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ECONOMIA

Milei presentará la reforma del BCRA y el Gobierno evalúa hacerlo con una cadena nacional

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Javier Milei presentaría la próxima semana, mediante una cadena nacional, el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La movida buscaría darle volumen político a una de las iniciativas económicas más importantes del segundo semestre.

El Presidente expondría los principales lineamientos de la propuesta antes de remitir el texto al Congreso. La estrategia apunta a instalar el debate público sobre una reforma que redefine el rol de la autoridad monetaria.

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La posibilidad se analizó esta tarde en un nuevo encuentro de la mesa política. Participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo, entre otros funcionarios clave.

En la Casa Rosada sostienen que la reforma constituye uno de los pilares del programa económico oficial. Además, forma parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.

El objetivo central es dejar establecido por ley un esquema que impida el financiamiento monetario del déficit fiscal y fortalezca la estabilidad de precios como prioridad excluyente de la autoridad monetaria.

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Las claves de la reforma al Banco Central

El proyecto busca modificar el artículo que define los objetivos del BCRA. La intención del oficialismo es reemplazar el esquema vigente desde 2012 por un mandato más acotado y preciso.

El marco actual establece como funciones la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Un esquema múltiple que, según el diagnóstico oficial, diluyó la responsabilidad principal de la entidad.

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La nueva redacción apuntaría a que la preservación del valor de la moneda pase a ser la misión principal. Un cambio de paradigma que concentra esfuerzos en un solo objetivo: controlar la inflación.

Para ello, el Gobierno tomó como referencia la legislación peruana. Ese modelo es considerado dentro del oficialismo como un caso de éxito por haber mantenido durante décadas niveles de inflación considerablemente más bajos que el promedio regional.

La experiencia peruana se convirtió en el espejo donde el equipo económico busca reflejarse. Ese país logró estabilizar su moneda tras un período de hiperinflación en los años 90.

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El Banco Central de Reserva del Perú tiene como único mandato constitucional preservar la estabilidad monetaria. Esa claridad de objetivos habría permitido, según el análisis oficial, blindar la política monetaria de presiones fiscales.

La legislación peruana establece que el banco central no puede financiar al gobierno bajo ninguna circunstancia, y esa rigidez institucional habría sido clave para consolidar la confianza en la moneda local y mantener la inflación controlada.

El Gobierno considera que replicar ese esquema en Argentina permitiría romper con décadas de emisión monetaria para cubrir desequilibrios fiscales. Un círculo vicioso que, desde la visión libertaria, alimentó la espiral inflacionaria histórica del país.

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Cortar el financiamiento al Tesoro, otro de los objetivos

Otro de los ejes centrales de la reforma es restringir al máximo la posibilidad de que el Banco Central financie al Tesoro Nacional. El proyecto eliminaría los adelantos transitorios, una herramienta históricamente utilizada para cubrir necesidades fiscales de corto plazo.

También limitaría el uso de letras intransferibles y establecería mayores restricciones para la distribución de utilidades de la entidad. Solo en circunstancias excepcionales previstas por la ley podría flexibilizarse ese esquema.

El oficialismo argumenta que esos mecanismos fueron la puerta de entrada para que distintos gobiernos recurrieran a la emisión monetaria como parche fiscal. La reforma buscaría cerrar esa puerta de manera definitiva.

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La propuesta también incorpora candados legales para evitar que futuros gobiernos encuentren atajos normativos. El objetivo es blindar el esquema más allá de la gestión actual.

Más independencia y autoridades con mayor estabilidad

La iniciativa fortalece la independencia institucional del Banco Central respecto del Poder Ejecutivo. Para ello incorpora mecanismos destinados a otorgar mayor estabilidad a las autoridades de la entidad.

El proyecto endurece las condiciones para la remoción de directivos del BCRA. La intención es evitar que la política monetaria quede condicionada por las necesidades fiscales del gobierno de turno.

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Actualmente, las autoridades monetarias pueden ser removidas con relativa facilidad. El nuevo marco legal buscaría garantizar mandatos más firmes y menos vulnerables a presiones políticas de corto plazo.

Asimismo, se establece un régimen más estricto de responsabilidades y sanciones para las futuras autoridades que utilicen al Banco Central para financiar el déficit fiscal mediante emisión monetaria.

Las penalidades incluirían desde multas económicas hasta inhabilitaciones para ejercer funciones públicas. Un esquema punitivo que apunta a desalentar cualquier tentación de volver a las prácticas del pasado.

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La defensa de Javier Milei a la reforma del BCRA

En el oficialismo consideran que el nuevo marco legal permitirá consolidar el proceso de desinflación. También apuestan a que dote de mayor previsibilidad al esquema macroeconómico de mediano plazo.

No obstante, la discusión tendrá un fuerte componente político. El Gobierno deberá reunir mayorías parlamentarias para aprobar una modificación que redefine el rol de la autoridad monetaria y limita herramientas fiscales tradicionales.

Por estas horas, en Balcarce 50 analizan que la eventual presentación por cadena nacional sirva para darle volumen político a una de las reformas económicas más relevantes que impulsará el Ejecutivo este año, antes de que comience el debate legislativo formal.

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La estrategia comunicacional buscaría instalar el tema en la agenda pública y generar respaldo ciudadano antes de enfrentar la batalla parlamentaria. Un recurso que el oficialismo considera clave para una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que marca un cambio de época en la política monetaria argentina.

Tanto es así que durante una entrevista con Radio NOW días atrás, Milei ni siquiera mencionó la reforma electoral, que es el tema que desvela a la mesa política que encabeza la secretaria General, Karina Milei, con la mira en conseguir la reelección del Presidente el año próximo.

En cambio, defendió enfáticamente el proyecto para modificar la Carta Orgánica, cuyos puntos más importantes serán fijar como única función del BCRA «preservar el valor de la moneda» y «prohibir explícitamente financiar al Tesoro», según remarcó. Pero su exposición fue con un tono desafiante para el Congreso, al que volvió a acusar de haber intentado un «golpe de Estado» el año pasado.

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Tras mencionar que puede haber «ruido en el Congreso» por este debate, el mandatario desafió a que los diputados y senadores que estén en contra «le expliquen a los argentinos que los quieren seguir estafando». Y es que según dijo la nueva Carta Orgánica «termina con 91 años de abuso de la política al sector privado vía inflación».

De la misma forma respondió a las críticas que ya recibió la idea de implementar el «shutdown» al estilo de Estados Unidos por parte de algunos gobernadores y de la vicepresidenta Victoria Villarruel. «El que esté en contra del shutdown está a favor de presupuestos desequilibrados, está a favor de la irresponsabilidad fiscal que ha derivado en que Argentina sea de los países más decadentes».

«Ponerse del lado de los ladrones es una decisión. Nosotros como Gobierno hemos decidido ponerse del lado de los honestos», disparó el Presidente y, sobre la discusión parlamentaria que viene, agregó: «Me encanta que aparezca este debate porque va a demostrar quiénes son los degenerados fiscales, los que han vivido a costa de estropear a los argentinos».

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La expectativa en Diputados y la idea que circula en LLA para avanzar con el proyecto

Esta línea discursiva de choque baja inevitablemente a la tropa parlamentaria de LLA, no solo porque muchos la repetirán en el recinto sino también porque le da centralidad en la agenda y los obliga a estar con la guardia en alto y hacer todo lo posible porque el proyecto no se estanque, entre la pulseada numérica con la oposición y las primeras tensiones por los armados electorales.

Por estas horas, en el oficialismo intuyen que la iniciativa ingresará por la Cámara de Diputados porque «el Senado está saturado de temas», comentan en referencia a la reforma electoral, los cambios en el régimen de Zonas Frías, la Ley Hojarasca y el proyecto de «inviolabilidad de la propiedad privada».

En ese contexto, si el proyecto ingresa antes de fin de mes como aseguran en el Ejecutivo los diputados no descartan la posibilidad de reunir a las comisiones durante el receso de invierno que va del 20 al 31 de julio, según supo iProfesional. Esto se debe a que entienden que temas como la reforma del BCRA y el «shutdown» requieren varias reuniones para encontrar acuerdo.

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Una de las fuentes consultadas deslizó que el receso no tiene por qué paralizar toda la actividad y que podría haber reuniones informativas que no requieran quórum en la comisión. Aclaran que esto «todavía no está definido» porque aún no tienen el texto que mandará el Gobierno, pero es una posibilidad.

La idea no agrada demasiado al resto de los bloques, incluidos los aliados. El receso no es tanto por los legisladores sino por los trabajadores del Congreso, a quienes no pueden negarles que se tomen vacaciones, según suelen explicar. Al haber menos personal, el funcionamiento de las comisiones y de la Cámara en general se dificulta.

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ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles 23 de septiembre de 2026

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ANSES continúa el miércoles 23 de septiembre de 2026 con el calendario de pagos para jubilaciones, asignaciones y prestaciones según la terminación del DNI

La Asignación por Embarazo se acredita para beneficiarias con DNI terminado en 9 y cierra su cronograma mensual de septiembre (REUTERS/Francisco Loureiro)
La Asignación por Embarazo se acredita para beneficiarias con DNI terminado en 9 y cierra su cronograma mensual de septiembre (REUTERS/Francisco Loureiro)
Una mujer mayor sonriente con un suéter beige recibe billetes de una empleada en un escritorio blanco con el logo azul de Anses de fondo. Varias personas esperan sentadas.
La jubilación mínima de septiembre de 2026 asciende a $428.633,20 y alcanza $498.633,20 con el bono de $70.000 (Imagen Ilustrativa Infobae)
Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
La AUH y la Asignación por Embarazo tienen un valor total de $154.031 en septiembre, con un pago mensual del 80% y una retención del 20% (Imagen Ilustrativa Infobae)



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ECONOMIA

El sueldo más alto que cobrarán obreros del plástico tras aumento y bono

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El incremento va de septiembre a febrero, por un total del 15,39%, más una suma no remunerativa que arranca en $90.000 y termina en $120.000


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Aumento de sueldo para obreros del plástico: cómo se aplica el incremento

  • Septiembre, 2,2%
  • Octubre, 1,8%
  • Noviembre, 1,7%
  • Diciembre,1,6%
  • Enero, 1,5%
  • Febrero, 5,76%
  • Septiembre, $90.000
  • Octubre, $90.000
  • Noviembre, $105.000
  • Diciembre, $110.000
  • Enero: $120.000

Así quedará conformado el sueldo de cada categoría

  • Nivel 1: en septiembre, $1.347.948, mientras que en febrero llegará a $1.521.965.
  • Nivel 2: septiembre, $1.368.575. Febrero: $1.545.255.
  • Nivel 3: septiembre, $1.445.321. Febrero: $1.631.909 en febrero.
  • Nivel 4: septiembre, $1.503.667. Febrero: $1.697.787 en febrero.
  • Nivel 5: septiembre, $1.653.553. Febrero: $1.867.023.
  • Capataz: septiembre, $1.688.086, Febrero: $1.906.014.
  • Chofer: septiembre, $1.515.280. Febrero: $1.710.899.
  • Ayudante de Chofer: septiembre, $1.364.510. Febrero: $1.540.665
  • Conductor de Autoelevador: septiembre, $1.692.075. Febrero: $1.910.518.
La escala salarial de trabajadores del plástico, de septiembre 2026 a febrero 2027.

La escala salarial de trabajadores del plástico, de septiembre 2026 a febrero 2027.



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El Gobierno quiere acortar los tiempos para abrir una empresa: cuáles son los cambios que dispuso

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El Gobierno, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), simplificó el régimen de constitución de sociedades y flexibilizó el objeto social. La nueva normativa apunta a reducir las barreras y los costos de formalización de empresas, al tiempo que amplía el margen para definir las actividades que podrán desarrollar.

“Con el objetivo principal de reducir la burocracia, bajar costos y acelerar los tiempos para abrir una empresa, la IGJ simplifica el régimen de constitución de sociedades y flexibiliza el objeto social”, dijo a través de su cuenta de X el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

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El funcionario precisó que la Resolución General 11/2026, publicada en el Boletín Oficial, deroga 33 artículos reglamentarios, y dos resoluciones generales que incorporaban exigencias no previstas en la norma de fondo, dispensa el dictamen de precalificación para la constitución de sociedades y elimina restricciones a la pluralidad del objeto social, permitiendo a las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) adoptar “cualquier actividad lícita” como objeto.

Los considerandos de la norma indican que “los registros de sociedades deben funcionar como ventanillas de habilitación ágiles, orientadas a la publicidad y a la certeza jurídica, y no como filtros de control previo de naturaleza discrecional”.

Los considerandos de la norma indican que “los registros de sociedades deben funcionar como ventanillas de habilitación ágiles (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La reducción de barreras formales de acceso al registro constituye una herramienta de política pública destinada a facilitar la incorporación de la actividad económica a la economía formal, reducir los costos de cumplimiento de los emprendedores y aproximar la realidad del tráfico a la registración pública”, agrega.

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Entre los cambios más relevantes se destacan:

1. Eliminación de precalificación obligatoria: La constitución de sociedades ya no requiere dictamen de precalificación profesional, sin perjuicio de su presentación facultativa o de los supuestos en que resulte exigido.

2. Mayor flexibilidad para definir el objeto social: El objeto podrá comprender una o más categorías de actividades, sin exigirse conexidad, complementariedad o accesoriedad entre ellas. En las SAS se admite expresamente la fórmula “la realización de cualquier actividad lícita”.

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3. Incorporación de la sede electrónica: Las entidades podrán constituir, junto con su sede social física, una sede electrónica complementaria, mediante la declaración de una dirección de correo electrónico, con efectos frente a socios y terceros una vez inscripta.

4. Aportes dinerarios: Se amplían los medios admitidos para acreditar la integración de aportes en efectivo.

5. Cláusula arbitral: Se habilita expresamente la inclusión de cláusulas arbitrales en los instrumentos constitutivos.

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6. Documentos registrables: Se simplifican y unifican los requisitos aplicables a los instrumentos constitutivos y a los actos posteriores a la constitución (escritura pública, instrumento privado con firma certificada o digital, y documento electrónico con firma digital de los otorgantes).

Cada modificación introducida responde a la verificación de que el requisito eliminado o flexibilizado reiteraba lo ya establecido por la Ley General de Sociedades, el Código Civil y Comercial de la Nación y otras normas, o imponía recaudos formales que no aportaban una utilidad verificable a la función registral.

Por otra parte, la normativa establece reglas específicas para los aportes de capital realizados con activos virtuales, como las criptomonedas. En estos casos, el instrumento constitutivo deberá individualizar la clase, cantidad y valor asignado de los activos, además de identificar al socio aportante.

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La IGJ precisó cómo deben ser los aportes en criptomonedas. REUTERS/Edgar Su/Ilustración/Archivo

También se deberá acreditar que el aportante era titular de esos activos antes de realizar el aporte y depositarlos en una billetera o plataforma de un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), a nombre de los administradores designados, con el compromiso de transferirlos a la sociedad una vez obtenida su CUIT.

El valor deberá acreditarse mediante una certificación profesional sobre el valor de plaza a la fecha de constitución o mediante una cotización emitida por un PSAV registrado.

“La medida se suma al proceso de revisión y simplificación normativa que la IGJ viene desarrollando durante 2026, que incluyó modificaciones en materia de inscripción de directores, administradores societarios, sociedades constituidas en el extranjero, digitalización registral, presentación de estados contables, notificaciones electrónicas y tramitación digital”, aseguraron fuentes oficiales.

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La decisión se da en un contexto en que iniciar una actividad económica en Argentina puede requerir 4.496 horas de trámites, más del doble del promedio latinoamericano de 2.005 horas, de acuerdo con el Índice de Burocracia del Adam Smith Center 2025.

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