En una apuesta de riesgo que incluso derivó en un fuerte cruce entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, el oficialismo en el Senado intentará aprobar este jueves el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada y su polémico capítulo que pretende levantar las restricciones a la venta de tierras rurales a personas físicas o jurídicas extranjeras impuestas por la ley 26.737 sancionada en 2011.

Bullrich (Capital) se muestra confiada en que tendrá el quórum que le permitirá habilitar la sesión, que está convocada para las 12, y las mayorías necesarias para aprobar el proyecto, aún los capítulos más controvertidos, y girarlo en revisión a la Cámara de Diputados.

La jefa del bloque libertario rechazó suspender la sesión por la celebración de la clasificación a la final del Mundial de Fútbol del seleccionado argentino como habría pedido Villarruel, según el intercambio de mensajes entre ambas dirigentes y la reconstrucción que pudo hacer .

El temario de la sesión de hoy incluye, además de la habilitación de venta de tierras a extranjeros, una treintena de pliegos judiciales impulsados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Uno de los candidatos es Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario letrado del juez federal Ariel Lijo, quien está propuesto para el estratégico juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, que tiene a su cargo investigar a Martín Insaurralde y Jesica Cirio.

También se encuentra en la lista Víctor Pesino, el camarista que avaló la reforma laboral del Gobierno, que está a punto de cumplir la edad jubilatoria de 75 años y por quien Javier Milei le pide al Senado que le extienda la magistratura por cinco años.

La apuesta de Bullrich no es sencilla si se toma en cuenta que se esperan varias ausencias como consecuencia del inicio de las vacaciones de invierno en varias provincias, período que es usado como una suerte de receso extraoficial en el Congreso.

Además, se suma otra cuestión que provoca incertidumbre. Desde que se firmó su dictamen, hace más de dos meses, el texto sufrió tantos cambios que ya se han redactado 15 nuevas versiones del despacho. Las modificaciones deberán practicarse en el recinto, en el debate en particular, una desprolijidad que podría complicar la sesión.

Por lo pronto, el oficialismo cuenta por estas horas con que alguno de los peronistas disidentes de Convicción Federal, tres senadores que responden a los gobernadores peronistas dialoguistas Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), estarían para el quórum. Además, con el voto a favor del proyecto de Julieta Corroza (Neuquén), que responde al gobernador Rolando Figueroa.

Sin embargo, en las últimas horas una luz de alarma se encendió en el tablero oficialista por la fuerte presión sobre los senadores de Encuentro Misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, para que voten en contra de habilitar la venta de tierras a extranjeros.

La polémica ha llevado al extremo de que varios dirigentes han renunciado al espacio en rechazo a la postura del líder de Encuentro Misionero, el exgobernador peronista Carlos Rovira, de apoyar al gobierno libertario con los votos de los diputados y senadores que le responden.

El telón de fondo es la guerra política abierta que vive Misiones: la fractura del oficialista Frente Renovador de la Concordia, alianza local creada por Rovira que gobierna la provincia desde hace más de 20 años.

De un lado quedó el gobernador, Hugo Passalaqua, avalado por un grupo importante de intendentes que le dieron vida al Movimiento por lo que Viene. Del otro, el fundador de la renovación, que pegó un portazo, fundó Encuentro Misionero y se quedó, por el momento, con los legisladores nacionales. El motivo de la rebelión contra Rovira es la pulseada en torno a un proyecto de ley que impediría la reelección indefinida de los jefes comunales.

El voto de Arce y Rojas Decut es clave para el Gobierno y Bullrich lo sabe. Si llegase a perder esos apoyos tendría que analizar con mucho cuidado si le conviene abrir el recinto este jueves. Si decide no hacerlo, sería la tercera vez que fracasa una sesión prevista para debatir el proyecto de propiedad privada. Si ocurre, se fortalecería la sentencia de un senador oficialista, que tras el segundo intento fallido exclamó “¡Esa ley es yeta!”.

El proyecto

La iniciativa, forjada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, consta de varios capítulos, con cambios en el régimen legal para los desalojos judiciales y a las leyes de Tierras y de Manejo del Fuego.

Sobre la venta de tierras rurales, la última versión modificada del dictamen habilita la venta de tierras rurales sin límites a personas extranjeras. Deberá conseguirse la autorización de la provincia y la Nación en casos de empresas con participación de Estados extranjeros en su capital accionario. La ley vigente limita la posesión extranjera a un 15%, tanto en el nivel nacional como provincial y departamental. A su vez, ninguna nacionalidad podrá poseer más del 30% de la totalidad habilitada.

El oficialismo defiende el proyecto y destaca que prohíbe que otras naciones puedan comprar tierras. “Una cosa es la inversión privada y otra muy distinta es que un Estado extranjero avance sobre la propiedad de nuestro territorio”, sostienen.

También destacan el “doble control”, nacional y provincial, para la compra de tierras por empresas con participación de otros Estados en su capital. “No alcanza la opinión de un funcionario sentado en un escritorio en Buenos Aires, sino que interesa la opinión de quienes conocen el territorio”, sostiene el instructivo oficialista.

En el caso de los desalojos, la última versión dista mucho de la original. Por lo pronto, el Gobierno debió resignar su idea de aplicar el juicio sumarísimo y se establecieron diferencias entre usurpadores y ocupantes ilegales de los deudores de alquileres. El texto que llegará al recinto establece un plazo de 10 días hábiles de notificación, el original establecía sólo 3, para la devolución del bien y se suman protecciones a menores, personas con discapacidad y mayores de edad antes de dar curso a la ejecución del desalojo.

La Justicia le dio malas noticias a los empresarios acusados en el juicio por los cuadernos de las coimas. La Cámara Federal de Casación decidió reponer el bloqueo de fondos depositados en bancos de Suiza y actualizar los embargos sobre los bienes de los acusados, medidas que habían sido levantadas por el tribunal oral federal.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación -por mayoría- hizo lugar al recurso de casación de la fiscalía y ordenó que se mantengan y actualicen estas medidas cautelares impuestas al empresario Juan Carlos De Goycochea.

Si bien se trata de un fallo sobre un acusado en particular, sus efectos se proyectan sobre planteos similares de otros acusados, dijeron fuentes judiciales a .

La Sala I de la Cámara de Casación, con el voto de Gustavo Hornos y Javier Carbajo, resolvió revocar la decisión dictada por mayoría por el Tribunal Oral Federal 7, que lleva adelante el juicio oral por los cuadernos de las coimas. El tercer camarista, Diego Barroetaveña, votó en disidencia.

Lo que resolvieron los jueces, en concreto, es reponer el bloqueo de activos correspondiente al remanente de los fondos depositados en la cuenta N° 11.451.742 del Intesa San Paolo Private Bank –Suisse– SA, de Lugano y el embargo dispuesto sobre dos inmuebles ubicados en Chubut, al tiempo que dispusieron mantener la inhibición general de bienes que pesaba sobre el imputado, pues había incumplido un embargo ya ordenado.

En los votos de los camaristas Carbajo y Hornos, quienes conformaron la mayoría, coincidieron en la falta de fundamentación del levantamiento de las medidas cautelares, especialmente atendiendo a que el juicio oral y público está en pleno desarrollo.

Recordaron que el sentido final de la vigencia de los fondos suizos, los embargos y la inhibición general de bienes, es asegurar el cumplimiento de las eventuales multas, indemnizaciones, penas pecuniarias, costas y el recupero de los bienes provenientes de los delitos de lavado de activos.

Además dijeron que esos objetivos podrían verse comprometidos por la decisión que había tomado el Tribunal Oral Federal, con los votos mayoritarios de Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y la disidencia de Germán Castelli.

Además los camaristas de Casación tuvieron en cuenta que fue el 19 de abril de 2023 la última oportunidad en que se ajustó el monto del embargo ordenado con respecto a los bienes de De Goycochea.

Afirmaron que ahora, transcurridos más de dos años y medio, “resulta, a todas luces, que ha quedado desactualizado frente a los cambios económicos experimentados”. Advirtieron que hubo “avatares inflacionarios de público conocimiento y las oscilaciones del valor de la moneda nacional, circunstancia que no ha sido contemplada por la mayoría” de los jueces del Tribunal Oral Federal a cargo del juicio.

Hornos, en su voto, recordó que los hechos juzgados en esta causa se vinculan con hechos de corrupción. Dijo que se investiga la presunta existencia de una asociación ilícita, constituida por funcionarios y empresarios que habría operado desde 2003 a 2015 “cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”.

En ese contexto, a De Goycoechea se le atribuye haber efectuado dieciocho pagos, como representante del grupo Isolux Corsan SA, a funcionarios nacionales, que se investigan como supuestos sobornos para mantener sus contratos con el Estado. Se trataba del contrato para obtener la adjudicación de la obra de la Central Termoeléctrica Río Turbio.

De este modo, la Cámara de Casación revocó la decisión del tribunal oral y ordenó que los jueces repongan las medidas cautelares dispuestas con respecto a De Goycoechea y que actualicen los embargos. El caso llegó a la Cámara de Casación a raíz de un apelación de la fiscal ante el tribunal oral Fabiana León, que fue mantenido por el fiscal ante la Cámara de Casación Raúl Pleé.

Los fondos en Suiza fueron detectados por la Unidad de Información Financiera (UIF) y bloqueados por el fallecido juez Claudio Bonadio. De Goycoechea y su esposa figuraban como titulares y beneficiarios finales de la cuenta con US$ 5.543.443 al 2 de noviembre de 2018.

Otra cuenta del UBS Switzerland AG, también radicada en Suiza, acumulaba activos por US$ 8.400.000 en diciembre de ese año. El tribunal oral desbloqueó esos fondos que ahora se ordenó congelar nuevamente. De Goycochea declaró como arrepentido al comienzo del caso, apenas cayó preso, y confesó haber realizado pagos ilegales, aunque dijo que no eran sobornos.

De Goychoechea admitió que le pagó a funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner, pero resaltó que los montos “no son los que se dicen” y que lo hizo porque lo “apretaban” pidiéndole plata para campañas electorales.

El empresario aseguró que todo ocurrió bajo presión de los funcionarios. Declaró que no tenía “más remedio” que pagar, pero negó que hubiera efectuado pagos por seis millones de dólares, como estimó el chofer Oscar Centeno en sus anotaciones, que motivaron la causa. Dijo que la cifra era menor.

Centeno lo ubicó como protagonista de un pago de 6 millones de dólares a Roberto Baratta, mano derecha de Julio de Vido, que tuvo lugar en Maipú 741, suma de dinero que a su vez le entregan a Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner.

Centeno escribió: “Llevé al Licenciado [Baratta] a Maipú 742, donde se encontró con dos personas y luego subieron al 1 B y luego bajaron del Dpto el Lic. y una persona con una valija más o menos de 90 cm de alto, por 40 de ancho y 20 cm de espesor. Yo la cargué en el baúl del auto y pesaría más o menos 40 kgs. Era dinero. Y luego lo llevo al Lic. a su dpto, donde se baja con la valija y luego lo traje al Lic. al ministerio. Las personas son de Isolux-Corsan, en la valija había más o menos 6 millones de dólares”.