¿Una nueva movilización de la CGT y de las CTA contra el gobierno de Javier Milei en octubre próximo? Es una alternativa que se discutiría el martes próximo cuando se reúna la versión ampliada de la mesa chica cegetista, en la sede de la UOCRA, en medio de las presiones de distintos sectores para que defina la continuidad del plan de lucha iniciado por las tres centrales obreras.

El encuentro, que comenzará a las 16, fue convocado para realizar “un debate de reflexión y encuadramiento para mantener las estrategias y provocar algo en octubre”, dijo a Infobae uno de los jefes sindicales.

El triunvirato de la CGT, que integran Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), hace malabares para contener a las fracciones más duras que buscan endurecer el plan de lucha iniciado el 22 de julio y, a la vez, conformar a los dirigentes dialoguistas, que prefieren esperar el clima social más propicio para la realización del quinto paro general contra Milei.

Por ahora, la CGT y las dos CTA sostienen un esquema de protestas contra las políticas libertarias, pero la cúpula cegetista mantiene una estrategia moderada y contempla un paro general si no se abre una instancia de diálogo por el deterioro del empleo, el endeudamiento de los hogares y las jubilaciones congeladas.

La semana pasada, en una reunión reservada que anticipó Infobae, los líderes cegetistas y los titulares de las CTA hicieron un balance positivo del plan de lucha conjunto contra el Gobierno y acordaron definir en estos días de qué forma seguirán las medidas de fuerza.

Con la presencia del triunvirato de la CGT, el líder de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy (ATE); el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y el secretario de Relaciones Internacionales de esa central, Roberto Baradel (CTERA), se coincidió en que fueron exitosas las protestas conjuntas que comenzaron el 22 de julio con el acompañamiento a la marcha de jubilados frente al Congreso. En este caso, concluyeron, la participación de las centrales obreras amplió la adhesión a las concentraciones que se realizan cada miércoles.

La movilización del 20 de agosto contra el endeudamiento familiar, además, fue evaluada como una instancia para instalar el reclamo y exigir respuestas oficiales.

Las tres centrales obreras habían anunciado protestas “a la francesa”, con paros sectoriales y alternados para aumentar su efecto frente a medidas de fuerza esporádicas. Sin embargo, las movilizaciones posteriores tuvieron una presencia limitada de la CGT.

La dirigencia cegetista tuvo una participación casi testimonial en las marchas al Congreso contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el 6 de agosto; en la movilización por San Cayetano, el 7 de agosto, e incluso en la protesta por las familias y las pymes endeudadas, el 20 de agosto.

La marcha prevista para el 28 de agosto, cuando se reunió el Consejo del Salario Mínimo, fue suspendida porque el encuentro se hizo de forma virtual. Las dos CTA querían concentrarse de todos modos frente a la Secretaría de Trabajo, pero la CGT impuso su negativa con el argumento de que la deliberación sería por Zoom.

Las fracciones de la CTA privilegiaron la unidad con la central cegetista y desistieron de salir a la calle.

La CGT tampoco marchó el 2 de septiembre por el Día de la Industria, aunque esa posibilidad había sido discutida entre las tres centrales. En cambio, en la sede de Azopardo 802 se realizó un acto para debatir “el futuro estratégico de nuestra industria nacional”, con la participación de dirigentes de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), presidida por Ricardo Pignanelli (SMATA).

Los gremios educativos agrupados en la CGT, por su parte, hicieron protestas sin paros para reclamar una actualización del salario mínimo docente, congelado desde el año pasado en $500 mil. Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT y titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), había anunciado clases públicas sobre la crisis del sector, “semaforazos”, volanteadas y una marcha al Palacio Pizzurno.

La decisión de no interrumpir las clases responde a la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que reglamenta el derecho de huelga y exige sostener servicios mínimos del 75% en actividades esenciales, como la educación. No es el mismo criterio aplicado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), alineada con la CTA de los Trabajadores, que realizó un paro docente el 3 de agosto por mejoras salariales y contra el desfinanciamiento educativo.

Ahora, tanto los sindicatos educativos de la CGT como la CTERA y otras organizaciones gremiales del sector convocaron a un paro de 48 horas (el 18 y el 22 de septiembre) y a la quinta Marcha Federal Universitaria para el 23 de octubre, además de 23 días de protestas en todo el país, en defensa de la universidad pública y en contra del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno libertario.

¿La CGT y las dos CTA analizarán sumarse el 23 de octubre a la Marcha Federal Universitaria y tratar de concretar una demostración de fuerza callejera con distintos sectores afectados por las políticas de Milei?

Es una de las posibilidades antes de que comience noviembre, cuando los sindicalistas harán una tregua porque estarán con la mirada puesta en la visita del Papa León XIV a la Argentina, entre el 8 y el 11 de ese mes, que ya tiene una cita programada, como anticipó Infobae: el lunes 9 de noviembre, en el campus Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA), el sumo pontífice tendrá una reunión con la CGT, las dos CTA, el empresariado y los movimientos sociales.

La agenda papal también contempla actividades en Luján y Córdoba, además de una misa central en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires, donde el sindicalismo movilizará a sus afiliados.

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El jefe del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, volvió a cuestionar a Axel Kicillof por la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires y reclamó avanzar con la prohibición del uso de celulares en las cárceles, luego de que se conociera que dos presos organizaron desde prisión un plan para asesinar a la fiscal de San Isidro María Paula Hertrig.

A través de sus redes sociales, el diputado nacional expresó su solidaridad con la funcionaria judicial y sostuvo que el caso confirma una problemática que, según afirmó, el PRO viene denunciando desde hace años.

“Toda mi solidaridad con la fiscal María Paula Hertrig, de San Isidro. El complot para asesinarla se organizó desde dos cárceles bonaerenses, con celulares”, escribió Ritondo.

En ese sentido, cargó contra el gobernador bonaerense: “Mientras Kicillof mira para otro lado y pasea por Nueva York haciendo campaña, los penales de la Provincia funcionan como oficinas del delito”.