Un tribunal de Washington le dio la razón a un fondo de inversión extranjero y confirmó que la Argentina deberá pagar más de USD 390,9 millones por haber estatizado Aerolíneas Argentinas hace casi dos décadas. La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó el recurso con el que el Estado argentino intentaba anular el fallo de primera instancia, y dejó firme la condena a favor de Titan Consortium, el fondo que hoy reclama ese dinero.

La condena se ubica entre las más costosas que enfrenta la Argentina fuera de sus fronteras. En los últimos 16 meses el país no pagó ninguna suma de este laudo, una situación que llevó a Titan a acelerar su ofensiva judicial. Fuentes de la empresa señalaron a Infobae que el fallo no es una acción contra la compañía sino contra el Estado argentino.

Según reveló el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, el tribunal del Distrito de Columbia rechazó la apelación con la que el Estado argentino buscaba revertir la sentencia de primera instancia. Con ese fallo, quedó ratificado que el fondo puede seguir adelante en la justicia estadounidense para intentar cobrar la indemnización.

La disputa comenzó en 2008, cuando el gobierno de Cristina Kirchner nacionalizó Aerolíneas Argentinas y Austral, que entonces estaban controladas por el grupo español Marsans. La empresa sostuvo que la expropiación había sido injusta y llevó el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el tribunal arbitral del Banco Mundial para controversias entre Estados e inversores.

En 2017, el Ciadi resolvió a favor de Marsans y fijó una compensación de USD 320 millones más intereses. La empresa española no llegó a cobrar esa suma y más tarde transfirió los derechos del litigio a Burford Capital, un fondo británico que también litigó contra Argentina por la expropiación de YPF.

Después, Burford vendió esos derechos a Titan Consortium, que desde 2021 impulsa en Washington el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral. El punto central del caso es que las decisiones del Ciadi no se ejecutan de manera directa sobre bienes de un Estado, sino que deben ser reconocidas por tribunales locales para intentar su cumplimiento.

Maril explicó esa mecánica: los laudos sirven como base para acudir a la justicia ordinaria y pedir que se haga efectiva la condena. Eso es lo que Titan hizo en Estados Unidos y lo que ahora recibió un nuevo respaldo judicial.

La confirmación de la condena deja a la Argentina en una posición más vulnerable frente a intentos de embargo. En mayo, Titan ya había buscado avanzar sobre los colaterales de los Bonos Brady depositados en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, en una maniobra que también procuraba adelantarse al acuerdo alcanzado por el país con los fondos Attestor y Bainbridge.

El origen económico del conflicto remite al estado en que quedaron Aerolíneas y Austral antes de la estatización. Durante la gestión de Marsans, se vendieron activos de valor, entre ellos oficinas en Roma, París, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas, además de simuladores de vuelo y se cancelaron rutas internacionales hacia Europa.

Al momento de la expropiación, ambas compañías acumulaban pasivos cercanos a USD 890 millones. Marsans las había adquirido en 2001 por un dólar simbólico, mientras que el tesoro de España debió aportar alrededor de USD 750 millones para sostener su funcionamiento.

Dos valuaciones realizadas entonces mostraron resultados opuestos. Crédit Suisse estimó que el valor de las aerolíneas se ubicaba entre USD 250 y USD 450 millones, pero el Tribunal de Tasación de la Nación calculó un valor negativo superior a los USD 760 millones, cifra que el Congreso argentino tomó como referencia para justificar la estatización.

La resolución llega en un momento de mejora financiera para Aerolíneas Argentinas. El nuevo gobierno había asegurado desde el inicio que su intención era sanearla para privatizarla, y la compañía cerró 2025 con una ganancia operativa de USD 112,7 millones, casi el doble de los USD 56,6 millones registrados el periodo anterior.

Ya en 2024 había logrado el primer superávit operativo desde la reestatización, la primera vez que la empresa operó sin aportes del Tesoro, algo que se repitió el año pasado. El directorio ya informó al Ministerio de Economía que tampoco solicitará fondos en 2026.

La mejora en los resultados provino, principalmente, de la reducción de personal —llegó a su dotación más baja en 14 años—, la eliminación de rutas deficitarias, el cierre de oficinas y mejoras operativas que permitieron rentabilizar su operación. Sin embargo, para privatizarla, la medida debe contar con el visto bueno del Congreso, algo que ya no fluyó cuando el Gobierno avanzó con la primera lista de empresas privatizables dentro de la Ley Bases al inicio del mandato.