Dos diputadas radicales denunciaron un presunto caso de adoctrinamiento en una escuela primaria de Formosa. Agostina Villagi y Carla Zaiser difundieron imágenes tomadas el viernes durante un acto en un establecimiento educativo de la pequeña localidad de Gran Guardia, a 80 kilómetros de la capital formoseña.

En el clip se puede ver a una delegada zonal que les recuerda a los alumnos que los guardapolvos, útiles escolares, zapatillas y el servicio de comedor que reciben son entregados por el gobernador Gildo Insfrán.

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Una semana después de haber enviado al Congreso un proyecto de ley de presupuesto que avanzaba sobre el corazón de la ley de discapacidad, el Gobierno empezó a desandar parte de ese camino. Los libertarios negocian con sus principales aliados un nuevo proyecto que mantendría el nomenclador y la actualización automática de las prestaciones, dos puntos que el texto del Poder Ejecutivo proponía eliminar. A cambio, buscan endurecer los criterios para otorgar las pensiones.

Es la salida intermedia con la que el oficialismo intenta cerrar una crisis que volvió a abrir roces hacia adentro del gabinete y a enfrentar al Gobierno con sus socios parlamentarios.

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La carrera electoral para renovar el Consejo de la Magistratura a fin de año ya comenzó. Los cambios en el organismo que designa y remueve a los jueces federales y nacionales de todo el país anticipan alteraciones en la actual distribución de poder, donde los jueces son los que mantienen su hegemonía.

Las elecciones de jueces y de abogados para el Consejo de la Magistratura abren un nuevo escenario, pues habrá cambios en los nombres de los consejeros pero puede haber también modificaciones en la distribución de fuerzas.

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El objetivo político de intendentes bonaerenses y del gobierno provincial de Axel Kicillof de restablecer la posibilidad de la reelección indefinida para jefes comunales y legisladores provinciales y municipales, está paralizado en una comisión del Senado de Buenos Aires.

La iniciativa lleva más de un año de presentada, pero nunca logró avanzar, afectada por la interna peronista y, ahora, por una inmovilidad que impide su paso desde una comisión (la de Legislación General), controlada por el kicillofismo, a otra (Reforma Política y Régimen Electoral), que maneja el massismo.

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Un diagnóstico aparentemente correcto y seductor, con herramientas y recursos insuficientes. Así definen sectores castrenses el proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso, que a partir de las tensiones con el Reino Unido por Malvinas crea el Consejo de Seguridad Nacional y dispone que las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para participar en “operaciones militares convencionales y no convencionales”.

La evaluación entre los militares se completa con el análisis de otro proyecto sensible remitido a la Cámara de Diputados; el presupuesto 2027, que aumenta los recursos asignados al área de Defensa en un 20%, un porcentaje inferior a la inflación anual que la propia administración libertaria y consultores privados estiman en un 30 por ciento.

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Los últimos cortocircuitos entre la Casa Rosada y la Cámara de Diputados abrieron un frente colateral: un nuevo desmarque de Patricia Bullrich. Por lo menos, el tercero de peso desde que asumió como jefa del bloque de LLA en el Senado. Pero ¿qué hay detrás de sus movimientos? ¿Una estrategia con miras a 2027, genuino desgaste parlamentario o un intento de marcarle la cancha a Javier Milei y, de paso, hacer valer su poder de fuego frente a Karina? “Ella juega su juego”, repiten los suyos.

“Todos los peros tienen un porqué”, refuerza la propia Bullrich en el posteo que subió tarareando la canción “No me importa”, de Lali Espósito —blanco de críticas del Presidente—, un día después de pedirle al Ejecutivo que no la tome por tonta. Toda una declaración de guerra que la Casa Rosada intentó moderar.

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El presidente Javier Milei definió este domingo como “matices de opinión” a las diferencias dentro del Gobierno, en medio de la creciente tensión entre Patricia Bullrich y los hermanos Milei. Lo hizo al responder a una publicación en X que planteaba que el oficialismo debía resolver sus internas para que la gente se sintiera segura de votarlo.

“Ayudaría mucho si esas MIERDAS HUMANAS MAL CAGADAS que se hacen llamar periodistas (95%) no mintieran tanto ni llamen internas a matices de opinión… pero eso les reduce el tamaño del sobre…”, escribió el mandatario.

La senadora Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con el Gobierno por los cambios en la Ley de Discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027 y advirtió que buscará discutir el tema con Javier Milei para evitar un “error no forzado”. Además, profundizó la interna al cruzar al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por su versión sobre cómo se conocieron las modificaciones: “Lo que dijo es mentira”.

“Yo tengo una responsabilidad que es generar consensos para que las leyes que manda el Gobierno se aprueben y no sean proyectos perdidos en la nada”, dijo Bullrich.

En esa línea, la funcionaria agregó en declaraciones a LN+: “Hay mucha gente que cuando vio esto dijo ‘es un tren que va directo contra una pared’. Yo lo digo en voz alta, hay un montón que lo piensan y lo voy a hablar con el Presidente, que va a estar de acuerdo”.

“Nuestros aliados están dispuestos a votar el presupuesto y saben que tienen puntos que no vamos a negociar de ninguna manera. Hay cosas que no las vamos a tocar. Ahora, aquellas cosas que generan sensibilidad en la sociedad y se pueden solucionar de otra forma, sí”, dijo la senadora. “Es tan claro que, si cometemos un error no forzado, ¿qué van a pensar? Que somos crueles», advirtió.

La dirigente destacó que los funcionarios deben estar cerca de las personas que tienen una discapacidad. “Arreglas las maneras siempre dentro de un superávit fiscal. Si mandas algo que no vas a poder convertir en ley, estás desgastando al Presidente”, insistió.

Por otra parte, Bullrich cruzó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que aseguró que no se enteró de los cambios porque se fue antes de la reunión de la mesa política: “Eso es mentira, cuando se habló del Presupuesto yo estaba”.

“Martín Menem tampoco sabía nada y él se quedó tres minutos más que yo”, aclaró la senadora, al tiempo que agregó: “Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir una cosa que no es”.

Las críticas de Bullrich

El conflicto de la jefa del bloque oficialista en el Senado comenzó cuando criticó los cambios en la Ley de Discapacidad. En ese momento, Bullrich declaró: “No estaba enterada, tenemos que corregir eso”.

“Me sorprendió, porque estando en la mesa política del Gobierno el tema no salió a la luz. Llegó el Presupuesto 2027 al Congreso, con esta introducción de cambios en la Ley de Discapacidad, que no eran conocidos”, detalló la senadora.

Cada legislador provincial de los 1.199 que hay en las 24 jurisdicciones del país, le implicará este año un gasto promedio de $1.531 millones a los respectivos habitantes de cada distrito. Esa cifra equivale a cerca de $128 millones mensuales por cada uno. El indicador surge de dividir las partidas legislativas previstas en cada presupuesto provincial para 2026, por la cantidad de integrantes de sus cámaras, según el análisis realizado por la Fundación Libertad.

De los 24 distritos, 8 tienen Legislaturas bicamerales, o sea con un cuerpo de diputados y otro de senadores: Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Corrientes, Salta, Catamarca y San Luis.

Si se suman todos los distritos, el presupuesto para mantener las 32 estructuras legislativas asciende a $1.835.300 millones anuales.

“En un país donde todos los días se les pide un esfuerzo a los ciudadanos, la política no puede quedar al margen. Que las legislaturas provinciales cuesten $1,8 billones al año y que cada legislador demande, en promedio, $1.531 millones obliga a preguntarse si estas estructuras están realmente justificadas. No se trata de debilitar las instituciones, sino de terminar con la idea de que el esfuerzo siempre tiene que hacerlo otro: la política también debe revisar sus gastos, eliminar privilegios y rendir cuentas”, le dijo Javier Bongiovanni Director del Centro de Investigaciones Sociales y Económicas (CISE) de Fundación Libertad, a Infobae.

Desde 2018, esta organización con 38 años de trayectoria y sede en la ciudad de Rosario, elabora anualmente este informe con el propósito de estimar cuánto destinan las provincias al funcionamiento de sus poderes legislativos.

Costo anual por provincias

Si se analiza el costo por año de cada representante, el monto varía significativamente entre las provincias.

Tucumán, con 49 legisladores encabeza el ranking. Tiene un presupuesto de $182.504 millones para el ejercicio presupuestario de 2026, lo que implica que el gasto por representante asciende a $3.725 millones por año.

El estudio señala que el costo de un legislador tucumano equivale a más de seis veces el de uno jujeño, pese a que los órganos legislativos de ambas provincias tienen una integración similar 49 y 48, respectivamente.

La Ciudad de Buenos Aires ocupa el segundo lugar, con un costo de $3.402 millones por cada uno de sus 60 legisladores porteños. El distrito capital tiene prevista una partida de $204.092 millones para el funcionamiento de la Legislatura en 2026.

Chaco completa el grupo de las tres jurisdicciones con el costo individual más alto en 2026: $3.057 millones por legislador.

En el otro extremo, San Luis con 43 diputados y 9 senadores, registra el menor gasto: $176 millones por representante.

Luego aparece Santiago del Estero con una erogación anual de $206 millones por legislador. La brecha más pronunciada se observa entre esta provincia y la chaqueña, donde el gasto anual por legislador es casi 15 veces superior al de la jurisdicción santiagueña.

“La distancia entre los dos extremos del listado expone diferencias amplias en los recursos destinados al funcionamiento parlamentario”, advierte el informe realizado por la Fundación Libertad.

Al pararse sobre cada distrito, se despliega la información respectiva:

El gasto legislativo conjunto de las 24 legislaturas, incluyendo las 8 bicamerales, representa el 1,15% de los 24 presupuestos provinciales relevados.

Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país, destina el mayor presupuesto legislativo total en números absolutos, con $379.004 millones. El Senado bonaerense tiene 46 integrantes y la Cámara de Diputados, 92 miembros. El gasto anual por cada uno de los 138 representantes es de $2.746 millones.

Le siguen CABA con $204.092 millones para el funcionamiento en 2026 de su Legislatura unicameral, y Santa Fe con $191.813 millones para ambas cámaras, integradas por 50 diputados y 19 senadores,

Tucumán ocupa el cuarto lugar en la asignación anual para el funcionamiento legislativo en valores absolutos, con $182.504 millones. Pero esta provincia norteña presenta la mayor participación relativa, el 3,66% respecto del presupuesto total de ese distrito norteño.

Le siguen Catamarca, con 2,64%, y Chaco, con 2,22% de la asignación en relación al presupuesto provincial total de esas provincias en 2026.

Comparación con otras partidas

El informe de la Fundación Libertad compara el presupuesto asignado a las legislaturas con otras áreas de gobierno.

En Tucumán, por ejemplo, la partida legislativa equivale al 43% de los gastos de capital previstos para este año.

En la Ciudad de Buenos Aires, los fondos para la Legislatura porteña representan el 20% de lo presupuestado para el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.

En Santa Fe, el monto legislativo supera en alrededor de 45% al destinado al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La provincia de Buenos Aires destina a su Poder Legislativo nueve veces más recursos que al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. La partida parlamentaria equivale, además, a 5,3 veces el presupuesto del Ministerio de Economía bonaerense.

El gasto en personal

Las legislaturas de los 24 distritos tienen un elemento en común: la mayor parte de los fondos legislativos se destina al pago de personal. Ese rubro comprende las remuneraciones de los legisladores, sus asesores, secretarías y empleados, tanto de planta permanente, como los transitorios que llegan y deberían irse al finalizar el mandato del legislador que los nombró.

En las provincias donde fue posible identificar esa información, el gasto en personal representa, en promedio, el 84% del presupuesto legislativo.

Río Negro alcanza el porcentaje más alto, con 95%. Le sigue, Formosa con el 94,2% de sus recursos legislativos destinados al pago de sueldos; y Mendoza y Santa Cruz, que registran una proporción similar del 94%.

En el otro extremo, Santa Fe, San Luis y la Ciudad de Buenos Aires exhiben las participaciones más bajas del grupo relevado.

Cantidad de empleados por legislador

El promedio de empleados con que cuenta cada legislador es de 27 en las jurisdicciones con datos disponibles.

Los legisladores de Corrientes tienen el número más alto: 3.234 empleados para 45 legisladores, una relación de 72 trabajadores por representante.

Chaco registra 70 empleados por cada uno de sus 32 legisladores, y Formosa, 62 por cada uno de sus 30 representantes.

San Luis se ubica en el otro extremo, con dos trabajadores por cada uno de los 52 diputados y senadores que integran sus dos cámaras.

Le siguen Santiago del Estero, con 5 para cada uno de sus 40 representantes, y Córdoba, con 8 empleados para cada uno de sus 70 diputados.

Legislaturas provinciales vs españolas

El informe de la Fundación Libertad compara el gasto de las legislaturas provinciales con el destinado a las comunidades autónomas de España de poblaciones similares.

Las españolas prevén un gasto legislativo anual, en conjunto, de 446 millones de euros. A la cotización oficial de $1.708 por euro del Banco Central de la República Argentina al 31 de diciembre de 2025, equivalen a $761.166 millones. Con esta conversión, el gasto legislativo argentino de $1.835.300 millones anuales resulta 2,41 veces superior al español.

En tanto, el costo medio por representante arroja un cálculo de $628 millones en España al año, frente a los $1.531 millones por cada legislador en nuestro país.

Así, el costo anual de un legislador de Tucumán ($3.725 millones) es 6,2 veces mayor al de sus pares en Murcia ($601 millones).

El de cada legislador de Santa Fe ($2.780 millones al año) supera en más de cinco veces el de Galicia ($527 millones).

El gasto de la Legislatura de Chaco por cada uno de sus miembros ($3.057 millones) es casi 7 veces más que la de Cantabria ($455 millones por representante).

Y Buenos Aires, con 138 diputados y senadores, desembolsa 5,3 veces más por legislador ($2.746 millones) que la Asamblea de Madrid, que tiene 135 representantes ($515 millones de gasto cada uno).

“En conjunto, las comunidades españolas destinan el 0,15% de sus presupuestos al Poder Legislativo, esto significa que la participación del gasto legislativo en Argentina es aproximadamente 7,9 veces la registrada en España”, analiza el trabajo.

Otra diferencia se refiere a la composición del gasto. Mientras que las legislaturas provinciales argentinas gastan en promedio un 84% en personal, sus pares españolas le destinan un 60%.

Visualizaciones: Daniela Czibener.

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