POLITICA
Lo que dejó un domingo de vértigo
La Argentina viene de líderes disruptivos, confrontativos y, a veces, irrespetuosos. Así fueron durante sus tres mandatos presidenciales Néstor y Cristina Kirchner y así es, aun con ideas muy diferentes de aquellos dos, Javier Milei. El actual presiente no acepta la necesaria presencia de disidentes, ni siquiera de los que piensan como él en sus rasgos ideológicos, pero no coinciden con sus formas. Prefiere el grito a la conversación, y le gusta el maltrato en lugar de los buenos modales. Se dice liberal (y hasta libertario, que es la expresión última y más extremista del liberalismo), pero solo aplica esas ideas en el plano de la economía; rechaza, por el contrario, el respeto a las libertades de los otros, a la autonomía de las instituciones (como la de la prensa, por ejemplo) y al elemental principio de la división de los poderes constitucionales.
Néstor y Cristina Kirchner creían menos todavía en el valor de las instituciones; el autoritarismo fue su forma de gobernar; aspiraban a tomar el control absoluto del periodismo -crearon de hecho uno alternativo-, y sus proyecto político consistía en la perpetuación de una dinastía en el poder y en el famoso “vamos por todo”, que felizmente nunca lograron alcanzar. Persiguieron obscenamente con los servicios de inteligencia a políticos opositores, a empresarios y a periodistas. Paréntesis: el exjuez fallecido Claudio Bonadio encontró en una residencia de Cristina, cuando ya era expresidenta, carpetas cargadas con informes del espionaje sobre sus adversarios y críticos. Bonadio mandó a sorteo ese hallazgo (porque no era el motivo de su allanamiento) y resultó sorteado el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien jamás hizo ni el intento de investigar por qué una expresidenta acumulaba tanta información reservada sobre ciudadanos y dirigentes que no simpatizaban con ella. Martínez de Giorgi es el mismo juez que acaba de apartar a los querellantes de la causa $LIBRA y le quitó impulso, por lo tanto, a esa investigación sobre el poder que manda ahora. Por algo en los tribunales lo llaman a Martínez de Giorgi el “nuevo Oyarbide”.
Todo esto viene a cuento porque en el último mes surgió una figura argentina totalmente distinta a esa dirigencia torpe y agresiva que nos gobernó -y nos gobierna- desde hace casi 20 años. Se trata del director técnico de la selección de fútbol argentina, Lionel Scaloni, un hombre que llevó el fútbol argentino a los cimas más altas de ese deporte, pero nunca perdió la humildad, el buen trato con el adversario ni la prestancia para enfrentar el éxito o la adversidad. Después de la derrota del domingo, Scaloni se apuró en felicitar con un fuerte abrazo al director técnico del seleccionado español, Luis de la Fuente, un antiguo maestro suyo en las destrezas del fútbol. Y luego corrió a separar a algunos jugadores argentinos que amenazaban con agarrarse a las trompadas con jugadores españoles. “Es el único argentino sensato”, se escuchó decir a uno de los más destacados dirigentes políticos argentinos. Un observador imparcial deslizó, con algo de ironía y otro poco de convicción, que “Scaloni es el outsider moderado que muchos vienen buscando” para el caso de que Milei no llegue el año próximo con la suficiente fuerza electoral como para ganar la reelección en primer vuelta. Una segunda ronda electoral será siempre un riesgo de imprevisibles consecuencias para el Presidente, porque su adversario nucleará al kirchnerismo, al peronismo de todos los colores y a los diversos matices de la completa izquierda. Seguramente se están apresurando porque nadie le preguntó a Scaloni cuál es el proyecto que imagina para su definitiva biografía. Aunque nadie lo supone librando combates políticos (y así debe ser), sería injusto no incluir en la lista de argentinos sensatos a Lionel Messi, quien, como bien dijo el director técnico catalán Pep Guardiola, “está marcando una era que llevará su nombre” con su inigualable arte como futbolista.
Messi es un señor de la cabeza a los pies, capaz, como lo fue, de abrazar al arquero británico después de que la Argentina le ganara a Gran Bretaña, a ese arquero con el que había luchado a matar o morir hasta hacía unos minutos. Generoso en la victoria y respetuoso en la derrota. Es cierto que tuvo en Nueva York la cuestionable actitud de darle la espalda a la selección española cuando esta estaba recibiendo la copa del mundo, pero todo el plantel argentino miraba en ese momento a la tribuna argentina, que le rendía homenaje. El lunes, Messi felicitó a España por su victoria. Nunca se sabrá si aquella imagen con él y el resto del equipo argentino dándole la espalda al campeón fue voluntario o involuntario. En el Mundial de Qatar, cuando la selección argentina ya había conquistado el campeonato, a Messi se le escapó, mientras hablaba con periodistas y dirigiéndose a un jugador de otro país, una frase despectiva: “andá p’allá bobo”. Cristina Kirchner, entonces vicepresidenta, elogió en el acto lo que ella llamó ese gesto “maradoniano”. Por el contrario, poco después Messi pidió públicas disculpas al jugador contrario y a las personas que lo escucharon decir esas palabras impropias. Era, en ese momento, el capitán del equipo que acababa de conquistar el campeonato del mundo, pero entendió que tal condición no le concedía el derecho de faltarle el respeto a nadie. Al revés de Maradona, que pasó de frecuentar a Menem a confesarse kirchnerista, Messi nunca se dejó manipular por ningún político: ni por Cristina Kirchner ni por Alberto Fernández ni por Javier Milei.
Un análisis aparte merece el excesivo nacionalismo que apareció en sectores sociales argentinos, aunque también hubo algún británico desubicado y algunos españoles con expresiones demasiada críticas con los argentinos. Detengámonos en los argentinos. Las cosas deben decirse con claridad: fue un error que un grupo de jugadores argentinos -no todos, ni mucho menos Messi- hayan desplegado en la cancha después del partido con Gran Bretaña una sábana con la frase “Las Malvinas son argentinas”. Fue un error, no por el fondo de la cuestión, sino porque la repercusión fue muy mala en todo el mundo por el uso político de un encuentro deportivo. Desde el punto de vista diplomático, esos jugadores no le hicieron ningún favor a la Cancillería argentina. Los jugadores actuales son muy jóvenes, incluido Messi, el mayor de todos, como para tener en cuenta que el país perdió una guerra que él mismo inició en abril de 1982. Y que las guerras perdidas tienen sus consecuencias durante mucho tiempo.
La vía diplomática es la política que desde entonces asumieron todos los gobiernos democráticos. Pero hay diplomacias distintas. La única manera de llegar a hablar en algún momento de la soberanía de las islas Malvinas es conversando primero con los británicos sobre los temas que históricamente unen a las dos naciones. Nunca ningún gobierno de Londres aceptará empezar un diálogo con la Argentina hablando de la soberanía de esas islas en el confín del Atlántico sur. Insistir con esa política es ir hacia ninguna parte, sobre todo cuando el gobierno británico cuenta con la simpatía de los habitantes de las Malvinas. La voluntad de los pueblos es un elemento que tiene hoy mucha más fuerza que antes en los organismos multilaterales. El intercambio comercial de la Argentina con Gran Bretaña es de alrededor de 2000 millones de dólares anuales con un superávit en beneficio de la Argentina de unos 600 millones de dólares. Los británicos le compran a la Argentina productos agropecuarios y le venden maquinarias e insumos para el campo. Fuentes no oficiales estiman, además, que unos 60.000 argentinos viven en Gran Bretaña. Entre 200.000 y 300.000 argentinos descienden de británicos y están afincado en la Patagonia más que en cualquier otro lugar del país. Scaloni no se prestó nunca para confundir la competencia deportiva con el histórico litigio sobre las islas Malvinas. “Es solo un partido de fútbol”, repitió cada vez que lo quisieron meter en conflictos diplomáticos con los británicos.
Las ráfagas antiespañolas son directamente una perversión de la historia y de los sentimientos. La Argentina es el país con más españoles fuera de España, y España es el país con más argentinos fuera de la Argentina. Unos 450.000 argentinos viven en España, víctimas sobre todo del exilio económico, después de las sucesivas crisis de la economía nacional, o de la inseguridad que instaló aquí el populismo. Más de 500.000 argentinos tienen doble nacionalidad con España. El intercambio comercial entre la Argentina y España es de unos 2400 millones de dólares anuales y el resultado es también superavitario para los argentinos. España y la Argentina comparten además un pleito de soberanía con Gran Bretaña: la Argentina por las islas Malvinas y España por el peñón de Gibraltar, un macizo rocoso que Madrid le cedió a Gran Bretaña en el tratado de Utrecht en 1713, aunque desde poco tiempo después España viene reclamando la soberanía de Gibraltar, un lugar enclavado dentro de la geografía española.
Nada de todo eso puede, sin embargo, ocultar el hecho fácilmente comprobable de que el fútbol sigue siendo uno de los pocos motivos de unión nacional en un país lastrado por la fragmentación y la polarización, que también provocó el populismo de cualquier signo político. El siempre lúcido Jorge Valdano escribió en el diario español El País una frase que describe como nadie ese fenómeno: “Quizás porque el fútbol consigue un milagro que la política, la economía o la religión solo alcanzan de vez en cuando: convertir a millones de desconocidos en una misma voz durante noventa minutos. Cincuenta años viendo lo que provoca este juego y, sin embargo, sigo asombrándome”, contó.
Valdano, un argentino que formó parte de la selección nacional que ganó el campeonato mundial en 1986 (fue compañero de Diego Maradona) y que vive en España desde hace varias décadas, desarrolló una destacable formación intelectual y tiene un extraordinario vuelo literario para escribir. Valdano relató en otro artículo en el mismo diario español, en la edición del domingo de vértigo, antes de que se jugara la final entre España y la Argentina: “Cuanto más admiro a esta España futbolística, más difícil me resulta explicar por qué sigo sufriendo con la Argentina. No me resulta cómodo escribir este artículo porque al sentimiento le cuesta hablar, encontrar las palabras. Cuando empiece el partido admiraré cosas de España que siento como mías, porque también ayudaron a construir mi vida. Pero sufriré con Argentina. No porque quiera más a un país que a otro, sino porque el fútbol tiene la mala costumbre de preguntarle al corazón cuestiones que la razón parecía haber dado por resueltas”. Muchos argentinos hubieran escrito lo mismo si tuvieran el talento de Valdano.
Joaquín Morales Solá,Conforme a
POLITICA
Piccirillo le pidió a la Justicia que levante los embargos y que lo autorice a alquilar su departamento en Nordelta
En medio de la disputa que enfrenta a los financistas Elías Piccirillo y Francisco Hauque, la defensa del principal imputado le hizo un pedido a la Justicia: que el juez habilite la feria judicial de invierno para resolver de inmediato sobre dos cuestiones patrimoniales que llevan meses sin respuesta.
Piccirillo solicitó que el juez dé la autorización para alquilar un departamento ubicado en el Complejo Residencial Yacht Nordelta con el objetivo de generar ingresos mientras cumple su prisión domiciliaria en Banfield.
El escrito, al que tuvo acceso TN, recordó que estas peticiones ya fueron formuladas el 30 de junio junto con la solicitud del cese de la prisión preventiva. Ahora, con el inicio de la feria, la defensa reclamó que no se postergue hasta agosto la decisión sobre estos pedidos.
Los abogados del exmarido de Jésica Cirio remarcaron que el alquiler del departamento de Nordelta tiene carácter alimentario, ya que “está destinado a la manutención de mi asistido y de su grupo familiar, entre ellos, una hija menor de edad a su cargo”, lo que compromete además el interés superior del niño.
Además, la falta de empadronamiento del locatario ya generó problemas reales: “el nombrado ha recibido ya dos intimaciones formales de su inquilino y del letrado de éste, quienes han anunciado que se presentarían en esta causa y han formulado reserva de accionar patrimonialmente en su contra”.
En cuanto a los embargos, la defensa de Piccirillo aseguró que son desproporcionados. Concretamente, sobre el financista pesan un embargo de $900.000.000, el embargo sobre tres inmuebles de Nordelta, una inhibición general de bienes y una caución real de $100.000.000.
“El embargo recae sobre el valor del inmueble y lo sigue aunque se lo alquile; la inhibición general afecta la facultad de disponer o gravar, no la de administrar y percibir frutos”, reiteró la defensa.
En esa línea, los abogados pidieron reducir el embargo a $200.000.000, sustituirlo por un depósito judicial ya ofrecido, levantar las anotaciones sobre los inmuebles, devolver la caución y levantar la inhibición general por resultar subsidiaria y no corresponder cuando existen bienes suficientes.
“Por motivos que desconocemos, V.S. está demorando meses en resolver cuestiones que son ajenas al objeto de la pesquisa y que en nada modifican su situación procesal, dejando a Piccirillo en un estado de indefensión que justamente el tribunal debería conjurar”, se lee en el escrito.
La fiscalía se opone a su libertad condicional
Semanas atrás, el fiscal federal Franco Picardi se opuso al pedido de Piccirillo para que cese la prisión domiciliaria. Ahora será el juez Ariel Lijo, a cargo del expediente, quien deberá resolver si mantiene o modifica la situación procesal del empresario.
La postura del representante del Ministerio Público Fiscal llega después de que la defensa de Piccirillo presentara un extenso escrito ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 en el que solicitó el cese de la prisión preventiva, la inmediata libertad del imputado y una reducción de las medidas patrimoniales dispuestas en la causa.
Como alternativa para el caso de que no prosperara el pedido de libertad, la defensa requirió modificar el domicilio donde Piccirillo cumple el arresto. Actualmente permanece detenido en un departamento de Banfield con vigilancia electrónica, pero sus abogados pidieron autorización para que continúe la medida en la vivienda de su nueva pareja, Florencia Epelbaum, ubicada en el barrio de Núñez. También solicitaron que esa dirección permanezca bajo reserva.
En otra presentación incorporada al expediente, Piccirillo denunció supuestas filtraciones de información de la causa y un “sostenido hostigamiento mediático”. Según el escrito, las decisiones judiciales y las diligencias de investigación se publican con frecuencia antes de que su defensa sea notificada.
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La defensa afirmó además que Piccirillo cumple una “condena anticipada” y en la construcción de un “juicio paralelo”.
Piccirillo permanece bajo prisión domiciliaria en la causa que investiga el supuesto operativo realizado en el Palacio Duhau, en el que, según la acusación, policías habrían detenido a Hauque y a su esposa Anahí Aquino tras un procedimiento en el que se les habría plantado un arma y dos kilos de cocaína. De acuerdo con la investigación, el episodio habría estado vinculado a un conflicto por una presunta deuda de seis millones de dólares.
Elías Piccirillo, nordelta, Justicia
POLITICA
El Gobierno busca combinar Inocencia Fiscal con cambios en el mercado de capitales para mover dólares del colchón
El Gobierno busca combinar los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal con modificaciones al mercado de capitales para mover los dólares del colchón. En el Ejecutivo aseguran que la iniciativa ingresará este jueves a la Cámara de Diputados y que incluirá herramientas para reforzar el ingreso de fondos al sistema financiero y canalizarlos hacia inversiones.
La Casa Rosada quiere que el proyecto funcione como una segunda etapa del régimen. La primera versión generó tensiones desde el arranque por las dudas de contadores, tributaristas y contribuyentes sobre el alcance del “tapón fiscal”, la seguridad jurídica y los riesgos de quedar expuestos a fiscalizaciones de ARCA sobre períodos anteriores.
En Balcarce 50 reconocen que la ley original no produjo el resultado esperado. “Es una ley que fracasó y que arrancó mal de origen porque no consultaron a los que ponen el gancho por la gente”, agregan en el oficialismo, en referencia a los profesionales que asesoran a contribuyentes antes de adherir al régimen.
El Ministerio de Economía busca ahora reforzar la propuesta con garantías más claras para quienes entren al esquema. La idea es fortalecer la protección para que el fisco no pueda investigar períodos previos, salvo casos de discrepancias significativas o situaciones ya iniciadas antes de la adhesión. En términos técnicos, el oficialismo apunta a reducir el margen de discrecionalidad de ARCA y a trasladar al organismo la carga de probar inconsistencias relevantes.
La versión renovada también busca ampliar el universo de contribuyentes. Entre los cambios que se venían analizando aparece la eliminación de topes de ingresos y patrimonio, junto con ajustes al concepto de “discrepancia significativa”, instancias de rectificación y efectos favorables frente a bancos, escribanos, agentes financieros y la UIF para quienes adhieran al régimen.
El Gobierno quiere conectar esa ingeniería fiscal con el mercado de capitales. En Nación aseguran que buscarán incorporar al proyecto parte de la operatoria que la Comisión Nacional de Valores (CNV) ya reglamentó para Inocencia Fiscal, con el objetivo de blindar por ley el uso de fondos regularizados en ALyC, agentes vinculados a fondos comunes de inversión y proveedores de servicios de activos virtuales.
El antecedente directo es la Resolución General 1108 de la CNV. Esa norma adecuó la regulación del mercado de capitales a la Ley 27.799 y a su decreto reglamentario para que quienes hayan optado por el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias puedan aplicar fondos y/o activos en operaciones del mercado de capitales o con proveedores de servicios de activos virtuales.
La norma reglamentó la actuación de los sujetos que pueden intervenir en el origen o en el destino de la operación: ALyC, agentes intervinientes en la colocación de fondos comunes de inversión y PSAV. También dejó asentado que la Argentina mantiene compromisos internacionales en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia del sistema financiero.
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Ahora, el Ejecutivo quiere usar esa base para reforzar el puente entre el régimen fiscal y los instrumentos de inversión. La idea es que el contribuyente que adhiera a Inocencia Fiscal no solo tenga un “tapón” frente a ARCA, sino también un canal regulado para canalizar esos dólares hacia activos financieros, fondos, fideicomisos, obligaciones negociables u otros vehículos del mercado.
En Balcarce 50 traducen esa agenda en una fórmula interna: “armar una banca paralela en dólares”. No se refieren a un banco fuera de regulación ni a un sistema financiero clandestino, sino a un circuito de intermediación no bancaria, bajo reglas de la CNV, para que los dólares regularizados no queden inmóviles en una cuenta y puedan generar rendimiento.
El punto que buscan reforzar por ley es la seguridad jurídica del canal. En el Gobierno quieren que quien ingrese al régimen pueda llevar fondos a una ALyC o a un instrumento del mercado de capitales sin que esa operatoria sea utilizada automáticamente por el fisco para revisar períodos previos. La protección, aclaran, sería fiscal y no implicaría eliminar los controles antilavado.
En algunas ALyC, sin embargo, miran el esquema con cautela. Sostienen que una garantía fiscal no elimina las obligaciones de prevención de lavado de dinero ni los controles que surgen de la normativa local y de los estándares internacionales. “El tapón fiscal puede servir frente a ARCA, pero no reemplaza el análisis de cumplimiento que tiene que hacer cada agente”, resumen en el sector privado.
Esa es una de las tensiones centrales del proyecto. El Gobierno busca que la adhesión a Inocencia Fiscal funcione como antecedente favorable frente a bancos, escribanos, agentes financieros y la UIF, pero en el mercado advierten que eso no puede convertirse en una dispensa automática. Las ALyC seguirán obligadas a evaluar el perfil del cliente, la trazabilidad de los fondos y eventuales alertas antilavado antes de aceptar operaciones.
La Casa Rosada busca así complementar el rol de los bancos con el de los agentes del mercado. En el equipo económico sostienen que las ALyC pueden funcionar como canal para captar ahorro en dólares y transformarlo en inversión, siempre bajo regulación de la CNV, controles de la UIF y reglas de cumplimiento antilavado.
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A ese esquema se suma el paquete de desregulación que prepara Federico Sturzenegger, con cambios sobre prendas, warrants y garantías financieras. La iniciativa prevé digitalizar garantías, habilitar activos virtuales como respaldo de obligaciones, incorporar contratos inteligentes y crear un registro federal unificado para consultar garantías constituidas en el país.
En el oficialismo sostienen que esa agenda puede encajar con Inocencia Fiscal y mercado de capitales. La lógica es sumar vías para que los dólares regularizados tengan destino productivo o financiero: garantías digitales, instrumentos emitidos con menor burocracia, fondos de inversión y operaciones a través de agentes registrados.
El Ejecutivo quiere evitar que el régimen quede asociado únicamente a una regularización tributaria. La apuesta de Caputo es presentarlo como una herramienta para formalizar ahorro, aumentar la profundidad del sistema financiero, impulsar inversiones y darle más liquidez al mercado local en dólares.
La Casa Rosada sabe que el punto sensible será la seguridad jurídica. Por eso, los cambios buscarán explicitar que la adhesión al régimen no funcione como prueba en contra del contribuyente y que ARCA no pueda reabrir períodos anteriores sin demostrar una inconsistencia relevante. Ese blindaje apunta al frente fiscal, pero no anula los controles antilavado que deberán aplicar bancos, ALyC, escribanos y demás sujetos obligados.
Gobierno, Dólares, Mercado
POLITICA
El Gobierno prepara un nuevo paquete de desregulación: qué leyes busca modificar y qué sectores alcanza
El Gobierno avanza en la redacción final de un nuevo paquete de reformas impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, que busca profundizar el proceso de desregulación económica mediante modificaciones a un amplio conjunto de leyes y regulaciones.
El proyecto, que consta de 100 artículos distribuidos en ocho capítulos, atraviesa las últimas revisiones en las áreas de Legal y Técnica de la Casa Rosada antes de ser enviado al Congreso.
La iniciativa modifica el Código Civil y Comercial, la Ley de Farmacias, normas sobre navegación y cabotaje, legislación vinculada con el mercado de capitales, fideicomisos y garantías. Además, deroga leyes históricas relacionadas con arrendamientos rurales, promoción vitivinícola, traductores públicos, corretaje y regulación del gas licuado de petróleo.
El objetivo del Ministerio de Desregulación es eliminar restricciones consideradas innecesarias, promover la competencia, facilitar la incorporación de nuevas tecnologías y reducir la intervención estatal en distintos mercados.
Dudas entre los aliados
El alcance del proyecto ya generó cuestionamientos entre sectores aliados al oficialismo, como el PRO, la UCR y fuerzas provinciales. En esos espacios advierten sobre la dificultad de debatir en un único expediente modificaciones que abarcan actividades muy diversas.
Los bloques aliados consideran que puede haber legisladores dispuestos a acompañar algunas desregulaciones, pero rechazar otras, lo que podría complicar la construcción de las mayorías necesarias para aprobar el paquete.
Cambios en el mercado editorial
Uno de los capítulos propone derogar las leyes de Fomento del Libro y de Defensa de la Actividad Librera, que obligan a editores, importadores y representantes a fijar un Precio de Venta al Público para los libros.
La Ley de Fomento del Libro establece en su artículo primero que: “El Estado nacional reconoce en el libro y la lectura, instrumentos idóneos e indispensables para el enriquecimiento y transmisión de la cultura”.
La Cámara Argentina del Libro ya manifestó su rechazo a la iniciativa. La entidad sostuvo que la derogación de la Ley 25.542 eliminaría el sistema que garantiza un precio único en todas las librerías del país.
“El precio único del libro es la herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes de barrio y a las editoriales pymes frente a la concentración del mercado, garantizando el acceso federal a la lectura y sosteniendo la bibliodiversidad de nuestro país”, señalaron desde la institución.
El proyecto también elimina la Ley 23.316, que establece el doblaje obligatorio al castellano neutro para películas, series, documentales y publicidades extranjeras emitidas por televisión.
Venta online de medicamentos y cambios en las farmacias
Otro de los capítulos modifica el régimen de comercialización de medicamentos. Para ello, el Gobierno propone derogar la Ley 17.565 de Farmacias, vigente desde 1967.
La reforma habilita la venta digital de medicamentos con receta, la entrega a domicilio y la comercialización de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias.
También permite que las droguerías puedan vender directamente al público si se constituyen como farmacias, libera los horarios de atención y profundiza la digitalización de recetas y registros.
Un nuevo esquema para el gas licuado
El proyecto crea además un nuevo régimen para el Gas Licuado de Petróleo (GLP), que limita la intervención estatal a cuestiones vinculadas con la seguridad y la fiscalización técnica.
La propuesta elimina la posibilidad de intervenir sobre precios, volúmenes, márgenes de rentabilidad o condiciones comerciales y promueve la libre competencia entre operadores.
Al mismo tiempo, mantiene controles sobre el estado de los envases, la seguridad de la cadena de comercialización y un régimen de sanciones para quienes incumplan la normativa.
Cambios para el agro y la industria vitivinícola
La iniciativa también introduce modificaciones para el sector agropecuario. Entre ellas, cambia el sistema de financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).
Desde el 1 de octubre de 2027, el aporte obligatorio que hoy realizan productores y frigoríficos por cada animal faenado sería reemplazado por aportes voluntarios, donaciones y servicios de certificación.
La propuesta recibió el respaldo de la Sociedad Rural de Santa Fe, que desde hace dos años reclama que la contribución deje de ser obligatoria.
En el caso del sector vitivinícola, el proyecto incorpora prácticas reconocidas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), simplifica controles, concentra la fiscalización en el tramo final de la cadena productiva y establece nuevos esquemas sancionatorios medidos en UVAs.
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Además, deroga la Ley 25.849, que creó la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). De aprobarse la iniciativa, la entidad deberá presentar un informe de cierre, rendir cuentas y avanzar con su liquidación, mientras que los fondos remanentes pasarán al Instituto Nacional de Vitivinicultura.
La eliminación de la COVIAR cuenta con el respaldo de Bodegas Argentinas, la cámara que nuclea a más de 200 empresas del sector, y coincide con proyectos presentados meses atrás por diputados de La Libertad Avanza y del PRO.
El proyecto también deroga la Ley 23.149 de envasado en origen, una norma considerada estratégica por las provincias productoras para preservar el valor agregado local. En su reemplazo, el nuevo esquema adopta los criterios técnicos establecidos por la Organización Internacional de la Viña y el Vino.
Federico Sturzenegger, Congreso, proyecto
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