POLITICA
Marchas y piquetes: los movimientos sociales cortarán accesos en rechazo a la baja del programa Volver al Trabajo
“Este 22 realizaremos cortes en rutas, puentes y accesos de todo el país rechazando la política criminal de este Gobierno nacional que le quita el salario del Programa Volver al Trabajo a los trabajadores más humildes. Más 930.000 personas se quedan sin su salario y eso es muy grave. Esa plata que le sacan a los humildes es plata que va a dejar de girar en los circuitos comerciales de cercanía. Por ende, no solo es un golpe al bolsillo de los trabajadores, sino que es un golpe terrible para las economías locales como verdulerías, kioscos de barrio, almacenes”. La que anuncia el plan de lucha que comenzará este miércoles es Johana Duarte, secretaria gremial de Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la agrupación gremial que concentra a casi dos millones de personas que forman parte de la mano de obra informal que se dedican a changas, trabajos domésticos, acompañamiento de personas mayores, agricultores, cartoneros, entre otras actividades.
Los puntos elegidos para las protestas y los horarios se decidirán la noche anterior y no serán anunciados para evitar que la Policía se anticipe y despliegue un cerco perimetral o les impida llegar a los lugares que en otras oportunidades fueron, por ejemplo, los puentes Saavedra, Pueyrredón, General Paz y Juan Manuel de Rosas; Panamericana y Ruta 197, la Autopista Buenos Aires-La Plata, entre otros puntos de ingresos a la Ciudad de Buenos Aires.
La medida forma parte de un extenso cronograma que desembocará en una “Marcha Federal” que finalizará frente a la Casa Rosada y un paro general, instancia que la CGT aún no anunció oficialmente.
Estas acciones estarán precedidas -junto a sectores sindicales- con la peregrinación del 7 de agosto, en celebración del día del patrono del trabajo que partirá desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y llegará hasta Plaza de Mayo, tal como sucede desde la primera marcha histórica de “Los Cayetanos”, que tuvo lugar ese mismo día, pero de 2016.
La movilización fue catalogada como “histórica”. Fue en reclamo durante el gobierno de Mauricio Macri. En esa oportunidad, casi medio millón de personas marcharon de 16 kilómetros en reclamo de “paz, pan tierra techo y trabajo”. Una consigna que tres años después, y a fuerza de protestas, se materializó en la Ley de “Emergencia Alimentaria”.
Los dirigentes de los movimientos sociales nucleados en la UTEP, que tiene como secretario general Alejandro Gramajo, aspiran a que mañana las concentraciones en los puntos de bloqueo sean numerosas. El objetivo es doble: evitar la acción directa de las fuerzas de seguridad que intentarán desalojarlos y, en segundo lugar y quizás hasta más importante, demostrarle al gobierno de Javier Milei que aún conservan poder de convocatoria y ascendencia entre los sectores que representan.
Uno de los logros que La Libertad Avanza se ufana de haber conseguido es el de haber inactivado las marchas y piquetes semanales sobre la Avenida 9 de Julio, en el centro porteño, el Obelisco y zonas aledañas.
El protocolo antipiquetes implementado desde el Ministerio de Seguridad, en época de Patricia Bullrich, y que Alejandra Monteoliva hace cumplir a rajatablas tuvo mucho que ver con el desaliento de los cortes de calles. Hasta los jubilados son obligados a abandonar la calzada cada miércoles de protesta frente al Congreso de la Nación.
La decisión del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, de suprimir programas como el Potenciar Trabajo -sobre el cual tenían injerencia los dirigentes sociales- y transformarlos en otros, como el Volver a Trabajar, que acaba de eliminar; y quitarle el manejo de la ayuda alimentaria estatal que realizaban los movimientos populares como el Evita, Barrios de Pie, el Polo Obrero y entre otros, el Frente Popular Darío Santillán, tuvieron impacto sobre la concurrencia a las marchas y convocatorias.
Desde los espacios que integran la UTEP, devalúan esa visión con otras observaciones: “La gente ya no aguanta la represión policial y muchos no tienen ni para el pasaje”.
Los funcionarios de la ministra anticiparon que si los piqueteros cortan accesos de injerencia federal “van a ser desalojados”. Y recuerdan: “Como siempre se va a cumplir con el protocolo antipiquetes”.
En diálogo con este medio, Duarte insistió en que dejar casi a un millón de personas sin la percepción de los $78.000 mensual del programa Volver a Trabajar “es un llamado de atención urgente también a gobernadores e intendentes que si no denuncian este ajuste la crisis les va a explotar a ellos también en cada territorio donde no van a poder hacer frente al impacto que se genera al quitar este circulante de dinero en las economías regionales”. Por esa razón, opinó: “Si no hay salario para los más humildes no van a haber paz social para ningún gobierno”.
El Gobierno ya anunció su decisión de no dar marcha atrás con la medida, que fue avalada por la Cámara Federal de San Martín, que hace dos semanas, revocó la medida cautelar dictada en primera instancia y que obligaba al Ministerio de Capital Humano, a mantener el programa “Volver al Trabajo”, lo que habilitó el cierre definitivo de este esquema de asistencia social en agosto. El fallo le permite al Gobierno nacional materializar lo que ya anunció Sandra Pettovello: reemplazar ese sistema de asistencia por un sistema de vouchers de capacitación laboral.
Silvia Saravia, dirigente de Libres del Sur, también opinó sobre la determinación de la Casa Rosada: “El Gobierno sigue avanzando alevosamente, pisoteando la vida de jubilados, personas con discapacidad, estudiantes, trabajadores”. Además, consideró: “El modelo político de La Libertad Avanza muestra su cara más cruda. Mientras los funcionarios se enriquecen, Milei celebra un equilibrio fiscal ficticio y una inflación apaciguada por el derrumbe del consumo de las mayorías y las importaciones indiscriminadas”.
Las protestas del miércoles 22 están precedidas por la “Jornada Patria por la Cultura del Encuentro: ‘De Francisco a León XIV en tiempos de polarización’”, que se realizó el sábado en las instalaciones del Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, ubicado en la localidad de Claypole, en el municipio de Almirante Brown.
De la jornada de reflexión y diálogo sobre “los desafíos y oportunidades que plantean las tecnologías emergentes y la inteligencia artificial, poniendo en el centro la dignidad humana, la inclusión y la búsqueda del bien común”, participaron las Pastorales Sociales de los 12 obispados de la zona Metropolitana de Buenos Aires; Mariano Cascallares , vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires; Monseñor Jorge Lugones, Obispo de la Diócesis de Lomas de Zamora y Monseñor Carlos José Tissera, obispo de la Diócesis de Quilmes y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Entre otros, también estuvieron presentes, la vicegobernadora Verónica Magario y el jefe de Gabinete Carlos Bianco.
Al finalizar la jornada, la Region Buenos Aires de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Conferencia Episcopal Argentina dio a conocer un “mensaje final” de dos carilla en la que sostiene: “Nuestra región metropolitana y nuestra Patria se encuentra afectada por un profundo proceso de polarización que no nos permite construir una identidad común, donde se priorizan intereses sectoriales: esto ha generado una sociedad fragmentada y dividida, existiendo una marcada disociación entre lo que discute la ‘clase dirigente’ y las necesidades de nuestro pueblo, agobiado por una situación cada vez más alarmante de falta de trabajo (o trabajo precario), pobreza y exclusión”.
POLITICA
Tras las críticas contra la Argentina, el Gobierno busca arancelar la salud y la educación para extranjeros sin residencia
Después de la polémica tras la final del Mundial y de las crítcas contra los argentinos, volvieron a tomar fuerza en el oficialismo proyectos que involucran a extranjeros sin residencia.
En ese contexto, La Libertad Avanza retomó la discusión migratoria que había impulsado en 2025 y presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto para que los extranjeros sin residencia permanente deban pagar la atención en los hospitales públicos y la educación en las universidades de la Provincia.
“¿Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires“, manifestó este martes el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo, y agregó: “El pagador de impuestos argentino no tiene por qué soportarle la salud y la educación a extranjeros que nos odian”.
Un proyecto similar ya había sido presentado en marzo por la jefa del bloque libertario en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, para establecer contraprestaciones para no residentes en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.
La postura de la Casa Rosada ante una posible reforma migratoria
Si bien ambas iniciativas cuentan con el aval del oficialismo, en Casa Rosada no se enviará -de momento- una medida equivalente en el plano nacional. Sin embargo, la posibilidad no se descarta a futuro.
“Puede ser que se impulse. En el fondo tenés que cambiar la Ley migratoria. Difícilmente eso tenga los votos, pero imagino que el gobierno podría intentarlo”, aseguró a TN una fuente gubernamental.
Según pudo saber este medio, el asesor presidencial Santiago Caputo, se mostró interesado y avanzó con posibles acercamientos a la propuesta. “Sería esperable que algún diputado nacional de La Libertad Avanza presente un proyecto en esa línea”, especularon en Balcarce 50. Por otro lado, desde otro sector del Gobierno ratificaron que aún no se tomó una decisión al respecto, pero que consideran que se trata de una discusión que debe dirimirse en cada distrito.
En mayo del año pasado, la administración de Milei ya había avanzado con una reforma migratoria vía el decreto 366/2025, donde entre otros puntos habilitó a las universidades nacionales a cobrar a estudiantes extranjeros sin residencia permanente y estableció la exigencia de un seguro de salud o el pago del servicio para garantizar la atención.
Sin embargo, en el Ministerio de Capital Humano aclararon a este medio que, pese a estar habilitados, hasta ahora ningún rector decidió avanzar con el cobro a sus alumnos no residentes. En ese sentido, insisten que por la autonomía de las casas de estudio no pueden hacer nada más al respecto, salvo que se avance con un proyecto de Ley.
Por su parte, en el Ministerio de Salud brindaron una respuesta similar y aclararon que es requisito modificar la Ley de Migraciones vigente para que los hospitales nacionales puedan cobrar su atención. “Diferente es en las provincias, porque la salud es jurisdiccional. Por eso muchas ya le están cobrando”, explicaron.
En ese debate, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, había señalado meses atrás que en 2026 del total de más de 70 mil ingresantes a la universidad solo el 2,5% eran extranjeros con residencia temporal, transitoria o precaria, cifra que trepaba al 6,1% en la Facultad de Medicina. Un argumento similar presentó dos años atrás el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, cuando sostuvo que solo el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones correspondían a extranjeros en la provincia de Buenos Aires.
Qué dicen los proyectos que presentó LLA en CABA y PBA
Por un lado, el proyecto bonaerense presentado por Agustín Romo propone crear un régimen de arancelamiento para extranjeros sin residencia permanente que abarca dos frentes: las prestaciones de salud en hospitales públicos provinciales y los estudios de grado en universidades provinciales de gestión estatal.
El texto establece que estas personas deberán solventar el costo de la atención sanitaria por sí mismas, mediante un seguro de salud o a través de un tercero obligado. En el caso de las universidades, deberán fijar retribuciones por los estudios de grado que cursen, dejando en manos de cada institución la definición de montos y modalidades de pago.
Leé también: AFA: la Justicia de EE.UU. intensifica la investigación sobre movimientos millonarios relacionados con la empresa de Javier Faroni
Sin embargo, la iniciativa garantiza que ninguna persona podrá ser rechazada o demorada en casos de urgencia o emergencia con riesgo de vida. El cobro, en esos casos, se tramita después de estabilizar al paciente. También prevé excepciones puntuales —como víctimas de trata o acciones de prevención y control de enfermedades por razones de salud pública— y establece un orden de cobro que prioriza a aseguradoras, obras sociales, terceros obligados o Estados extranjeros con convenios, y solo en ausencia de estos recae sobre el paciente. Los fondos recaudados se destinan a un Fondo Provincial de Salud administrado por el S.A.M.O.
El proyecto porteño, en cambio, tiene un alcance más acotado: modifica cuatro artículos de la Ley N.º 153 (Ley Básica de Salud de la Ciudad) y se limita al sistema de salud, sin tocar el ámbito universitario. En vez de crear un arancel directo, introduce un mecanismo de “recupero” de los gastos que genera la atención habitual o programada a extranjeros sin residencia permanente, exigiendo la presentación de un seguro de salud o la aplicación de un sistema de compensación económica instrumentado por la propia Ciudad. Al igual que en PBA, la atención de urgencias y emergencias queda garantizada de manera plena y no puede condicionarse al pago.
La Libertad Avanza, Extranjeros, aranceles
POLITICA
El FBI amplía la investigación sobre la AFA y contacta a empresas que firmaron contratos millonarios
Fiscales federales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) comenzaron a contactar a empresas que firmaron contratos millonarios con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como parte de la investigación sobre el presunto desvío de fondos de la entidad y el posible lavado de activos mediante un fraude a través del sistema bancario norteamericano, confirmaron fuentes con conocimiento directo de los avances de la pesquisa.
Los contactos de los fiscales y agentes que responden al Departamento de Justicia (USDoJ) abarcan a compañías no argentinas que sellaron negocios con la AFA, pero que giraron dinero a cuentas bancarias en Estados Unidos de TourProdEnter LLC, la firma del productor Javier Faroni que recaudó cientos de millones de dólares de la entidad de la calle Viamonte durante los últimos años.
Entre esas empresas que fiscales y agentes del FBI pusieron en la lista corta para contactar se encuentran anunciantes y firmas que prestaron servicios o firmaron contratos como “sponsors” con la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia, y a las que exigieron girar fondos a TourProdEnter, en vez de enviarlos a una cuenta de la AFA en la Argentina, según reconstruyó .
Varios de esos contratos con auspiciantes que terminaron en cuentas de TourProdEnter LLC en Estados Unidos abarcan montos de 7 y 8 cifras. Entre ellas, Adidas (US$ 60 millones) y Warner (US$40 millones) durante los años en que la Argentina lidió con fuertes restricciones cambiarias –el “cepo”- y múltiples cotizaciones del dólar -entre ellas, “blue” y “contado con liqui”-.
Algunas de esas conversaciones entre compañías extranjeras, fiscales y agentes del FBI se dieron en simultáneo con el libramiento de las primeras citaciones (“subpoenas”) a declarar ante un gran jurado (“grand jury”) en el edificio de la Corte Federal, en el distrito sur del estado de Florida, que se emitieron el 8 de este mes, pero que sólo salieron a la luz tras la culminación del Mundial de fútbol.
Una de las primeras comparecencias a declarar en Miami sería el 30 de este mes, en el edificio Wilkie D. Ferguson Jr. Courthouse, con el requerimiento de entregar todos los registros vinculados a TourProdEnter -que en los papeles figura a nombre de la esposa de Faroni, Erica Gillette– y comunicaciones mantenidas con Tapia, su número dos, Pablo Toviggino, Faroni y con Diego Lucero, uno de los exsocios de la empresa utilizada para comprar la mansión de Pilar.
De acuerdo a las investigaciones locales, Lucero fue uno de los socios de Central Park Drinks SRL, que luego pasó a llamarse Real Central. “Central Par Drinks fue conformada por Diego Adrián Lucero y Luciano Nicolás Pantano, con el 50% de capital accionario cada uno, siendo que Lucero cedió sus acciones a Ana María Conte el 2 de mayo de 2022, oportunidad en que esta asumió como gerente de la firma”, detalló el juez federal Luis Armella cuando tenía a su cargo una parte de la investigación.
Uno de los sujetos que podrían presentarse a declarar en Miami es Juan Pablo Beacon, quien fuera la mano derecha de Toviggino durante años dentro de la AFA, como adelantó el 14 de este mes. Fiscales y agentes del FBI lo contactaron con el objetivo de reconstruir desde adentro cómo funcionó la estructura de decisiones y los circuitos financieros de la entidad.
“Quiere garantías para tomar una decisión porque tiene temor de quedar detenido”, respondió un allegado que conoce sus últimos pasos.
Según la documentación obtenida y analizada por , Beacon y Toviggino impartieron órdenes, coordinaron con los “cueveros” y empresarios involucrados, y llegaron a confeccionar algunas de las facturas apócrifas por “logística” y otros supuestos servicios que un puñado de empresas “fantasma” jamás proveyeron a la AFA, pero que sirvieron para extraer decenas de millones de dólares de la entidad, como reveló este diario en enero de este año.
Esa operatoria incluyó el uso de sociedades constituidas en Miami que solo existen en los papeles y recibieron fondos de empresas “intermediarias” que recaudan los ingresos internacionales de la AFA, como TourProdEnter LLC, del productor teatral Javier Faroni. El circuito concluía con el envío de parte de esos fondos a la Argentina a través de “cuevas” de la City porteña, que acercaban las “puntas” y entregaban el dinero en efectivo, mediante bolsos.
En ese contexto, según reconstruyó , los fiscales Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington DC, y Michael Berger, en el Distrito Sur de Florida, intentaron localizar a Beacon y a otro exempleado de la AFA que reside en la Patagonia, entre otros “sujetos de interés”.
Los fiscales y agentes del FBI abordaron antes, también, al empresario Guillermo Tofoni, con quien mantuvieron una reunión virtual en Miami y con otros involucrados conectados por videoconferencia, según reconstruyó . Durante tres horas, los investigadores buscaron datos para determinar si ciertas operaciones vinculadas a la AFA en Estados Unidos pueden configurar delitos como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense.
Allí no se agota el listado de citaciones y eventuales testigos en Estados Unidos. Los investigadores del Departamento de Justicia también analizan convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que tuvieron acceso a información sensible sobre la AFA o que intervinieron, controlaron o supervisaron sus operaciones durante los últimos años.
Los tres fiscales que intervienen en la pesquisa cuentan con experiencia en investigaciones por delitos financieros y corrupción internacional. Patrick Gushue integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y dirige el Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos. Christopher Ting, incorporado recientemente a esa cartera tras desempeñarse en el estudio Latham & Watkins LLP, participó en investigaciones vinculadas con delitos financieros. Michael Berger, por su parte, se desempeña como abogado litigante senior en la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida y llevó adelante, entre otros expedientes, el caso que concluyó con la condena del excontralor general de Ecuador Carlos Ramón Polit Faggioni por lavado de activos en Miami.
Desde la AFA, en tanto, desmintieron este miércoles que Tapia o Toviggino hayan sido citados por la Justicia de Estados Unidos. “El documento al que hacen referencia diversas publicaciones no constituye una citación dirigida al Presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni al Tesorero de la institución, Pablo Toviggino”, arranca un comunicado.
Y agrega: “La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida -abundó la AFA- se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación”.
“El documento en cuestión no dispone ninguna medida personal respecto del Presidente de la AFA ni de su Tesorero, no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad. La difusión de información inexacta o deliberadamente tergiversada genera una grave desinformación y afecta injustificadamente el honor y la imagen de personas e instituciones”, sostuvo.
procuró consultar al Departamento de Justicia sobre el estado de la pesquisa que desarrollan los fiscales Gushue, Ting y Berger, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
Hugo Alconada Mon,Nicolás Pizzi,Conforme a
POLITICA
El Ejército avanza con la incorporación de camiones para desplegar radares móviles: cómo fortalecerán la vigilancia aérea
La modernización del sistema de vigilancia aérea argentino dio un nuevo paso con la licitación impulsada por el Ejército para incorporar cuatro camiones tácticos 6×6 destinados al transporte de los radares RMF-200V desarrollados por INVAP. Aunque la compra está centrada en los vehículos, el objetivo es mucho más amplio: dotar a las Fuerzas Armadas de una capacidad de despliegue rápido que permita trasladar estos sistemas hacia distintos puntos del país según las necesidades operativas.
La movilidad se convirtió en uno de los principales requisitos de la defensa aérea contemporánea. A diferencia de los grandes radares fijos, que permanecen instalados de forma permanente, los radares tácticos pueden reubicarse en pocas horas para cubrir sectores específicos o reforzar zonas de interés estratégico. Esa flexibilidad, explicó Andrei Serbin Pont en Infobae al Mediodía, resulta determinante frente a las amenazas actuales.
“Un radar que no se mueve es un radar muerto. Lo aprendió Irán y lo aprendió Ucrania”, resumió el especialista al describir una de las principales lecciones que dejaron los conflictos recientes. Una vez detectada su ubicación, un radar fijo puede convertirse rápidamente en un objetivo, mientras que un sistema móvil reduce considerablemente esa vulnerabilidad al poder cambiar de posición de manera constante.
Un radar pensado para desplegarse rápidamente
Los RMF-200V fueron diseñados precisamente con esa lógica. Según explicó Serbin Pont, una vez transportados hasta el lugar de operación pueden quedar desplegados en aproximadamente 15 minutos y alcanzar un radio máximo cercano a los 200 kilómetros.
Dentro de ese alcance, el sistema permite detectar distintos tipos de amenazas aéreas. De acuerdo con el especialista, un avión de combate puede ser identificado a unos 67 kilómetros, mientras que un dron puede detectarse a unos 40 kilómetros, capacidades que convierten al radar en una herramienta especialmente útil para reforzar la vigilancia de sectores puntuales del territorio.
A diferencia de los radares estratégicos de largo alcance que permanecen operativos de manera permanente, estos equipos están pensados para complementar la red existente y ser trasladados allí donde la situación lo requiera. “Capaz ya están en los aeropuertos, pero necesitás desplegar rápidamente un radar en otra ubicación de valor estratégico”, explicó Serbin Pont al describir el rol que cumplen dentro del sistema de defensa.
Cómo se integran al sistema nacional de radarización
La incorporación de estos radares móviles se suma a la infraestructura que ya opera dentro del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA), encargado del monitoreo del espacio aéreo argentino.
Actualmente, la red cuenta con radares primarios de largo alcance desarrollados por INVAP que permiten detectar aeronaves sin necesidad de que estas emitan ninguna señal. A partir de esa información es posible conocer su posición, velocidad, altura y dirección de vuelo.
Esa capacidad se complementa con los radares secundarios, que sí requieren la cooperación de la aeronave mediante el transponder y aportan información adicional utilizada tanto para el control del tránsito aéreo como para las tareas de vigilancia.
Los radares tácticos RMF-200V ocupan un tercer escalón dentro de esa arquitectura. Su principal aporte no radica en ampliar el alcance de la red, sino en brindar una capacidad de despliegue rápido allí donde resulte necesario reforzar la cobertura, ya sea por razones operativas, ejercicios militares o situaciones excepcionales.
INVAP y una capacidad tecnológica que distingue a la Argentina
Además del fortalecimiento de la defensa aérea, el proyecto vuelve a poner en primer plano el desarrollo tecnológico nacional. Serbin Pont destacó que INVAP integra un grupo muy reducido de empresas capaces de diseñar y fabricar radares de manera integral, una capacidad que solo poseen un puñado de países.
“Son muy pocos los países que fabrican sus propios radares y muchos menos los que pueden desarrollarlos de principio a fin”, señaló.
Según explicó, alrededor del 80% de los componentes utilizados en estos sistemas son de producción nacional y detrás de cada radar existe una cadena de aproximadamente 150 empresas proveedoras que participan del proceso industrial.
El especialista también destacó la continuidad que tuvo esta política tecnológica a lo largo de los últimos 25 años, independientemente de los cambios de gobierno. En ese período, INVAP mantuvo el desarrollo de radares tanto para las Fuerzas Armadas como para aplicaciones civiles y alcanzó una producción cercana a tres unidades por año.
Esa trayectoria convirtió a la Argentina en el único país de América Latina con capacidad para fabricar radares tridimensionales de manera integral, un desarrollo tecnológico que comparte con un reducido grupo de potencias especializadas en sistemas de vigilancia aérea.
Un desarrollo con proyección estratégica e industrial
La importancia de estos radares excede el plano estrictamente militar. Para Serbin Pont, la incorporación de sistemas móviles fortalece la capacidad del Estado para controlar su espacio aéreo al mismo tiempo que consolida una política industrial de alto valor agregado basada en tecnología nacional.
El especialista recordó además que INVAP ya logró exportar este tipo de desarrollos a mercados internacionales, como ocurrió con Nigeria, y consideró que la continuidad de estos proyectos puede abrir nuevas oportunidades para la industria argentina.
En ese sentido, sostuvo que la licitación de los nuevos vehículos representa mucho más que la compra de un equipamiento logístico. Se trata de un paso necesario para aprovechar plenamente las capacidades de los radares tácticos desarrollados en el país y seguir fortaleciendo una red de vigilancia aérea que combina innovación tecnológica, producción nacional y autonomía estratégica.
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