En medio de la disputa que enfrenta a los financistas Elías Piccirillo y Francisco Hauque, la defensa del principal imputado le hizo un pedido a la Justicia: que el juez habilite la feria judicial de invierno para resolver de inmediato sobre dos cuestiones patrimoniales que llevan meses sin respuesta.

Piccirillo solicitó que el juez dé la autorización para alquilar un departamento ubicado en el Complejo Residencial Yacht Nordelta con el objetivo de generar ingresos mientras cumple su prisión domiciliaria en Banfield.

El escrito, al que tuvo acceso TN, recordó que estas peticiones ya fueron formuladas el 30 de junio junto con la solicitud del cese de la prisión preventiva. Ahora, con el inicio de la feria, la defensa reclamó que no se postergue hasta agosto la decisión sobre estos pedidos.

Los abogados del exmarido de Jésica Cirio remarcaron que el alquiler del departamento de Nordelta tiene carácter alimentario, ya que “está destinado a la manutención de mi asistido y de su grupo familiar, entre ellos, una hija menor de edad a su cargo”, lo que compromete además el interés superior del niño.

Además, la falta de empadronamiento del locatario ya generó problemas reales: “el nombrado ha recibido ya dos intimaciones formales de su inquilino y del letrado de éste, quienes han anunciado que se presentarían en esta causa y han formulado reserva de accionar patrimonialmente en su contra”.

En cuanto a los embargos, la defensa de Piccirillo aseguró que son desproporcionados. Concretamente, sobre el financista pesan un embargo de $900.000.000, el embargo sobre tres inmuebles de Nordelta, una inhibición general de bienes y una caución real de $100.000.000.

“El embargo recae sobre el valor del inmueble y lo sigue aunque se lo alquile; la inhibición general afecta la facultad de disponer o gravar, no la de administrar y percibir frutos”, reiteró la defensa.

En esa línea, los abogados pidieron reducir el embargo a $200.000.000, sustituirlo por un depósito judicial ya ofrecido, levantar las anotaciones sobre los inmuebles, devolver la caución y levantar la inhibición general por resultar subsidiaria y no corresponder cuando existen bienes suficientes.

“Por motivos que desconocemos, V.S. está demorando meses en resolver cuestiones que son ajenas al objeto de la pesquisa y que en nada modifican su situación procesal, dejando a Piccirillo en un estado de indefensión que justamente el tribunal debería conjurar”, se lee en el escrito.

La fiscalía se opone a su libertad condicional

Semanas atrás, el fiscal federal Franco Picardi se opuso al pedido de Piccirillo para que cese la prisión domiciliaria. Ahora será el juez Ariel Lijo, a cargo del expediente, quien deberá resolver si mantiene o modifica la situación procesal del empresario.

La postura del representante del Ministerio Público Fiscal llega después de que la defensa de Piccirillo presentara un extenso escrito ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 en el que solicitó el cese de la prisión preventiva, la inmediata libertad del imputado y una reducción de las medidas patrimoniales dispuestas en la causa.

Como alternativa para el caso de que no prosperara el pedido de libertad, la defensa requirió modificar el domicilio donde Piccirillo cumple el arresto. Actualmente permanece detenido en un departamento de Banfield con vigilancia electrónica, pero sus abogados pidieron autorización para que continúe la medida en la vivienda de su nueva pareja, Florencia Epelbaum, ubicada en el barrio de Núñez. También solicitaron que esa dirección permanezca bajo reserva.

En otra presentación incorporada al expediente, Piccirillo denunció supuestas filtraciones de información de la causa y un “sostenido hostigamiento mediático”. Según el escrito, las decisiones judiciales y las diligencias de investigación se publican con frecuencia antes de que su defensa sea notificada.

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La defensa afirmó además que Piccirillo cumple una “condena anticipada” y en la construcción de un “juicio paralelo”.

Piccirillo permanece bajo prisión domiciliaria en la causa que investiga el supuesto operativo realizado en el Palacio Duhau, en el que, según la acusación, policías habrían detenido a Hauque y a su esposa Anahí Aquino tras un procedimiento en el que se les habría plantado un arma y dos kilos de cocaína. De acuerdo con la investigación, el episodio habría estado vinculado a un conflicto por una presunta deuda de seis millones de dólares.

Elías Piccirillo, nordelta, Justicia

El Gobierno busca combinar los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal con modificaciones al mercado de capitales para mover los dólares del colchón. En el Ejecutivo aseguran que la iniciativa ingresará este jueves a la Cámara de Diputados y que incluirá herramientas para reforzar el ingreso de fondos al sistema financiero y canalizarlos hacia inversiones.

La Casa Rosada quiere que el proyecto funcione como una segunda etapa del régimen. La primera versión generó tensiones desde el arranque por las dudas de contadores, tributaristas y contribuyentes sobre el alcance del “tapón fiscal”, la seguridad jurídica y los riesgos de quedar expuestos a fiscalizaciones de ARCA sobre períodos anteriores.

En Balcarce 50 reconocen que la ley original no produjo el resultado esperado. “Es una ley que fracasó y que arrancó mal de origen porque no consultaron a los que ponen el gancho por la gente”, agregan en el oficialismo, en referencia a los profesionales que asesoran a contribuyentes antes de adherir al régimen.

El Ministerio de Economía busca ahora reforzar la propuesta con garantías más claras para quienes entren al esquema. La idea es fortalecer la protección para que el fisco no pueda investigar períodos previos, salvo casos de discrepancias significativas o situaciones ya iniciadas antes de la adhesión. En términos técnicos, el oficialismo apunta a reducir el margen de discrecionalidad de ARCA y a trasladar al organismo la carga de probar inconsistencias relevantes.

La versión renovada también busca ampliar el universo de contribuyentes. Entre los cambios que se venían analizando aparece la eliminación de topes de ingresos y patrimonio, junto con ajustes al concepto de “discrepancia significativa”, instancias de rectificación y efectos favorables frente a bancos, escribanos, agentes financieros y la UIF para quienes adhieran al régimen.

El Gobierno quiere conectar esa ingeniería fiscal con el mercado de capitales. En Nación aseguran que buscarán incorporar al proyecto parte de la operatoria que la Comisión Nacional de Valores (CNV) ya reglamentó para Inocencia Fiscal, con el objetivo de blindar por ley el uso de fondos regularizados en ALyC, agentes vinculados a fondos comunes de inversión y proveedores de servicios de activos virtuales.

El antecedente directo es la Resolución General 1108 de la CNV. Esa norma adecuó la regulación del mercado de capitales a la Ley 27.799 y a su decreto reglamentario para que quienes hayan optado por el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias puedan aplicar fondos y/o activos en operaciones del mercado de capitales o con proveedores de servicios de activos virtuales.

La norma reglamentó la actuación de los sujetos que pueden intervenir en el origen o en el destino de la operación: ALyC, agentes intervinientes en la colocación de fondos comunes de inversión y PSAV. También dejó asentado que la Argentina mantiene compromisos internacionales en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia del sistema financiero.

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Ahora, el Ejecutivo quiere usar esa base para reforzar el puente entre el régimen fiscal y los instrumentos de inversión. La idea es que el contribuyente que adhiera a Inocencia Fiscal no solo tenga un “tapón” frente a ARCA, sino también un canal regulado para canalizar esos dólares hacia activos financieros, fondos, fideicomisos, obligaciones negociables u otros vehículos del mercado.

En Balcarce 50 traducen esa agenda en una fórmula interna: “armar una banca paralela en dólares”. No se refieren a un banco fuera de regulación ni a un sistema financiero clandestino, sino a un circuito de intermediación no bancaria, bajo reglas de la CNV, para que los dólares regularizados no queden inmóviles en una cuenta y puedan generar rendimiento.

El punto que buscan reforzar por ley es la seguridad jurídica del canal. En el Gobierno quieren que quien ingrese al régimen pueda llevar fondos a una ALyC o a un instrumento del mercado de capitales sin que esa operatoria sea utilizada automáticamente por el fisco para revisar períodos previos. La protección, aclaran, sería fiscal y no implicaría eliminar los controles antilavado.

En algunas ALyC, sin embargo, miran el esquema con cautela. Sostienen que una garantía fiscal no elimina las obligaciones de prevención de lavado de dinero ni los controles que surgen de la normativa local y de los estándares internacionales. “El tapón fiscal puede servir frente a ARCA, pero no reemplaza el análisis de cumplimiento que tiene que hacer cada agente”, resumen en el sector privado.

Esa es una de las tensiones centrales del proyecto. El Gobierno busca que la adhesión a Inocencia Fiscal funcione como antecedente favorable frente a bancos, escribanos, agentes financieros y la UIF, pero en el mercado advierten que eso no puede convertirse en una dispensa automática. Las ALyC seguirán obligadas a evaluar el perfil del cliente, la trazabilidad de los fondos y eventuales alertas antilavado antes de aceptar operaciones.

La Casa Rosada busca así complementar el rol de los bancos con el de los agentes del mercado. En el equipo económico sostienen que las ALyC pueden funcionar como canal para captar ahorro en dólares y transformarlo en inversión, siempre bajo regulación de la CNV, controles de la UIF y reglas de cumplimiento antilavado.

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A ese esquema se suma el paquete de desregulación que prepara Federico Sturzenegger, con cambios sobre prendas, warrants y garantías financieras. La iniciativa prevé digitalizar garantías, habilitar activos virtuales como respaldo de obligaciones, incorporar contratos inteligentes y crear un registro federal unificado para consultar garantías constituidas en el país.

En el oficialismo sostienen que esa agenda puede encajar con Inocencia Fiscal y mercado de capitales. La lógica es sumar vías para que los dólares regularizados tengan destino productivo o financiero: garantías digitales, instrumentos emitidos con menor burocracia, fondos de inversión y operaciones a través de agentes registrados.

El Ejecutivo quiere evitar que el régimen quede asociado únicamente a una regularización tributaria. La apuesta de Caputo es presentarlo como una herramienta para formalizar ahorro, aumentar la profundidad del sistema financiero, impulsar inversiones y darle más liquidez al mercado local en dólares.

La Casa Rosada sabe que el punto sensible será la seguridad jurídica. Por eso, los cambios buscarán explicitar que la adhesión al régimen no funcione como prueba en contra del contribuyente y que ARCA no pueda reabrir períodos anteriores sin demostrar una inconsistencia relevante. Ese blindaje apunta al frente fiscal, pero no anula los controles antilavado que deberán aplicar bancos, ALyC, escribanos y demás sujetos obligados.

Gobierno, Dólares, Mercado

El Gobierno avanza en la redacción final de un nuevo paquete de reformas impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, que busca profundizar el proceso de desregulación económica mediante modificaciones a un amplio conjunto de leyes y regulaciones.

El proyecto, que consta de 100 artículos distribuidos en ocho capítulos, atraviesa las últimas revisiones en las áreas de Legal y Técnica de la Casa Rosada antes de ser enviado al Congreso.

La iniciativa modifica el Código Civil y Comercial, la Ley de Farmacias, normas sobre navegación y cabotaje, legislación vinculada con el mercado de capitales, fideicomisos y garantías. Además, deroga leyes históricas relacionadas con arrendamientos rurales, promoción vitivinícola, traductores públicos, corretaje y regulación del gas licuado de petróleo.

El objetivo del Ministerio de Desregulación es eliminar restricciones consideradas innecesarias, promover la competencia, facilitar la incorporación de nuevas tecnologías y reducir la intervención estatal en distintos mercados.

Dudas entre los aliados

El alcance del proyecto ya generó cuestionamientos entre sectores aliados al oficialismo, como el PRO, la UCR y fuerzas provinciales. En esos espacios advierten sobre la dificultad de debatir en un único expediente modificaciones que abarcan actividades muy diversas.

Los bloques aliados consideran que puede haber legisladores dispuestos a acompañar algunas desregulaciones, pero rechazar otras, lo que podría complicar la construcción de las mayorías necesarias para aprobar el paquete.

Cambios en el mercado editorial

Uno de los capítulos propone derogar las leyes de Fomento del Libro y de Defensa de la Actividad Librera, que obligan a editores, importadores y representantes a fijar un Precio de Venta al Público para los libros.

La Ley de Fomento del Libro establece en su artículo primero que: “El Estado nacional reconoce en el libro y la lectura, instrumentos idóneos e indispensables para el enriquecimiento y transmisión de la cultura”.

La Cámara Argentina del Libro ya manifestó su rechazo a la iniciativa. La entidad sostuvo que la derogación de la Ley 25.542 eliminaría el sistema que garantiza un precio único en todas las librerías del país.

“El precio único del libro es la herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes de barrio y a las editoriales pymes frente a la concentración del mercado, garantizando el acceso federal a la lectura y sosteniendo la bibliodiversidad de nuestro país”, señalaron desde la institución.

El proyecto también elimina la Ley 23.316, que establece el doblaje obligatorio al castellano neutro para películas, series, documentales y publicidades extranjeras emitidas por televisión.

Venta online de medicamentos y cambios en las farmacias

Otro de los capítulos modifica el régimen de comercialización de medicamentos. Para ello, el Gobierno propone derogar la Ley 17.565 de Farmacias, vigente desde 1967.

La reforma habilita la venta digital de medicamentos con receta, la entrega a domicilio y la comercialización de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias.

También permite que las droguerías puedan vender directamente al público si se constituyen como farmacias, libera los horarios de atención y profundiza la digitalización de recetas y registros.

Un nuevo esquema para el gas licuado

El proyecto crea además un nuevo régimen para el Gas Licuado de Petróleo (GLP), que limita la intervención estatal a cuestiones vinculadas con la seguridad y la fiscalización técnica.

La propuesta elimina la posibilidad de intervenir sobre precios, volúmenes, márgenes de rentabilidad o condiciones comerciales y promueve la libre competencia entre operadores.

Al mismo tiempo, mantiene controles sobre el estado de los envases, la seguridad de la cadena de comercialización y un régimen de sanciones para quienes incumplan la normativa.

Cambios para el agro y la industria vitivinícola

La iniciativa también introduce modificaciones para el sector agropecuario. Entre ellas, cambia el sistema de financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

Desde el 1 de octubre de 2027, el aporte obligatorio que hoy realizan productores y frigoríficos por cada animal faenado sería reemplazado por aportes voluntarios, donaciones y servicios de certificación.

La propuesta recibió el respaldo de la Sociedad Rural de Santa Fe, que desde hace dos años reclama que la contribución deje de ser obligatoria.

En el caso del sector vitivinícola, el proyecto incorpora prácticas reconocidas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), simplifica controles, concentra la fiscalización en el tramo final de la cadena productiva y establece nuevos esquemas sancionatorios medidos en UVAs.

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Además, deroga la Ley 25.849, que creó la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). De aprobarse la iniciativa, la entidad deberá presentar un informe de cierre, rendir cuentas y avanzar con su liquidación, mientras que los fondos remanentes pasarán al Instituto Nacional de Vitivinicultura.

La eliminación de la COVIAR cuenta con el respaldo de Bodegas Argentinas, la cámara que nuclea a más de 200 empresas del sector, y coincide con proyectos presentados meses atrás por diputados de La Libertad Avanza y del PRO.

El proyecto también deroga la Ley 23.149 de envasado en origen, una norma considerada estratégica por las provincias productoras para preservar el valor agregado local. En su reemplazo, el nuevo esquema adopta los criterios técnicos establecidos por la Organización Internacional de la Viña y el Vino.

Federico Sturzenegger, Congreso, proyecto