POLITICA
Juan Manuel Olmos habló sobre el futuro del peronismo: “Dividirnos sería un error histórico, porque el 2027 es un punto de inflexión para la Argentina”
El presidente de la Auditoría General de la Nación y referente del Partido Justicialista, Juan Manuel Olmos, sostuvo que el peronismo debe resolver sus diferencias a través de mecanismos de participación interna para llegar fortalecido a las elecciones presidenciales de 2027.
En una entrevista con Infobae al Regreso, también cuestionó la posibilidad de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), defendió la necesidad de un programa económico consistente y advirtió sobre los riesgos de modificar las reglas electorales en función de las conveniencias del oficialismo.
Durante la conversación con el equipo integrado por Gonzalo Aziz, Olmos analizó el escenario político del peronismo, la disputa por su conducción y los desafíos que, a su entender, deberá afrontar el espacio para volver a ser una alternativa de gobierno.
Uno de los ejes de la entrevista fue el futuro de las PASO. Para Olmos, las primarias siguen siendo una herramienta válida para ordenar la competencia política y otorgar legitimidad a las candidaturas. “Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias son una herramienta válida, y cuando se manipulan las reglas electorales para beneficiar a un partido, muchas veces eso termina jugando en contra”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que la legitimidad de un sistema electoral no depende únicamente de su aprobación legislativa, sino también de la estabilidad de las reglas. “La legalidad la da la mayoría del Congreso, pero la legitimidad de un sistema se adquiere cuando las reglas perduran en el tiempo y no buscan la ventaja de uno u otro”, señaló.
Ante la posibilidad de que las PASO no se realicen en 2027, el dirigente planteó que el peronismo deberá encontrar un mecanismo alternativo para definir a sus candidatos sin resignar la participación de sus votantes. “El peronismo necesita legitimar su programa y su candidato con participación popular. Eso tiene que ser en las PASO, que ojalá sigan, pero si se suspenden habrá que buscar un mecanismo para la competencia interna”, sostuvo.
Para Olmos, esa discusión excede la definición de nombres y debe servir para construir una propuesta de gobierno. “Es sano en este momento abrir una discusión de ideas, de programa y de propuestas para el próximo gobierno, y que esa propuesta tenga la legitimación de los votos”, afirmó.
El dirigente también insistió en que las diferencias dentro del PJ deben resolverse mediante la competencia política y no a través de una fractura del espacio. “El peronismo tiene una máxima: el que gana conduce y el que pierde acompaña. Eso se va a dar mucho más en una situación de competencia”, sostuvo.
En esa línea, advirtió sobre las consecuencias de una eventual división del espacio opositor. “Dividirnos sería un error histórico, porque el 2027 es un punto de inflexión para la Argentina”, afirmó.
Consultado sobre las tensiones internas que atraviesa el peronismo, Olmos relativizó las comparaciones con otras etapas de la historia del movimiento y sostuvo que las diferencias actuales pueden resolverse institucionalmente. “No se pueden comparar hechos históricos con diferencias actuales sobre quién lleva la propuesta y la candidatura. Si hay diferencias, se pueden dirimir en una elección interna o apelar al consenso en una única propuesta”, expresó.
La entrevista se produjo mientras distintos dirigentes del peronismo federal exploran la construcción de una alternativa nacional para los próximos comicios. En ese contexto, Olmos reconoció que existe una discusión sobre la conducción del espacio, aunque insistió en la necesidad de preservar la unidad. “Hay una discusión por la conducción del peronismo, por quién representa al espacio en la próxima elección”, indicó, y agregó: “La responsabilidad histórica nos lleva a no dividir el espacio político, pero sí a dirimir las diferencias”.
A su criterio, quien aspire a representar al justicialismo deberá llegar fortalecido por un proceso de debate interno. “El candidato tiene que tener la fortaleza de haber sometido sus ideas a un debate interno y conseguir los votos para ser quien represente al peronismo”, sostuvo.
Olmos también vinculó esa discusión con el rumbo que, a su entender, enfrentará el país después de 2027. “La Argentina bifurca dos caminos posibles: uno similar al modelo Lima, con informalidad y economía de subsistencia, y otro más cercano al modelo San Pablo, con un esquema productivo, nacional y alineamiento de políticas de Estado”, planteó.
En materia económica, el titular de la Auditoría General de la Nación consideró que cualquier propuesta de gobierno deberá partir de un esquema de equilibrio macroeconómico. “Debemos tener orden económico, porque no hay ningún esquema sostenible con desorden, inflación o gasto que no podés financiar”, afirmó.
Como ejemplo, recordó el período comprendido entre 2003 y 2008, al que definió como una etapa de superávit fiscal y comercial con crecimiento del empleo, y lo contrastó con la situación actual, que, según dijo, muestra un deterioro del entramado productivo.
En ese marco, sostuvo que el principal desafío del peronismo será ofrecer certezas sobre su programa económico. “El peronismo tiene que dar certezas y decir cómo va a ordenar la economía y la sociedad. No podemos volver a causar miedo o incertidumbre. Hay que trabajar para la gente y generar confianza”, afirmó.
Sobre la deuda externa y la relación con el Fondo Monetario Internacional, consideró que el endeudamiento representa una limitación para el desarrollo, aunque descartó la posibilidad de desconocer los compromisos asumidos por el Estado. “No se pueden romper los compromisos asumidos por la Argentina. Sí se pueden discutir plazos y herramientas”, señaló.
Al cierre de la entrevista, Olmos cuestionó el programa económico del Gobierno nacional y sostuvo que el ajuste, por sí solo, no constituye una estrategia de desarrollo. “El gobierno actual tiene un programa financiero que puede sostenerse por el ajuste, pero así a cualquiera le alcanza la plata. Hay que revisar el contexto y poner en marcha un programa fuerte, legitimado, donde el desarrollo del empleo y el mercado interno sean centrales. Ese programa y el candidato tienen que estar legitimados”, concluyó.
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Ley de Tierras: la oposición cuestiona la eliminación de los límites para compradores extranjeros antes del debate en el Congreso
A horas de que el Senado comience a debatir el proyecto que modifica la Ley de Tierras, la oposición endureció sus críticas contra la iniciativa del Gobierno. Tanto el peronismo como la Coalición Cívica publicaron documentos muy duros contra la norma.
En ese contexto, el Partido Justicialista difundió un documento en el que salió en defensa de la Ley de Tierras y cuestionó la iniciativa del oficialismo para modificar el régimen vigente. El texto sostiene que la norma se apoya en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia y plantea que la tierra debe ser considerada un “bien natural estratégico, escaso y no renovable”, por lo que requiere una protección especial frente a las reglas del mercado.
Además, el PJ argumentó que las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros tienen antecedentes históricos en la Argentina y recordó que esa orientación estuvo presente en distintas etapas de la legislación nacional, desde el Decreto Ley 15.385 de 1944 hasta la Ley de Tierras sancionada en 2011. Según el documento, esas normas nunca implicaron un desconocimiento del derecho a la propiedad privada, sino que buscaron compatibilizarlo con la defensa del interés nacional.
Como parte de su cuestionamiento al proyecto oficial, el partido también afirmó que la Argentina no constituye una excepción en esta materia. En ese sentido, señaló que países como Brasil, Estados Unidos, Australia, Israel, China y varias naciones europeas cuentan con regulaciones que limitan o condicionan la adquisición de tierras por parte de ciudadanos extranjeros, especialmente cuando se trata de recursos considerados estratégicos.
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En paralelo al debate legislativo, la Coalición Cívica difundió un documento de 13 páginas, firmado por Elisa Carrió y dirigentes del partido, en el que cuestiona la reforma impulsada por el Gobierno y advierte sobre sus posibles efectos en materia de soberanía y control territorial. El texto sostiene que “la tierra no es solo un bien económico: también es soporte de jurisdicción, seguridad, presencia pública y continuidad territorial de la Nación” y plantea que la discusión excede la compraventa de inmuebles rurales.
Como conclusión, la Coalición Cívica sostiene que la reforma “coloca el territorio argentino bajo un régimen de disposición política excepcional” y cuestiona que determinadas operaciones puedan quedar sujetas a autorizaciones del Poder Ejecutivo y de los gobiernos provinciales. Para los firmantes, cualquier modificación de la ley debería “procurar un equilibrio razonable entre la promoción de inversiones y la preservación” de los recursos considerados estratégicos.
Los detalles del proyecto que impulsa el presidente Javier Milei
El proyecto que impulsa el oficialismo para modificar la Ley de Tierras forma parte de un paquete más amplio sobre el derecho a la propiedad privada, que también introduce cambios en materia de expropiaciones, desalojos y el régimen aplicable a terrenos incendiados. Sin embargo, el capítulo referido a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros concentró la mayor parte de las discusiones durante el debate en el Senado y sufrió múltiples modificaciones durante su redacción.
La iniciativa elimina los límites establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011, que fija un tope del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales sobre el territorio nacional, las provincias y los municipios. También suprime el límite de extensión que puede adquirir una misma persona extranjera —equivalente a 1.000 hectáreas en la zona núcleo, con variaciones según la región— y deja sin efecto la restricción para la compra de campos que contengan o lindan con cuerpos de agua permanentes y de envergadura.
El Gobierno sostiene que esas restricciones desalientan inversiones y argumenta que la legislación vigente impide el desarrollo de proyectos productivos en distintas regiones del país.
La discusión sobre la Ley de Tierras ya tuvo un antecedente durante el inicio de la gestión de Javier Milei. El Gobierno intentó derogar la norma a través del DNU 70/2023, pero la medida quedó suspendida por una cautelar judicial tras una presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM). La Cámara Federal de La Plata confirmó esa decisión y el expediente permanece a estudio de la Corte Suprema, por lo que la legislación continúa vigente hasta que exista una resolución definitiva.
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POLITICA
La embajada de Francia celebró los 237 años de la Revolución Francesa y cuestionó el racismo contra su selección
La embajada de Francia celebró un nuevo aniversario por la Revolución Francesa y apuntó contra el racismo que denunciaron que hay contra su selección de fútbol, que es una de las grandes candidatas para quedarse con el Mundial 2026.
En esa línea, el embajador Romain Nadal dio un discurso en donde cuestionó los mensajes racistas que se extendieron durante las últimas semanas contra los jugadores negros del conjunto galo. “Hoy recordamos y reivindicamos que la Bastilla cayó para poner fin a los privilegios de nacimiento, y 237 años después esto se refleja, por ejemplo, en nuestra selección nacional de futbol conformada por franceses de distintos orígenes que defienden una misma bandera”, remarcó en el comienzo de su palabra.
“Los discursos de odio que pretenden denigrar a nuestros jugadores y quienes ven únicamente el color de la piel, olvidan que la República reconoce ciudadanos, no razas, y que defender la diversidad de la selección francesa es recordar que la promesa republicana sigue siendo la misma: una nación donde la igualdad prevalece sobre el prejuicio y donde cualquiera puede representar a Francia si comparte sus derechos, sus deberes y sus valores”, agregó.
El comentario por parte del diplomático llegó después de una serie de publicaciones que se hicieron conocidas en las últimas semanas. Uno de los casos que generó mayor controversia fue el de la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, quien acusó a la selección francesa de “equipo africano”. Finalmente, la representación diplomática en el país la declaró «persona no grata» a la dirigente.
Nadal también aprovechó el discurso para destacar el vínculo histórico entre ambos países y felicitar a la selección argentina. “El fútbol no es solo un deporte, es un puente entre nuestros pueblos. Francia y Argentina tienen dos de los mejores equipos del mundo, como bien lo mostró la final de 2022, dentro de la cancha somos rivales, pero fuera de ella somos dos pueblos unidos por una pasión en común”, señaló. El embajador también recordó los lazos históricos que unen a ambas naciones: la muerte del Libertador José de San Martín en Boulogne-sur-Mer, el pensamiento de Juan Bautista Alberdi nutrido en los principios republicanos franceses, y la figura de Alexandre Walewski, hijo natural de Napoleón, quien se desempeñó como diplomático en Buenos Aires.
En su discurso, Nadal calificó el balance de la relación bilateral como “muy positivo” e hizo referencia a una serie de acuerdos firmados en el último período. El 28 de junio de 2025, el ministro encargado de Comercio Exterior de Francia, Laurent Saint-Martin, firmó con el secretario de Minas argentino, Luis Lucero, un acuerdo marco en el sector de los minerales críticos, descripto como fundamental para la transición energética. Meses antes, durante una visita a París, el canciller Pablo Quirno suscribió con su par francés Jean-Noël Barrot un convenio destinado a fortalecer la cooperación científica y medioambiental en la Antártida y a reafirmar el compromiso de ambos países con el Tratado de 1959. A esos acuerdos se sumó uno firmado por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques con la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia, orientado a facilitar la formación de magistrados argentinos en ese país.
En el plano económico, Nadal destacó que las inversiones anunciadas por empresas francesas desde 2024 ascienden a miles de millones de dólares. Mencionó los casos de Eramet en litio en Salta, Carrefour en gran distribución, Danone y Savencia en la industria agroalimentaria, y Total Energies en Vaca Muerta y Tierra del Fuego. El mes previo al acto, la empresa Louis Dreyfus anunció una inversión adicional de USD 400 millones en Bahía Blanca en los sectores de soja y girasol. El embajador precisó que la presencia económica francesa en Argentina ya supera los 7.000 millones de euros de inversión extranjera directa, con más de 250 empresas y 53.000 puestos de trabajo, y anticipó que la celebración de la “Argentina Week” en París en octubre próximo será una nueva oportunidad para estrechar los vínculos comerciales entre ambos países.
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Por medio del decreto 581/2026, el Gobierno le quitó al asesor presidencial Santiago Caputo áreas que controlaba a través del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, y empoderó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que en la interna oficialista responde a Karina Milei. Los organismos involucrados en el traspaso son el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat) y el Correo Oficial.
Hasta ayer, cuando se publicó el decreto, estas tres áreas orbitaban bajo la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, liderada por Genua, hombre de confianza de Caputo. Con la medida, el Enacom pasó a depender directamente de Santilli, mientras que Arsat y el Correo quedaron bajo la órbita de Gustavo Coria, vicejefe de Gabinete del Interior y funcionario del riñón del exfuncionario macrista. Así, Caputo perdió el control de las tres áreas.
Según informó Carlos Pagni en , la transferencia de los organismos habría sido pedida por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, enfrentados a Caputo en la interna oficialista.
Luego de la renuncia de Manuel Adorni, en medio de un escándalo político y judicial que se extendió durante casi cuatro meses, Santilli asumió el cargo como una figura en la que Karina Milei depositó su confianza, pero que también mantiene un vínculo fluido con Caputo.
Enacom, Arsat y Correo
El Enacom regula el sector de las telecomunicaciones y el de los medios de comunicación audiovisual. Allí reside la decisión sobre la eventual autorización estatal de la fusión entre Telecom y Telefónica, ambas del Grupo Clarín. El presidente Javier Milei se opuso a la compra de Telefónica por parte de Telecom, y calificó la operación como un “abuso de la posición dominante que el Grupo [Clarín] quiere tener en el mundo de las telecomunicaciones”.
La Autoridad Nacional de la Competencia condicionó un mes atrás la operación entre Telecom y Telefónica: la fusión solo se aprobará si se cumple un conjunto de requisitos. Entre ellos figuran que Telecom deberá ceder 6 millones de clientes móviles a un competidor del sector; tendrá la obligación de resignar clientes de banda ancha en favor de otros competidores; y deberá garantizar a un nuevo operador el acceso a su infraestructura, espectro, sistemas y condiciones de interconexión durante dos años, para así asegurar la continuidad y la calidad del servicio.
Arsat, por su parte, es una empresa de telecomunicaciones que controla un tendido de 36.000 kilómetros de fibra óptica, frente a los aproximadamente 14.000 y 17.000 kilómetros que tienen Telefónica y Telecom, respectivamente. El organismo se encuentra en la lupa de la Justicia en una causa en la que se investigan presuntos sobornos. Está detenido en este caso Facundo Leal, el expresidente de la empresa estatal Arsat y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) que cayó preso con millones de dólares y estupefacientes.
Por último, Correo Argentino tiene entre sus funciones la organización del acto electoral y es una de las empresas públicas que el Gobierno busca privatizar.
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