titular de la AFL-CIO, Liz Schuler, y el propio Martínez.

papa León XIV, CGT

Una vez aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Ushuaia, si se camina en línea recta unos 200 metros, se llega al punto exacto, a la zona cero, de lo que será la Base Naval Integrada, el proyecto militar que lleva décadas a la espera de concretarse y que volvió a escena con el discurso de Javier Milei sobre el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas. En ese lugar, estratégico por ser el punto más próximo entre el continente y la Antártida, no hay nada más que una platea de 20 metros y un monolito que inauguró en 2022 el entonces ministro de Defensa Jorge Taiana. Y barro, nieve y tres carpas calefaccionadas para protegerse del frío.

Se trata de un predio que ocupa una franja costera extensa al sur de la ciudad, con el frente abierto sobre la bahía de Ushuaia, que desemboca en el canal de Beagle, la vía de navegación que conecta el Atlántico Sur con el Pacífico. La ubicación es privilegiada: el área está separada del casco urbano, tiene acceso directo al agua y queda a metros de la pista del aeropuerto, lo que permite integrar en un mismo perímetro las capacidades marítimas, aéreas y logísticas.

Sobre ese espacio, la Armada proyecta 39.362 metros cuadrados de superficie cubierta en instalaciones principales: más de una docena de inmuebles que van desde el edificio de comando y la jefatura de la base, hasta alojamientos para suboficiales, galpones de intendencia, un helipuerto y una capilla. Sobre el borde del agua, lo más importante, 585 metros de muelle, y el sector de logística antártica: galpones de carga, cámaras frigoríficas, talleres, depósitos de combustible y un galpón de grúas, orientados a dar soporte a las campañas hacia el continente blanco.

Hasta allí llegaron el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller Pablo Quirno, para conocer los detalles técnicos. La reanudación de las obras comenzarán a principios de 2027 y se prevé terminar, si no hay imprevistos, a finales de 2029. En la comitiva viajaron también el jefe del Estado Mayor Conjunto, almirante Marcelo Dalle Nogare, y el jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, entre otros altos mandos militares, y cuatro legisladores libertarios de Tierra del Fuego: los diputados Miguel Rodríguez y Santiago Pauli, y los senadores Agustín Coto y Belén Monte de Oca.

Para la Armada Argentina, este proyecto es de importancia central. Lo explicó el propio Romay durante una presentación a la que asistió Infobae. “La zona económica exclusiva, que abarca hasta doscientas millas, es prácticamente una superficie igual a la superficie continental de nuestro país”, sostuvo.

La Base Naval Integrada no es un proyecto nuevo. Durante décadas, atravesó los vaivenes de la política argentina. El contraalmirante Guillermo Prada recordó que los primeros estudios para la construcción son de 1971, cuando se analizó el traslado de la base naval a la península. Desde entonces, el proyecto sobrevivió en los cajones de la planificación militar durante cinco décadas.

El arranque formal de obras llegó recién en marzo de 2022, bajo la gestión de Alberto Fernández, con Jorge Taiana al frente del Ministerio de Defensa. En aquella primera etapa se niveló el terreno y se construyó una platea de hormigón. Para diciembre de 2023, la obra había alcanzado un 9,13% de avance. Ahí se frenó. Durante casi dos años no hubo movimiento, en sintonía con la llegada de Milei al poder y su política de déficit cero. Recién en agosto de 2025 volvieron a mostrar señales de actividad.

“Esta decisión del presidente es un paso muy importante en nuestra estrategia sobre la Causa Malvinas. Esta estrategia integral que se ha diseñado en estos meses de trabajo va a permitir defender nuestros intereses desde una perspectiva completamente diferente a la que se ha hecho hasta ahora”, sostuvo Quirno a los medios que participaron de una recorrida por el terreno.

Antes, junto a Presti, se reunió en la sede de gobierno con Gustavo Melella, el mandatario de Tierra de Fuego que atraviesa una compleja situación: el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) mantiene un paro docente desde hace más de un mes.

Para el canciller, este nodo logístico es clave en la proyección soberana argentina hacia el sur. “Si Ushuaia es el punto más cercano a la Antártida y desde allí se darán servicios logísticos a todos los países que también tengan presencia allí, esto nos va a permitir revalidar nuestro reclamo de soberanía de una manera diferente”, planteó.

Presti, por su parte, graficó el estado de situación actual: “Lo sintetizaría con la nada misma. Hay un monolito y hay un playón de cemento. Venimos a cambiar eso. Hay una decisión presidencial, hay un decreto y tenemos los recursos por primera vez en cuarenta años, que ya los tiene el Ministerio de Defensa, ya los tiene la Armada, para ponerlos en ejecución”.

Hasta ahora, mediante el Decreto 867 que firmó Milei, se reasignaron $217.954 millones de pesos que ya tiene Defensa para reiniciar las obras. El segundo tramo depende del Presupuesto 2027, donde el Gobierno proyecta incluir más de 300.000 millones de pesos adicionales para este proyecto. En este caso, queda supeditado a la votación del Congreso.

Consultados sobre el origen de los fondos, o la posibilidad de financiamiento de otros países, como Estados Unidos, u organismos extranjeros, tanto Quirno como Presti fueron categóricos y señalaron que la obra se financia íntegramente con recursos del Estado argentino, sin financiamiento multilateral ni colaboración extranjera

“Cien por ciento argentina. Hasta por el nombre mismo uno lo puede identificar: es una base naval integrada porque pertenece cien por ciento a la Armada argentina. No está vinculada con otros países, no es una base combinada”, explicó el ministro de Defensa. “No hay posibilidad de ninguna otra vinculación con países que vengan a aportar sus recursos o a pretender tener algún tipo de interés en nuestra patria”, agregó.

La mención a Estados Unidos no es casual. La entonces comandante del Comando Sur, la general Laura Richardson, visitó la zona en 2024 junto al propio Milei.

Otro aspecto a tener en cuenta es el mecanismo de contratación. En la gestión anterior, y según se informó de manera oficial, la obra tenía un contrato cerrado con el astillero estatal Tandanor. Ahora, el Gobierno anunció que toda la construcción se realizará por licitación pública. El Ministerio de Defensa ya recibió los pliegos y los derivó a la Armada, que tiene previsto salir con cinco licitaciones en simultáneo. La fecha que se maneja internamente para el inicio efectivo de los trabajos es el 2 de enero de 2027.

Ushuaia contra Punta Arenas

Hay otra dimensión del proyecto que atraviesa todas los análisis oficiales: la competencia con Punta Arenas. Hoy, la ciudad chilena concentra la mayor parte del tráfico logístico y científico hacia la Antártida, precisamente porque tiene la infraestructura que Ushuaia todavía no tiene. “Punta Arenas se lleva todo, porque es por la infraestructura que tiene”, señaló uno de los oficiales presentes en la presentación técnica.

La geografía, en principio, favorece a Ushuaia: navegar el canal Beagle desde el puerto de la ciudad permite estar en aguas abiertas en un período significativamente más corto que desde el puerto chileno. Además, la bahía tiene características que la hacen atractiva para buques de gran porte: es una bahía cerrada, medianamente protegida y con condiciones de viento que permiten el ingreso de embarcaciones de gran calado.

El horizonte que le da más peso estratégico a esta discusión es 2048, el año de la primera revisión del Tratado Antártico. En esa instancia, los países con presencia activa en el continente blanco tendrán una posición negociadora cualitativamente distinta a los que no la tienen. La lectura que hacen en la Armada es directa: si Argentina es la puerta de entrada y salida a la Antártida, su lugar en esa negociación está mucho menos en discusión. “A vos te interesa estar en un lugar donde todo el mundo no va a poner en discusión si tenés que estar vos o no en Antártida. Porque ya sos la puerta de entrada”, planteó uno de los oficiales.

Seis obras, un muelle de 585 metros y 30 meses para la primera etapa

Según explicó el contraalmirante Daniel Francisco Finardi, director general de Material de la Armada, a cargo de la ejecución del proyecto, la base contempla la ejecución de seis obras de infraestructura: la construcción del muelle —la más importante—, los obradores para apoyar la obra durante la temporada invernal, el edificio de servicios marítimos, la urbanización del predio para llevar los servicios básicos (agua, luz, gas, Internet), los edificios de logística antártica y, finalmente, la relocalización de la base naval actual con la construcción de viviendas para el personal.

El eje central de la primera etapa es el muelle. La longitud total proyectada es de 585 metros, pero el objetivo inicial es construir los primeros 240 metros en un plazo de 18 meses desde el inicio de obras. Ese tramo ya permitiría recibir a las lanchas de la División Patrulla Austral, que hoy amarran en el muelle auxiliar. La obra continuará de manera simultánea con los demás frentes, con el objetivo de que tanto el muelle completo como la logística antártica estén terminados para mediados de 2029, a más tardar a fines de ese año. Para 2028 está previsto iniciar la relocalización de la base naval actual, y a partir de 2029, la construcción de viviendas para el personal.

Hay además una dimensión económica que los mandos navales mencionan con énfasis: la base no solo servirá a la Argentina, sino que podría prestar servicios logísticos a los buques de cualquier país que opere en la Antártida, con un retorno sobre la inversión inicial.

Hay otro aspecto. En Defensa aseguran que con la nueva base habrá “mejor monitoreo de la milla 201 y del Atlántico Sur”, sobre todo para contrarrestar la actividades no permitidas en la zona, como la pesca ilegal china. También, las actividades de las empresas que participan del proyecto Sea Lion. Consultado por Infobae sobre las medidas del gobierno, Quirno concluyó: “Seguiremos avanzando a los diferentes niveles de sanciones justamente para que ese proyecto no avance”.

Base Naval Integrada de Ushuaia,Ushuaia,Argentina,Pablo Quirno,Carlos Presti